NO A LA CONTRA REFORMA DEL PRIAN

No aprobar una reforma laboral lesiva, demanda AMLO a diputados

Pretende cancelar derechos conquistados por los trabajadores, advierte en San Lázaro

PRI y PAN buscan imponer, entre otras cosas, pago por hora y periodos ilegales de prueba

ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Periódico La Jornada

Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados a que actúen con responsabilidad, independencia y decoro para no aprobar una reforma laboral apresurada, que pretende cancelar derechos sociales conquistados por los trabajadores, a quienes –acusó– se les pretende sujetar a un modelo de pago por hora a 7.25 pesos.

Al presentar a Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), presidente de la mesa directiva, los argumentos por los cuales rechaza el proyecto de PRI y PAN, López Obrador afirmó que seguir aprobando reformas a la Constitución y a las leyes para legalizar los despojos y los abusos de unos cuantos en contra de las mayorías, sólo provoca mayor descomposición social, más injusticias, resentimientos, inseguridad y violencia.

Ayer, al cumplirse seis años de su desafuero, el ex candidato presidencial regresó a San Lázaro y pidió a los diputados que actúen como auténticos representantes populares, sepan estar a la altura de las circunstancias, y no avalen una reforma sin análisis, con premura, al vapor y aprovechando tramposamente el periodo de la Semana Santa.

Enojo de priístas

La reunión fue transmitida sólo por el circuito cerrado de la Cámara, y aunque Ramírez Marín acotó que la recepción a López Obrador forma parte de una política de apertura a distintas expresiones, el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, le recriminó al presidente de la mesa directiva no haber obtenido el aval del grupo para permitir la entrada del ex candidato presidencial al Palacio Legislativo.

Diputados priístas relataron que Rojas, José Ramón Martel y Carlos Flores Rico fueron directamente a la oficina de Ramírez Marín a regañarlo porque tampoco consultó si podía transmitirse el diálogo, aunque su cargo le da atribuciones para ello.

La instrucción que le dieron fue que las próximas visitas no podrán difundirse sin autorización previa del PRI, aun si se tratara del Dalai Lama.

En la sala de juntas de la mesa directiva, López Obrador fue acompañado por los coordinadores de PT y Convergencia, Pedro Vázquez y Pedro Jiménez, respectivamente; Alejandro Encinas Rodríguez, aspirante a la candidatura al gobierno del estado de México; por la vocera perredista, Leticia Quezada, y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Porfirio Muñoz Ledo; también asistió el priísta Jorge López Portillo, sobrino del ex presidente José López Portillo.

Ahí, López Obrador solicitó que la Cámara convoque a un debate nacional en el que participen trabajadores, patrones, sindicatos, especialistas y ciudadanos para analizar cuidadosamente los posibles beneficios para el país y los daños que ocasionaría aprobar la reforma.

Anunció que regresará a San Lázaro el jueves 14 de abril, a las 11 de la mañana, acompañado por ciudadanos y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que quieran acudir para detener el albazo. Consideró inaceptable que entre las propuestas de PRI y PAN se pretenda imponer el pago por hora, por lo que un trabajador de medio tiempo, que labore cuatro horas, sólo ganaría 29 pesos diarios, la mitad del actual salario mínimo.

Entre los graves retrocesos que contienen las iniciativas de ambos partidos, dijo, está el sujetar a los trabajadores a periodos de prueba de hasta seis meses, lo cual permitiría que el patrón pueda despedirlos sin indemnización y sin derecho a ninguna prestación social. Lo mismo, amplió, les sucedería a quienes sean contratados para capacitación inicial o por temporada. Asimismo, expuso, se abre la puerta para la subcontratación, lo cual daría paso al pago de bajos salarios sin prestaciones y a fraudes legales contra los trabajadores.

López Obrador afirmó que no está de más señalar que las dos iniciativas coinciden incluso en párrafos idénticos; no tuvieron ni siquiera el cuidado de cambiar algunas comas, puntos, lo cual demuestra que hubo acuerdos previos y que el procedimiento parlamentario será de mero trámite.

En la carta que entregó a Ramírez Marín, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal afirmó que constituye una vergüenza para las instituciones nacionales, en este caso el Poder Legislativo, seguir actuando como simples instrumentos al servicio de los organismos financieros internacionales y de la oligarquía del país.

Aseguró que desde hace 28 años, con la aplicación de la política neoliberal, México no cuenta con un proyecto de desarrollo propio, apegado a la realidad, que atienda los grandes y graves problemas nacionales, como la falta de crecimiento económico, generación de empleos, combate a la corrupción, impunidad, inseguridad, desigualdad, marginación de los jóvenes y el empobrecimiento del pueblo.

Lamentó que, en cambio, desde entonces se haya instrumentado una agenda para imponer las llamadas reformas estructurales en materia laboral, energética, fiscal y de seguridad social que, en esencia, significan privatizaciones, pillaje y graves retrocesos sociales.

Ramírez Marín respondió que la carta de López Obrador será turnada a la comisión donde se revisan las iniciativas de modificación a la Ley Federal del Trabajo, y aseguró que los legisladores se comportarán con absoluta responsabilidad en el proceso de dictamen. No tenemos ninguna intención de aplicar procedimientos que afecten la legalidad y la calidad del dictamen, dijo.

Al terminar, López Obrador tuvo un encuentro con diputados y trabajadores de la Cámara. También ofreció una conferencia de prensa, donde afirmó que está preparándose para competir en la sucesión presidencial de 2012, para volver a ganarle a la mafia del poder.

Identificados plenamente, dos homicidas del hijo de Sicilia: abogado

La Redacción

MÉXICO, D.F., 7 de abril (apro).- Julio Hernández Barros, abogado de la familia de Javier Sicilia, aseguró que las autoridades estatales y federales tienen plenamente identificados a dos de los probables responsables del homicidio de siete personas en Temixco, Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta.

Además, dijo, tienen datos de por lo menos cinco personas más que abrían participado en el atentado.

El abogado, quien tiene acceso a cada uno de los datos de la averiguación que se abrió por el multihomicidio perpetrado el 28 de marzo, aseguró que todas las corporaciones locales y federales tienen ya la ficha de las personas señaladas.

Sin embargo, descartó que ya estén plenamente ubicadas porque “si así fuera ya los hubieran detenido. Aún faltan por establecer respuestas elementales para esclarecer el caso, pues aún no se sabe cuál fue el móvil del asesinato", afirmó.

Hernández Barros dijo que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa, el levantamiento de los cadáveres y en las declaraciones de los funcionarios. Sin embargo confió en que los autores materiales sean aprehendidos en los próximos días.

Aceptó conocer la identidad de los presuntos responsables materiales pero omitió dar información sobre su identidad. Tampoco accedió a afirmar o desmentir si los presuntos responsables son militares, policías o ministeriales.

Extraña a Javier Sicilia la indiferencia de autoridades, políticos y empresarios

La Redacción

MÉXICO, D.F., 7 de abril (apro).- El poeta Javier Sicilia exigió al presidente Felipe Calderón una respuesta a las multitudinarias marchas celebradas el miércoles por la tarde para exigir un alto a la violencia generada por el narcotráfico. Se dijo extrañado de la falta de respuestas de autoridades e iniciativa privada ante las muestras de inconformidad ciudadanas.

Lamentó la “indiferencia de las autoridades, la clase política y empresarial de México”. La madrugada, familiares y amigos de Sicilia montaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Morelos para exigir la captura de los responsables del homicidio de Juan Francisco Sicilia y seis personas más. Javier Sicilia había anunciado que él encabezaría el plantón, pero no estuvo presente debido al fuerte agotamiento que sufre.

Admite EU que la guerra antinarco es un fracaso

Tras 32 años y el derroche de miles de millones de dólares puedo decirles que no le atinamos: William R. Brownfield. Si en dos años no hay resultados en México podrán cuestionar mi estupidez total, dijo el estadunidense

GUSTAVO CASTILLO Y HUGO MARTOCCIA

Periódico La Jornada

Cancún, 7 de abril. William R. Brownfield, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Procuración de Justicia y Narcotráfico de Estados Unidos, afirmó: nos equivocamos cuando se consideró que el problema del tráfico de drogas fue visto como una cuestión que únicamente tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensamos que no requería un enfoque gubernamental pleno; también dijo nos equivocamos cuando su gobierno consideró que podría ser resuelto rápidamente con una campaña agresiva, y se pensó erróneamente que el asunto se podría combatir país por país.

Asimismo, cuando fue cuestionado durante una conferencia de prensa, sobre si estaba de acuerdo con lo dicho por el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, de que la violencia comenzará a disminuir de manera sostenida a partir de 2015, es decir dentro de cuatro años, el funcionario estadunidense apuntó que para llegar a esta situación tan complicada, tan miserable se necesitaron 20 o 30 años y vamos a necesitar unos años para salir. No necesariamente lo mismo, pero por lo menos hay que pensar en años.

Y aunque se dijo optimista de que en dos años se podrá hablar de resultados, también mencionó que si en ese tiempo regresa a México y la situación no ha mejorado, se le podrá cuestionar por mi estupidez total y completa.

Al participar en la 28 Conferencia Internacional para el Control de las Drogas presentó su ponencia Integración de un frente común contra la delincuencia organizada, en la cual el funcionario con 32 años de trayectoria en el combate a las drogas calificó de simplista considerar que con la legalización del consumo de enervantes se arreglará el problema. Pues, agregó, cuando un país enfrente altos índices de robos u homicidios, que se legalicen esos delitos y se acabó el problema. Se acabaría la delincuencia en todo el mundo, simplemente legalizándola.

Brownfield señaló que “en 1979 evaluamos el problema del uso y el tráfico de drogas como algo que podría ser resuelto rápidamente con una campaña agresiva y con grandes esfuerzos; han pasado 32 años, miles de millones de dólares y muchas estrategias después y podría decirles que no tuvimos razón, no le atinamos.

“Este problema no está sujeto a una solución rápida. En 1979 estábamos convencidos que podíamos resolver el asunto de las drogas país por país, y que aunque quizá no pudiéramos resolver el problema en todo el mundo, de alguna manera lo podríamos resolver en algunos países a título individual nos equivocamos, y eso lo aprendimos en las décadas de los 70, 80 y 90, conforme las organizaciones de narcotráfico se hicieron más globales, y tendieron sus tentáculos más allá de los países y las fronteras individuales.

“En 1979 creíamos que el problema de las drogas podía ser enfrentado como una cuestión que tenía que ver con el cumplimiento de la ley, con enjuiciamiento, y pensábamos que no requería un enfoque gubernamental pleno; nos equivocamos, tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, de seguridad, diplomáticas, sociales, de salud, educación y aspectos culturales, y si no integramos todos estos elementos en nuestra solución estamos condenados al fracaso.

“En 1979 evaluamos que el narcotráfico y el uso de estupefacientes era como una cadena que empezaba con el cultivo y concluía con su distribución y venta final, y dijimos que en caso de que fuera una cadena, si quitábamos un eslabón, toda la cadena se rompería, por lo tanto, nos centramos en un tema en particular que fue la incautación y después otro tema que fue la erradicación, y en los años siguientes en los precursores químicos, y cada vez decíamos que si lográbamos resolver este elementos del problema toda la estructura se vendría abajo; nos equivocamos.

Hemos aprendido que debemos manejar el problema como un todo, si nosotros quitamos un eslabón de esa cadena, nuestro adversario simplemente encontrará la forma de darle la vuelta y remplazarlo, afirmó el subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Procuración de Justicia y Narcotráfico de Estados Unidos.

El estadunidense concluyó su ponencia señalando que en los pasados 40 años todos hemos aprendido que no hay una solución única para este problema, y quien lo diga o es muy tonto o es muy deshonesto.

Y recomendó que las naciones consumidoras reduzcan su consumo (asumiéndose como un funcionario del país más consumidor del mundo), que todas trabajen en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de seguridad y procuración de justicia, no permitir que las naciones tengan sitios donde se refugien los delincuentes y los traficantes, acuerdos de extradición y de colaboración jurídica multinacional.

Sin embargo, afirmó: no garantizo que si acatamos esta hoja de ruta tengamos éxito, y se conformó con que se reduzca la actividad delictiva, porque entonces ya habremos logrado algo.

Revelan amplia relación de la bananera Chiquita con paramilitares colombianos

Desclasifican documentos que demuestran los pagos de la compañía a militares y a Uribe

Se fortalece acusación de que la empresa fue cómplice de las atrocidades de las AUC: académico

DAVID BROOKS

Periódico La Jornada

Nueva York, 7 de abril. Miles de documentos internos de la empresa Chiquita Brands International comprueban que esa firma bananera se benefició de sus pagos a grupos paramilitares por servicios de seguridad de sus operaciones en Colombia, y también de sus acuerdos, incluidos algunos pagos a militares y políticos, entre ellos al entonces gobernador Álvaro Uribe, reveló hoy el centro independiente de investigación y transparencia The National Security Archive.

Los documentos son comunicaciones internas de Chiquita entregados al Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de un acuerdo judicial en el cual la empresa admitió haber hecho pagos ilegales a las paramilitares AUC, a los que calificó de extorsión, y pagó una multa de 25 millones de dólares.

Pero el National Security Archive, al divulgar hoy más de 5 mil 500 documentos internos de Chiquita entregados al Departamento de Justicia, afirmó que éstos revelan evidencia de transacciones de mutuo beneficio entre las subsidiarias colombianas de Chiquita y varias agrupaciones armadas ilegales, incluidos grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas de seguridad colombianas, y milicias de la iniciativa Convivir, patrocinada por el gobierno colombiano, y que estos pagos que se hicieron durante más de una década, fueron por servicios relacionados con la seguridad de sus operaciones.

“Estos documentos extraordinarios ofrecen la historia más detallada hasta la fecha sobre el costo real de hacer negocios en Colombia. El aparente quid pro quo de Chiquita con guerrillas y paramilitares responsables de innumerables homicidios pone en duda el acuerdo judicial de la empresa con el Departamento de Justicia en 2007. Lo que aún no sabemos es por qué los fiscales estadunidenses no se fijaron en lo que parecen ser pruebas claras de que Chiquita se benefició de estas transacciones”, declaró Michael Evans, director del proyecto de documentación sobre Colombia del National Security Archive.

Uno de los documentos obtenidos demuestra pagos a fuerzas paramilitares derechistas con sede en Santa Marta por parte de Chiquita por servicios de seguridad, incluyendo inteligencia sobre operaciones de grupos guerrilleros después de que las AUC tomaron el control de la región a mediados de los 90.

Los documentos también revelan el papel de los militares colombianos en presionar a Chiquita para financiar a las AUC a través de agrupaciones Convivir, y facilitaron los pagos ilegales. En uno de los documentos se describe una reunión en 1997 con Carlos Castaño, el líder de AUC, en donde éste le sugiere a los gerentes de Banadex, subsidiaria de Chiquita, que apoyen un nuevo Convivir llamado La Tagua del Darién. Según el documento, los ejecutivos de Banadex informaron a su empresa matriz que no tenían otra opción más que asistir a esta reunión ya que no presentarse provocaría el antagonismo de los militares colombianos, funcionarios de los gobiernos locales y estatales y Autodefensas.

El National Security Archive indica que uno de los políticos que más promovía a los grupos Convivir en ese tiempo era Álvaro Uribe, entonces gobernador de Antioquia, centro de las operaciones de Chiquita en Colombia. Uno de los documentos internos de Chiquita hace referencia a que tanto altos mandos militares como el gobernador promovían el establecimiento de los grupos Convivir. Otro documento fechado en 1995 indica que Uribe y otro político, Alfonso Núñez, habían recibido donaciones de otra subsidiaria de Chiquita, la Compañía Frutera de Sevilla.

Otros documentos de contabilidad de 1997 y 1998 apuntan hacia el papel de las fuerzas de seguridad colombianas en instar los pagos de Chiquita a fuerzas paramilitares, donde algunos de los pagos a Convivir eran referidos como pagos hechos a solicitud del ejército.

Estos documentos, comenta Evans, indican que para 1997, las AUC estaban en control de las regiones bananeras del norte de Colombia y que políticos, empresarios y militares apoyaban sus operaciones paramilitares. Recuerda que las AUC habían sido oficialmente designadas por el gobierno estadunidense como una agrupación terrorista.

Estas revelaciones, comentó el profesor Arturo Carrillo, director de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad George Washington, quien colaboró con el proyecto del Archive, fortalecen el punto avanzado en varias demandas legales pendientes contra Chiquita, que la empresa fue conscientemente cómplice en, y por lo tanto responsable de, las atrocidades cometidas por las AUC en Urabá durante el tiempo que estaban en la nómina de Chiquita.

Para revisar los documentos obtenidos hasta la fecha sobre Chiquita, una cronología y otros documentos e informes relacionados en el sitio del archivo.