JUSTICIA PENDIENTE

Sin castigo, aún, responsables de la represión en el 2006

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

La falta de acceso a la justicia se encuentra muy arraigada en el estado porque las medidas adoptadas para procesar a los responsables de la represión en 2006, entre asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, hasta hoy han sido nulas, afirmó Alba Cruz Ramos, integrante de la dirección del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH).

La activista sostuvo que la falta de acceso de justicia se evidencia a pesar de existir varias investigaciones judiciales y de la documentación de varios casos de graves violaciones de derechos humanos.

Más aún, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la responsabilidad plena del ex gobernador Ulises Ruiz en la violación de garantías individuales.

Expuso que la lucha contra la impunidad requiere de acciones concretas, pues si bien se creó una Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para retomar las indagatorias dejadas en años pasados, está pendiente el nombramiento de un fiscal con el perfil adecuado para garantizar investigaciones profesionales, imparciales y apegadas a la verdad y con una perspectiva de respeto a los derechos humanos.

Es importante, señaló, evitar el involucramiento de funcionarios ligados al régimen anterior y que desde su función han impedido la investigación de los abusos y de las violaciones a derechos humanos.

Además, destacó que la falta de eficacia en el mandato de la procuración de justicia se refleja en las múltiples violaciones al debido proceso legal en ministerios públicos, peritos y la policía porque sus actos contribuyen a una nula aplicación de las normas, invalidando sus propias averiguaciones al ser revisadas por los órganos de impartición de justicia.

Y así, asentó, se genera la falta de castigo a los responsables de delitos y en algunos casos llevan a procesos injustos a personas inocentes como sucedió en los últimos años.

Destacó que el gobierno estatal se ha comprometido ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo terminar con la impunidad y respetar la justicia y los derechos humanos, así como rendir cuentas, pero para lograrlo no basta la creación de una fiscalía sino garantizar el derecho a la verdad sobre los hechos ocurridos en 2006 para evitar su repetición.

Pues, añadió, el derecho a la verdad abona a la paz, la justicia, la reparación del daño, la reconciliación, el reencuentro social y la progresividad de los derechos humanos.

Subrayó que el Congreso del Estado aprobó recientemente la reforma en materia de derechos humanos pero sin retomar temas centrales de la impulsada a nivel federal y con esto, Oaxaca ha quedado al margen y rebasado.

Cruz Ramos dijo que los manifestantes son equiparados en Oaxaca y en otros estados del país como delincuentes y así se ilegaliza la protesta social y se crea un ambiente de encono.

La protesta social es una manifestación del descontento social y ante estas señales, "el nuevo gobierno debe actuar para garantizar los derechos humanos y construir un verdadero estado democrático, dejando atrás el autoritarismo del pasado", asentó.

Se ampara el ex diputado Antonio Amaro Cancino

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Oaxaca, Oax.- El ex secretario de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el priísta Antonio Amaro Cancino obtuvo una suspensión provisional de amparo en el Juzgado Primero de Distrito para evitar ser detenido por estar acusado de la presunta comisión de algún delito.

El ex edil de Acatlán de Pérez Figueroa requirió el amparo por no haber cometido delito alguno ni tener cuentas con la justicia.

Según el escrito presentado en el Poder Judicial Federal, el también ex presidente municipal de Acatlán de Pérez Figueroa requirió el amparo por no haber cometido delito alguno ni tener cuentas pendientes con la justicia y por tener conocimiento que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) "tienen orden de privarme de mi libertad personal en virtud de que en múltiples ocasiones se han presentado hasta mi domicilio y han preguntado por mi, sin embargo no lograron su objetivo porque me encontraba fue de la ciudad".

En su petición, promovió la protección de la justicia federal en contra de los juzgados penales del primero al séptimo, por haber dictado alguna orden de aprehensión, y en contra del procurador general de Justicia, Jesús López López; el coordinador de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Jaciel Vásquez Castro; el secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla y el comisionado de la Policía Estatal, César Alfaro Cruz, por ser los ejecutores del mandato.

De acuerdo con el expediente 765/2011 del juicio de amparo, fechado el 16 de junio, Amaro Cancino, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado concedió la suspensión provisional y ordenó a las autoridades responsables, en este caso los juzgados y demás instancias, rendir un informe previo del caso en un plazo de 24 horas siguientes a la notificación, acompañando copia certificada de la orden de aprehensión y precisar "si los delitos imputados están calificados como graves, incluyendo sus modalidades, la penalidad aplicable, la cuantía de los daños causados o el beneficio económico obtenido en caso de que se trate de delito de carácter patrimonial".

Además, requirió a Amaro Cancino que comparezca el próximo miércoles a las 9:15 horas a la audiencia incidental programada en su sede judicial.

También dispuso que Amaro Cancino exhiba una garantía económica de siete mil pesos en favor de ese órgano judicial y que comparezca obligadamente ante el juez de la causa en el plazo de tres días, en un plazo de tres días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del informe requerido, en caso de que contenga una orden de aprehensión a fin de que rinda su declaración preparatoria para la continuación del procedimiento penal, y posteriormente efectúe sus presentaciones cada 15 días hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo.

El ex diputado priísta Antonio Amaro Cancino designó a los abogados Juan José Meixueiro Orozco, Antonio Alejandro Vásquez Cruz, Joaquín Omar Rodríguez García e Irene Paula Vásquez Avendaño, como sus defensores.

Meixueiro Orozco también representa al ex coordinador del Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, encarcelado por tráfico de concesiones del servicio de alquiler.

SUS PROTECTORES LO HICIERON CRECER

Surgido en la política en el gobierno de José Murat Casab, con el respaldo de Cándido Coheto Martínez, Antonio Amaro Cancino fue presidente municipal de su natal Acatlán de Pérez Figueroa, director del Instituto de la Juventud Oaxaqueña y diputado local.

En la anterior legislatura no pudo acceder a la Presidencia de la Gran Comisión, pero alcanzó la secretaría desde donde desató el coloquialmente llamado "fuego amigo" en contra de su líder Herminio Cuevas Chávez.

Aprovechó el fuero y se convirtió en un próspero propietario de una constructora y de un despacho contable donde se realizó el trabajo de teneduría en varios de los 570 municipios.

En 2012, cambio de régimen o barbarie

• Oaxaca 2006, primer gran represión calderonista, dice el monero

• LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

"El dilema de México en el 2012 será un cambio de régimen o la barbarie", afirma Javier Barajas Durán, mejor conocido como "El Fisgón".

El caricaturista de La Jornada, entre otros diarios, subraya que lo que sucede en el país actualmente es verdaderamente muy grave, "la Nación parece estar cayéndose a cachitos".

Señala que el 2006 Felipe Calderón militarizó al país y el primer gran acto de represión gubernamental general tuvo lugar aquí en Oaxaca, con la actuación de la Policía Federal Preventiva en el aplastamiento del movimiento social surgido con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En el paraninfo de la UABJO, explica que la militarización del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, ha sumido al país en un baño de sangre impresionante.

Sin embargo, -agrega-, es Estados Unidos quien históricamente ha recurrido al narcotráfico para mantener el control en las áreas que son prioridad para Washington, "ellos son los que utilizan a los traficantes locales para sus acciones encubiertas".

"Estados Unidos nunca ha sido parte de la solución de las drogas en México, por el contrario es una parte fundamental del problema. Si en México se produce y se trafica droga es porque en Estados Unidos se consume masivamente y que su gobierno propicia y mantiene el mercado".

El Premio Nacional de Periodismo de México en 1999 manifiesta que la política norteamericana en todos los países es la misma: financiar los proyectos más sucios de su política exterior, a través de las redes del narcotráfico.

Dice que el problema de México es que el negocio de la droga ha crecido exponencialmente, al punto de convertirse en un factor de equilibrio de la economía mexicana. "El negocio recibe cerca de 40 mil millones de dólares al año, cuando Pemex vendió en 2009 apenas 32 mil 800 millones de dólares, esto quiere decir que tenemos una economía narcotizada".

El también Premio Manuel Buendía de Periodismo Joven, expresa que una de las cosas que se tienen que hacer en el tema del 2012 es mantener la exigencia de que paren esta guerra, "pues no queremos más muertos, no más sangre; el tema hay que meterlo al debate presidencial".

"Las perspectivas de este país son cada vez más siniestras y más negras, por ello debemos organizar un movimiento popular de abajo que nos saque de esta lógica y aquí no veo dos opciones, la única es Andrés Manuel López Obrador, porque el PRI y el PAN ya dijeron que van a seguir con la misma política".

NARCOPOLÍTICA

El Fisgón, Javier Barajas Durán, aseguró en el paraninfo de la UABJO que el dinero del narcotráfico también se ha inyectado a las campañas políticas, por lo que presidentes municipales, diputados y gobernadores dan protección a la delincuencia organizada, "entonces estamos ante la degradación general de la vida política y económica del país".

Además, expone que la guerra contra el crimen organizado en México ha cumplido con sus objetivos, porque controló el descontento social a través del terror y la punta de lanza de esa guerra fue lo que ocurrió en Oaxaca, en noviembre del 2006.

"Es un guerra que entre otras cosas ha dado cobertura sistemática para la represión del régimen, no sabemos cuánta gente ha desaparecido y todo bajo el manto de que estamos en guerra contra el narcotráfico, esa guerra le ha dado cobertura a todo eso".

Añade que también impidió que se organizara la lucha popular en el país, lo que ya estaba ocurriendo en Oaxaca con el movimiento del 2006.

SALDOS DE NAROGUERRA

40 mil muertos vinculados al crimen organizado en 2011

4 de las ciudades más violentas del mundo están en México, la primera es Tijuana, Baja California.

12 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en México.

Oaxaca a corto plazo

Eduardo Bautista.

La aprehensión del ex coordinador de Transporte de la pasada administración, ocurrida en días pasados, acusado de corrupción en el otorgamiento de miles de concesiones, se podría leer como un buen mensaje de que la ley se va a aplicar. Pero este sólo es un hecho aislado, puesto que las declaraciones respecto a las responsabilidades de otros funcionarios y sobre las investigaciones en curso son solamente eso, declaraciones para los medios y nada más.

El cumplimiento de las promesas de campaña en acciones concretas resulta sumamente importante para la construcción de la confianza ciudadana en la autoridad, en las instituciones y en la legalidad. La legitimidad del gobierno estatal no depende únicamente del triunfo en las urnas, que fue claro y contundente, sino también de las acciones que realice para refrendar el respaldo de la población hacia una figura en la cual se han centrado las esperanzas de cambio.

En Oaxaca hace falta mucho por hacer. Sin ir más atrás (que desde luego sería lo más saludable), del 2006 en adelante se tiene suficiente material para emprender acciones de combate a la impunidad. Los actos delincuenciales ocurridos en esta etapa se encuentran contenidos y documentados de manera muy amplia en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde también se definen responsabilidades sobre los hechos ocurridos. Por tanto, hay suficiente investigación.

Las señales contundentes en el corto plazo, son necesarias debido a que, aún cuando el periodo del actual gobierno estatal es relativamente nuevo, en la temporalidad electoral se podría ubicar como si ya estuviera de salida, puesto que siempre existen elecciones en puerta propiciando realineamientos de grupos en todo el país. Para ensayos y errores, seis meses fueron suficientes y el viraje para hacer un buen gobierno resulta saludable.

No hay que perder de vista que tenemos encima la sombra del 2012 y una de sus antesalas más importantes serán las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México. Lo que se haga o se deje de hacer en Oaxaca en estos momentos será determinante para los siguientes reposicionamientos políticos, puesto que una buena parte de los ciudadanos de todo el país están más atentos de las acciones de los gobiernos y desean conocer hechos concretos que le permitan orientar su decisión en el momento de emitir su voto.

Las estrategias del marketing electoral, limitadas a frases hechas e imágenes vacías, así como los millonarios despilfarros que se realizan en ese rubro resultan cada vez menos funcionales. Tampoco es necesario dilapidar recursos en propaganda gubernamental en el sentido de que se están emprendiendo cambios históricos, que muy poca gente cree, ya que las expectativas se centran en los resultados y estos deben ser contundentes y puntuales.

Las acciones concretas son importantes para incentivar entre los ciudadanos la idea de que el gobierno del cambio está tomando las riendas de lo que le corresponde hacer, después de seis meses de titubeos e indecisiones. De que efectivamente se trata de un gobierno que puede responder a las expectativas de cambio y de que está dispuesto a tomar distancia de las presiones de los grupos de poder.

Por tanto, quienes conducen el gobierno estatal deben tener claridad que las repercusiones de sus actos no se limitan al ámbito local, sino que tendrán incidencias en la política nacional. Es en el espacio de los ciudadanos de todo el país en donde se deliberará el cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios locales, de sus alcances y de sus omisiones, se trate de Oaxaca, Puebla o Sinaloa.

Entre las corrientes de ciudadanos, cada vez más críticos y exigentes respecto a sus autoridades, no hay excusas del porqué no se hizo tal cosa o porqué no se está haciendo. Ante esos argumentos solamente podemos encontrar dos respuestas inmediatas: por incompetencia de los gobernantes o porque existen pactos para mantener en la impunidad a quienes transgredieron la ley. No hay más.

El reparto de culpas hacia arriba, abajo o a los lados, sale sobrando, y lo que se deje de hacer tendrá costos en términos políticos y electorales para los partidos o coaliciones que presuman causas progresistas. Si se han cometido errores, es importante no encubrirlos ni disimularlos, sino admitirlos y corregirlos.

Las soluciones a los diversos problemas locales no van a venir desde arriba o del centro federal, y por el contrario, desde allí se reciben señales de divisionismo y exacerbación de grupos que ya están instalados en el 2012, como si el momento actual no importara. El actuar de la clase política revela la pérdida del timón y el extravío del rumbo nacional, en el remoto caso de que este rumbo hubiera existido.

Es importante insistir en que hacen falta medidas para Oaxaca en el corto plazo, más allá de los entretenimientos por proyectar la situación de la entidad con cálculos al 2020 o hacia el 2040, siguiendo criterios técnicos o planteamientos sesudos de los expertos.

En términos políticos, se trata de replantear la relación entre gobernantes y gobernados para no reproducir más de lo mismo, traducido en acciones gubernamentales que procedan a la aplicación de la ley, sin distingos, y a la reparación de daños entre la población agraviada y segregada. Aquí y ahora, ya que de otra manera, el largo plazo simple y sencillamente no existe.