Oaxaca, estado de excepción

De “La Jornada”:


Crece la tensión en Oaxaca por cateos de la PFP y la persecución de líderes
La APPO se declara en "alerta máxima" y llama a la defensa de Ciudad Universitaria
OCTAVIO VELEZ , ALONSO URRUTIA , GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSAL , ENVIADOS
Oaxaca, Oax, 27 de noviembre. La tensión en Oaxaca se incrementó este lunes ante la oficialización que hizo la Policía Federal Preventiva (PFP) de que se acabó la tolerancia y el incremento de acciones para cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de simpatizantes y dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca (APPO), al llevar a cabo órdenes de cateo contra al menos una veintena de inmuebles donde se presume que están escondidos activistas de esa organización.
Ante esto, la APPO se declaró en alerta total ante un eventual operativo de la PFP para ingresar a Ciudad Universitaria, donde se refugió, y debido a esto ordenó a sus bases "defender pacíficamente" las instalaciones.
"Se anuncia una inminente agresión para capturar a los compañeros del Consejo Estatal y no nos queda otra que defendernos", afirmó Gustavo Adolfo López Ortega, miembro de la comisión de seguridad.
Al mismo tiempo, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación a reinstalar la mesa del diálogo "al más alto nivel", para "detener esta escalada de violencia" en contra del pueblo de Oaxaca.
Al cierre de esta edición, la PFP ya había comenzado las detenciones y los cateos. Mandos de las fuerzas federales en Oaxaca revelaron que en las últimas 24 horas ya habían sido capturadas otras 60 personas y se habían realizado tres ingresos a inmuebles para detener a presuntos participantes de los actos vandálicos ocurridos el pasado sábado.
Inicialmente, los detenidos fueron ingresados a los penales de Miahuatlán y Tlacolula, y en las próximas horas la PFP realizará un nuevo traslado; esta vez, las personas aprehendidas no serían enviadas al penal federal de Nayarit ­como ocurrió como los detenidos del sábado pasado­, sino al centro federal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Los patrullajes por parte de la PFP y las policías estatal y municipal se incrementaron en toda la ciudad, y para evitar "agresiones" en su contra se realizan en grupos de al menos siete vehículos.
A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó de la aprehensión de "24 adictos" que formaban parte de los grupos de resistencia de la APPO y que resguardaban la barricada de Cinco Señores. Estas acciones se llevan a cabo de manera independiente a la PFP.
Casi a la media noche la APPO anunció que había alcanzado un principio de acuerdo con la Secretaría de Gobernación para sostener una reunión este martes al mediodía con el subsecretario Arturo Chávez. En la misma, la asamblea plantearía sus demandas de cese a la represión, libertad de "presos políticos", cancelación de órdenes de aprehensión contra los dirigentes y el retiro de la PFP.
Se acabó la tolerancia: Vargas Fosado
El jefe del estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, realizó un recorrido por el parque conocido como El Llano, que hasta ayer albergaba a las huestes priístas que operan la llamada Radio Ciudadana ­una emisora desde la cual se incitó, la víspera, a lanzar una ataque contra la casa de Flavio Sosa­, y fue ahí donde oficializó el despliegue para aprehender a dirigentes de la APPO.
"Estas órdenes ­que suman más de 300, se apresuró a justificar­, no las dicta la PFP, sino los jueces locales y federales; nosotros cumplimos en ejecutarlas", dijo el jefe policiaco, quien añadió: "puede ser que algunas de sus demandas sean legales, pero los métodos no son los adecuados. Se agotó la tolerancia, van a tener su castigo", adelantó Vargas.
Apuntó que la PFP "nunca" ha tenido la intención de ingresar a Ciudad Universitaria, y aludió también a la barricada de Cinco Señores, la última que mantiene la APPO. "Hemos respetado Cinco Señores, y apelo a la cordura de ellos para retirarla".
En tanto, desde temprano la APPO vislumbraba ya un día difícil. Su anunciada movilización para restablecer el plantón en la Plaza de Santo Domingo abortó ante la negativa absoluta de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública federales a admitir que se realizara una nueva manifestación, así se ofreciera que sería pacífica.
Ante esta situación, la dirigencia de la APPO canceló la movilización, por el riesgo que implicaría de una nueva confrontación con la PFP y la posibilidad de que se registraran detenciones. Censuraron que los gobiernos federal y estatal hayan cancelado las garantías de libre manifestación y hayan impuesto un "virtual estado de sitio".
Mas tarde, conocido el anuncio de la PFP, la APPO convocó a una nueva conferencia de prensa para informar sobre el estado de "alerta máxima" en que se declaraban y el llamado a la defensa pacífica de Ciudad Universitaria.
Los dirigentes informaron que se recibieron "informes directos" de "gente del propio gobierno" sobre el operativo preparado por la PFP y las corporaciones locales con el propósito de detener en forma masiva a todos los integrantes del Consejo Estatal de la APPO, "al achacárseles todos los daños" sucedidos en el enfrentamiento del sábado pasado.
"La Secretaría de Gobernación con el gobierno estatal han venido trabajando esta línea para acusarnos de ser los responsables de los incendios y daños (en los choques), a pesar de que no somos los causantes porque quienes los cometieron están bien identificados como sicarios y porros al servicio de Ulises Ruiz", señaló.
Así, consideró que entre los sicarios y porros del gobierno estatal y las fuerzas federales existe "pleno acuerdo", porque "de lo contrario cómo se explican los actos vandálicos en el Vips frente a las narices de la PFP".
También cuestionó el incendio de las oficinas de la Nioax, una de las organizaciones integrantes de la APPO, "sin que nadie hiciera nada por detenerlos".
En vísperas "de la imposición de Felipe Calderón, en la vía de los hechos existe una alianza entre el PAN y el PRI para mantener en el poder a Ulises a costa de lo que sea y no importando las demandas más justas y legítimas del pueblo oaxaqueño", remarcó.
Precisó que "gente del propio gobierno" ha informado a la APPO sobre las órdenes de aprehensión federales y estatales giradas en contra de los dirigentes por los delitos de ataques a la vías de comunicación, robo con violencia, asociación delictuosa, sedición y lesiones.
Además, presuntamente existen mandamientos judiciales para catear el Centro Diocesano de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, la propia Ciudad Universitaria y domicilios de los diferentes dirigentes.
Incluso mencionó que "se han recibido detalles sobre la llegada de mil 200 agentes de la Agencia Federal de Investigación" al aeropuerto Benito Juárez para proceder a las detenciones.
Ante el eventual operativo, López Ortega dijo que la APPO ofrecerá una "respuesta eminentemente pacífica", sin caer en la violencia.
Para esto, subrayó que el movimiento magisterial y popular "ha depurado" sus contingentes y ordenado no permitir "ni un encapuchado más", con el propósito de evitar la participación de infiltrados.
Destacó que el llamado al diálogo a Gobernación no significa la derrota de la APPO ­porque "esta lucha justa la seguirá enarbolando el pueblo"­, sino el único propósito de detener la "escalada de violencia".
Por otra parte, se denunció la detención de Alberto Cilia y la ciudadana francesa Mile Sarah Ilich, quienes habían llegado a la entidad el viernes pasado como observadores de la organización de derechos humanos Yaxkin. Según las versiones, fueron aprehendidos cerca de Ciudad Universitaria.
A su vez, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Oaxaca-Antequera condenó la agresión al párroco de Los Siete Príncipes, Carlos Franco Pérez Méndez, y atribuyó la responsabilidad a quienes se identifican como Marco Tulio y Alexis, conductores de de la llamada Radio Ciudadana, afín al gobierno de Ulises Ruiz, por los llamados hechos para atentar en contra de su vida por haber permitido la instalación de un puesto de socorro médico en el curato, con el propósito de brindar ayuda, "sin distingo de ningún tipo, a quienes han resultado heridos en los enfrentamientos".
"¿Quién está detrás de Radio Ciudadana, que tiene el poder para instalar y operar clandestina, ilegal e impunemente una frecuencia de radio sin que sea detenido por los delitos federales que realiza? ¿Por qué se permite que desde esta radio se llame al linchamiento y se incite a cometer delitos?", cuestionó el coordinador de esa instancia religiosa, Wilfrido Miaren Peláez.
Por otro lado, este martes iniciará el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, donde, según informó Adelfo Regino, se discutirá la problemática indígena en el estado, pero también sobre la situación que prevalece en la entidad. Regino cuestionó que por estas condiciones "se hayan comenzado a poner retenes en las carreteras para evitar que los compañeros de la sierra acudan al foro".


Preocupa la salud de los detenidos en Oaxaca; los enviaron a Nayarit
Intentan las autoridades ocultar el maltrato físico y la tortura, denuncian ONG y familiares
ALONSO URRUTIA , OCTAVIO VELEZ ENVIADO , CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. "Yo sólo pido una cosa, una nada más: que me dejen verlas para ver que estén bien". Es una petición elemental en condiciones normales para el familiar de un detenido, pero lo que pide Angela Soriano es casi imposible aquí y ahora, bajo este estado de excepción. Sus hermanas Lourdes y Socorro fueron detenidas el sábado pasado, día de la movilización de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), aunque no participaban en ella.
Reunidos en una casa, recelosos de todo aquel que se acerque, los familiares comparten su desesperación, su indignación y su impotencia. Un hombre relató, sin ocultar su ansiedad, la búsqueda de su hermano Ismael Sánchez: "yo llegué ayer al penal de Miahuatlán a buscarlo; cuando se lo llevaron tenía golpes en la cabeza y al parecer una costilla rota, pero no me dejaron verlo. Como a las 3 y media, nos dijeron que los iban a mover porque había un motín de reclusos en su contra y ya luego los vimos cómo los sacaron a él y a todos los detenidos del sábado del penal para subirlos a dos helicópteros".
Otro familiar terció: "los llevaban a todos esposados y agachados. No los dejaron decir nada. Los estaba cuidando el mismo Ejército, para sacarlos hacia otras cárceles fuera del estado". Los testimonios dan cuenta de que los helicópteros PF202 y PF203 sirvieron para el traslado ­según se oficializó después­ de más de 140 detenidos el sábado pasado.
Muy cerca de ahí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una asamblea de alumnos fue convocada para conocer sobre los graves sucesos en torno a esa escuela: una balacera ocurrida el sábado pasado y la desaparición de Luis Javier Pacheco, estudiante del quinto año que colaboraba en los puestos de socorrro.
En la asamblea se denunció que "el sábado 25 de noviembre, alrededor de las 21 horas, un grupo de personas que intentaba resguardarse en las instalaciones de la facultad al ser perseguido por paramilitares y judiciales fue arteramente acribillado en el frontispicio de nuestra escuela, como lo evidenciaron testigos presenciales, siendo los cuerpos levantados por los elementos mencionados, estando actualmente en calidad de desaparecidos".
Ante los alumnos, el director de la facultad, Víctor Navarro, habló de la desaparición de Pacheco, de quien informó que habría sido trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les dijo también que presentarían una denuncia por ambos hechos, pero no ocultó su recelo porque "todas las instituciones son paleras del gobierno".
Después hablaría la madre del estudiante, Gabriela Vázquez, y justo realizaba su denuncia cuando se escucharon disparos, sobresaltando a los asistentes. A las puertas de la facultad, un vehículo rojo había cerrado el paso a un automóvil gris donde viajaban tres estudiantes de medicina, dos de los cuales fueron "levantados".
Versiones posteriores de los estudiantes responsabilizaron a Francisco Vázquez, un "porro" de la universidad "al servicio de Lino Celaya", secretario de Protección Ciudadana del gobierno del estado. Los hechos fueron considerados por los estudiantes como parte de la cadena de intimidación y represión hacia los estudiantes que han participado en los puestos de socorro, durante los hechos violentos de las semanas recientes.
Ilegalidad en los traslados
Por la mañana, Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, se reunió con los familiares de los detenidos, ante quienes dijo que "sus testimonios particulares dan cuenta de que hay un patrón general del estado en la incomunicación, en obstaculizar su defensa legal y en su traslado a otros penales para que, entre otras cosas, poder ocultar las evidencias del maltrato físico, las torturas de que fueron víctimas".
Frente a estas circunstancias, dijo después en entrevista, el discurso del estado de derecho con que se ha justificado todo este operativo en Oaxaca queda totalmente rebasado y fuera de lugar. Son claras las evidencias de los excesos cometidos; muchas de las mujeres fueron golpeadas, tenemos testimonios de que a alguna de ellas le arrancaron la blusa.
Entre los familiares, las explicaciones se convierten en súplicas para que alguien haga algo por detener los excesos. Susanne Brass denuncia la desaparición de su esposo Juan de Dios Gómez, un reportero de la agencia Indimedia ­donde laboraba el reportero estadunidense Brad Hill, asesinado hace días­ y quien deploró el maltrato que la Policía Federal Preventiva hizo de los familiares que sólo querían saber de ellos.
Reyna Ruiz, cuyo esposo Roberto Morales está detenido, narró su historia, un peregrinar de penal en penal para verlo, sin resultados. "Ellos si saben dónde está, ¿por qué nos golpean sicológicamente con tanta negativa? Queremos saber de ellos". En su visita a Miahuatlán, le tocó ver la salida de un grupo de presos, "los hombres golpeados brutalmente y todos, hasta las mujeres esposadas y agachadas, en la fila para subir al helicóptero".
Apenas estaban diseñando una estrategia legal para lograr comunicarse con sus familiares cuando el rumor se convirtió en una versión oficial confirmada: los detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón, Nayarit, por ser considerados presos de alta peligrosidad.
Un calificativo que no conciben los familiares para quienes en realidad fueron detenciones indiscriminadas. José Luis Zurita explicó que su esposa fue aprehendida cuando se dirigía a la tienda; Angela Soriano afirmó que sus hermanas fueron "levantadas" muy lejos del Centro Histórico. Y agregó: "yo voté por Ulises, ¿por qué hace esto, por qué el gobierno permite esto?"


Creará la APPO enlace con organismos mundiales
Enviarán cinturones humanos para frenar la represión
EMIR OLIVARES ALONSO
Si la Policía Federal Preventiva (PFP) detuviera a los 262 concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), "como somos un movimiento de bases nombraríamos a otros 262 concejales, pero no nos vencerán", aseguraron los integrantes de la APPO que se encuentran en plantón en la ciudad de México.
Durante una reunión con diversas personalidades ­Rosario Ibarra, la actriz Ofelia Medina, además de artistas, colectivos y organizaciones independientes­ se informó que se creará una comisión de interlocución con el objetivo de informar a organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, el Tribunal de La Haya, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Vaticano sobre la situación en la entidad; además de que se crearán "cinturones humanos" que se enviarán a Oaxaca para evitar más "represión".
La meta es que los organismos internacionales se pronuncien ante los acontecimientos "en virtud de que el gobierno mexicano es parte de la agresión que se está cometiendo contra el pueblo de Oaxaca, (por lo que) es urgente detener la represión y brutal violación a los derechos humanos, así como liberar a los presos políticos, presentar a los desaparecidos, detener la tortura y desmilitarizar nuestro estado".
La comisión estará conformada por: Paco Ignacio Taibo II, Ofelia Medina, Germán Mendoza Nube, Carmen Huete, Humberto Robles, Paloma Sáez, Elisa Servín, Arturo Reyes, Alberto Híjar, Francisco Martínez Marcué, Samuel Hernández, Eduardo Miranda Esquivel, entre otros. Además, se extendió la invitación a todos aquellos artistas, escritores, políticos, intelectuales y demás personalidades que deseen integrarse.
Debido a los cercos policiacos en la capital del estado, la senadora Ibarra de Piedra hizo responsables de la violencia en esa entidad al presidente Vicente Fox, al secretario de Gobernación, Carlos Abascal; al procurador general Daniel Cabeza de Vaca, y al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.
Por lo que "en primer término como ciudadana, y en segundo como presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado" hizo un "fuerte, enérgico y rotundo" llamado a dichos funcionarios para que "cese la represión, hostigamiento y persecución sobre los compañeros del magisterio y de la APPO; así como el alto a las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales en Oaxaca".
En torno al traslado de los más de 100 detenidos durante el conflicto en la entidad que fueron llevados al penal de máxima seguridad de Nayarit San José, la legisladora dijo que se solicitó la presencia de los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esa cárcel, a lo que ese organismo respondió de manera afirmativa.
Posteriormente, en una reunión con organizaciones sociales, se decidió que este martes 18 integrantes de diversas agrupaciones emprenderán un "ayuno general" de 24 horas en el atrio de la Catedral Metropolitana, además de que este miércoles se realizará una marcha del Angel de la Independencia al Zócalo. Ambas medidas forman parte del nuevo plan de acción de la APPO y sus simpatizantes ante la "represión" del pasado sábado en Oaxaca y la negativa de Ulises Ruiz a dimitir.
La APPO, junto con 300 organizaciones y más de 30 mil personas, emitieron un llamado urgente a las autoridades federales para que "ordenen el cese inmediato del criminal Operativo Juárez" en la ciudad. En el documento aseguran que además de ser responsables de los hechos de violencia en Oaxaca, Fox, Abascal, Medina Mora y Cabeza de Vaca "dejan al país en un estado de ingobernabilidad que sólo podrá resolverse si el operativo se detiene y se exige la renuncia inmediata de Ulises Ruiz".