OTRA MÁS DE LA TREMENDA CORTE

19/05/2011

Fuero de guerra a soldados involucrados en delitos contra civiles: SCJN

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 18 de mayo (apro).- En franco desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este miércoles la aplicación del fuero de guerra en casos donde hay civiles involucrados.

En una resolución que representa un espaldarazo al gobierno de Felipe Calderón, la Primera Sala de la SCJN resolvió una contradicción de tesis en la que favoreció la competencia de los tribunales castrenses aun cuando el militar que haya cometido un delito contra un civil haya sido dado de baja.

Al igual que el gobierno de Calderón y las propias Fuerzas Armadas, los ministros rechazaron que el fuero castrense en esos casos sea un privilegio para los militares; incluso, argumentaron que “obedece a razones de orden público y de especial disciplina”.

La determinación de la Corte contrasta con su pasividad para pronunciarse sobre la constitucionalidad del fuero militar, como se lo pidió la Coidh en diciembre de 2009, cuando falló en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, cometida por efectivos del Ejército en 1974.

La contradicción de tesis, registrada con el número 381/2010, se produjo cuando un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que cuando un acusado causaba baja de las Fuerzas Armadas debía ser sometido a la justicia ordinaria, mientras que otro Colegiado dijo que a pesar de esa circunstancia la competencia corresponde a los tribunales adscritos al Supremo Tribunal Militar.

Los integrantes de la Sala decidieron apoyar el proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar, a pesar de las reiteradas críticas nacionales e internacionales por la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles, práctica que se extendió como consecuencia de la “guerra a las drogas” de Calderón.

Los ministros avalaron la aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) por encima del artículo 13 de la Constitución, como lo ha hecho ver la Corte Interamericana.

Según la SCJN, el 13 constitucional prevé la aplicación del fuero militar sólo para los delitos y faltas contra la disciplina militar cuando el acusado sea un militar, mientras que la aplicación del Código es “improrrogable” cuando se determine que un hecho se trate de una violación a la disciplina militar.

Para las Fuerzas Armadas, un homicidio cometido en actos de servicio es considerado falta a la disciplina, por lo que la justicia ordinaria debe declinar su competencia a favor de los tribunales militares.

Ante las presiones por la aplicación del fuero militar, Calderón propuso al Congreso una reforma al CJM para que los tribunales civiles conozcan los delitos cometidos por militares, pero sólo en los casos de desaparición forzada, violación sexual y tortura.

Los ministros subrayaron que el fuero militar “no se basa en consideraciones especiales a la persona militar ni a su jerarquía, sino que obedece a razones de orden público y de especial disciplina que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional”.

Insistieron en que “no es una prerrogativa constituida a favor de las Fuerzas Armadas, sino en bien de la sociedad y de las instituciones perturbadas por el ilícito penal”, cometido por el militar procesado, ante lo que resulta “intrascendente” que éste haya sido dado de baja.

Urge cambiar el modelo económico del país, que ya no da para más, dice Narro

JUAN ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada

México debe revisar de manera integral sus políticas y sistemas fiscales, de distribución del ingreso, e incluso la aplicación de sus programas sociales, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles.

En una primera respuesta a los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de reducir subsidios, el rector dijo que no se trata sólo de quitar o poner un impuesto más. El cambio es de fondo, de un modelo económico que ya no da más.

Entrevistado tras inaugurar el primer Congreso de Alumnos de Posgrado, en el auditorio Raoul Fournier, de la Facultad de Medicina, Narro contestó que la OCDE también está por el cambio, nada más que en el contrario.

“Lo que necesitamos encontrar –dijo– son mecanismos que nos permitan realmente actuar con justicia social. Tenemos que cambiar porque las cosas no van bien; no es un asunto de un año, dos o tres, de un periodo presidencial o de dos... ya tenemos varias décadas en las que nos hemos enganchado con algo que, para ponerlo en términos positivos, dio lo que podía dar, pero ya no dará más”

Agregó: Ya tenemos varias, demasiadas décadas en las cuales los niveles de desigualdad en el país no se atenúan. Todo esto me hace pensar, en consecuencia, que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo económico y social.

Propuso revisar los programas de asistencia social. En este sentido, destacó que si se cuantifican los recursos que se han destinado a programas de combate a la pobreza entre 2000 y 2011, suman más de 2 billones de pesos, de acuerdo con los propios informes de gobierno y datos oficiales, mientras que la pobreza no se atenúa.

Durante la inaugución del acto, el rector indicó: México necesita un cambio porque el país no puede seguir como va, y esa transformación debe provenir de quienes saben y pueden plantear un proyecto, conocen los problemas y han reflexionado sobre las posibilidades y opciones para solucionarlos, es decir, de los estudiantes, especialmente de posgrado, expresó.

Demanda EPR a legisladores aprobar una Ley contra la Desaparición Forzada

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 18 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo un llamado a los legisladores “comprometidos con las causas sociales” a dictaminar sobre una ley que castigue la desaparición forzada y a los funcionarios que incurran en dicha falta, considerada de lesa humanidad.

En el marco de los festejos por su fundación, el grupo guerrillero recordó que en el país se han cometido más de 10 mil desapariciones forzadas, desde los años setenta hasta la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Entre ellos se encuentran sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.

A casi cuatro años de ese suceso, el EPR exigió la presentación con vida de ambos.

Por medio de un comunicado, el grupo insurgente hizo notar a los legisladores que la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sería insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprueba la Ley de Seguridad.

Destacó que la “lesiva y retrógrada” Ley de Seguridad no garantiza la justicia que el pueblo demanda y sí, en cambio, “reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, policíacas y paramilitares”, al legalizar y proteger institucionalmente la violación de los derechos humanos.

El EPR consideró que la aprobación de una Ley General contra la Desaparición Forzada debe tener como esencia conocer el paradero y la verdad histórica de cada uno de los detenidos-desparecidos.

Asimismo, deberá tener como objetivo la presentación con vida y la libertad de cada uno de los luchadores sociales, desde los años setenta hasta la actualidad, que son víctimas del delito de desaparición forzada cometido por el Estado mexicano.

Además, que se realice juicio político y judicial a todos los responsables de desaparición forzada, sea cual fuese el cargo ocupado durante la comisión del mismo, así como la suspensión de su derecho a ocupar un puesto público por el resto de su vida.

El EPR pidió que “se realice juicio político y judicial concretamente” al expresidente Luis Echeverría Álvarez; al general Arturo Acosta Chaparro, acusado de varias desapariciones durante la “guerra sucia” en el estado de Guerrero; a Miguel Nazar Haro, titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS); a Jesús Antonio Sam López, director de la Policía Judicial del Distrito Federal en el sexenio 1970-1976; Jorge Carrillo Olea, fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Jorge Tello Peón, director del Cisen entre 1994 y 1999, y “todos los que aún viven y permanecen impunes, más los responsables del delito de desaparición forzada de hoy”.

Nazar Haro fue detenido en marzo de 2004; Acosta Chaparro, en agosto del 2000 y liberado en junio de 2007; Sam López falleció en marzo de 2010.

El Ejército Popular Revolucionario también pidió la ratificación de los tratados Internacionales relativos a la observancia y respeto a los derechos humanos, tanto de la población como de los luchadores sociales, sin importar profesión o actividad, así como el cumplimiento del compromiso contraído con la Corte Penal Internacional, respecto a que los militares sean juzgados por cortes civiles, excepción hecha por Felipe Calderón Hinojosa, “quien en un alarde de autoritarismo y complicidad, prolonga la impunidad con que las fuerzas castrenses han actuado en relación a la función policíaca que les ha sido atribuida en contra de los movimientos populares organizados, luchadores sociales y movimientos revolucionarios de ayer y ahora”.

“Sabemos de antemano que tratar de legislar una ley de esta naturaleza es casi un imposible en este momento histórico, sin embargo, consideramos que sólo así estarían dando la lucha dentro del sistema democrático burgués que prevalece”, reconoció el grupo armado.

Torturas y violación de derechos, en supuesta pacificación de Tijuana hecha por Leyzaola

BLANCHE PETRICH
Periódico La Jornada

El periodo en que el actual jefe de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola, encabezó la policía municipal de Tijuana se reconoce en medios oficiales como el periodo de pacificación de la ciudad fronteriza.

En realidad, explica Raúl Ramírez Baena, dirigente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, fue una pacificación aparente; fue también el periodo en el que recibimos más denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y, sobre todo, torturas. Y fue el periodo en el que aumentó escandalosamente el número de policías asesinados. Sólo en 2009 fueron más de 40 (tres o cuatro cada mes).

La clave del supuesto éxito de Leyzaola radicó en lo que fue presentado como una purga de elementos corruptos en el cuerpo policiaco local. “En efecto –dice Ramírez a La Jornada–, en 2009 hubo en Tijuana un número muy alto de agentes municipales despedidos e incluso detenidos y procesados, pero no se trató de una depuración real de la corporación. Fue una maniobra aplicada por Leyzaola y otros, no de manera aislada, sino como parte de una estrategia de mayor alcance para presentar estadísticas y afianzar el modelo de militarización en el estado”.

El método para determinar qué agentes habían caído en las redes de la corrupción se parecía más a un dominó que a una investigación seria, dice. “Nos dimos cuenta, en el proceso de integrar las denuncias y reconstruir los hechos, que el arresto de un policía –que derivaba en un nuevo caso de violación a sus derechos humanos– producía un efecto dominó. El agente detenido era trasladado y arraigado en la prisión militar de Aguaje de la Tuna; ahí era torturado en sesiones que en ocasiones dirigía el propio Leyzaola. Como consecuencia de la tortura, no de una indagatoria profesional, el policía daba nombres de otros presuntos agentes, y esto daba lugar a más arrestos, más torturas y más nombres.

Enormes inconsistencias en procedimientos judiciales

La mayoría de los policías detenidos ya están libres por la mala integración de sus expedientes, incluidos los 13 que fueron recluidos en el Real Inn. En otros casos, los detenidos siguen presos, con enormes inconsistencias en los procedimientos judiciales. Es la situación de 25 que están recluídos en México desde 2008, esperando un fallo tres años después.

Cada expediente se armaba con errores garrafales. La impartición de justicia fue nula. Esta brutalidad policiaca, documentada y denunciada a escalas nacional e internacional (hay un reporte de Amnistía Internacional sobre esto) fue justificada como un proceso de limpieza de la corporación policiaca, pero no hay tal. Ha sido un proceso fallido que a la larga resultó desastroso para Baja California, concluye.

Con el cambio de gobierno –en noviembre de 2010– y la llegada del empresario priísta Carlos Bustamante a la presidencia municipal, las cosas no han cambiado gran cosa y el método del efecto dominó continúa. Más aún, el capitán Gustavo Huerta, que era el segundo de Leyzaola y ahora ocupa su cargo, aplica la misma estrategia: detención arbitraria, delaciones basadas en declaraciones bajo tortura en lugar de investigaciones judiciales, más detenciones, más tortura. Aquí la tortura es la reina de las pruebas y es nuestro mayor problema, del que no se habla demasiado, lamenta.

Apenas el mes pasado, la SIEDO detuvo a tres policías en Mexicali. Ramírez Baena señala que al menos uno de ellos, arraigado en México, comprobó que fue torturado. Y soltó más nombres. La semana pasada ocho más fueron capturados. En Tecate fueron aprehendidas 21 personas, entre ellas cuatro policías. A todos les fue muy mal. Hemos podido comprobar torturas muy severas en todos los casos. Lo mismo con cuatro civiles detenidos en Playas de Rosarito. Amnistía Internacional comprobó y denunció la tortura en esos casos.

El activista asegura que el consulado de Estados Unidos, y el cónsul Kashkett concretamente, tienen conocimiento de todo esto. Distintas organizaciones de derechos humanos le informamos constantemente de esta situación y ellos se mantienen muy pendientes, ya que incluso algunas víctimas de tortura han sido ciudadanos estadunidenses.