ARBITRARIEDAD IMBECIL DEL FASCISMO

¡CUÁN GRANDE ES SU MIEDO TIRANO Y PANDILLA!

Irrita a ciudadanos "arbitrariedad de autoridades"; denunciará la APPO ante el MP
Cerco policiaco en centros de acopio de juguetes
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 5 de enero. Aproximadamente 60 policías municipales de Oaxaca cercaron los centros de acopio de juguetes que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) instaló en el atrio del templo de Santo Domingo ­con la autorización de la Iglesia católica­, sobre la calle Macedonio Alcalá, frente al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), en la esquina con Ignacio Allende, donde quedaron retenidas ocho mujeres encargadas de la recolección.
Desde el jueves, Aristeo López Martínez, coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, advirtió que no iba a permitir la instalación del APPO-juguetón o, si de quedaban, serían desalojados.
Los ciudadanos que se acercaron a entregar sus juguetes debieron colocarlos en el piso, detrás de la valla de agentes instalada frente al IAGO, lo que provocó la irritación no sólo de quienes atendieron la convocatoria, sino de transeúntes y turistas que reprocharon la actitud del cuerpo policiaco.
"Es una arbitrariedad, un abuso, porque aparte de que teníamos permiso de la iglesia, nos asiste el derecho constitucional de manifestación", afirmó Patricia Jiménez Alvarado, de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueña Primero de Agosto (Como), una de las encargadas del centro de acopio.
Gilberto Hernández Santiago, del equipo jurídico de la APPO, dijo que las autoridades estatales y municipales violaron el estado constitucional de derecho, puesto que el juez primero de distrito concedió el amparo 25/2007 a la Como para suspender todo acto de autoridad.
Dijo que el actuario estatal ordenó suspender todo acto de autoridad tendente a impedir el libre tránsito y la libertad de las quejosas a cargo del centro de acopio de juguetes, por considerar que es un acto pacífico, noble y altruista.
El propio actuario certificó ese hecho y el desacato quedó asentado en el expediente de amparo 25/2007, lo que significa que el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, el cabildo y el presidente municipal interino de Oaxaca, Manuel Esesarte Pesqueira, así como de los directores de la policías municipal, Aristeo López Martínez, y ministerial, Manuel Moreno Rivas, desacataron esta orden judicial, razón por la que los activistas van a denunciar estos hechos intimidatorios ante el Ministerio Público Federal.
No obstante, Jiménez Alvarado dijo que la APPO realizará este sábado una marcha de la Plaza de la Danza al atrio del templo de Santo Domingo y, posteriormente, el festival popular del Día de Reyes, en este mismo espacio. Para esta festividad, dijo, la APPO también obtuvo la autorización de la Iglesia.
Acerca de las declaraciones del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, de que la APPO "va a vivir" en la medida en que "entre al cauce institucional y al estado de derecho", Zenén Bravo Castellanos, del consejo estatal de la organización, aseveró que éste es un movimiento que ha asumido como línea política la lucha pacífica de masas.
Rechazó que alguno de sus miembros se haya reunido para dialogar con Ruiz Ortiz. "Es una más de sus mentiras y parte de su estrategia mediática para hacer creer que el conflicto político social se ha solucionado en la entidad", señaló.
En tanto, los 16 presos recluidos en el penal femenil de Tlacolula de Matamoros demandaron al presidente Felipe Calderón Hinojosa su "libertad incondicional e inmediata", por ser inocentes de los delitos de robo, sedición, asociación delictuosa y daños en propiedad ajena.
En una carta que dieron a conocer sus familiares en el plantón instalado afuera del penal, los encarcelados denunciaron que fueron detenidos "en forma arbitraria y con extrema violencia" por agentes de la Policía Federal Preventiva y de corporaciones locales, así como por personas vestidas de civil, el 20 y 25 de noviembre pasado.

¡Cuánto miedo le tiene el tirano Ulises Ruiz al pueblo de Oaxaca!



Expondrán en la Cámara testimonios de violaciones a derechos
Juan Balboa
Testimonios de centenas de familiares de personas detenidas, torturadas, asesinadas o desaparecidas, así como los informes de organizaciones nacionales e internacionales que recientemente han investigado en Oaxaca la violación sistemática de los derechos humanos y la existencia de un estado de excepción en la entidad, serán presentados este martes en la Cámara de Diputados en el Foro nacional por la defensa de los derechos humanos en Oaxaca.
Convocado por la fracción partidista del PRD, la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), legisladores, integrantes de las organizaciones civiles, promotores de derechos humanos, intelectuales y artistas participarán en el foro, a realizarse en el recinto de San Lázaro, para exigir también la inmediata renuncia del gobernador Ulises Ruiz, la liberación de todos los "presos políticos" y la presentación de los desaparecidos.
Los convocantes a este primer foro sobre la "grave situación" en Oaxaca consideran que a los justos reclamos de la sociedad mexicana, los gobiernos panistas ­de Vicente Fox y Felipe Calderón­ responden con represión, persecución y violación sistemática de los derechos humanos fundamentales.
"Hoy ha quedado demostrado que al intervenir en el conflicto de Oaxaca, la intención del gobierno federal era sostener a Ulises Ruiz en la gubernatura del estado, en contra de la voluntad de los oaxaqueños y para destruir el movimiento popular perteneciente a la APPO", señalan en el documento de convocatoria leído por María López Almazán y avalado por el diputado José Antonio Almazán, Mario Padilla, Jorge Ramos Avilés y José Luis López, organizadores del acto.
De acuerdo con el documento, en el gobierno de Ulises Ruiz han sido asesinados por motivos políticos unos 71 oaxaqueños: 29 sólo en los primeros quince meses de su administración; de junio a octubre de 2006 otras 18 personas resultaron ultimadas y unos 24 más durante la ocupación de la Policía Federal Preventiva (PFP).
A todo esto, puntualizan los legisladores de PRD, la APPM y la APPO, se suman más de 100 desaparecidos, más de 230 detenidos con "cargos inventados que a todas luces se evidencian como una respuesta represiva y ejemplo del uso faccioso de las leyes".
Según la información de los convocantes al foro, al menos 150 oaxaqueños han sido torturados y violados por las policías estatal y federal, y se ha girado más de un centenar de órdenes de aprehensión con las cuales "se persigue como delincuentes" a luchadores sociales de larga trayectoria en el estado e integrantes de la APPO.
"Las policías estatal y federal han realizado cateos domiciliarios sin las órdenes judiciales correspondientes en las colonias Jardín, Reforma Agraria, Libertad y Alemán, por mencionar algunas; de igual manera cientos de personas han sido detenidas sin la respectiva orden de aprehensión y han sido transferidas a prisiones de alta seguridad, sin los elementos legales que justifiquen dichos traslados".
Para el diputado perredista José Antonio Almazán González, el foro logrará reunir toda la información que existe sobre las violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y se conocerán los últimos documentos de organismos internacionales que han visitado el estado en días recientes.


Denuncian amenazas de muerte triquis autónomos de Oaxaca
Pertenecientes a la APPO, demandan la renuncia del gobernador y libertad de los "presos políticos"
EMIR OLIVARES ALONSO


Representantes de la región triqui de Oaxaca dieron a conocer que desde el pasado primero de enero, 20 de las 36 comunidades que forman esa región decidieron conformar el municipio autónomo de San Juan Copala, que se regirá bajo usos y costumbres indígenas. Dicha determinación se adoptó luego de meses de discusiones y negociaciones entre los jefes de las comunidades.
En conferencia de prensa realizada en esta ciudad, Jorge Albino Ortiz y Edilberto Hernández Cárdenas, voceros del municipio autónomo, informaron que el objetivo es combatir la violencia y la represión que se ha desatado en la zona por la lucha de poderes entre las corrientes que simpatizan con los partidos políticos, en especial con el PRI, debido a la corrupción entre esas organizaciones políticas y los gobernantes de los cuatro ayuntamientos oaxaqueños de "los que nos independizamos", así como por el atraso y marginación que padecen esas comunidades.
Se unen 15 mil pobladores
Señalaron que el nuevo gobierno está encabezado por José Ramírez Flores, y aglutina alrededor de 15 mil habitantes que hasta el año pasado pertenecían a los municipios de Cuxtlahuaca, Putla de Guerrero, Tlaxiaco y Constancia del Rosario. Agregaron que la nueva administración se basará en un consejo de ancianos que será una de las principales instancias de decisión.
Los pobladores del ayuntamiento autónomo esperan seguir recibiendo recursos de los gobiernos estatal y federal para emprender proyectos de salud y educación, además de que han comenzado a abrir brechas en cuatro comunidades que prácticamente estaban incomunicadas debido a la falta de caminos.
A pesar de que esperan contar con los recursos gubernamentales, las nuevas autoridades de San Juan Copala apuestan porque el municipio llegue a ser autosuficiente, a través de los recursos naturales del lugar y el trabajo comunitario de los pobladores.
Las nuevas autoridades del municipio pertenecen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), "movimiento al que se debe la consecución de la autonomía", por lo que esa región exige, además del reconocimiento a su nuevo gobierno, que se cumplan las principales demandas de la APPO: la salida del gobernador Ulises Ruiz y la liberación de los "presos políticos".
Los voceros denunciaron que las autoridades de los cuatro municipios oficiales tratan de desconocer la conformación del nuevo cabildo, además de que han recibido amenazas de muerte o detención por parte de autoridades estatales, "pero es el precio que hay que pagar por la libertad", expresó Jorge Albino Ortiz.
Cabe destacar que este no será el primer municipio oaxaqueño que se rija bajo los usos y costumbres, pues de los 500 ayuntamientos de ese estado, alrededor de 318 operan por ese sistema.
Hernández y Ortiz informaron que será el próximo 20 de enero cuando se realizará la ceremonia en la que se dará a conocer a los nuevos dirigentes del municipio autónomo.
Autoridades de penal de Miahuatlán alientan agresiones contra los "presos políticos"
Exige la Limeddh a los gobiernos federal y estatal garantizar seguridad de los internos
EMIR OLIVARES ALONSO
Por órdenes de las autoridades del penal de Miahuatlán, Oaxaca, internos por delitos del fuero común amenazaron a los 19 "presos políticos" recluidos en esa prisión por el conflicto en la entidad, denunció el comité de padres de familia de los detenidos el pasado 25 de noviembre.
La advertencia ­dijeron­ tiene como objetivo que los familiares de los reos levanten el plantón que mantienen desde el pasado primero de enero afuera de la cárcel de Miahuatlán de Porfirio Díaz, además de frenar las movilizaciones de los inconformes por las detenciones, como la marcha realizada el jueves.
Ante estas amenazas, los padres de los detenidos por el conflicto social que se vive en la entidad responsabilizaron a las autoridades federales y estatales, así como al director del penal, Juan Carreño, y al jefe de custodios, Raúl Ramírez, de "cualquier acto de intimidación, agresión, tortura sicológica o física, e inclusive abuso sexual", contra sus familiares.
Por su parte, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) emitió una petición de acción urgente en la que expresa que estos actos "son reflejo del clima de intolerancia promovido por el gobernador Ulises Ruiz", por lo que exigió a las autoridades federales y estatales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los internos y los participantes en el plantón afuera del penal, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conozca del caso y se pronuncie al respecto.
En tanto, Yolanda Gutiérrez, integrante del comité de padres, afirmó en entrevista telefónica desde Oaxaca que el pasado 4 de enero, tras concluir la marcha y el mitin a las afueras del penal, Carreño y Ramírez se les acercaron para solicitarles que conformaran una comisión para dialogar con los detenidos en la zona de locutorios de la prisión, quienes les proporcionarían "información importante" relacionada con los actos de protesta de ese día.
Dijo que dicha comisión se conformó con cuatro integrantes del comité de padres e ingresó al penal, donde dialogaron con tres de los "presos políticos", quienes "nos informaron que fueron amenazados por los internos de que si no quitábamos el plantón y dejábamos de realizar marchas serían golpeados con tablas", además de que los tacharían, es decir, que se les encerraría en sus celdas por más de 20 días.
Tras recibir la noticia, la comisión de padres intentó hablar con el director del centro de readaptación social, pero no se encontraba en su lugar de trabajo; en cambio, fueron atendidos por el director de custodios.
"Trato prepotente"
Los denunciantes señalaron que Ramírez se portó "prepotente, argumentando que familiares de los internos (del fuero común) se habían quejado de que por culpa de nuestra marcha no habían llegado a la visita"; sin embargo, afirmaron que la movilización terminó a las seis de la tarde, y el horario de visita concluye a las cinco, por lo que no pudieron ser un obstáculo para el ingreso de quienes visitaban a sus presos.
Agregaron que el jefe de custodios también les comentó que los campamentos del plantón impedían el acceso y el libre tránsito a los familiares de la mayoría de los internos de ese penal, "situación falsa, porque no obstruye ninguna entrada o acceso a este Cereso".
Otro hecho que causó alarma entre el comité de padres fue una llamada que recibieron dos de los integrantes del organismo alrededor de las 8:30 de la noche del jueves pasado, en la que voces femeninas, quienes dijeron ser parte de los "presos políticos", les pedían que levantarán el plantón porque varios de sus compañeros estaban amenazados de muerte.
Los activistas sospechan que en dichas llamadas se suplantó a los "presos políticos", debido a que es cotidiano que se les encierre en sus celdas a las 8 de la noche, "por lo que resultaría imposible que realizaran llamadas 30 minutos después".
Cabe destacar que de los 19 presos por el conflicto en aquella entidad, 17 fueron detenidos durante el operativo policiaco del 25 de noviembre, y los otros dos en fechas anteriores, lo que ha provocado que estos últimos se encuentren "en contacto directo" con la comunidad penitenciaria de esa cárcel, y no en celdas especiales, como la mayoría, "por lo que corren más peligro", alertó Gutiérrez.
Para la Limeddh, los hechos antes mencionados "parecen corresponder a actos propiciados por las autoridades del penal para deslindarse de toda responsabilidad de amenazas y hostigamiento en contra de los manifestantes", al impedir el acceso al penal a los parientes de los detenidos por ilícitos del fuero común y culpar a los plantonistas.
"Recordamos que es un derecho constitucional de los familiares constituir un plantón, organizar mítines y marchas pacíficas, y que es responsabilidad de las autoridades penitenciarias la seguridad de todas las personas sometidas a prisión", expresó la ONG.