OAXACA, OPINIONES.

Astillero
Julio Hernández López
Mensajes
· Castigos a malcriados
· Publicidad como control
· Premio a la Otratele.
El actual gobierno federal se inició con un retroceso (Oaxaca, la guerra sucia; San Lázaro, la militarización, la impudicia) y cada día que transcurre es un paso más hacia atrás. Ahora se ha acreditado lo que ya se intuía pero se temía confirmar: que el cierre de espacios informativos críticos o, cuando menos, equilibrados, forma parte de una visión del gobierno calderonista que se apresta a iniciar, mediante el cavernario expediente del manejo de la publicidad oficial a contentillo, una batalla contra los medios que le son incómodos.
José Gutiérrez Vivó, el pionero y puntero del periodismo radiofónico nacional, develó ayer la pretensión del calderonismo de castigar a quienes periodísticamente "se porten mal" a juicio de ese poder suministrador de publicidad de orden público. Nunca, en 40 años de ejercicio, el creador de Monitor había vivido algo así, según su propio relato: "... que antes de que se tomara posesión de un cargo, se mandara un recado diciendo: 'están castigados... vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver su conducta (...) y si se portan bien, en algún momento les dará una audiencia el señor presidente para llegar a un arreglo'", habrían sido las palabras de algún mensajero imperial.
Las presiones contra Monitor comenzaron "desde mediados de la pasada administración", pero "ahora la situación es diferente, porque la amenaza se ha convertido básicamente en una amenaza de tipo económico. De lo que se trata es de ver la forma elegante, discreta y sutil de extinguir a un medio de información que es incómodo". Ahora hay "una actitud, quiero pensar que no es reflexionada, de tratar de ir limpiando la casa de los medios que incomodan la forma en que yo quiero gobernar; porque así me lo asesoran y, como estoy muy ocupado, no tengo tiempo de meterme en detalles", explicó Gutiérrez Vivó.
Fue en la entrega de premios otorgados por el Club de Periodistas donde se produjeron las palabras del director y principal accionista del único noticiario radiofónico que invariablemente dio espacio a Andrés Manuel López Obrador (en los días finales del plantón Zócalo-Reforma, los discursos vespertinos eran transmitidos íntegramente sólo por Monitor y, con ciertos cortes, por Radio Trece) y de un periódico, Diario Monitor, que durante meses difíciles ofreció notables trabajos de investigación y denuncia que no sobrevivieron a los reacomodos recientes en que en el directorio de ese diario apareció un vicepresidente, Juan Daniel López Barroso, cuya idea de periodismo y venta de publicidad no satisfizo a algunos reporteros que prefirieron dejar un proyecto informativo que creían estaba (también) siendo cercado.
Esa palabra, el cerco, estuvo ayer muy presente en la reunión organizada por el Club de Periodistas a la que, entre muchos otros, asistieron Ricardo Rocha (a quien le han dejado solamente un noticiario radiofónico vespertino, habiéndole recortado el matutino), Carmen Aristegui (a quien cercenaron presencia televisiva en Sky, aunque continúa por la mañana en el noticiario de radio de la W) y Rubén Luengas, de Canal 52 de Telemundo (a quienes ­conductor y empresa­ les han pretendido cobrar cara la osadía de informar con honestidad al público hispano de Estados Unidos sobre lo que sucede en la política mexicana).
Desde luego, no son esos los únicos casos en los que se pretende abatir a un medio informativo incómodo al poder. La revista Proceso tiene una larga historia al respecto, que ha sido actualizada en el tramo final del gobierno de la pareja conyugal, cuya parte dominante, la señora de las Faldas Ejecutivas, mantiene un litigio abierto con la publicación fundada por Julio Scherer. La Jornada, por su parte, también ha conocido en estos años recientes las maniobras que con la publicidad oficial como instrumento de premio o castigo han realizado los esposos gobernantes y sabe con claridad que en la mira de las "nuevas" políticas de asignación publicitaria está el único diario que ha informado con amplitud y equilibrio de todo lo que sucede en el país. El autor de estas líneas tiene a su vez la experiencia de otro gobierno panista represor, el de Marcelo de los Santos, en San Luis Potosí, quien decretó desde un año y medio atrás un boicot informativo y publicitario contra La Jornada San Luis por no ceder a las pretensiones expresas de ese mandatario local de que la línea informativa y los principales titulares fueran objeto de compraventa.
Por cierto, y hablando de cercos informativos, la Otratele recibió un premio del Club de Periodistas, que preside Mario Méndez y cuya alma es la secretaria general, Celeste Sáenz de Miera. El reconocimiento tiene un sentido especial para quienes hacen la Otratele porque este 15 vencerá el plazo de prueba de tres meses que se convino (convino, no "combino", como en redacción relacionada con otro asunto escribió ayer el atolondrado tecleador vitivinícola) con La Jornada para explorar las posibilidades de la televisión por Internet. En este trimestre aún no cumplido se han tenido casi un millón de reproducciones ­cifras oficiales de Google Videos y de Youtube­ de los más de 300 trabajos realizados. Gracias al Club de Periodistas, a Mario y a Celeste, y al jurado calificador, no sólo por el premio a una criatura tan pequeña, sino por haber reunido ayer a miembros de un gremio preocupados por lo que está sucediendo pero, además o sobre todo, dispuestos a seguir luchando por ejercer un periodismo crítico e independiente del poder.
Astillas
Más mezcla, maistros: Lipe y Zefe compartieron ayer cuchara en uno de los municipios más pobres del país (que suelen fascinar a los políticos de cualquier signo partidista para echar rollos presuntamente muy importantes). Lipe se aventó un rollo inescrutable sobre la necesidad de que las diferencias políticas, siendo naturales, explicables y bien chidas, deben "contraponerse para construir". Chin, este escribidor media cuchara nomás no entendió: ¿más mezcla, maistro?... ¡Hasta mañana!

John Saxe-Fernández
De Guantánamo a Oaxaca: ausencia de ley
De Guantánamo a Oaxaca, el ejercicio de la violencia de Estado, incluyendo la tortura, la suspensión del habeas corpus, principio garantizado por la Constitución y las convenciones de Ginebra, se realiza en medio de un "vacío de ley", pivote del Estado de excepción auspiciado en EU por la Casa Blanca desde el 11-9 por medio de la Ley Patriota, la Ley de Comisiones Militares, la Ley Marcial y varios decretos. Con la guerra antiterrorista de Bush este fascismo se vuelca al resto del orbe y hacia México y Canadá, a través de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte. Al sur del Bravo se da como una radicalización de la "mano dura" que, en nombre de la "legalidad" y con el manejo y manipulación monopólicos de los medios electrónicos, reprime a las fuerzas sociales desatadas por el neoliberalismo, sofoca los derechos humanos y políticos e inhibe el desahogo no violento de los conflictos.
Con la debacle institucional parida por las graves anomalías de los poderes Ejecutivo y Judicial en las pasadas elecciones se presenta ahora un mayor deterioro del estado de derecho: "Desde el 25 de noviembre", afirma el sacerdote Romualdo Mayrén, apoderado legal de la arquidiócesis de Oaxaca, "aunque no se decretó, en Oaxaca se ha vivido un estado de excepción y realmente están suspendidas las garantías" (La Jornada, 3/12/06, p. 4).
Mayrén describe un entramado vacío de ley y repleto de provocación, represión y violencia oficial, una riesgosa "estrategia de tensión" que se catapulta a nivel nacional con el arresto en el Distrito Federal del liderato de la APPO. Lo que la derecha en el poder está ampliando es una inusitada suspensión de facto del estado de derecho que se expresa en el arresto y traslado arbitrario de más de 149 detenidos enviados a cárceles de alta seguridad, porque se les considera "reos de alta peligrosidad", y un saldo, hasta ahora, de 24 muertos, 232 presos políticos y 64 desaparecidos.
Son numerosas las evidencias que indican la presencia e infiltración, en la resistencia pacífica de la APPO, de provocadores y francotiradores y un modus operandi sospechosamente análogo en el incendio de varios edificios. Aunque elementos dentro de la APPO actuaron sin control, las provocaciones sirven para "justificar" la represión. El analista Granados Chapa no duda en plantear un símil entre este escenario y la quema nazi del Reichstag, y Mayrén equipara la represión desatada por el gobernador Ulises Ruiz con el fascismo genocida del guatemalteco Ríos Montt.
En Oaxaca y en el esquema de Bush y sus prisiones de alta seguridad, como Guantánamo, el objetivo es la "suspensión" de la ley, en nombre de una "legalidad" de excepción (la no ley). Varios de los detenidos por la CIA relatan que para aterrarlos les afirmaban que los conducían a algún país "sin estado de derecho". El uso de empresas privadas para el "interrogatorio" de prisioneros coadyuva en el auspicio de áreas "vacías de ley". Crear "zonas de anomia" es una vieja práctica totalitaria disfrazada con coartadas huecas de legalidad. La ex general de Brigada Janis L. Karpinski, a cargo de 17 cárceles en Irak, incluyendo la de Abu Ghraib, participante por la fiscalía en el juicio que el Tribunal Supremo alemán le sigue a Donald Rumsfeld por crímenes de guerra, afirma que la violación de los derechos humanos y la tortura empeoraron con el concurso de los "contratistas" privados: "Estos interrogadores tenían experiencia en Afganistán y/o en Guantánamo y fueron enviados por (Geofrey) Miller (comandante de la prisión de Guantánamo), para participar en los interrogatorios. La ley no les importaba, operaban en un entorno sin ley... vi un memorando firmado por Rumsfeld sobre el empleo de estos métodos de interrogatorio, (quien) al margen ponía: 'asegúrense de que esto se cumpla'" (El País, 25/11/ 06, p.5).
Algo así se dio en la Alemania de Hitler como lo argumentó en "Guantánamo y la autocracia imperial" (Prokla, 143, Berlín. Junio, 2006). Guantánamo como campo de prueba juega un papel central para la instauración de zonas sin más ley que las instrucciones arbitrarias del Ejecutivo estadunidense y su Secretaría de Defensa.
El operativo de Guantánamo se orienta a establecer un arreglo seudo judicial sometido al Ejecutivo y al alto capital, en territorio cubano, ilegalmente ocupado: una zona de anomia en la que actúa la violencia de la autocracia imperial burlando la jurisdicción de las Cortes.
En su libro Estado de excepción, (A.H editora, Buenos Aires, 2004), Giorgio Agamben discute los intentos del poder estatal por anexarse la anomia a través del estado de excepción. En verdad, el estado de excepción, tal como fue develado por Walter Benjamín, "es una fictio iuris por excelencia, que pretende mantener el derecho en su misma suspensión como fuerza de la (no) ley". En Oaxaca las acciones de provocación-represión de los altos mandos anulan cualquier nexo entre el ejercicio de la violencia de Estado y el derecho. Un modo de gobierno por la vía de la coerción-anulación de la oposición civil.



Fernando Gálvez de Aguinaga
Del pacto de Huatulco a la dictadura
Apenas 20 días después de las cuestionadas elecciones federales, Felipe Calderón se reunió en Huatulco con Ulises Ruiz en un encuentro que podemos leer como el amarre de una alianza entre el PRI y el PAN para sostener la gobernatura de uno y la entrada a la Presidencia del otro. La alianza ha sido estratégica e incondicional en los momentos más críticos para ambos, por lo que se desprende que el ruiderío provocado por declaraciones de panistas cuestionando a Ruiz o de priístas fintando inasistencia a la toma presidencial, no fueron más que una cortina de humo, un show para no perder simpatías de sus correligionarios.
Al final, en el momento en que los panistas podían votar por la desaparición de poderes en Oaxaca, optaron por sostener al gobierno del priísta, y cuando la situación social se le escapaba de control al gobernador, las fuerzas policiacas y militares fueron enviadas para sostenerlo e intentar acabar con el movimiento popular. Del mismo modo, los priístas acudieron a la toma de protesta de Calderón sin chistar. Así, en la misma fecha que el panista se convertía en presidente, el priísta cumplía dos años en el poder y desde ese instante, de darse un interinato en Oaxaca, ya no tendría que convocarse a elecciones, como señala la Constitución estatal.
Sin embargo, esta alianza visible entre Ruiz y Calderón significó para el país la entrada a un régimen de excepción. Más allá de si Calderón ganó o perdió las elecciones, lo cierto es que en aras de obtener el apoyo del PRI, el gobierno federal junto con el gobierno oaxaqueño han generado un estado de sitio en Oaxaca. ¿Acaso es propio de un régimen demócratico asesinar, hacer desapariciones forzadas, apresar por causas políticas a los ciudadanos, coartar la libertad de expresión, torturar?
Reto a cualquier periodista, intelectual o político profesional de los que hoy cantan loas a la "democracia mexicana" a que me digan que esos hechos pueden formar parte de un orden democrático. Además, parece absurdo tener que recordar que Oaxaca es parte de México, que no es un país aislado donde gobierna solo Ulises Ruiz con sus pistoleros, que forma parte de la Federación y tanto el Senado de la República, como el Ejecutivo, representado antes en Vicente Fox y hoy en Felipe Calderón, han sostenido un clima propio de una dictadura política en la entidad sureña.
El operativo del 25 noviembre no fue un enfrentamiento provocado por la marcha de la APPO, insisto, fue un operativo perfectamente articulado por el poder federal y estatal, o ¿cómo puede interpretarse el hecho de que la señal de todas las radios, incluidas las comerciales, fuesen interferidas durante los enfrentamientos entre las fuerzas represivas y el pueblo, o el que diversos blogs críticos fuesen bloqueados esa misma tarde? Por lo demás, fue claro para todos cómo actuaron coordinadamente los elementos de la PFP y los escuadrones de la muerte vestidos de civil, así como la policía ministerial. Ahí se cayeron todas las máscaras, el juego mediático del policía bueno y el malo se vino abajo; desde la ocupación de la PFP, Oaxaca ha vivido una agresión sistemática contra el movimiento popular por parte de las fuerzas federales, sin que se haya dado ninguna detención de paramilitares ni de funcionarios corruptos del gobierno de Ruiz.
El premio para el operador de la represión, Eduardo Medina Mora, ha sido postularlo procurador general de la República. Al menos hasta la votación del cargo, se prolonga la alianza entre Calderón y Ulises, pues a pesar de que el priísta no puede tener sino agradecimientos por haberlo apuntalado y protegido, ya sabemos que el voto del PRI en el Senado para ratificar al procurador es ahora otra moneda de cambio que se puede utilizar para seguir obteniendo favores de la Federación, y ésa será la tónica de un sexenio que el PRI va a vender caros sus votos en el Congreso.
Los discursos falsos y ridículos en que Fox o Calderón machacaban su preocupación por la niñez oaxaqueña, que estaba secuestrada según ellos por el conflicto magisterial, se viene abajo de la forma más dolorosa cuando el 30 de noviembre la PFP entra a aprehender profesores a las mismas aulas, frente a niños de kínder, primaria o secundaria, que miran aterrados la irrupción de comandos armados en sus salones. La inconstitucionalidad del acto se suma a la torpeza política que ha vuelto a meter de lleno al magisterio al conflicto.
Una dictadura a la mexicana se manifiesta en suelo oaxaqueño de forma incuestionable, pero al trasladar a 150 presos políticos desde Oaxaca a una prisión de Nayarit se demuestra físicamente el carácter nacional y no regional de este orden autoritario. Todo mexicano pensante y digno debiera manifestarse, escribir, alzar la voz contra este amague dictatorial que el PRI y el PAN han impulsado desde Oaxaca. La violación sistemática de los derechos consagrados en la Constitución en un estado del país señala que lo mismo puede suceder en cualquier otra región contra cualquier ciudadano.
Cuando se ha instalado como normal una política violatoria de las garantías individuales en una región que concentra casi 20 por ciento de los municipios de nuestra geografía, y cuando uno de los operadores visibles de la implementación de ese golpe a la normalidad democrática, lejos de ser castigado, recibe altas encomiendas por parte del cuestionado Ejecutivo que recién se instala en la silla presidencial, pensamos que hay un embate violento contra las instituciones y la Carta Magna, por parte de quienes detentan el poder político en México.