De “La Jornada”:

También van Rosario Ibarra y Carlos Montemayor
Confirma el FAP participación en la megamarcha en Oaxaca
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO , JUAN BALBOA CORRESPONSAL , REPORTERO
Oaxaca, Oax., 6 de diciembre. Escritores, intelectuales y defensores de derechos humanos, así como legisladores y dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia ­integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP)­, participarán en la octava megamarcha convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para el próximo domingo en esta ciudad.
Jesús López, integrante del consejo estatal y uno de los portavoces de la APPO, informó que han confirmado su participación en la protesta la senadora y presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, el escritor Carlos Montemayor y la actriz Ofelia Medina, entre otros, para exigir la libertad de los presos políticos, la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la capital del estado y la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Por otra parte, esta noche circuló el rumor de que la catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Bertha Muñoz, una de las locutoras de Radio Universidad cuando estuvo ocupada por la APPO, habría sido detenida por policías locales, pero hasta las 21 horas no existía información oficial.
En días pasados, la doctora Bertha Muñoz declaró que no estaba preocupada por la existencia de alguna orden de aprehensión en su contra. "Si es o no es, a mí no me preocupa. ¿Qué puedo hacer? Yo no me voy a ir a esconder, no voy a salir al extranjero ni me voy a meter a una iglesia", dijo.
Felipe Canseco Ruiz, también del consejo estatal de la APPO, anunció la conformación de la Comisión Nacional e Internacional de Intermediación que tiene como finalidad solucionar el conflicto con "paz, justicia y dignidad", así como para exigir la liberación de los detenidos de manera irregular durante las marchas y manifestaciones ocurridas en los meses recientes en la entidad.
Explicó que en esta iniciativa participarán personalidades de España, Canadá, Suiza, Uruguay y Estados Unidos, quienes tendrán la misión, entre otras tareas, de difundir la violación de los derechos humanos, porque "no hay acceso a la justicia, a la adecuada defensa y a la atención médica".
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Rosendo Ramírez Sánchez, declaró que la permanencia de ese gremio en la APPO será puesta a consideración de los afiliados en una asamblea a celebrarse mañana, "por no compartir la violencia ni validar hechos vandálicos".
A su vez, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, agrupada en la APPO, denunció que uno de sus miembros, Marcos García Macedas, fue atacado en el municipio de Putla de Guerrero por agentes de la Policía Ministerial del Estado y los médicos lo reportan grave en razón de que recibió cuatro impactos de bala.
García Macedas está hospitalizado en situación grave y se teme que elementos de esa corporación intenten sacarlo del lugar, señaló.
A todo esto, el senador Gabino Cué Monteagudo exigió a las autoridades el cese del hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos como producto del conflicto.
Si continúan estas acciones como método para apaciguar las protestas civiles, sin antes dar pasos efectivos para la reconciliación y las reformas profundas que requiere Oaxaca, "puede presentarse un escenario de mayor violencia que lleve a la entidad a un callejón sin salida", señaló.
Lamentó que la actuación de la fuerza pública federal haya sido aprovechada por el gobierno de Ulises Ruiz "para operar el aplastamiento de quienes exigen su salida, mediante la instauración de un estado policiaco y detener a cualquier persona sin mediar legalidad alguna".
"Oaxaca requiere empleos, apoyos económicos y un buen gobierno, no más cárcel, dolor y muerte, como es la oferta de la actual administración estatal", aseveró.
Alcalde capitalino solicita licencia
El presidente municipal de Oaxaca, Jesús Angel Díaz Ortega, solicitó licencia por 120 días, ante su eventual incorporación al gabinete de Ulises Ruiz. Su suplente, Beatriz Rodríguez Casasnovas, rechazó asumir el encargo por fungir como secretaria estatal de Turismo y, en consecuencia, el cabildo designó al regidor Manuel de Esesarte Pesqueira como encargado del despacho.
Movilizaciones del FAP
El Frente Amplio Progresista (FAP) anunció movilizaciones en todo el territorio nacional el próximo domingo 10 de diciembre, para exigir la restitución inmediata del estado de derecho en Oaxaca, la liberación de más de 150 presos políticos encarcelados en tres estados ­Nayarit, Tamaulipas y estado de México­ y la destitución del mandatario oaxaqueño Ulises Ruiz.
Jesús Ortega, dirigente del FAP, adelantó también que los senadores que forman este frente pedirán que continúe el trámite para poner en debate la desaparición de poderes en Oaxaca, mientras que lo diputados federales impulsarán la solicitud de juicio político interpuesta en contra del mandatario oaxaqueño, y los legisladores locales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) presentarán en sus respectivos Congresos un punto de acuerdo para demandar al gobierno federal la restitución del estado de derecho en Oaxaca.
El dirigente del FAP confirmó también que todos los actos en los que participará el "presidente legítimo" Andrés Manuel López Obrador, habrá de repudiarse la actitud autoritaria del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el estado oaxaqueño.
Otra de las acciones inmediatas que realizarán dirigentes y legisladores del FAP será pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga, "como lo dice la Constitución", y defina su posición ante las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Oaxaca.
Por su parte, Leonel Cota Montaño, presidente nacional del PRD, anunció que una amplia delegación integrada por dirigentes nacionales y legisladores federales participarán el próximo domingo en la marcha convocada por la sociedad civil oaxaqueña. La delegación perredista formará parte de la delegación del FAP.
El partido del sol azteca consideró que es fundamental que se resuelva la crisis política de esa entidad del sureste mexicano, pero aclaró que una solución necesariamente tendrá que pasar por la destitución o renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
"Reiteramos que haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograr la pronta salida del gobernador, que es el generador fundamental de la crisis política que se vive en aquella entidad; la liberación de los detenidos, particularmente la de nuestro compañero consejero nacional Flavio Sosa, y oficializar que una delegación del CEN estará en la marcha", subrayó el PRD.


Marchan en Chimalhuacán integrantes de la APEM
Liberar a militantes de la APPO presos, exigen
También demandan la salida del gobernador de Oaxaca
RENE RAMON CORRESPONSAL
Chimalhuacan, Mex., 6 de diciembre. Más de mil personas, entre alumnos, padres de familia, profesores e integrantes de diversas organizaciones sociales, integrantes de la Asamblea Popular del Estado de México (APEM), realizaron actos de protesta en calles de este municipio en apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Los manifestantes, provenientes de nueve municipios conurbados del valle de México, bloquearon los dos sentidos de la carretera federal México-Texcoco y después marcharon unos tres kilómetros, sobre la avenida Nezahualcóyotl, hasta el palacio municipal de Chimalhuacán.
"No más oídos sordos a las demandas del pueblo", "exigimos solución a nuestras demandas", se leía en las pancartas que portaban estudiantes y profesores de las escuelas públicas de nivel básico y medio superior que participaron en la manifestación.
Vicenta Ledesma Rodríguez, en nombre de la APEM, exigió la liberación inmediata de los presos políticos de la APPO; la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de la ciudad de Oaxaca y la renuncia del gobernador de esa entidad, el priísta Ulises Ruiz Ortiz.
"¡Oaxaca no es cuartel, fuera Ejército de él! ¡No más detenciones ilegales, no más secuestros y desapariciones forzadas, no más muertos y heridos en Oaxaca! ¡Alto a la represión!", exclamaban los niños, profesores y padres de familia, quienes repudiaron la detención de Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de la APPO, y tres de sus compañeros.
Ledesma Rodríguez leyó un documento con cinco puntos: "primero, exigimos la libertad incondicional de todos nuestros compañeros; segundo, apoyar al presidente legítimo Andrés López Obrador; tercero, repudiar donde quiera que se pare a (Felipe) Calderón y su pandilla dictatorial; cuarto, apoyar a la APPO, y cinco, hoy más que nunca definir nuestra participación en la APEM".
En tanto, la profesora Dolores Morán Molina, otra lideresa de la APEM, hizo un llamado "enérgico para que salga la PFP y acabar con el estado de sitio que han creado los gobiernos federal y estatal contra la integridad física del pueblo oaxaqueño, violentando los derechos universales y las garantías individuales de nuestros hermanos".
Los simpatizantes de la APEM, provenientes de los municipios de Chimalhuacán, Valle de Chalco, La Paz, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, Santa María Tonanitla y Ecatzingo, criticaron las acciones del gobierno del estado de México, que "no quiere resolver la problemática educativa y social", expresó el mentor Héctor Serna Valdés.
Cuatro jueces les notifican de los cargos en su contra
Flavio y Horacio Sosa rechazan imputaciones
El gobierno de Ulises "fabricó" los delitos, acusan
Su situación jurídica se define el sábado: abogados
ISRAEL DAVILA , ALFREDO MENDEZ CORRESPONSAL , REPORTERO
Flavio Sosa Villavicencio, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APOO), quien está preso en el penal federal del Altiplano, antes La Palma, desde la madrugada del martes pasado, fue notificado ayer que enfrenta cinco causas penales por delitos del fueron común.
Los exhortos de jueces de Oaxaca fueron recibidos en los juzgados primero, tercero, sexto y séptimo del fuero común, con sede en el estado de México.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y defensor particular de Sosa Villavicencio, informó a La Jornada que no pedirá la duplicación del plazo constitucional, por lo que el próximo sábado se definirá la situación jurídica con auto de formal prisión o de libertad.
En tanto, Horacio Sosa Villavicencio, hermano de Flavio, enfrenta cuatro causas penales por delitos del fuero común.
Ayer, a 36 horas de su encarcelamiento, los hermanos Sosa Villavicencio recibieron en la rejilla de prácticas del penal de máxima seguridad a cuatro jueces mexiquenses que se encargaron de notificarles los delitos que les imputa la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, como son secuestro, lesiones, robo, daño en bienes ajenos por incendio y despojo.
Los jueces tenían la intención de tomarles declaración preparatoria para cada una de las causas radicadas en juzgados de la capital de Oaxaca, así como de Ocotlán y Tlacolula, también de aquella entidad, sin embargo, los integrantes de la APPO se acogieron a su derecho constitucional de no declarar, y rechazaron todas las imputaciones. Afirmaron que se trata de una fabricación de delitos de la administración de Ulises Ruiz, comentó su abogado Eduardo Miranda.
Preparan nuevas consignaciones
A su vez, fuentes gubernamentales revelaron que en las próximas horas la Procuraduría General de la República (PGR) consignará ante un juez federal diversos expedientes para solicitar órdenes de aprehensión contra los tres hermanos Sosa Villavicencio (Erick, Flavio y Horacio) por delitos federales presuntamente cometidos en Oaxaca.
Las mismas fuentes precisaron que los hermanos Flavio y Horacio se encuentran en el penal del Altiplano, versión que se contrapone con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que el martes informaron que Horacio había sido enviado a un centro carcelario de Nayarit.
Por la mañana, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) recibió cuatro exhortos de juzgados de Oaxaca para que realizaran las audiencias de toma de declaración preparatoria de Flavio y Horacio Sosa Villavicencio.
El TSJEM encomendó a cuatro juzgados los exhortos para que a mediodía se trasladaran al penal de máxima seguridad del Altiplano para tomar las declaraciones de los hermanos, por separado.
Una vez concluidas las audiencias, los jueces tendrían que enviar los expedientes a los juzgados de origen, es decir, a las ciudades de Oaxaca, Ocotlán y Tlacolula para que los juzgadores locales determinen la situación jurídica de los integrantes de la APPO.
Acto irregular, afirma defensor
El abogado de los hermanos Sosa Villavicencio consideró este hecho como un "acto irregular" del Poder Judicial de Oaxaca, ya que prácticamente "nos dejan en estado de indefensión, porque es muy difícil llevar la defensa en dos lugares simultáneamente".
No obstante, los abogados Eduardo Miranda Esquivel y Margarito Tavera Bernal, quienes asistieron jurídicamente a Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, respectivamente, recomendaron a sus clientes no pedir la duplicación del término constitucional, por lo que el sábado por la tarde se resolverá la situación jurídica de cada uno de ellos.
"Sería una pérdida de tiempo pedir la duplicidad del término bajo estas condiciones; mejor nos vamos a enfocar a combatir los errores de los pliegos consignatarios y de procedimiento para obtener un amparo", señaló Miranda Esquivel.
Ayer, en punto de la una de la tarde personal del juzgado primero penal de Toluca arribó a la prisión de máxima seguridad del Altiplano para tomar la primera declaración preparatoria por los delitos de lesiones y robo, radicados en el expediente 132/06.
Más tarde, el juez tercero penal de Toluca hizo lo propio, por lo que corresponde a los expedientes 102 y 58 del 2006, donde Flavio y Horacio son acusados por robo y daño a los bienes.
Posteriormente, el juez sexto de lo penal de Toluca también acudió al penal para tomar la declaración preparatoria a los integrantes de la APPO por el delito de despojo, radicado en el expediente 122 del 2006 y por la noche correspondió al juez séptimo penal de Toluca, quien únicamente tomaría declaración a Flavio Sosa por el delito de robo y daño a los bienes, por la causa penal 70/06, proveniente de Tlacolula, Oaxaca.