A LA MEGA MARCHA.

APPO: Ulises Ruiz busca introducir pistoleros en la marcha de mañana.
Teme que la movilización de este sábado sea reprimida luego de provocaciones
Al menos 4 mil policías estatales vigilarán el centro histórico de la capital oaxaqueña
Doce detenidos consiguen amparo contra cargos de sedición y asociación delictuosa
OCTAVIO VELEZ , ADN SURESTE , NOTIMEX CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 1º de febrero. Un juez federal otorgó un amparo mediante el cual 12 presuntos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) quedaron protegidos de los cargos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación.
Los acusados fueron detenidos el pasado 2 de noviembre durante un enfrentamiento con policías federales que pretendieron desmantelar la barricada que se encontraba en el crucero de Cinco Señores, cerca de Ciudad Universitaria. Ocho días después se les dictó auto de formal prisión, pero tras permanecer un mes en el penal de San Juan Bautista Cuicatlán fueron liberados bajo caución.
Isaac Torres Carmona, abogado del Comité de Liberación 25 de Noviembre, quien interpuso el recurso jurídico, informó que con el amparo ya no tendrán que presentarse a firmar cada semana.
El amparo beneficia a Javier Moreno Colmenares, Sergio Rojas Juárez, Francisco Aragón Morales, Trinidad López Calvo, Javier Alarcón y Bulmaro Martínez Hernández. Asimismo, a Arturo Alvarez Pérez, Fermín García Silva, Inti Martínez, Crisóstomo Aparicio García, Samuel Cruz Ortiz y Juan José Flores Hernández.
Hoy la asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a sus casi 70 mil afiliados a reincorporarse a las movilizaciones convocadas por la APPO, en particular a la marcha del próximo sábado.
Florentino López Martínez, vocero de la APPO, alertó que ante esa determinación el gobierno estatal pretende introducir porros y pistoleros para generar violencia en la protesta y justificar la represión. "Tenemos información de muy buena fuente de que el tirano (el gobernador Ulises Ruiz) pretende meter a provocadores", advirtió.
El secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, informó que al menos 4 mil policías estatales resguardarán el Zócalo y sus bocacalles ante la novena marcha de la APPO. Dijo que el objetivo será disuasivo, no de represión ni de provocación.
Se configura un "estado de excepción", alertan activistas
EMIR OLIVARES ALONSO
El gobierno de México se muestra hoy frente al mundo como un grave violador de los derechos humanos, ya que el Estado vulnera cada vez más estas garantías y son frecuentes la tortura, las desapariciones forzadas, las declaraciones fabricadas y las detenciones arbitrarias, así como los atentados contra la vida.
Ante ello, "es innegable que Oaxaca ejemplifica con claridad la impunidad fáctica y jurídica con la que actúan las fuerzas del orden en el país, justificando sus actos con la bandera del estado de derecho y amparándose en un sistema judicial cómplice, que se ha usado como arma de represión, persecución política e intimidación", se plantea en las memorias del primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
En el foro, realizado hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, al cual asistieron 432 personas, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y observadores internacionales, se concluyó que la "represión sistemática" en Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca configura "un estado de excepción contrario al estado democrático, lo cual atenta cada vez más contra la libertad de los ciudadanos, dejando una gran deuda en el sentido de la justicia".
Otra de las conclusiones es que el gobierno mexicano criminaliza la lucha social con la creación de leyes que van contra garantías individuales como las libertades de expresión, asociación y pensamiento; además de que la militarización que ha emprendido el presidente Felipe Calderón "es una mala señal para el futuro del país, que tiene ya un antecedente en la historia latinoamericana, como es el caso de Uruguay, donde después de asumir el poder de manera fraudulenta se dio lugar a la militarización de amplios sectores públicos y luego ocurrió una cruenta represión".
En las memorias se plantea que la impunidad es el principal problema que enfrenta la defensa de los derechos humanos en México, debido a que en el país no se castiga a quienes vulneran esas garantías. Por el contrario, se añade, se premia a quienes atentan contra ellas, "como el caso del ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña, responsable de tortura y represión de altermundistas, al igual que Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República), responsable de los operativos de contrainsurgencia en Atenco y Oaxaca. Ambos personajes hoy están en cargos claves de seguridad nacional".
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de México manifestaron que uno de los compromisos de este foro es difundir ante instancias nacionales e internacionales los más de 40 testimonios de personas detenidas a raíz del conflicto de Oaxaca, en los que se denuncian violaciones a las garantías individuales por policías y autoridades penitenciarias.
Informaron que trabajarán por la liberación de los "presos políticos" y por denunciar ante el mundo que "en México se persigue a los luchadores sociales y se castiga el derecho a disentir" mediante la fabricación de cargos inexistentes y tratos degradantes contra los luchadores sociales.

Oaxaca: Exige la Sección 22 al gobierno federal cumplir con acuerdos del 28 de octubrepedro matías
Oaxaca, Oax., 1 de febrero (apro).- La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dio 17 días de plazo al gobierno federal para que entregue las 275 escuelas que aún están en poder del “charrismo sindical”, anunció el vocero magisterial Daniel Rosas Romero. Así mismo, demandó garantías de seguridad para los maestros y la liberación del profesor Catarino Torres Pereda, de lo contrario, advirtió que el magisterio analizará la posibilidad de reanudar las movilizaciones.Rosas Romero agregó que la Sección 22 también emplazó al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para que emita la convocatoria para el relevo seccional y cancelar la autorización “espuria” del Concejo Central de Lucha.El vocero de la Sección 22 dio a conocer que los maestros participarán en la novena “mega-marcha” que convocó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en contra del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.Denunciarán el incumplimiento del gobierno federal de los acuerdos firmados el 28 de octubre del año pasado, y pronunciarse contra el “charrismo sindical” y exigir la libertad de los “presos políticos”.Durante la asamblea estatal del magisterio, los maestros ratificaron que “la salida de Ulises Ruiz Ortiz no es negociable ni renunciable”; determinaron que con el recurso existente se reponga todo el daño ocasionado a la Sección 22 en el fallido desalojo del 14 de junio; y demandaron la indemnización de cinco millones de pesos para los familiares de los muertos en la lucha magisterial.Dentro de los 12 acuerdos aprobados por la asamblea estatal que se realizó en Huajuapan de León, en la región mixteca, avalaron reforzar el plantón nacional en la Ciudad de México frente al Senado de la República con dos maestros por delegación y uno por cada centro de trabajo.Finalmente, convinieron realizar el sábado 17 de febrero su próxima asamblea en la capital del estado para definir el plan de acción en caso de que el gobierno federal no cumpla con los acuerdos convenidos con la Secretaría de Gobernación el 28 de octubre del 2006.Por lo que se refiere a los conflictos en las escuelas, el magisterio de la Sección 22 responsabilizó a las autoridades priistas del estado y a sus “incondicionales” de las agresiones físicas y psicológicas que puedan sufrir los maestros al estar defendiendo sus centros de trabajo.

Gobernar con policías no es gobernabilidad: PRD
MARIO ALBERTO GARCÍA AGUILAR/CORRESPONSAL
Para el presidente del Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Raymundo Carmona Laredo, sostener un gobierno con policías no es gobernabilidad.
El líder pochutleco dijo ante padres de familia y maestros, en una reunión llevada a cabo en la Crucecita Huatulco, "que el gobierno busca sacar a los maestros de la Sección 22".
Carmona Laredo charló con padres de familia y maestros de escuelas en conflicto de este lugar y se refirió a que "en Huatulco el gobierno esta tratando de sacar a los maestros de la Sección 22, para meter a los del Consejo Central de Lucha (CCL), por eso el Presidente de Huatulco, José Humberto Cruz Ramos, ataca a los maestros de la Sección 22".
Tras manifestar que el titular del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), tiene la obligación de nombrar comisiones que atiendan con responsabilidad el problema, Carmona Laredo agregó que "estamos solicitándole a Abel Trejo Alvarado, que resolvamos bajo el mismo esquema, que se resolvió el problema en las escuelas de Benito Juárez, en Pochutla".
En cuanto a la situación de la liberación de maestros y miembros del APPO, Carmona Laredo dijo que "resulta incongruente que se le tenga que aplaudir al gobierno de Ulises Ruiz, la liberación de presos que él mismo metió a la cárcel sin un procedimiento correcto; es decir de manera arbitraria, y luego pague las fianzas diciendo que es dinero del gobierno o como si fuera de él, lo cierto es que el dinero es del pueblo y son recursos nuestros que deberían aplicarse en obras, y no en cuestiones de tipo penal, creadas en contra del mismo pueblo por ellos".
Por último, el líder del Consejo Político Estatal del PRD manifestó que "sostener un gobierno con policías, no es gobernabilidad, Ulises Ruiz se levanta todos los días con un arma a su lado para seguir gobernando", finalizo.

Hay 350 enjuiciados de la APPO

PEDRO MATIAS
Desde la incursión de las fuerzas federales al estado de Oaxaca para contener el movimiento popular fueron detenidas unas 350 personas, de las cuales, a 250 se les dicto auto de formal prisión y 64 siguen privadas de su libertad en los CERESOS de Etla, Tlacolula, Miahuatlán, Cuicatlán, Cosolopa, Ixcotel así como en los CEFERESOS de Matamoros (Tamaulipas) y del Altiplano (Toluca, Estado de México).Así lo dio a conocer el Comité de Liberación del 25 de Noviembre, fecha en que "el pueblo de Oaxaca fue víctima del aparato de estado que se volcó para criminalizar la protesta social, a través de un operativo a cargo de la PFP, la AFI y la Policía Ministerial del Estado".El equipo jurídico del Comité de Liberación 25 de Noviembre que se conformó a iniciativa del pintor Francisco Toledo, destacó que a la fecha han aportado 128 mil 748 pesos para el depósito de fianzas.Durante el primer informe jurídico y derechos humanos que rindieron sobre el caso del movimiento popular, concluyeron que en el estado de Oaxaca constatamos la existencia de graves violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos y las detenciones del 25 de noviembre así lo evidencian, más aún, hacen evidente la criminalización de la protesta social.De igual forma, afirmaron que las autoridades de Procuración y Administración de Justicia carecen de autonomía, independencia institucional e individual y por lo tanto sus actuaciones son parciales, es decir, hicieron uso indiscriminado de sus facultades lo que da como resultado que los procesados no tengan un juicio justo y apegado a derecho.Además, los abogados Jesús Manuel Grijalva, Eduardo Matías Aquino, Eduardo Castillo González, Armando Figueroa Colmenares, Gilberto Hernández Santiago, Jesús Alfredo López García, Mayén Arellanes Cano, Isaac Torres Carmona, Alba Gabriela Cruz Ramos, Flor Gutiérrez y Hugo Aguilar, constataron que las autoridades judiciales y ministeriales carecen de un conocimiento de las normas y jurisprudencias internacionales en materia de derechos humanos.Y la falta de aplicación de los mismos deja en grave desprotección a las personas detenidas, especialmente los menores de edad, añadieron.Lo más lamentable, abundaron, es que las instituciones públicas de derechos humanos no hayan podido garantizar la protección y respeto de los derechos y libertades fundamentales de los oaxaqueños por carecer de una independencia real para conocer de los casos, como es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.También verificaron que el Estado no ha garantizado el derecho a las personas, organizaciones o grupos que defienden derechos humanos, por el contrario, ha desatado campañas de desprestigio y hostigamiento utilizando todos los medios a su alcance.Respecto al pago de las fianzas precisaron que los depósitos impuestos en los expedientes relacionadas a las detenciones del 25 de noviembre resultan económicamente impagables, desproporcionadas de la realidad de los delitos imputables, puesto que el monto de las mismas asciende a la cantidad de $279,810.00 por cada uno de los procesados.El comité hizo hincapié en que las detenciones del 25 de noviembre se dieron de manera arbitraria e ilegal pero además fueron sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incomunicación, negación del derecho a la defensa, internamiento en el CEFERESO número 4 "El Rincón" Nayarit por una absurda afirmación de que eran delincuentes de alta peligrosidad.Aclararon que las detenciones masivas no solo se limitaron al día veinticinco de noviembre sino que realizaron cateos y detenciones dentro o fuera de las casas, como los levantones en las calles.Solo bastaba parecer maestro o estudiante, vestir de una manera muy informal, llevar una mochila al hombro o caminar en grupo de más de tres para ser levantados por la Policía Federal Preventiva, Policía preventiva del Estado, Policía Ministerial del Estado o personas vestidas de civil fuertemente armadas; de donde se desprendieron las detenciones ilegales y el cúmulo de violaciones a los derechos fundamentales.Los miembros del Comité de Liberación 25 de noviembre afirmaron que el Estado de Derecho no estriba en una mera declaración discursiva, es un acto permanente de sometimiento a la ley y que consiste en un compromiso de los gobiernos de brindar condiciones que garanticen el cumplimiento del Estado de Derecho a toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo.Sin embargo, constataron que en la actualidad existe un deterioro grave del estado de derecho y nos encontramos en un pleno proceso de retroceso en materia de administración de justicia."Oaxaca es un caso claro en donde el estado de derecho y la protección de los derechos humanos no funciona a cabalidad", puntualizaron.Además en el estado de Oaxaca aumenta de manera proporcional la exclusión social, económica y política de los miembros de la sociedad, es decir, la entidad atraviesa no solamente por una crisis coyuntural sino por una crisis política y en la administración de justicia, cuyos efectos se manifiestan en la violación de derechos y libertades ciudadanas, violentando la legalidad constitucional; puesto que se encuentran suspendidas las garantías individuales, como son:"El derecho a la libertad de expresión, al de petición, al libre pensamiento, asociación, reunión, participación política, libre circulación y manifestación, dejó de estar vigente el derecho a una justicia imparcial y expedita; no hay respeto a la integridad física, ni a la salud; y la división de poderes es inexistente en Oaxaca".En síntesis, "nos encontramos en un estado de excepción de facto, donde las garantías individuales están suspendidas debido a la ingobernabilidad existente en el estado y al vació de poder que prevalece en la entidad respecto del poder ejecutivo, legislativo y judicial", remataron.