OAXACA HOY 12.

Ulises Ruiz se tambalea y por su debilidad pide apoyo a la PFP, asegura la APPO
El pueblo ya derrotó al miedo y seguirá en la lucha para garantizar un cambio, afirma
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 11 de enero. La posible petición del gobernador Ulises Ruiz Ortiz para que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, autorice incrementar el número de agentes de la Policía Federal Preventiva en la entidad demuestra "que no es capaz de sostenerse por sí mismo", afirmó hoy la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
"Con eso se reafirma que no puede gobernar ante el gran rechazo popular hacia su persona y al grupo en el poder", afirmó Florentino López Martínez, vocero de la alianza de organizaciones, quien demandó al gobierno federal rechazar la petición porque el regreso de un mayor número de las "fuerzas de ocupación" lo único que provocará "es complicar más la situación de Oaxaca".
El gobernador pretende el regreso de un mayor número de agentes federales, "pues a la salida del grueso de las fuerzas de ocupación su gobierno se ha comenzado nuevamente a tambalear ante la movilización del pueblo", dijo el portavoz.
Destacó que esa eventual petición "echa por tierra lo que ha dicho (Ruiz Ortiz ) de que ya concluyó el conflicto político social en la entidad y que en Oaxaca hay paz y tranquilidad".
Consideró que el gobernador "ve otra vez su cabeza al borde del precipicio" ante la recuperación de la APPO después de la represión de noviembre pasado y las crecientes movilizaciones en su contra.
"Le tiene miedo al pueblo y con la PFP y los sicarios pretenden acallarlo, pero la gente ya ha derrotado el miedo y ha demostrado que está firme en la lucha hasta la caída del tirano", asentó. Prueba de esto ­subrayó­ son las protestas realizadas la tarde del miércoles en esta capital y en otras ciudades del estado, a las que concurrieron miles de personas.
"La sociedad oaxaqueña seguirá en la lucha por lograr la transformación política, económica y social, así como la caída del tirano Ruiz Ortiz, la salida de la PFP y la liberación de todos los presos políticos y de conciencia, por ser condición indispensable para el restablecimiento de la paz y la tranquilidad en la entidad", comentó.
Del lado magisterial del movimiento, se informó que el ex secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y miembro de la comisión de diálogo de la APPO, Erangelio Mendoza González, sufrió un infarto al miocardio la tarde del miércoles y debió ser internado en un hospital privado.
El estado de salud de Mendoza González, uno de los primeros detenidos a raíz del movimiento popular, fue reportado estable por sus familiares, aunque tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para su recuperación.
Otro ex secretario general de la sección 22, Luis Fernando Canseco Girón, llamó a todas las corrientes del movimiento magisterial a hacer a un lado "las pequeñas o grandes diferencias" surgidas de la reciente etapa de lucha y priorizar el combate contra los charros del comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus correligionarios, "sin que esto implique soslayar la principal demanda política de la salida del gobernador" Ruiz Ortiz.
"Debemos cerrar heridas, filas, puertas y todo lo necesario para evitar el retorno del charrismo al seno del magisterio del estado y así desaparecer del territorio oaxaqueño su pretendida sección 59", identificado con la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, señaló.

Tortura e impunidad, graves problemas en México: HRW
DAVID BROOKS CORRESPONSAL
Nueva York, 11 de enero. La tortura y el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y la impunidad oficial están entre los principales problemas de derechos humanos que padece México, reporta Human Rights Watch (HRW).
"La presidencia de Vicente Fox acabó en 2006 con su ambiciosa agenda de derechos humanos que llevó al puesto, permaneciendo en gran medida sin cumplirse", afirma HRW en la sección sobre México de su Informe mundial presentado hoy en Washington y Nueva York.
Señala que entre los problemas de derechos humanos más serios del país están los que afectan a su sistema de justicia penal. La sección aborda los temas de brutalidad policiaca, ofreciendo como ejemplo la represión policiaca de la huelga minera en Lázaro Cárdenas en abril de 2006, con el resultado de dos muertes y decenas de heridos; el caso de Atenco en mayo, donde la policía mató a dos (incluyendo un adolescente) y "arbitrariamente detuvo, golpeó y pateó a manifestantes. La policía también acosó sexualmente a mujeres mientras eran transportadas a una penitenciería".
El informe subraya que "la tortura persiste como un problema amplio en el sistema de justicia penal mexicano", lo cual es a veces nutrido por jueces que aceptan confesiones arrancadas de estas prácticas y, por otro lado, por la impunidad que gozan los que emplean la práctica.
"Más de 40 por ciento de los prisioneros en México nunca han sido condenados por un delito", informa HRW, señalando que están a veces años encarcelados en espera de su juicio.
"El sistema de justicia penal rutinariamente fracasa en ofrecer justicia a las víctimas de delitos violentos y tortura", afirma HRW. Señala sobre todo el caso del asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez en que, después de más de una década, aún continúa sin resolverse.
El informe lamenta los "resultados limitados" y "fracasos significantes" de la oficina del fiscal especial establecido por Fox para investigar abusos del pasado.


ONG investiga los grupos parapoliciacos
Octavio Vélez Ascencio
Oaxaca, Oax., 11 de enero. La Comisión Civil Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos (CCIODH) comenzó a documentar la presencia y operación de grupos parapoliciacos, supuestamente vinculados con el gobierno estatal para asesinar y detener a simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La existencia de estas organizaciones "es uno de los temas centrales de esta misión", informó el español Iñaki García, coordinador de la alianza de organismos.
Indicó que la CCIODH también recopila testimonios sobre el abuso sexual cometido por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra 15 detenidos durante su traslado de Oaxaca al penal de San José del Rincón, Nayarit. "Como estamos todavía en el proceso de investigación, serán presentados más adelante, en aras de la confidencialidad", apuntó.
Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz garantizó la seguridad para cualquier misión y organismos de derechos humanos que deseen constatar el respeto a las garantías individuales en la entidad. "Tendrán plena libertad para trabajar, si hubiese responsabilidad de algunos funcionarios, se procederá en contra de ellos", dijo durante una gira de trabajo por el Istmo de Tehuantepec.
Entrevistado en esta capital, García dio a conocer que tres abogados estadunidenses de la organización Global Exchange se sumaron a la misión de la CCIODH, para investigar específicamente el asesinato del periodista Brad Roland Will, cometido el 27 de octubre pasado, presuntamente a manos de policías del municipio conurbado de Santa Lucía del Camino. "Se están atendiendo todos los casos por igual, pero hay una petición explícita acerca de esto", indicó.
En conferencia de prensa, García dijo que la CCIODH ha recabado, entre simpatizantes de la APPO y de ciudadanos sin militancia alguna, testimonios sobre la operación de los llamados escuadrones de la muerte.
Acotó que los asesinatos perpetrados durante el conflicto político social, que "se atribuyen a grupos civiles armados no identificados ­que aparentemente actuaron en coordinación de policías locales­, son una de las claves que se deben investigar a fondo".
Sin embargo, omitió dar a conocer los casos al momento documentados, porque la CCIODH "no busca efectos mediáticos, sino recabar testimonios concretos, objetivos y verificables acerca de violaciones de garantías individuales (...) No queremos ganar una nota (en los medios); eso le quitaría seriedad a nuestro trabajo".
Mencionó que en esta semana arribó a Oaxaca un grupo de 30 defensores de derechos humanos de países europeos, entre ellos varios juristas pertenecientes al Colegio de Abogados de Barcelona y a la Asociación Europea de Abogados Democráticos, para incorporarse a la misión de la CCIODH, integrada por 16 personas.
García dijo que la CCIODH laborará en la entidad hasta el próximo día 20, para después elaborar un informe que presentará al Parlamento Europeo, y ante organismos internacionales de derechos humanos.
Observadores internacionales:que se investiguen muertes
Desde el 21 de diciembre, activistas pro derechos humanos de Francia, España, Italia y Alemania se desplegaron en territorio oaxaqueño para entrevistarse con todos los sectores involucrados en el conflicto social de la entidad. Han trabajado en dos etapas y la segunda concluirá el 18 de enero.A la segunda etapa de esta misión internacional se ha sumado Global Exchange y concluirá cuando presenten a la sociedad y autoridades mexicanas un informe de su labor, el cual también se llevará al Parlamento Europeo y a los parlamentos de los países de la Unión Europea, según Iñaki García.El activista detalló que la misión analizará cada uno de los homicidios, "todos ocurridos por violencia política", con el fin de determinar si se trata de asesinatos al haberse cometido con dolo. Dijo que Global Exchange analizará el caso Brad Will. Explicó: "Hablamos de homicidios porque son muerte de violencia, pero en caso de que se convirtieran en asesinato por tener dolo, evidentemente sería más grave; creemos que debe haber una solución justa al conflicto con la aplicación justa de la justicia. Nuestra preocupación es estudiar uno por uno; evidentemente el derecho a la vida es el más importante y se debe esclarecer."Hizo notar que la comisión que encabeza ha iniciado reuniones con la procuradora y los secretarios de Gobierno y de Protección Ciudadana de Oaxaca, y que continuarán recabando testimonios de personas afectadas por las medidas policiales del gobierno federal y oaxaqueño, así como con sus familiares y los excarcelados relacionados con la APPO."Hemos señalado que, como el primer tema grave son los homicidios, tenemos contemplados como mínimo 17 casos, aunque el informe preliminar de la CNDH contempla 20; son la mayoría por violencia política, por bala, muertes todavía por aclarar, vemos que se han abierto algunos procesos, pero falta definir."En cuanto a denuncias, traslados, puesta a disposición, detención y puesta en libertad, pues todavía no queremos adelantarnos, pero hay irregularidades y denuncias importantes (de violaciones a los derechos humanos); queremos ser muy rigurosos y fundamentarlas con mucho proceso", indicó. Confió en que los asesinatos y delitos cometidos durante el movimiento oaxaqueño no queden impunes. Estableció:"Notamos mucha desconfianza de que los hechos puedan quedar impunes. Nosotros hemos de confiar en que no queden impunes, no sólo por nuestra presencia, porque sería arrogante de nuestra parte, pero para que la percepción de que el estado de derecho permanece en México, pues sería una condición.
"Ante un conflicto de esta envergadura, que ha polarizado tanto, con tanta violencia, una solución que coinciden todos los actores es la aplicación real de la justicia. Puede estar solucionado el orden público, pero cuando es un conflicto de esta magnitud no es suficiente, debe aplicarse sin más las leyes". Puso énfasis en que la Comisión Civil Internacional no es juez y si hay algún delito provocado por una institución o persona las autoridades deben determinar. "Pero en violaciones a los derechos humanos, que es nuestro trabajo, contemplaremos todas las que podamos documentar, no sería justo ignorarlas o ponerlas al mismo nivel", concluyó.


Requerirán diputadosinforme sobre auditorías.

REYNALDO BRACAMONTES
Los diputados federales de oposición en Oaxaca, solicitarán a la Auditoria Superior de la Federación un informe del avance de la investigación que realiza sobre los 92 mil 786 millones de pesos, utilizados discrecionalmente en los últimos años en el estado de Oaxaca, incluyendo los 72 meses de administración de Murat.
Ello fue adelantado por Othón Cuevas Córdova, Secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la Cámara Baja. Advirtió que si la Federación envía nuevamente a la entidad a la PFP para reprimir al pueblo aglutinado en la APPO, estará cometiendo una torpeza más, porque la sed de justicia y el hambre no se combaten con palizas.
En su momento, Murat inició una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que la Federación pudiera examinar la utilización de los recursos del llamado Ramo 33, el correspondiente al gasto social, controversia que perdió en agosto pasado, precisamente al mismo tiempo en que se agudizó el conflicto en Oaxaca.
Otros fondos son el de Aportaciones para Servicios de Salud (5 mil 876.1 millones de pesos para la administración Murat, y tres mil 95 millones para la de URO). Está el llamado Fondo para Aportaciones para la Infraestructura Social (Murat recibió por ese concepto 10 mil 373.9 millones de pesos, el gobierno de Ruiz cinco mil 327 millones). Está también el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por el cual el gobierno del primero recibió 4 mil 238 millones y el del segundo mil 936 millones, refiere la información.
No dejan de ser significativos los fondos de Aportaciones Múltiples; los de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y los de Aportaciones para Seguridad Pública (sólo en este ramo el gobierno de Murat recibió 761 millones de pesos de apoyo y el de Ruiz 320 millones). Vía el Ramo 33, el gobierno del estado recibió, en 1998, cuatro mil 871 millones de pesos; en 1999, recibió seis mil 781 millones de pesos; en el 2000, la cifra aumentó a ocho mil 489 millones; en el 2001, en el primer año del gobierno de Fox, recibió 10 mil 141 millones; al año siguiente, el 2002, cuando comenzó en forma abierta el enfrentamiento entre el gobierno estatal y el federal, recibió 11 mil 645 millones. En el 2003, año electoral, precisa, la cantidad creció hasta los 12 mil 523.6 millones. En el 2004, año de las elecciones en el estado, el Ramo 33 envió a Oaxaca 13 mil 304.6 millones de pesos. En el primer año de su gobierno, en el 2005, Ulises Ruiz recibió 14 mil 348 millones y este año, marcado por un conflicto de más de cinco meses, el estado recibió 15 mil 554.7 millones de pesos. "Estamos hablando, entonces de más de 97 mil 657.9 millones de pesos, casi nueve mil millones de dólares, que se han gastado sin rendir cuentas a la Federación ni a los contribuyentes", critica el autor. El legislador de oposición, subrayó que nadie podrá meter las manos a favor de Murat, para que se detenga esa investigación.Ilustró que en el Periódico Oficial del gobierno estatal, se publicó la sentencia del máximo órgano de justicia del país, que ordena a la administración estatal permita a la ASF inicie los trabajos relacionados a la fiscalización de las aportaciones federales asignadas a Oaxaca durante el ejercicio fiscal del 2002. La sentencia del tribunal supremo hace mención a los oficios OASF-0970/2003, OASF-1230/2003, OASF-1494/2003 y OASF- 0076/2004, todos ellos dirigidos en su momento José Murat Casab, en su calidad de gobernador de Oaxaca. La SCJN dice asienta que dichas autoridades estatales deberán colaborar y actuar de manera coordinada con el personalde dicha Auditoria, permitiéndole que lleve a cabo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos de tales aportaciones, conforme a las normas de auditoria gubernamental generalmente aceptadas y los principios de contabilidad aplicables al sector público, durante todo el tiempo que la misma requiere". El legislador Cuevas Córdova, declaró que con esa resolución del ocho de agosto de este año, Murat pierde impunidad y deja de ser "intocable". E hizo notar que José Murat impidió que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), revisara los fondos del Ramo 33 de los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2002 del luego de que la investigación interna de la Sedesol confirmó un monto no soportado superior a los 30 mil millones de pesos. Por esa resistencia a la transparencia, Oaxaca ocupa el vergonzoso último lugar en rendición de cuentas.