LOS DERECHOS HUMANOS

Derechos humanos
Víctor Flores Olea
29 de enero de 2007
¿A dónde vamos? Por un lado las acciones del gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico "parecen" tener ciertos resultados, por ejemplo disminuir la impresión de inseguridad en los estados y ciudades que ocupa el Ejército y la policía federal, y tal vez no sólo la "impresión" sino realmente logrando mayor seguridad.
Pero la pregunta que surge es qué sigue después, dado que la creencia más extendida es que los mafiosos que escaparon hoy regresarán mañana sin verse mayormente afectados. Lo magro de la cosecha de maleantes confirmaría lo anterior. Pero la otra grave pregunta es si tales operaciones no están sirviendo "de pasada" a la represión, al "preventivo" freno, como ahora se dice, de las acciones organizadas de movimientos sociales e iniciativas populares, y que en ese sentido resulten eminentemente antidemocráticas y hasta violatorias de los derechos humanos.
La preocupación ha crecido por el olímpico desprecio que la Secretaría de Gobernación y su titular han mostrado hacia la exigencia pública de que el gobierno respete escrupulosamente los derechos humanos. Dos cuestiones en días recientes han dado que hablar y parecen ya marcar uno de los "estilos" de gobernar de Felipe Calderón.
La primera que mencionaremos, bien previsible pero no menos grotesca, es la descalificación de la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, del informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca, presentado el 20 de enero de 2007 por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), por considerar que éste no es un organismo "reconocido" o con la "respetabilidad de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional". Este desprecio a los organismos de derechos humanos parece ya la "marca de fábrica" de las áreas de gobierno ocupadas por Francisco Javier Ramírez Acuña, como sabemos bien desde sus tiempos de gobernador del estado de Jalisco.
Grotesca la "opinión" de la encargada de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación porque la CCIODH, reconocida internacionalmente, que trabaja con autorización en México al menos desde 1997, está integrada por 28 personas de siete países (Austria, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia). Entre ellas abogados especializados, académicos, investigadores especializados en derechos de la mujer, expertos en resolución de conflictos, médicos y siquiatras, representantes de sindicatos y partidos políticos, organizaciones sociales y organizaciones de cooperación internacional. En total, 14 hombres y 14 mujeres.
Pero en su declaración pública esa "titular" de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación guarda además silencio sobre la carta que Amnistía Internacional envió recientemente al presidente Calderón y al secretario de Gobernación, en la que coincide básicamente con las acusaciones de la CCIODH al expresar su preocupación (de Amnistía) "por las amplias violaciones a los derechos humanos cometidos durante la crisis política en Oaxaca, que han consistido en arbitrarias detenciones e incomunicaciones, tratos indebidos, torturas, violaciones a las garantías individuales en los procesos e inclusive muertes ilegales".
Pero la gota que derramó el vaso se produjo la noche del último martes 23 de enero en que Ramírez Acuña, en entrevista con Denise Maerker, en el programa Punto de Partida del Canal 2 de tv, se presentó con un talante francamente intimidatorio, en primer lugar hacia la entrevistadora, cuando ésta le preguntó con cierta insistencia y filo sobre su visión de los derechos humanos en Oaxaca, pero también en la época de su gobernatura en Jalisco.
Fue un buen botón de muestra de la mentalidad del secretario de Gobernación, que exhibe al gobierno de Calderón, pese a los discursos, como absolutamente ausente o contrario al tema de los derechos humanos. Ahora los funcionarios repiten una suerte de eslogan, a la menor provocación: "Aquí se aplica el estado de derecho y a eso debemos atenernos todos". Sin ver que esa "aplicación" puede hacerse de muchos modos, inclusive con arbitrariedades y torturas.
Nos estamos acercando, dicho en otras palabras, a aquella siniestra "objetividad" del delito de disolución social, que tantas puertas abrió a la represión y a la violencia en México.
Felipe Calderón no irá muy lejos en compañía de la barbarie que ya muestran algunos de sus colaboradores. El hecho comienza a revertirse gravemente en su contra, según pudo ver ahora incluso en su viaje a Europa, en el que no faltaron las airadas reclamaciones en materia de derechos humanos.
Pero, en fin, él lo ha querido así y será en ese terreno en el que probablemente reciba más descalificaciones en su tiempo presidencial, que lo mancharán sin remedio.
Denuncian mujeres vejaciones policiacas durante su detención
Testimonios de oaxaqueñas recluidas en penal de Tepic.

VICTOR BALLINAS , EMIR OLIVARES
Mujeres detenidas en Oaxaca el 25 de noviembre pasado presentaron a la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos denuncias sobre los abusos, malos tratos, vejaciones, detenciones ilegales, retenciones, agresiones sexuales, amenazas de violación y golpes de que fueron víctimas por policías federales que las detuvieron.
"Fui detenida en la calzada Porfirio Díaz por miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP) y subida a una camioneta. Eran cuatro. Me golpearon. Iba con una amiga y les preguntamos por qué nos detenían; nos dijeron que era una orden y que se hacía lo que ellos decían. Nos ordenaron: '¡quítense los tenis!'. Mi amiga preguntó por qué, entonces la aventaron al piso. Le dieron patadas en la cara.
"Nos empezaron a golpear, yo les dije que no nos golpearan porque éramos mujeres; 'no sabes cómo les fue a las otras pinches viejas', me dijeron; uno de ellos me arrastró, me jaló del cabello. Nos tiraron en el piso de la camioneta, y uno de los de la PFP le dijo a un compañero suyo, 'mira, se ve que a ésta le encanta', y me metieron un palo entre las piernas, una y otra vez, y lo inclinaban hacia mi parte.
"Nos llevaron al llano de Oaxaca, a la base de la fuerza aérea, a San Bartolo ¬cuartel de la policía de Oaxaca¬, nos llevaron al penal de Miahuatlán y por último a Tepic, como si fuéramos asesinas."
Otro testimonio es el de una estudiante de 21 años: "Me detuvieron en Tinaco y Palacio, a una cuadra de Crespo, cerca del asilo de ancianos. Los de la PFP me arrastraron hasta el puente de la calle Quetzalcoátl. Eran muchos los policías y llegaron directo a golpearnos, aunque no opusimos resistencia. Nos pegaron, a mí me dieron puñetazos en la cara y me dejaron inconsciente, aún así me siguieron golpeando las piernas, espalda, brazos.
"Antes de quedar inconsciente vi como golpeaban a mi mamá con un tubo en la espalda. La amenazaron con violarme, dijeron que éramos unas cualquieras. Nos llevaron al llano donde nos bajaron a empujones y jalones. Nos tomaron fotos, nos metieron los toletes entre las piernas. Esculcaron mi bolsa, mi pantalón. Pedimos permiso para ir al baño y se burlaron, nos dijeron: 'vayan a hacer enfrente de unos árboles a la orilla de la calle' y frente a ellos."
Otra joven también dio cuenta de la tortura padecida: "iba a visitar a mi hermana que trabaja en una tienda de artesanías en Santo Domingo. Nos golpearon con palos y macanas, luego nos apuntaron con sus armas, Uno de ellos me golpeó con un palo grande en la cintura, otro me agarró del cabello y me golpeó fuerte. Iba con una señora que trató de defenderme, suplicó que me dejaran, pero me siguieron pateando, jalando del cabello y me arrastraban".
Otra de las denunciantes señala: "Fui víctima de violencia física y sicológica. Me tocaban las piernas. Me trataron mal, me golpearon, me mentaban la madre, me decían que era una maldita, que me iba a morir, que era una perra, una idiota, me preguntaban que quién me había pagado para andar ahí. (...) Nos sacaron de Miahuatlán en helicóptero al aeropuerto para trasladarnos a Nayarit, en el avión nos regañaban, nos bajaron a golpes, nos gritaban. Nos metieron a un lugar para quitarnos la ropa, nos desnudamos delante de las mujeres oficiales, nos pasaron a un lugar donde nos tomaron nombres, firmamos, pusimos huellas, tomaron fotos y de ahí nos pasaron a la celda, y ahí no puede uno ni hablar".






Secuelas psicosociales

ERNESTO REYES
En el Informe preliminar de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), comentado aquí en las entregas anteriores, se detallan también las afectaciones psicosociales y sanitarias de la represión sobre las cuales hay sospechas fundadas de la "abierta e impune participación de cuerpos policiacos y de las fuerzas armadas mexicanas que han cometido agresiones que no tienen castigo."
Por ejemplo, dice el Informe, las violaciones a los derechos humanos han tenido altos impactos físicos, emocionales y psicológicos dejando severos daños a las personas, a las familias y a la comunidad. Las secuelas psicosociales derivadas del conflicto, no desaparecen totalmente y se reflejan en la vida cotidiana de personas, familias y poblaciones.
Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos de estrés postraumático y de trauma social. Los más señalados son: revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedo a la soledad, reactividad psicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria. Hay una percepción de aleatoriedad e injusticia, de indefensión, de pérdida del control sobre la situación y sobre la propia vida. Constatamos la dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido.
La atención médica prestada ha sido tardía e insuficiente. Hay sospechas más que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos. La actuación de la Cruz Roja de Oaxaca ha sido cuestionada precisamente por este motivo.
Existe una falta de apoyo y seguimiento psicológico para los afectados y sus familiares. Merece destacarse el impacto psicológico en las personas que han sufrido o están en condiciones de internamiento, por las características del mismo, asociado a la falta de atención médica y de respeto a garantías básicas. Especialmente preocupante resulta también la situación de los menores que han sido detenidos y trasladados a penales de adultos
Observamos un impacto importante de la estrategia psicosocial de generación de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e instituciones, fomentado además por la existencia de señalamientos y acusaciones, campañas de odio, la incitación a la violencia y los obstáculos jurídicos existentes.
La unidad y vida familiar (de muchos oaxaqueños ) se han visto afectadas por las nuevas circunstancias: disgregación de familias (por diferencias ideológicas y políticas, desplazamiento de domicilio o lugar de trabajo y separaciones forzosas), hostigamiento y amenazas, cambio de apariencia, reorganización familiar. Existe un impacto económico en las personas afectadas por el conflicto y sus familiares: pérdida de empleo, estigmatización social y laboral, desplazamientos para las visitas a los penales y para las citaciones judiciales. A todo ello hay que añadir el costo de los daños materiales sufridos.
Sin dudarlo ni un momento, los voluntarios de la CCIODH confirman el diagnóstico que innumerables actores sociales han realizado sobre la situación en Oaxaca: "Se ha llegado a una clara polarización de la sociedad que deteriora y rompe el tejido social.
Por otra parte, observamos que colectiva e individualmente existe, pese a la estrategia implementada, un nivel de solidaridad alto, que permite tener una fuerte capacidad de recuperación y de fortalecimiento importante. Existen elementos de dignidad, en situaciones que deben ser consideradas extremas por su virulencia y gravedad, tanto en las personas que participan socialmente como en el conjunto de los ciudadanos.
"A nivel social constatamos el grave deterioro y la desconfianza que la gente tiene en las instituciones, lo que está poniendo en grave peligro las vías de participación democrática.
"Dado el alto grado de violencia social imperante es posible que la estrategia de control social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la que actúan en los hechos descritos en este informe, dificultan el diálogo de las partes en conflicto."
Respecto a los medios de comunicación la comisión destaca que en el conflicto ha sido significativa la toma de varios medios de comunicación como respuesta al cerco informativo y por el descontento de la población. Los medios independientes han ganado un espacio nuevo y algunos medios comunitarios han ganado independencia. Por estas razones han sido y siguen siendo blanco de ataques y de represión selectiva.
Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han sido víctimas de ataques indiscriminados. A partir de la muerte de Bradley Will ( el 27 de octubre) muchos han descrito condiciones de trabajo parecidas a situaciones de guerra.
Existen pocas denuncias presentadas antes las autoridades. La CCIODH tiene indicios de que algunas direcciones de medios incitaron a sus reporteros a callar tanto los agravios propios sufridos como algunas situaciones de las cuales han sido testigos.
Las investigaciones de los homicidios del periodista estadounidense Bradley Will y del periodista oaxaqueño Raúl Marcial Pérez no han registrado avances. Las circunstancias del homicidio siguen sin clarificarse y adolecen de todas las irregularidades periciales y procesales referidas en el anterior apartado de vulneraciones legales.
Los defensores de derechos humanos también son víctima de hostigamiento, amenazas y persecución, como se prueba en lo siguiente:
Las organizaciones de Derechos Humanos no gubernamentales y sus integrantes han sido víctimas de ataques selectivos, hostigamiento, amenazas, agresiones, campañas difamatorias, de desprecio y de acusaciones en contra, causando una criminalización de sus acciones, que ha obligado a muchos de ellos a tomar medidas para resguardar su integridad física y sus medios de trabajo, viéndose afectado con ello la realización del mismo.
Respecto a las mujeres, la Comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes, obligación de desnudarse, sentadillas, etc) hacia las mujeres por su condición de género. Las consecuencias han sido especialmente graves porque han implicado, en casos documentados, daños físicos, psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos.
Referente a las personas y pueblos indígenas, no se ha garantizado la asistencia de intérpretes en las diligencias policiales y judiciales ni se ha aplicado la Ley de Defensa de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La CCIODH constata que muchos de los detenidos y presos indígenas, así como sus familiares, han testimoniado haber sido objeto de discriminación étnica por parte de funcionarios públicos: negación de la comunicación en el penal de Nayarit por desconocimiento de su lengua, insultos y tratos vejatorios por no hablar bien el español.
Por ejemplo, en las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Istmo, Sierra Sur y Costa y en la zona Triqui se ha constatado un incremento de la presencia de cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población (incluidos niños y mujeres), provocando desplazamientos en algunas comunidades con la consecuente fractura social y disgregación familiar.
Los agravios son bárbaros a la vista de las conclusiones del Informe, que por su trascendencia aquí lo reseñamos.