11/06/2011

Fin de la guerra antinarco, exigen ciudadanos en el pacto nacional

Relación del movimiento con Calderón, entre los temas que más dividieron a los miembros de la caravana y ONG juarenses

Regreso del Ejército a los cuarteles y cancelación de la Iniciativa Mérida, otros asuntos centrales del acuerdo firmado ayer

ALONSO URRUTIA Y RUBÉN VILLALPANDO

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2011, p. 2

Ciudad Juárez, 10 de junio. Las diversas organizaciones que conformaron la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y grupos de esta urbe fronteriza firmaron esta noche lo que llamaron el Pacto Nacional con Justicia y Dignidad. En su punto medular –aplaudido durante el acto publico– se planteó el fin inmediato de la estrategia de guerra y la desmilitarización de las funciones policiacas, así como el regreso de los soldados a sus cuarteles.

Asimismo, demandan cancelar la Iniciativa Mérida y otros proyectos de cooperación de políticas castrenses. Paralelamente, como parte de las estrategias a seguir se planteó impulsar el juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano.

Tras intensos jaloneos y discusiones sobre concepciones diferentes de los alcances de las acciones del movimiento, finalmente se firmó un acuerdo que incluyó nuevos temas, como la defensa de los derechos indígenas, la organicidad del movimiento y la reforma laboral.

Como parte de las acciones para consolidar el movimiento, se planteó la realización de una nueva caravana al sur del país para visibilizar la condición de violencia, pobreza y falta de desarrollo que prevalece en esa región nacional, si bien no se fijó la fecha para efectuarla.

Hacia las 22 horas de este viernes, finalmente firmaron el pacto, entre otros, el obispo de Saltillo, Raúl Vera; el poeta Javier Sicilia; el padre Miguel Concha; Gonzalo Ituarte, ex vicario de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Oscar Enríquez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y algunas de las víctimas. Se acordó difundir el acuerdo –para luego realizar una consulta nacional–, que incluye también la exigencia de una nueva política social para los jóvenes que les amplíe sus expectativas, los derechos indígenas y el reclamo de avances en la democracia participativa para favorecer la realización de plebiscitos, referendos y consultas populares, así como incorporar a la ley la revocación de mandato.

Pese a que hacia el final la firma del pacto tuvo lugar en el parque donde se encuentra el monumento a Benito Juárez, se conoció que hubo un segundo documento que no se hizo público, que incluía todos los temas en que hubo disensos en las mesas de trabajo. Las diferencias entre las organizaciones que signaron el documento sólo pudo resolverse mediante un esquema que considera postergar la discusión de temas relacionados con la estrategia para su aplicación, y que habría sido colocado en otro documento de pendientes de discusión.

Sin embargo, los debates –en mesas privadas– para consensuar la aplicación del plan de acción reflejaron diferencias conceptuales respecto de dos temas medulares: los términos de la desmilitarización (salida inmediata del Ejército o mediante un proceso gradual) y los términos de la relación del movimiento con Felipe Calderón.

Inútil discutir con quienes provocan la violencia

En el primer caso, para algunas organizaciones de Ciudad Juárez y la Comisión Metropolitana contra la Militarización y la Violencia es inútil dialogar con los responsables de haber desatado la violencia y, en su caso, aceptar este diálogo estaría condicionado al retiro previo y total del Ejército. De lo contrario, sólo sería legitimar la estrategia militar calderonista.

Desde otra perspectiva, el retiro de tropas debe ser paulatino, porque es riesgoso el repliegue total cuando no hay capacidad de las corporaciones policiacas para asumir en lo inmediato la lucha contra el crimen organizado, pero en todo caso la determinación de empezar ya el repliegue militar y el cambio de estrategia debe asumirse como compromiso gubernamental en el corto plazo.

El punto medular de la división fue el diálogo con Calderón, que en momentos puso al borde de la ruptura el movimiento. En principio, se intensificó la discusión, hasta que en parte se logró modificar los términos de la relación con el gobierno federal para poder subsanar las diferencias, y se acordó incluir en el documento final no sólo los consensos, como originalmente se planteó, sino también los disensos.

Acciones para aplicarlo

Por ejemplo en la mesa de trabajo denomina Raíz económica del crimen organizado se planteó, como acciones de resistencia civil, la clausura simbólica del Banco de México y sucursales bancarias, en protesta por el lavado de dinero.

En cuanto a las acciones a realizar, proponen que se convierta en ley la expropiación de empresas que se dediquen al lavado de dinero; crear una fiscalía especializada en delitos de cuello blanco; llevar a juicio político a Felipe Calderón, Genaro García Luna y Javier Lozano; un foro sobre la despenalización de la droga y fin del secreto bancario.

En cuanto a la mesa sobre desmilitarización, se planteó que sea inmediata, sin definir si esto implicaría el repliegue total o un proceso paulatino de los soldados; la revisión de la Iniciativa Mérida; eliminar la capacitación que proporcionan la FBI o algunas otras agencias internacionales

Al arrancar los trabajos de discusión del Pacto Nacional Ciudadano, el poeta Javier Sicilia reconoció que si bien Felipe Calderón es un presidente tremendamente débil, que llegó al cargo con grandes sospechas de ilegitimidad y que, evidentemente, es el principal responsable de esta guerra, no es el único; también el Congreso y los partidos que se lo han permitido.

En rueda de prensa ofrecida en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al arrancar los encuentros, Sicilia sostuvo que el objetivo del movimiento es impulsar el Pacto Nacional Ciudadano para mandatar a los gobernantes a agilizar las reformas que requiere el país para salir de esta crítica situación creada por la guerra contra el narcotráfico.

Fuertemente cuestionado por los medios locales sobre la viabilidad de un diálogo con el gobierno, que en esta ciudad las organizaciones sociales han intentado inútilmente, el poeta reconoció que Juárez es una ciudad profundamente agraviada por las autoridades, ha habido una traición del gobierno en su actuación; recordó que el programa Todos Somos Juárez ha sido un total fracaso. Sin embargo, dijo que aunque no nos gusten las autoridades que están al frente de las instituciones, es con ellas con las que tenemos que discutir.

Al abundar en las responsabilidades de gobierno, dijo que no sólo Calderón tiene parte en esta guerra, a nivel local, claro que los gobernadores, los alcaldes y las procuradurías deberían hacer algo por reducir los niveles de impunidad e injusticia que les reclama la gente. Una justicia que reclamamos para los 40 mil muertos de esta guerra emprendida desde la administración federal, porque todas ellas son familias agraviadas, familias dolidas.

Incluso, algunos grupos amagaron con no firmar.

El DF, ciudad de libertades por el legado de hace 40 años: Ebrard

Las amenazas del autoritarismo aún se pueden hacer presentes, advierte José Narro

El jefe de Gobierno inaugura monumento en memoria de los caídos el 10 de junio de 1971

GABRIELA ROMERO Y ÁNGEL BOLAÑOS



Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2011, p. 35

La ciudad de México recuerda y rinde tributo a todos los jóvenes que hace cuatro décadas enfrentaron un régimen autoritario y nos legaron derechos y libertades que tenemos no sólo que sopesar y comprometernos a defender, porque costaron vidas, y que hacen que nuestra ciudad sea muy distinta hoy a lo que fue hace 40 años y muy distinta a muchas otras del país, aseveró el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al recordarse el 40 aniversario de la matanza del 10 de junio de 1971, en la Plaza Normal, a la entrada de la Escuela Normal Superior de Maestros.

Ante integrantes de su gabinete, diputados locales y federales, así como miembros de los comités del 68 y del 71, Ebrard Casaubon describió al Distrito Federal como una ciudad de libertades y derechos, que quiere hacer su futuro así, respetando a todas y a todos: preferencia sexual, ideología, origen, forma de pensar, aspiraciones.

Aseguró que el país tiene otro rumbo y que el futuro del país no sea la violencia ni la desesperación, ese es el legado más importante, un legado de esperanza, de pensamiento crítico y de valor y por eso hoy la ciudad le rinde tributo, le reconoce y dice nuestra ciudad para siempre, 10 de junio no se olvida.

Antes, al hacer uso de la palabra el secretario de Educación del DF, Mario Delgado, comparó: “hace 40 años el gobierno de esta ciudad y la Presidencia de la República persiguieron a los jóvenes y asesinaron a muchos en estas calles. Hoy el gobierno de izquierda en la ciudad los beca y contribuye a rescatar su futuro. Halcones nunca más”.

Recordó que los jóvenes del 68 y los del 71 advertían del agotamiento de un sistema autoritario que ahogaba libertades, y derechos, que manipulaban la justicia a conveniencia y que seguían los rezagos de una escandalosa desigualdad social.

La ceremonia se efectuó a un costado de la escultura que Sebastián realizó en tributo a las víctimas del halconazo, la cual fue develada por el jefe de Gobierno del DF.

Ahí, Jesús Martín del Campo habló de su hermano Edmundo. Tenía 20 años, venía en el contingente de Economía. Allí cayó en esa esquina. Lo llevaron algunos compañeros en hombros a la vecindad de Tláloc número 2, donde falleció.

Hoy, agrega, el recuerdo de nuestros muertos nos hace llorar y nos hace temblar de coraje, pero no nos paraliza, nos impulsa a seguir luchando y advierte que mientras no se castigue a los responsables como Luis Echeverría, México seguirá siendo un territorio de impunidad.

Antes, Sebastián explicó el significado de su obra, una columna de flores –combinación de nahui ollin, los cuatro movimientos, los cuatro rumbos del universo, según diferentes culturas prehispánicas– se levanta desde el centro de la x, con la que Benito Juárez remplazó la j para quitar lo afrancesado a México, y que descansa sobre una una cruz caída. Es la sangre derramada para enaltecer la libertad.

Asegura el rector de la UNAM que los jóvenes siguen siendo víctimas de la violencia

Emir Olivares Alonso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que los lamentables hechos ocurridos el 10 de junio de 1971 –cuando el grupo paramilitar Los Halcones asesinó a decenas de estudiantes que participaban en una marcha– ensombrecieron el entorno democrático del país. Agregó que la sociedad debe rechazar cualquier forma de autoritarismo.

De su lado, el rector de la casa de estudios, José Narro Robles, señaló que aun cuando hoy existen más libertades y un régimen democrático más consolidado, las amenazas del autoritarismo (aún) se pueden hacer presentes, por lo que la ciudadanía tiene la responsabilidad de recordar hechos como el llamado halconazo para decir no a cualquier tipo de práctica autoritaria.

Tras asistir al acto cultural luctuoso que la casa de estudios organizó a cuatro décadas del halconazo, el rector advirtió que los jóvenes siguen siendo víctimas de la violencia, pues hoy son presa del crimen organizado, las adicciones y el desempleo.

En entrevista, indicó que aún hay muchos pendientes, principalmente con los jóvenes, que no pueden seguir siendo víctimas de la ola de violencia, inseguridad e injusticia que vive el país. Los propios jóvenes son quienes caen muertos o los que matan a otros jóvenes. Todos, unos y otros son víctimas de esa condición que debemos rechazar.

En tanto, en un comunicado, la UNAM expresó su posición por el 40 aniversario de la matanza del 10 de junio de 1971. Indicó que la expresión de los jóvenes de entonces, como en 1968, se hizo escuchar en las calles y externó su anhelo por un México mejor. Hoy recordamos aquella movilización bajo la premisa de que no debe repetirse nunca más.

La institución se manifestó en favor de consolidar una democracia participativa y de abrir paso a un desarrollo humano que disminuya la desigualdad y la pobreza, que contribuya a edificar una sociedad más justa y libre.

Somos muchos los que estamos convencidos de que hoy como ayer, los problemas de la juventud sólo pueden resolverse por la vía de la educación y no con un horizonte en el que el signo sea la ausencia de oportunidades y expectativas.

Exhortó a la sociedad a rechazar cualquier forma de autoritarismo, a robustecer el sistema de valores laicos, contribuir al fortalecimiento de la democracia y expresarse con fuerza frente a la injusticia.

La atención a los jóvenes en México es una responsabilidad colectiva. La educación superior, la cultura y la ciencia son tres instrumentos para favorecer su desarrollo. La UNAM, como institución pública, reitera su compromiso con estas tareas, en este aniversario luctuoso de un acontecimiento que nunca debió de ocurrir.

Durante el acto luctuoso por esos hechos, que se efectuó en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, los actores Mariana de Tavira y Bruno Bichir leyeron poemas de Efraín Huerta, Enrique González Rojo, Marco Antonio Montes de Oca y Roberto López Moreno, acompañados de música de cámara del cuarteto de cuerdas Humbolt.

Entre los versos leídos estuvo Del miedo y la compasión, de Huerta: “A las 5.30 del día diez/ fulguré como un elemental agonizante./ No veo el año ni el mes/ ni los secretos podridos/ ni los silencios rotos pero prolongados/ como los gusanos y las babosas./ Hoy debo repetir mi miedo/ la firma de mi pánico/ la verde costra de los desnudos pies/ sobre las calles ultrajadas./ Dulcemente a solas me miento la madre,/ porque yo sí procuré, procuro algo,/ canceroso procurador/ –hígado roto, riñones de cemento–,/ procurador de la miseria y de los muertos,/ muerto vivo, poeta funeral,/ nacido en junio, en junio muerto,/ testigo, testimonio,/ dolorido hasta los ascos,/ ardido por mis hijos y mis hermanos apaleados,/ asesinados./ Dios nos bendiga,/ diez, dieces de junio, dioses de siempre,/ y compadezcamos a Dios/ que tampoco vio nada”.

Indigna a maestros de la Normal propuesta de profesionalización

Lamentan desprecio del gobierno federal a la tarea que realizan las escuelas públicas.

Desaparecer el sistema de formación normalista, la verdadera intención del SNTE, acusan

LAURA POY SOLANO



Periódico La Jornada

Sábado 11 de junio de 2011, p. 40

Profesores de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), calificaron como indignante la propuesta del subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, de exigir el grado de maestría para dar clases en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, además de aplicar un periodo de prueba de dos años antes de otorgar la plaza de base a un docente.

No hay duda, indicaron, que desde la administración federal y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que preside Elba Esther Gordillo, se busca la desaparición del sistema de formación normalista. Por eso, el enorme desprecio y desconocimiento de la tarea que realizan las normales públicas en la enseñanza de miles de maestros.

Recordaron que durante más de un siglo la Normal ha formado a miles de docentes que han educado a generaciones de mexicanos con un claro compromiso social, de servicio y con excelencia en su formación. Prueba de ello es que aún en las peores condiciones socieconómicas logran que sus alumnos salgan adelante, porque las normales públicas no forman facilitadores educativos, sino maestros comprometidos con su realidad social y la de sus estudiantes. Quizá es precisamente este perfil el que ahora más les incomode.

Juan Manuel Rendón y Graciela Gutiérrez, profesores-investigadores de la BENM, con más de 25 años como catedráticos de la misma, aseguraron que les guste o no, las normales son y serán parte sustantiva del sistema educativo, porque aún con las deficiencias curriculares y el deterioro de sus instalaciones, debido al persistente abandono presupuestal, siguen formando maestros de calidad.

Destacaron que desde mediados de los años 80 se han aplicado diversas reformas curriculares en las normales públicas, urbanas y rurales, de todo el país. La diferencia, indicó Rendón, es que había un proyecto pedagógico que sustentaba estos cambios, al igual que la propuesta de 1997, cuando se demandó poner énfasis en el ejercicio práctico de la docencia. Ahora se busca imponer, a partir de agosto próximo, una nueva currícula que busca como uno de sus principales objetivos el control de la matrícula, lo que resulta absurdo.

Las declaraciones de González Sánchez, yerno de Gordillo Morales, explicó no ocultan el transfondo político de una decisión que no busca mejorar la formación de los maestros de educación básica, sólo empobrece el concepto de profesionalización del magisterio.

Se nos quiere hacer creer, indicó, que las normales públicas no sólo forman mal, si no que la garantía para tener un buen maestro es que alcance un nivel de posgrado, y no es así.

El concepto de profesionalización empleado por los especialistas internacionales, no sólo incluye mejor formación académica, sino acceder a un salario digno y condiciones para continuar estudiando, pero lo más importante, resaltan los expertos, es mejorar el contexto social y educativo en que se ejerce la docencia.

Graciela Gutiérrez, catedrática de esa casa de estudios, indicó que en los hechos se busca la desaparición de las instituciones públicas formadoras de docentes para dar paso a una abierta privatización de la carrera magisterial.

Agregó que en la BENM se rentan las instalaciones para que una universidad privada imparta su propia maestría, a un costo muy elevado para los egresados, a pesar que desde hace una década tenemos nuestro propio posgrado, reconocido por su calidad. Este año, apuntó, tenemos más de 200 solicitudes de ingreso, pero sólo se autorizaron 15, a lo que se suma los escasos recursos con que contamos para impartir el posgrado.

Subrayó que es obvio que hay un doble discurso. Se ataca a las normales por sus bajos resultados, de acuerdo con una evaluación estandarizada que no pondera saberes ni experiencias prácticas, pero por otro, se asfixia a estas casas de estudios con presupuestos cada vez más reducidos. Hay una abierta intención de arrasar con ellas y dejar que instituciones privadas formen a los maestros de México.

Protagonizan trifulca maestros y policías frente a casa de Elba Esther

La redacción



MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Un enfrentamiento entre policías y profesores de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a la casa particular Elba Esther Gordillo, dejó un saldo de seis lesionados y al menos 11 detenidos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este viernes, cuando los mentores protestaban para exigir la renuncia de la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los maestros –quienes mantienen un campamento en el Zócalo capitalino desde el pasado 31 de mayo, fecha en que iniciaron un paro de labores en Michoacán– marcharon desde la estación del Metro Auditorio hasta la residencia de la profesora, ubicada en la colonia Polanco, donde decenas de granaderos ya los aguardaban.

Una vez instalados frente a la residencia de Gordillo, los mentores empezaron a lanzar huevos contra los granaderos, quienes de inmediato repelieron la agresión.

De acuerdo con personal de la Cruz Roja, al menos seis maestros resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al hospital de esa institución localizado en Polanco.

En tanto, los profesores detenidos fueron remitidos al Juzgado Cívico de la Coordinadora Territorial Miguel Hidalgo, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

Luego de una hora de permanecer frente a la residencia de la dirigente del SNTE, los inconformes se dirigieron hacia la Secretaría de Gobernación.

Criminalizan a jóvenes operativos antifiestas, dice la CDHDF

La redacción



MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- Operativos como el que llevó a cabo la policía capitalina el pasado 29 de mayo, en la delegación Benito Juárez, contra una fiesta clandestina, “criminalizan a la juventud”, consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Ese día, por una denuncia vecinal que alertaba sobre la realización de fiestas ilegales en el número 1106 de Isabel la Católica, en la colonia Américas Unidas, agentes preventivos detuvieron a 29 personas, entre ellas jóvenes de 18 años y menores de edad.

Las autoridades informaron que en el lugar se vendían bebidas alcohólicas y drogas.

Sin embargo, el ombudsman capitalino indicó que ese tipo de operativos contradicen el compromiso asumido por las autoridades capitalinas para cumplir la recomendación por el caso News Divine.

En el marco de la realización del seminario “Mecanismos de protección y defensa de los derechos de la infancia”, González Placencia dijo que le preocupa la actuación de las autoridades capitalinas porque hay una recomendación aceptada, que está en camino de ser cumplida, y estos operativos contradicen la aceptación de esa recomendación y el compromiso que eso asume", afirmó.

Por ello, recomendó al gobierno capitalino que reflexione sobre las estrategias que quiere dirigir a los jóvenes.

“Hay que hacer un llamado al Gobierno del Distrito Federal para que piense si esa es la estrategia que realmente quiere para las y los jóvenes de la ciudad.

"Ustedes recordarán que ese operativo, que terminó en tragedia, estaba rodeado de una serie de otros operativos en los que se llevaban a los jóvenes a la Procuraduría General de Justicia como prueba para poder formar cargos a las personas que trabajaban en los antros, y eso está sucediendo nuevamente", acusó el ombudsman local.

González Placencia dijo que si bien el alcohol y las drogas son un problema serio que lacera a los jóvenes, los operativos no son los mecanismos adecuados para combatir el consumo, “en principio porque lo que implican es ir cerrando espacios para las y los jóvenes; de por sí es difícil para ellos encontrar lugares donde se puedan divertir, y ahora esta política se dirige también a los domicilios particulares”, señaló.

González Placencia dijo que no comparte una visión en la que, para proteger a los jóvenes, terminen metiéndolos a la cárcel.

En lugar de eso, sugirió atender esa problemática con una perspectiva distinta, con una política integral de atención al consumo de drogas y al alcohol entre los jóvenes, los niños y las niñas, pero no a través de esos operativos.