INTOLERANCIA FEDERAL

Pacto nacional y democracia participativa

NEIL HARVEY *

Con el allanamiento de las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte este 5 de junio en Ciudad Juárez surge otra vez una gran duda sobre la disposición del gobierno federal a tolerar la crítica ciudadana con respecto a su fallida estrategia de guerra y sus dolorosas consecuencias en términos de vidas humanas.

¿Cómo es posible que policías federales, sin orden de cateo, rompan candados, entren por la fuerza y causen daños a un centro cuya misión es la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser sujetos de cateo ilegal? La versión oficial de que la policía perseguía a jóvenes que se dedican al narcomenudeo no convence a gran parte de la población como justificación al allanamiento del centro. Más bien parece un nuevo intento de callar a los que investigan los abusos del poder y que exigen justicia, además de constituirse en un acto de intimidación en contra de los participantes de la caravana del consuelo y el pacto nacional por la paz. En todo caso es algo que se debe investigar a fondo, como lo han exigido los trabajadores del mismo centro y la organización Human Rights Watch.

Esta nueva agresión tiene sus raíces en el autoritarismo del viejo sistema político y también en la forma en que la transición a un sistema de alternancia partidista, debido a que no se ha cambiado en lo fundamental la relación entre la mayoría de los ciudadanos y las instituciones del Estado.

Entre los seis puntos del pacto nacional por la paz, está el compromiso de construir una democracia participativa, es decir, una democracia en donde la voluntad ciudadana se exprese en formas diversas que no dependan de los partidos políticos en temas tan sustanciales como son la seguridad y el bienestar social. Esta propuesta exige a la Cámara de Diputados aprobar en los próximos dos meses la minuta de una reforma constitucional avalada por el Senado que establece la consulta popular y las candidaturas independientes, además de asegurar que la ley reglamentaria esté basada en una amplia participación ciudadana, y que incluya reformas como la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos.

Cabe recordar que demandas similares de democracia participativa fueron expresadas por los zapatistas después del alzamiento en Chiapas en 1994. Con el fin de crear una plataforma incluyente, el EZLN invitó a cientos de representantes de organizaciones políticas, junto con intelectuales y luchadores sociales, a contribuir con sus propuestas sobre diversos conflictos, organizados temáticamente en las mesas de diálogo de San Andrés. Sabemos que la primera mesa produjo los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas, pero que el gobierno no cumplió su palabra y que en 2001 el Congreso terminó aprobando una versión muy inferior de los acuerdos.

En cuanto a la segunda mesa de diálogo, sobre la democracia y la justicia, se presentó una disyuntiva entre, por un lado, una reforma profunda de la relación entre el Estado y la sociedad, la cual fue una demanda central de los zapatistas y, por el otro, un proceso de negociación entre los dirigentes de los partidos políticos, el cual fue privilegiado por el gobierno y que llevó a reformas del sistema electoral, pero sin incluir las propuestas de democracia participativa. En esos meses, de marzo a agosto de 1996, los alcances de la reforma política estaban en juego, y desde ese entonces hemos visto como solamente el aspecto electoral fue modificado, dejando de lado reformas necesarias para profundizar la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Esta disyuntiva se explica por la negativa del gobierno de aceptar una reforma del Estado que recogiera las demandas y propuestas de los zapatistas y del foro especial para la reforma del Estado, celebrado en San Cristóbal a principios de julio de 1996. La actitud del gobierno ya se había demostrado en mayo de aquel año con sus falsas acusaciones de terrorismo en contra del zapatismo, y con los simultáneos ataques de grupos paramilitares, como los Chinchulines, y las maniobras militares del Ejército mismo. Al mismo tiempo, la delegación gubernamental en la segunda mesa no participó con propuestas concretas ni diálogo, dejando la impresión de que realmente no le interesaba reconocer la necesidad de reformas más allá de las que se podrían negociar con las cúpulas partidistas. Así que se quedaron de lado propuestas como el plebiscito, la iniciativa popular, el referéndum y la revocación del mandato. Al mismo tiempo, el gobierno logró pactar las nuevas reglas del sistema electoral, las cuales en un corto plazo llevaron a la derrota del PRI en el Congreso, en la ciudad de México y en la Presidencia, pero, a 15 años de distancia, estas reglas se traducen en serias limitaciones que difícilmente pueden responder a los reclamos de seguridad, justicia y paz.

Al finalizar la segunda mesa, en agosto de 1996, las comunidades zapatistas realizaron una consulta sobre los resultados del diálogo y las propuestas de ambas delegaciones y, viendo el nulo interés del gobierno en avanzar en el proceso de paz, pidieron a sus delegados suspender el diálogo. Con ello, la transición democrática se quedó corta, sesgada hacia lo electoral, a expensas de una democracia participativa.

En ese momento, el subcomandante Marcos escribió: Consideramos que la actitud de la delegación gubernamental tendrá consecuencias inmediatas. Al ignorar los gravísimos conflictos que sacuden al país y dejar pasar una oportunidad privilegiada, la delegación gubernamental los está haciendo más graves y costosos (La delegación gubernamental, responsable de la ausencia de acuerdos, en EZLN. Documentos y Comunicados, Vol. 3. Ediciones Era, 1997, p.359).

Hoy, cuando las costosas contiendas electorales no logran erradicar la corrupción, la inseguridad y el autoritarismo, la ciudadanía retoma la demanda de una democracia participativa como parte de un nuevo pacto nacional por la paz con justicia y dignidad. Esperemos que la memoria sirva de guía para que esta lucha avance en esta meta pendiente desde hace por lo menos 15 años.

Los mitos sobre Jorge Hank Rhon

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 10 de junio (apro).- El exalcalde Jorge Hank Rhon es una persona en torno de la cual giran una serie de mitos. Y es que no sólo se le ha vinculado con el crimen organizado, también se ha dicho que es el autor intelectual del asesinato de periodistas, que es muy amigo de Benjamín Arellano y que lava el dinero del menguado cártel de los hermanos Arellano Félix.

Pero está su otra faceta: la de empresario con estrella y guardián irredento de su virilidad.

Dicen de él que está tan cerca de Dios como del diablo, pues así como se le ha vinculado con los cárteles de la droga, como empresario también tuvo el privilegio de transportar en su ya extinta línea aérea (TAESA) al ahora beato Juan Pablo II, cuando visitó México por tercera ocasión , el 17 de julio de 1992.

Desde que llegó a vivir a Baja California, a fines de los ochenta, Jorge Hank Rhon se convirtió en un hombre de dudas, y hoy se ha sumado una más en torno de su persona: ¿Quién y por qué decidió incriminarlo por acopio de armas y ponerlo tras las rejas?

Para nadie que vive en Baja California, lo conoce o ha estado cerca de él, es desconocido que el hijo del profesor Carlos Hank González siempre ha tenido hombres armados a su lado, que su aparatoso grupo de seguridad siempre trae armas largas y que en más de una ocasión sus escoltas han provocado algún altercado con la sociedad o la policía.

Por ejemplo en el año 2000, cuando Roberto Madrazo abandonaba la pequeña ciudad de Rosarito, en Baja California –durante su campaña por la presidencia de la República–, el equipo de seguridad de Jorge Hank tuvo un altercado con un automovilista.

Ante la sorpresa de la prensa nacional que acompañaba al priista, los escoltas del empresario sacaron sus R-15 y obligaron a la ciudadana que los había increpado a bajar la guardia.

Así pues, no es novedoso que Jorge Hank tenga armas en su poder, y hasta resulta normal que un empresario, por el tipo de giro que maneja oficialmente, tenga hombres armados a su alrededor.

Lo que sí es extraño es que hasta ahora se le aprehenda y juzgue por ello.

Uno de los nuevos mitos que gira alrededor de la pensión del dueño de Grupo Caliente es que se trató de un intercambio de información y un acuerdo al que llegaron un exgobernador y Felipe Calderón.

La versión señala que entre los ya famosos “expedientes negros” que el gobierno federal panista armaba contra priistas conocidos, figuraba un exgobernador, sobre quien se irían en primer término.

Este exgobernador, con un abultado expediente de enriquecimiento ilícito y quien habría adquirido por lo menos 120 propiedades –que con el salario que percibía jamás podría comprarlas–, buscó a Felipe Calderón.

El intermediario entre el primer exmandatario estatal que el gobierno enviaría a la horca y Felipe Calderón habría sido Liébano Sáenz. El exgobernador, priista, por supuesto, y con un gran conocimiento del grupo Atlacomulco, relató todas las andanzas de Jorge Hank y de cómo él mismo se llegó a rodear de gente cercana a su padre, el profesor Carlos Hank González. También habría dicho que al exponerlo públicamente se golpearía de manera mediática a Enrique Peña Nieto, favorito en las encuestas para ocupar la presidencia de la República.

No olviden –les habría dicho el exmandatario estatal a los panistas– que los hombres del profesor han sido los hombres de su hijo, y que si le pegan a Hank le pegan a cualquier priista que provenga o haga política por el Estado de México.

Y para muestra un botón: el profesor Hank tuvo como sus abogados de confianza a Ricardo García Villalobos (quien con los años pasó a ocupar el mismo papel, pero con Roberto Madrazo) y Humberto Benítez Treviño, concuño de Ernesto Santillana Santillana.

Cuando Jorge Hank ganó, para sorpresa de muchos, la alcaldía de Tijuana, Baja California, nombró como secretario de Seguridad Pública a Santillana, un hombre que llegó a la entidad para crear los llamados “comandos negros policíacos”, que se encargaban de acabar con “los malosos”.

Pero los modos de Santillana no gustaron a los bajacalifornianos, de tal manera que Jorge Hank tuvo que removerlo del cargo.

Ernesto Santillana encontró cobijo muy rápido. Primero fue enviado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), algo que tampoco agradó a quien en ese momento estaba al frente, Manlio Fabio Beltrones, así es que antes de que diera de qué hablar, también fue relevado del cargo.

Pero el hombre de todas las confianzas del profesor Carlos Hank se encontró con Humberto Benítez Treviño y fue nombrado subprocurador del Estado de México.

Hoy, Benítez Treviño es parte de la bancada más numerosa del PRI en San Lázaro, la del Estado de México. Y, como el resto de sus compañeros mexiquenses, tiene un peso extraordinario a la hora de tomar decisiones que impliquen blindar a Enrique Peña Nieto.

El ex mandatario estatal que habría entregado todo un informe sobre las andanzas de Jorge Hank era el primero que el gobierno panista tenía en la mira como parte de los expedientes negros. Pero traicionó a Hank para salvar el pellejo.

Al pasar los meses nos daremos cuenta si el gobierno calderonista –viendo que el efecto Hank no fue tan nocivo como lo esperaba en las elecciones del Estado de México– no se verá tentado a traicionar su palabra empeñada y sacar, ahora sí, el expediente sobre el primer ex gobernador priista que tenía en la mira.

Y por la forma en que operó el gobierno federal en el caso de Jorge Hank Rhon, que con la utilización del Ejército y sin orden de un juez allanó la casa del exalcalde, seguramente el exgobernador “informante” no está muy tranquilo, como tampoco lo están el resto de los exmandatarios del norte y sureste de México.

Una democracia pobre es una pobre democracia

GUSTAVO GORDILLO

Una democracia en la cual al menos la mitad de su población se encuentra en condiciones de pobreza es una pobre democracia. Una democracia en la cual impera la impunidad y el agravio a sus ciudadanos es una democracia frágil. Una democracia donde la clase política prefiere embarcarse en pleitos de poder y acomodos palaciegos mientras que una auténtica guerra impulsada por el poder Ejecutivo elimina no sólo a criminales sino sobre todo afecta con pérdidas irreparables a ciudadanos y ciudadanas, es una democracia insensible.

Un sentimiento recorre el país desde las megalópolis hasta los pueblos más pequeños en el medio rural mexicano. Comienza como una sensación de desamparo –quién nos defenderá–, continúa con una constatación dolorosa –no se puede confiar en el gobierno (el que sea: federal, estatal o municipal)–, se convierte en desesperanza –un país sembrado de cadáveres e impunidad–, deviene en rabia –estamos hasta la madre– hasta que empieza a despuntar en redes de apoyo y solidaridad.

Primero está reconocernos en el dolor ajeno. Éste puede ser por el hecho brutal de perder a un familiar en un tiroteo o no saber nada de él o ella porque está desaparecido. Pero también es dolor ser joven con estudios preparatorianos o universitarios y no poder vislumbrar más futuro que la inopia y la desesperanza. También es dolor no encontrar empleo que es otra forma de no ser reconocido socialmente. También es dolor aspirar a ser de las famosas clases media y estar hasta el tope de deudas, con tarjetas vencidas y caza diaria de los cobradores de impagables. Es dolor constatar la alta tasa de suicidios entre los más jóvenes o el peso que sigue teniendo la violencia intra-familiar. O la discriminación que sufren a diario homosexuales, lesbianas o indígenas. Al final la pregunta clave: ¿cuándo me tocará a mí?

Después está solidarizarnos con el dolor ajeno. Las redes sociales han jugado y seguirán jugando un papel clave. Entre la madre que perdió a su hija y no sabe si vive o está muerta o si la llevaron a un prostíbulo y nosotros está el puente de firmar una protesta o exigir una investigación. Entre los estudiantes que creen no tener futuro y nosotros está el espacio de la manifestación o el mitin para exigir más escuelas y más becas estudiantiles.

Después está organizarnos para enfrentar el agravio y la impunidad. Monsiváis decía que la primera barrera que había que vencer era la idea de que de nada sirve que me organice. Las redes de activistas sociales, los pequeños grupos que proliferan en las entrañas de nuestro país herido; son todos testimonios que sí importa organizarnos, que sí hacen una diferencia. Las voces aisladas se hacen susurros, éstos se convierten en gritos y pronto serán sinfonía.

Esto es en el fondo lo que nos ha enseñado la Caravana de la Paz, la Caravana del Consuelo. Porque no queremos más entristecernos con expresiones como la de Yuriani Armendáriz del pueblo de Creel en la sierra de Chihuahua:

“Yo no traigo un escrito porque ese escrito en mi pueblo se hizo con sangre. Ese 16 de agosto de 2008, que marcó ya a mi pueblo…Trece personas asesinadas: mi hermano, mi primo, un niño de un año que muere en brazos de su padre. …hemos vivido un viacrucis, porque le exigimos al gobierno eso que nos debe, eso que se llama justicia.”

En la actualidad refutar los fundamentos de elaboraciones teóricas que justifican la injusticia realmente existente requiere cultivar el tronco común de la acción pública solidaria, base de una democracia real que se centra en la ciudadanía.

No se trata de elaborar un esquema ideal que termine por alienarse del mundo sino de construir espacios que se reconozcan en éste precisamente porque no anulan sus contradicciones. Estos espacios retoman los principios de libertad e igualdad en otro contexto: la pluralidad de los actores sociales a partir de su autonomía.