Opiniones sobre Oaxaca

Astillero
Julio Hernández López
Varios grados más.
Ensayos represivos
Radio "Ciudadana"
Fraude, odio, miedo

En Oaxaca se le ha subido varios grados a la temperatura de la gran caldera social. Del fraude electoral y el divisionismo inducido, a la represión fascistoide. El movimiento social de más relevancia y resistencia de muchas décadas como laboratorio experimental para ver qué tanto es posible apretarle a las tuercas ciudadanas electorales: te lo digo Oaxaca para que lo entiendas ciudad de México. APPO y AMLO, sepan que las únicas siglas aceptadas son PFP y que el nuevo bastón de mando es un tolete.
La semana postrera del gobierno foxista ha sido utilizada para instalar en Oaxaca un estado de excepción, sin respeto a los ordenamientos legales y con una reiterada suspensión de derechos constitucionales. Ciudadanos en protesta contra un gobernante largamente rechazado han sido despojados de los espacios naturales de convergencia cívica y, luego, en ese focalizado estado de sitio, se han practicado las más tradicionales maniobras del catálogo de la guerra sucia.
Hoy, miles de ciudadanos están atemorizados ante las declaraciones precalderónicas de directivos de la Policía Federal Preventiva, que dan por terminada la etapa de tolerancia y han emplazado tropas y tanquetas en una explanada pública, la del templo de Santo Domingo, para impedir que se reinstale allí el campamento de la APPO, que semanas atrás fue echado por la fuerza del zócalo de la capital del estado. Camionetas con policías federales, estatales y municipales recorren las calles de la ciudad con la amenaza de que cumplirán órdenes de aprehensión, cuyos destinatarios pueden ser cualquiera que a los ojos de los presuntos guardianes sea sospechoso de pensar distinto y cuyo nombre pueda ser impreso a la carrera en un documento oficial supuestamente justificante. Por las calles también es posible encontrar mujeres que preguntan por hijos o familiares o que narran los abusos cometidos contra ellos.
Las fuerzas federales y estatales hablan de respeto a las leyes pero permiten y promueven la emisión de una radiodifusora pirata denominada Radio Ciudadana, aunque la gente le llama Radio Patito o Radio Alcantarilla, en la que (varios grados más de avance en las estrategias de control social fascistoide) se dan domicilios de dirigentes de la APPO o de personajes cívicos, como la doctora Bertha Elena Muñoz Mier, alma de Radio Universidad, para que "la gente" vaya a cobrar cuentas a esos "culpables" de lo que sucede en la entidad, exhortos criminales que permitirían a bandas de policías encubiertos actuar endosando la represión a presuntos "enojos ciudadanos". Radio Ciudadana, que se emite desde lugares desconocidos y en la que, por ejemplo, ayer se llamaba a los oaxaqueños "bien nacidos" a golpear al autor de ciertos teclazos astillados (identificado por nombre, apellido, periódico que publica su columna y una que otra tele en que sale de voceador) en cuanto esos "ciudadanos ejemplares" lo encontraran en la calle.
Y en el ambiente reina la convicción social de que estas horas finales del foxismo ­horas que a su vez son las iniciales del nuevo reino diazordacista del terror­ son las más oscuras y peligrosas para Oaxaca, porque la "Mano firme, pasión por México", pretende demostrar su vigencia en estas latitudes aplastando el ejemplarmente peligroso movimiento oaxaqueño y creando una cortina de distracción sangrienta que ayude a encubrir lo que pueda pasar en la capital del país el día del relevo presidencial.
El puño endurecido que se ha mostrado en Oaxaca es responsabilidad de Felipe Calderón, pues a estas alturas ya tiene el control del aparato represivo. Ese rostro de violencia institucional forma parte de un diseño político del régimen entrante. Por ello Calderón ha nombrado a practicantes de las doctrinas económicas socialmente represivas para que se encarguen de las carteras que seguirán beneficiando a las cúpulas empresariales; por ello Calderón ha considerado la posibilidad de nombrar al héroe de las represiones jaliscienses como secretario de Gobernación, y por ello ha nombrado en su gabinete social a representantes de la ultraderecha y de los intereses partidistas más conservadores.
Ese diseño institucional pretende llevar a los mexicanos del desánimo electoral y el encono social al temor inmovilizante. De lo que se trata es demostrar a los mexicanos que las protestas y la disidencia no tienen más destino que la desgracia personal: el control férreo de los espacios de opinión e incluso de información equilibrada (ayer ya no estuvo Ricardo Rocha en la frecuencia de Radio Fórmula) pretende doblegar a los críticos y opositores mediante el expediente de la marginación o la inexistencia mediática. Golpes físicos y sicológicos para instalar el neofranquismo de San Felipe: los presos oaxaqueños, por ejemplo, fueron llevados en viajes de terror a una cárcel de alta seguridad, a muchas horas de distancia, en Nayarit; ayer hubo disparos de armas de fuego y secuestros de personas en las afueras de la Facultad de Medicina de la UABJO, mientras estudiantes denunciaban desapariciones y represión, protestaban por las balaceras contra el edificio escolar y llamaban a defender a estudiantes detenidos y los puestos de socorro médico que han servido para atender a heridos sin distingos políticos y que también han sido baleados y agredidos.
En la capital del país los políticos pretenden aparentar que todo sigue su crónica accidentada marcha con normalidad, mientras la APPO ofrece diálogo a sabiendas de que el calderón social ha entrado en ebullición y mientras segmentos guerrilleros anuncian en Oaxaca su decisión de enfrentar a la PFP. Felipe el entrante pone su mejor sonrisa para reunirse con distinguidos priístas (el pacto PRIAN que mantiene a Ulises en Oaxaca y convalidará a Calderón en San Lázaro) y el tic tac sigue sonando en un escenario de alta peligrosidad, en el que aparentemente la caída de Ulises estaría pactándose para después del primero de diciembre, cuando ya no haya necesidad de elecciones para nombrar sustituto, a cambio de desmembrar y descabezar ejemplarmente a la APPO. Tic, tac. ¡Hasta mañana, desde Oaxaca, donde las organizaciones civiles y ONG también están en la mirilla!


Oaxaca: el fin de la tolerancia
Luis Hernández Navarro

Oaxaca en 2006 como Sonora en 1902. A comienzos del siglo XX el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó la enésima rebelión de los yaquis deportando a los indios prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A comienzos del siglo XXI, la administración de Vicente Fox responde a la sublevación oaxaqueña enviando a los 141 detenidos insumisos al penal de San José del Rincón en Nayarit.
Vicente Fox termina su sexenio con las manos llenas de sangre. "Se acabó la tolerancia" en Oaxaca, dice el general Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes, junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco. Sus perros están en la calle. Lanzan lacrimógenos, golpean con lujo de violencia, detienen sin órdenes de aprehensión, invaden viviendas sin autorización, destrozan propiedades, ocupan hospitales y clínicas, impiden el libre tránsito de las personas, ofenden sexualmente a las mujeres.
En las calles los jóvenes son detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes. Los presos son maltratados, torturados y confinados con reos comunes. No se permite que sus defensores jurídicos y familiares los visiten. Y, como en el porfiriato, son deportados.
Pero los abusos contra la población civil de la PFP no se limitan a los que sus integrantes cometen directamente. Ellos actúan como resguardo de los sicarios al servicio de Ulises Ruiz. Estos pistoleros y policías vestidos de civil recorren la ciudad de Oaxaca en vehículos desde los que disparan y secuestran integrantes de la APPO. Son los convoyes de la muerte. La mayoría de los 20 homicidios perpetrados contra activistas han sido responsabilidad suya.
¿Por qué esta represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Por qué ahora? ¿Qué sucedió que agotó la "tolerancia" de las autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura negociación en condiciones favorables. Con presos y perseguidos, supone, el arreglo con los insumisos será más fácil y barato. Reclamó y obtuvo que sea la administración saliente y no la entrante la que pague el precio y el descrédito de la represión. En suma: que le limpiara el camino. De paso, consiguió con una acción de distracción, desalentar la presencia masiva de un contingente oaxaqueño en las jornadas del próximo primero de diciembre para evitar su toma de posesión.
La presencia masiva de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre no impidió que las protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad. No desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su unidad interna.
Sin embargo, a pesar de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se encontraba relativamente contenido. No se había restablecido la ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad, pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto relativamente administrado. Ese estatus resultaba, sin embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.
¿Realizó el movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No, definitivamente no. La manifestación del pasado sábado fue absolutamente pacífica. Fue, evidentemente, una demostración de fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de atacar provino, como se ha documentado ampliamente, de la PFP. Fueron elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras a los manifestantes y luego lacrimógenos y proyectiles. Fueron ellos quienes comenzaron la agresión.
¿Perdieron los mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje: tres muertos, más de 100 heridos, 221 detenidos.
Y con ellos, protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos de civil al servicio de Ulises Ruiz. Dispararon y secuestraron a ciudadanos indefensos. Agredieron a quienes en la estación de autobuses ADO esperaban su transporte. Se dedicaron a lo que han hecho durante los últimos meses: sembrar terror.
Simultáneamente, Radio Ciudadana, conocida popularmente como "Radio Patito", la estación pirata de los seguidores del gobierno estatal llamó a prender fuego a la casa de algunos destacados dirigentes del movimiento popular. No era broma. El domingo 26 de noviembre las oficinas de Flavio Sosa, uno de los más conocidos voceros de la APPO, fueron incendiadas. Por supuesto, ni la PFP ni la policía estatal lo evitaron.
"Esto se está normalizando", dijo Ulises Ruiz en una más de sus involuntarias bromas. "No habrá perdón", advirtió. Como candidato a gobernador del estado, Ulises se presentó como un "hombre de unidad". Hoy sabemos que en aquel entonces le faltaron tres letras: Ruiz es el político de la "impunidad".
La violenta represión en Oaxaca es el broche de oro con el que Vicente Fox cierra su sexenio, pero es, también, la tarjeta de presentación de Felipe Calderón. Sin reconocerlo, han decretado en los hechos un Estado de sitio. Las garantías individuales han desaparecido en la entidad.
Sin embargo, la medida no va a solucionar nada. Quienes la ejecutan olvidan dos pequeños detalles. Primero, la enorme capacidad de resistencia del pueblo oaxaqueño. Segundo, que lo que realmente han hecho al reprimir así es esparcir el rencor, la indignación y deseo de venganza ciudadanos a muchos más puntos de la geografía nacional. La tolerancia, entiéndase bien, se agotó también del otro lado.