EN OAXACA

19 ene 2007

Denuncia la APPO la detención de ocho de sus integrantes.

pedro matías
Oaxaca, Oax., 18 de enero (apro).- Al término de una manifestación convocada por el Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca, las policías estatal y municipal detuvieron, en diferentes puntos de esta ciudad, a ocho integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), denunció el vocero del organismo, Florentino López Martínez.

Además, confirmó que esta madrugada fue incendiado el despacho del Foro de Abogados e integrantes de la Comisión Jurídica de la APPO, entre ellos Eduardo Castillo Cruz y Gilberto Hernández Santiago, ubicado en la calle Morelos 1110.

Añadió que estos hechos que se siguen realizando contra la APPO es una “guerra sucia” con características incluso más crueles que la que se desarrollaba en los años 70s. Dijo que estas acciones son realizadas por policías vestidos de civil, porros y grupos paramilitares, contratados por el gobernador Ulises Ruiz y su equipo.

López Martínez explicó que, después de la marcha realizada para exigir la libertad de todos los “presos políticos”, simpatizantes y militantes de la APPO fueron detenidos injustamente sólo por ejercer sus derechos constitucionales.

Señaló que, después de la marcha y mitin, fueron detenidas anoche ocho personas que simpatizan con el movimiento popular, entre ellos, Eduardo Montes Calva y Ramiro Martínez Caballero.

Agregó que desconocen el paradero de esas personas, y afirmó que lo único que saben es que las policías estatal y municipal realizaron las detenciones por supuestos daños a una patrulla.

López Martínez manifestó que todas estas acciones obedecen al temor que tiene el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, debido a que en comunidades indígenas, colonias, organizaciones y sindicatos se han tomado acuerdos para sumarse a las movilizaciones hasta la caída del gobernador.



Familia de Brad Will reclama justicia al gobierno mexicano.

isaín mandujano .

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 18 de enero (apro).- La madre de Brad Will, periodista estadunidense asesinado en Oaxaca, exigió al gobierno mexicano justicia para su hijo, y nombró a Miguel Ángel de los Santos su representante legal en las investigaciones del caso.

Más aún, ayer mismo el embajador estadunidense Tony Garza urgió al gobierno mexicano a agilizar las investigaciones y aclarar el crimen de Brad.

En un comunicado, Kathy Will, madre de Brad, anunció que De los Santos Cruz asume desde hoy la representación legal de la familia:

“Tendrá acceso a los expedientes en que se desarrolla la investigación de la muerte de Brad Will, y trabajará para cuidar que la misma sea llevada a cabo de manera eficaz y legítima por parte de las autoridades mexicanas correspondientes”.

Kathy Will observa que:
“Existen serias denuncias de abusos a los derechos humanos en Oaxaca. Es tiempo de que el gobierno mexicano actúe y detenga esta situación castigando a los responsables de este crimen. Nuestro hijo ha sido sólo uno de tantos periodistas agredidos durante el año pasado en México. Queremos justicia. La impunidad debe terminar”.

Brad, un fotoperiodista de Nueva York, recibió disparos de arma de fuego que lo privaron de la existencia mientras documentaba en video los disturbios políticos de Oaxaca, el pasado 27 de octubre.

Aunque dos personas ligadas al gobierno de Oaxaca fueron detenidas como probables responsables, éstas fueron puestas en libertad por supuesta insuficiencia de pruebas en su contra.

Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han puesto en duda la legitimidad de la investigación oficial, y han demandado que la PGR atraiga el caso; no obstante, esto no ha sucedido.

De los Santos es un abogado que ha dedicado su carrera a asegurar que las personas sean tratadas con justicia en el sistema legal mexicano.

El comunicado refiere que De los Santos Cruz cuenta con larga trayectoria trabajando a favor de la población indígena, proveyendo su representación legal; además, ha representado a víctimas de abusos de sus derechos por parte del gobierno mexicano, y ha defendido a presos por razones políticas. También ha reportado violaciones a las garantías fundamentales ante la CIDH.

“Hay un serio problema de impunidad en México, y no queremos que la muerte de Brad Will incremente la larga lista de casos sin resolver. A casi tres meses de la muerte de Brad, urgimos al gobierno mexicano a utilizar todos los medios de que disponga para llevar a cabo una investigación pronta, eficaz e imparcial para encontrar y castigar a los responsables del crimen”, dijo por su parte a De los Santos Cruz, quien agradeció el gesto de confianza.

“El gobierno mexicano ya ha fracasado en asegurar el derecho a la vida a Brad Will, esperamos que ahora al menos cumpla en asegurar la investigación y castigo a los responsables de su muerte”, señaló el defensor de indígenas chiapanecos.


¿Hasta cuando Oaxaca?
josé gil olmos
México, D.F., 17 de enero (apro).- Después de medio año de conflicto, con un saldo de 20 muertos y más de 200 detenidos, algunos de ellos con amenazas de violaciones o ser lanzados al mar desde helicópteros, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, se mantiene no sólo con el apoyo de su partido, sino con el soporte del presidente Felipe Calderón.

A lo largo de estos siete meses en Oaxaca han ocurrido una serie de sucesos que darían vergüenza a cualquier gobernante, pero que a Ulises Ruiz parecen no afectarle. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha sido el movimiento social más reprimido en los últimos años, la persecución policíaca contra los dirigentes se parece mucho a la que hace treinta años se desató en contra de los grupos guerrilleros.

En los hechos los appistas han sido tratados como guerrilleros o delincuentes de alta peligrosidad. Luego de su detención en la Ciudad de México, Flavio Sosa fue llevado al penal de alta seguridad en La Palma, Estado de México, en un operativo tan espectacular como el que se implementó con Archibaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”: helicópteros, patrullas y hombres fuertemente armados lo custodiaron todo el trayecto y el hecho fue trasmitido en vivo por Televisa y TV Azteca.

El trato policíaco y militar que el gobierno de Ulises Ruiz, apoyado por el gobierno federal, ha dado a la APPO desde el inicio del conflicto, muestra el perfil de gobernantes que tenemos, incapaces de entender las causas sociales de un movimiento popular.

La responsabilidad del gobernador es más que evidente, pero lo que preocupa es la forma en que ha respondido el gobierno federal, primero con Fox y ahora con Calderón, al dejarlo indemne no obstante las muestras de cacique que ha dado.

De nada han valido las denuncias que han hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y grupos de observadores internacionales sobre casos de tortura y persecución a que ha sido sometidos los appistas.

Los oídos sordos del gobierno de Felipe Calderón y el cinismo de Ulises Ruiz a la protesta nacional e internacional muestran la incapacidad de la clase política mexicana para atender y entender los reclamos sociales de un pueblo empobrecido y marginado por muchos años.

Al final lo único claro que deja el conflicto oaxaqueño es que la impunidad sigue siendo una virtud de la clase gobernante nacional, la cual se maneja como una plutocracia, y que la justicia es una deuda pendiente dentro del proceso democrático nacional.

Presentan 38 creadores su visión artística del conflicto en Oaxaca
La inauguración se realizará mañana en el Centro Cultural La Curtiduría, de aquella entidad
ANA MONICA RODRIGUEZ
El conflicto social oaxaqueño y la insurgencia popular surgida a raíz de la crisis en el estado quedaron plasmados en la obra del pintor juchiteco Francisco Toledo y otros 37 artistas, quienes montaron la exposición Calavera oaxaqueña: homenaje a José Guadalupe Posada, que será inaugurada mañana en el Centro Cultural La Curtiduría.
La muestra gráfica móvil incluye la presentación de las publicaciones Luna Zeta, Memoria y La Patria Ilustrada, que analizan al conflicto que afecta a la entidad desde mayo de 2006.
Francisco Toledo, Gabriel Macotela, Adriana Calatayud, Maries Mendiola, Demián Flores, Antonio Turok, Sergio Hernández, Guillermo Olguín, Gustavo Monroy y Boris Viskin son algunos artistas que formaron la carpeta gráfica que llevará el mismo título de la exposición.
Los creadores donaron 25 carpetas de esa producción al Comité Pro-Liberación 25 de noviembre ¬del cual Toledo es fundador¬ para ponerlas a la venta e impulsar la liberación de artistas, activistas de derechos humanos y ciudadanos encarcelados a raíz del movimiento popular oaxaqueño.
En la muestra también participan los artistas plásticos Fernando Aceves, René Almanza, Adriana Audiffred, Demetrio Barrita, Marieta Berenstorff, Mauricio Cervantes, César Chávez, David Domínguez, Dr. Lakra, Alejandro Echeverría, Oscar de las Flores, Luis Hampshire, Raúl Herrera, Damon Kowalski, Uriel Marín, Dionisio Martínez, Cristian Pineda, Demetrio Polgovsky, Emilia Sandoval, Alejandro Santiago, Filemón Santiago, Ana Santos, Smek, Hugo Stewart, Abraham Torres, Rosa Vallejo, Francisco Verástegui y Jéssica Wozny.
La Curtiduría reinicia labores
El recinto, ubicado en el tradicional barrio de Jalatlaco, reactivará las actividades culturales que fueron suspendidas el pasado 25 de noviembre, debido a la "represión desatada en Oaxaca y al clima de terror que generó el encarcelamiento y persecución de activistas, artistas, intelectuales y ciudadanos en su capital, sitiada por la Policía Federal Preventiva desde noviembre a diciembre de 2006", explicó Fernando Serrano, editor de la revista Memoria.
La Curtiduría abrió sus puertas el 15 de septiembre de 2006 con la exposición gráfica La patria ilustrada y el próximo sábado presentará otra muestra sobre la situación que imperó en Oaxaca, además de recibir a los visitantes con "música, tamales y chelas" y refrendar las costumbres hospitalarias de los barrios tradicionales oaxaqueños.
La revista Luna Zeta, editada por el Centro de Investigación y Comunicación A. C., presenta textos de análisis, creación literaria y un compendio fotográfico sobre los asedios y la violencia en la capital oaxaqueña entre junio y diciembre de 2006.
Por su parte, Memoria, del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista A. C., examina la "descomposición del régimen gubernamental y la articulación de resistencias en Oaxaca y México" por la cuestionada administración del priísta Ulises Ruiz ¬"en alianza con los regímenes panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón"¬ y el conflicto generado en el país "por las desastrosas elecciones presidenciales".
Ese día también será lanzada la publicación La Patria Ilustrada, que acompaña a la carpeta de grabados surgida de la exposición Calavera oaxaqueña.
Advertencias de Toledo
En agosto pasado Francisco Toledo alertó sobre el recrudecimiento de la violencia en la entidad y promovió el cierre de la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo, el Cine Club El Pochote, la Fonoteca Eduardo Mata y la biblioteca para ciegos Jorge Luis Borges, para salvar del "vandalismo" sus acervos culturales.
Además, el artista difundió en noviembre una misiva dirigida a Mariano Palacios Alcocer, dirigente nacional del PRI, para que ese partido se sumara al exhorto creciente y casi unánime de solicitar a Ulises Ruiz que dejará el gobierno de la entidad. También informó sobre 32 personas desaparecidas y otros presos y asesinados a raíz de las movilizaciones populares.
La madrugada del 21 de octubre se realizaron varios disparos al aire frente a la casa de Toledo, integrante de la Comisión de Intermediación para el diálogo, cuando él y su familia dormían. En días pasados, tres miembros del Pro-Oax recibieron amenazas y fueron objeto de un ataque periodístico, por lo que ya se integra un expediente documental en colaboración con una organización de derechos humanos. Asimismo, en las semanas recientes se realizaron pintas ofensivas contra Toledo en las paredes del IAGO.

Sí fue consignado
miembro de la APPO
que negó la Procuraduría
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

A pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) rechazó su arresto, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) puso a disposición de la PGR al simpatizante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Juan Carlos García Cruz, por la supuesta portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea mexicanos.
Esta nueva detención, "demuestra una vez más la intolerancia y la represión por parte del gobierno estatal, pero sobre todo sus viejos métodos como la fabricación de delitos, la incomunicación y la obstrucción a una adecuada defensa", dijo Mayén Arellanes, abogada del Comité de Liberación "25 de Noviembre".
"Es un viejo patrón que utilizan para 'sembrar' armas e inculparlos de algo porque ninguno de los detenidos ha incurrido en algún delito", señaló.
Arellanes dijo que García Cruz, quien participó en las barricadas de Brenamiel, fue detenido anteayer alrededor de las 12:00 horas por la PABIC en inmediaciones del antiguo camino al municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán.
Antes de ser entregado a la PGR, donde se le inició la averiguación previa Oax/Oax/I/40-D/2007, el simpatizante de la APPO "fue fuertemente golpeado en la cabeza, en los oídos y en los costados del torso", señaló.
Durante la mañana de ayer, García Cruz obtuvo su libertad bajo caución por una fianza de 10 mil pesos que depositó el Comité de Liberación "25 de Noviembre".
En un comunicado, la PGJE negó tener "reporte alguno de que indique detención, arresto, presentación u orden de aprehensión en contra de ésta persona, por lo que desmiente cualquier versión vertida en ese sentido".