Es positivo que se acuda a la Corte de La Haya: Toledo

Es positivo que se acuda a la Corte de La Haya: Toledo
DAVID CARRIZALES
Monterrey, NL, 10 de enero. El pintor Francisco Toledo confió en que se hará justicia para el pueblo de Oaxaca, ahora que los casos de torturas, detenciones ilegales, así como los testimonios de violaciones sexuales y a los derechos humanos serán llevados a la Corte Penal Internacional.
El artista juchiteco señaló en entrevista que el conflicto en la entidad de la que es originario afectará sin duda su obra, y bromeó que quizás en sus nuevas creaciones aparezcan policías federales con toletes, en lugar de sapos y conejos.
Consideró que la intervención de fuerzas federales en el estado sureño complicó la situación políticamente, y reconoció que es un misterio saber ''cómo se cocinan las cosas''.
Comentó que aparentemente, cuando Carlos Abascal encabezó la Secretaría de Gobernación, el funcionario mostró ''cierta sensibilidad'' ante el conflicto en Oaxaca. ''Yo lo sé, estuve en algunas mesas y creo que entendía el problema, pero bueno, ahora hay otras circunstancias, otros actores, y bueno, mejor ya no hablo'', dijo.
Francisco Toledo recordó que fundó la agrupación 25 de Noviembre, fecha en que la Policía Federal Preventiva desalojó violentamente a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de la plaza de Santo Domingo, en la capital oaxaqueña, operativo del que se han documentado múltiples irregularidades, por lo cual ''es justa la intervención de organismos internacionales''.
El pintor visitó Monterrey para firmar un convenio con el Consejo para la Cultura y el Arte (Conarte) de Nuevo León, que aportará 763 mil pesos para la construcción de dos casas en San Agustín Etla, Oaxaca, que darán albergue por estancias de seis meses a jóvenes pintores nuevoleoneses, a fin de que asistan a talleres de creación artística coordinados por pintores oaxaqueños.
El presidente del Conarte, Romeo Flores Caballero, explicó que se pretende erigir otras cuatro casas, cada una de las cuales dará albergue a ocho personas, que serán seleccionadas mediante un concurso organizado por convocatoria pública.
El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, también suscribió el convenio, por el cual se acordó exponer en Monterrey, en el marco del Fórum Universal de las Culturas 2007, una muestra pictórica de Oaxaca y una retrospectiva de la obra de Toledo.


Las vejaciones a appistas deben castigarse localmente
El gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad para garantizar que se castigue a los responsables'', señalan.
CAROLINA GOMEZ , LAURA POY.
Especialistas en derecho constitucional aseguraron que ante las graves violaciones a los derechos humanos en el caso Oaxaca, el gobierno federal ''no puede evadir su responsabilidad de investigar los hechos y, en su caso, garantizar que se sancione a los responsables''. No obstante, organizaciones civiles de defensa de las garantías individuales insistieron en que antes de recurrir a instancias internacionales, como la Corte Penal de La Haya, necesariamente deberán haberse agotado ­por requisito­ todas las instancias judiciales y de procuración de justicia a nivel nacional.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, afirmó que la inoperancia de las autoridades locales no puede ser obstáculo para ''buscar la aplicación de la justicia en el ámbito nacional''.
Sin afán de restar importancia debido a la ''gravedad'' que tuvieron los hechos, los defensores insistieron en que no sería la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la instancia a la cual correspondería analizar el caso, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya conoce del asunto.
Por su parte, Fabián Sánchez, titular de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, aseveró que de acuerdo con los estatutos de la corte, estos casos ''no cumplirían los requisitos de admisibilidad'', pues para sancionar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, por delitos de lesa humanidad, tendrían que existir denuncias penales en su contra, que los jueces hayan fallado a su favor o que se hayan negado a juzgarlo, y nada de eso ha ocurrido''.
Agregó que pese a lo ''repudiable'' de los hechos, y la necesidad de que se ''castigue con toda la severidad a los culpables'', es un ''absurdo'' el haber planteado esta posibilidad, sobre todo porque ''crea falsas expectativas en las víctimas''.
A su vez, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, refirió que la iniciativa en cuestión es ''buena'', pero dejó en claro que antes ''habría que documentar muy bien el caso y haber agotado todas las instancias de procuración y administración de justicia, tanto locales como federales'', además de contar con los reportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Abulia de autoridades
Al respecto, expertos constitucionalistas insistieron en que la administración federal que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, y las autoridades encargadas de la procuración de justicia, no pueden continuar en la ''abulia'' ante testimonios y denuncias de las víctimas, pues tienen ''la obligación constitucional de velar por la seguridad de sus ciudadanos, pero también por el respeto a las garantías individuales, sin que exista excusa alguna para evadir este mandato''.
Miguel Angel Eraña, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Iberoamericana, afirmó que ''de no imponerse un límite a estos excesos policiacos ­en contra de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)­ se propiciará una pedagogía del autoritarismo'', y afirmó que una tarea urgente para los legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es ''promover un juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, pues antes de llegar ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es necesario agotar todas las instancias jurídicas nacionales''.
Destacó que, además de la responsabilidad penal ante cualquier abuso de la autoridad y violación a los derechos humanos, también existe una responsabilidad política y administrativa ''por omisión e inacción de parte de los organismos responsables de procurar justicia y proteger estos derechos, como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre todo si esta última continúa sin exigir el esclarecimiento puntual de los hechos''.
Al respecto, Eduardo Torres, experto en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que los abusos cometidos en Oaxaca y Nayarit, ''no pueden quedar como un simple testimonio mediático, cuando es evidente que los compromisos políticos de la administración calderonista han favorecido la protección, no sólo del gobernador Ruiz, sino el incumplimiento al mandato constitucional de proteger a los ciudadanos''.
De continuar una visión ''de corto plazo'' en la administración federal, sin garantizar el respeto al estado de derecho, se alentará ­insistió­ en todas las instituciones del país una práctica similar en el uso excesivo de la fuerza pública y una ''total indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos''.