APPO, ASAMBLEA

En primer cónclave estatal analiza concurrir a comicios oaxaqueños de este año
Debate la APPO relanzar el diálogo con el gobierno
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 11 de febrero. La primera asamblea estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) analiza impulsar la instalación de una mesa de diálogo pública y abierta con el gobierno federal, con la participación de personalidades nacionales e internacionales, a fin de "poner en la agenda nacional el tema de la solución estructural del conflicto político social en la entidad".
Con la mesa también se pretende "evidenciar ante la opinión pública nacional e internacional la cerrazón de la administración federal, en caso de que hubiera una eventual negativa para su resolución".
Uno de los portavoces del movimiento magisterial y popular, Cástulo López Pacheco, explicó, al momento de enviar esta nota, que la iniciativa, "surgida desde la propia APPO", aún no se había logrado un acuerdo al respecto.
Para la mesa de diálogo pública y abierta se plantean cinco ejes de discusión, entre ellos el encarcelamiento del gobernador Ulises Ruiz Ortiz "por genocida", libertad inmediata a los "presos políticos y de conciencia", presentación con vida de los desaparecidos, indemnización a los familiares de los miembros y simpatizantes de la APPO asesinados durante el movimiento y cancelación de las órdenes de aprehensión.
Además, se sugiere la creación de una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución para Oaxaca, así como programas de desarrollo económico, social y para los pueblos indígenas.
En la plenaria se analiza la forma de participación en los comicios locales de este año ­que renovarán al Congreso de Oaxaca y a los 152 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos­, porque "la necesidad de que la APPO tome bajo su control la Cámara de Diputados (estatal) es tema de discusión que empieza a extenderse por colonias y comunidades".
Por otra parte, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, afirmó que si bien algunas acciones y señales propician la restauración gradual de la vida social en Oaxaca, "el conflicto no se ha solucionado en sus causas", de tal manera que "aunado al rezago de décadas, existe "una paz sumamente vulnerable". Se han atendido, anotó, "algunos efectos pero no sus causas".
En conferencia de prensa, que ofreció tras oficiar en la catedral, el jerarca dijo que en Oaxaca "no hay borrón y cuenta nueva", pues "hay cuentas y tareas pendientes para el gobierno, para el magisterio y organizaciones civiles, para la sociedad entera y la familia".
Esto exige, destacó, "una profunda reflexión y acción conjunta para afrontar las causas que han provocado tanto desorden, violencia y desesperación".
Expuso que sea cual fuere la posición ante el reciente conflicto, "de ninguna manera podemos claudicar de la responsabilidad de enderezar el rumbo y reconstruir las leyes e instituciones que han mostrado su incapacidad de garantizar la justicia social, el desarrollo integral, una educación de calidad y una vida más humana".
De aquí, insistió, "la necesidad inaplazable de una reforma a fondo del Estado".
Y subrayó que "si no queremos continuar hundiéndonos en la pobreza, en la injusticia, en la corrupción, en la violencia y en el libertinaje, es urgente un decidido cambio en la manera de pensar y de actuar; un cambio de mentalidad que nos lleve a asumir los principios y valores fundamentales que son cimiento de toda sociedad; una acción conjunta que nos lleve a promover leyes y estructuras sociales en donde sea realmente posible una vida más justa y humana, donde experimentemos todos lo que es vivir en paz".
"Cuando buen número de ciudadanos no está jugando limpio en la cancha de la sociedad, en el campo del trabajo, de la economía, de la educación y de la política; cuando los árbitros no realizan bien su función y se corrompen, entonces el malestar y la violencia se expande más allá de la cancha y de los jugadores; por eso, no pocos se ponen la camiseta de la intolerancia, del radicalismo y de la agresión ante quienes se atreven a contradecir o a estar en el otro equipo", asentó.
El prelado consideró asimismo que "la reconciliación no es una táctica para bajar los brazos y mantener el orden injusto, ni mucho menos para acallar conciencias", sino un llamado "a la conversión y a emprender con decisión el camino de una vida auténtica".




Las appuestas
Gustavo Esteva
En la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y en todo Oaxaca se debate hoy intensamente la forma de participar en el proceso que renovará el Congreso local en agosto y las autoridades municipales en octubre.
Existe consenso sobre el voto de castigo al PRI y al PAN, por su insensato apoyo a Ulises Ruiz y por otras tropelías. Se recuerda bien la victoria del 2 de julio, cuando fue posible frustrar con él la manipulación electoral más obscena y agresiva de que se tiene memoria. Pero el consenso no da para más.
Los atropellos sufridos durante las jornadas electorales de 2004 y 2006 dejaron huellas profundas en Oaxaca, confirmando el arraigado prejuicio contra procesos siempre sometidos al control mafioso del PRI y los caciques locales. En las elecciones recientes se agregó la violencia directa al repertorio acostumbrado de prácticas viciadas. Persiste, por ejemplo, el agravio de Huautla: se pasea por las calles y es actualmente precandidato el dirigente priísta que mató a palos a un maestro disidente, como se registra en un video que todo mundo vio.
El TEPJF reconoció las irregularidades, pero decidió no intervenir y así convalidó el fraude que instaló en la gubernatura a Ulises Ruiz. La frustración de cuantos vencieron sus prejuicios para participar en una elección en que por primera y única vez se unió toda la oposición para romper el monopolio del PRI llevó al abstencionismo masivo unos meses después. En la ciudad de Oaxaca, por ejemplo, bastó 11 por ciento de los electores para que el PRI recuperara el municipio.
Las porquerías llegaron a extremos nunca vistos en 2006. Hasta la Secretaría de Gobernación, que sigue negándose a ver cuanto ocurre en Oaxaca, reconoce que el marco electoral e institucional del estado es enteramente inadecuado. Pero las próximas elecciones se realizarán dentro de ese contexto. No hay tiempo para modificarlo.
Este panorama se combina con la tradicional autonomía política de los pueblos indios de Oaxaca para forjar una extensa resistencia a la participación electoral. Como señaló Francisco Toledo, el lema argentino ¡Que se vayan todos! es enteramente pertinente para Oaxaca. Es urgente hacer a un lado a toda la clase política del estado y reconstruirlo desde la base social.
Es tema general de preocupación la defensa de comunidades y barrios. Las campañas electorales podrían ser más devastadoras que la PFP. ¿Cómo protegerse de las presiones, manipulaciones e intimidaciones que ya se han desatado? ¿Cómo reaccionar ante la violencia caciquil, que intenta recuperar el territorio que perdió con el movimiento?
La estrategia actual implica usar la trinchera electoral como un dispositivo de lucha contra el régimen dominante, por medio del voto de castigo, sin hacerse ilusiones sobre su significado. Apostar al juego electoral sería estéril e implicaría distraer empeños de otras tareas urgentes, como la de articular la fuerza política capaz de someter a control a los poderes constituidos, para evitar la guerra civil que se ha estado preparando y para desafiar el actual estilo de gobernar, por la fuerza y con el mercado, que define cada vez más una nueva forma del apocalipsis.
Esta postura se ha estado manifestando en las asambleas regionales de la APPO y en reuniones de muchas organizaciones. Sin embargo, un grupo destacado de activistas y cuadros políticos intenta convencer a todos de la apuesta electoral. Consideran que debe aprovecharse la fuerza del movimiento para impulsar candidatos ciudadanos. Piensan que es posible ganar la batalla por el Congreso y que desde ahí sería posible impulsar la agenda de transformación.
Las dos posiciones se expresaron en la asamblea estatal de la APPO que tuvo lugar este fin de semana. Termino estas notas cuando aún no ha concluido, por lo que desconozco sus decisiones. Cualesquiera que sean, podrán causar desconcierto o confusión, por la falta de consenso, pero no división. No habrá confrontaciones intestinas, como las que se estilan en los partidos. Diversos grupos que participan en la APPO seguirán en estos meses caminos paralelos, aunque se juntarán de vez en cuando. Nada podrá impedir que algunos entreguen toda su energía a la apuesta electoral y que la pierdan, sea por no conseguir el registro (si el PRD local guarda para sí todas las posiciones, con la convicción equivocada de que cosechará lo que no ha sembrado), o bien por perder la elección e incluso por ganarla.
La mayoría de la gente, mientras tanto, sin despreciar o combatir esos empeños desafortunados, seguirá tomando iniciativas de transformación de largo alcance. Acudirán a la cita, para hacer sentir sus votos contra Ulises Ruiz, pero no se perderán en el humo electoral.


Crecen en México, ayuntamientos populares y territorios autónomos
México, 11 feb (PL) Con la creación hoy de un ayuntamiento popular en el municipio de Santa Cruz Amilpa, aumenta en Oaxaca esa forma de gobierno y los territorios autónomos, en rechazo a la administración del ejecutivo local, Ulises Ruiz.
Cástulo López, integrante de la dirección de Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), afirmó que todas las iniciativas de las comunidades de asumir por su cuenta la tutela de los ciudadanos son respaldadas por el movimiento político y social.
Ante esa situación el gobierno estatal estableció una mesa de diálogo para resolver los problemas de los 14 municipios donde la APPO creó ayuntamientos populares y territorios autónomos, en los cuales se decidió disolver los poderes constitucionales.
Entretanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra demandó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHDH) que emita a la mayor brevedad la recomendación en torno a las graves violaciones de cientos de oaxaqueños derivadas del conflicto.
Al respecto precisó que no pueden quedar impune los 20 asesinatos y cientos de encarcelados ilegalmente, así como los lesionados y desaparecidos.
Ibarra reclamó que la Cámara de Senadores haga la recomendación a esa comisión que determine la responsabilidad de las autoridades locales y federales en las graves violaciones a las garantías individuales que sufrieron los oaxaqueños en los últimos ocho meses.
La CNDH tiene un registro de 20 fallecidos, de los cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con las protestas de los maestros y la APPO contra el gobernador Ruíz, a quien se le exige la renuncia.
Hay testimonios -insistió la legisladora- de agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por sujetos no identificados, a los que se identificaron como miembros de la policía local.
Además señaló el uso reiterado de la fuerza pública para reprimir al movimiento social y restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad.