EL INFORME DE LA CNDH

Presenta ante el Congreso informe del caso Oaxaca
La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores
En 15 días se girarán las recomendaciones: Soberanes
VICTOR BALLINAS


Las titulares de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y Diputados, Rosario Ibarra y Omeheira López, respectivamente, con el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, en la presentación de informe sobre el caso Oaxaca Foto: Carlos Cisneros
Diputados del PRD y Convergencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, consideraron que el informe sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, que ayer presentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la Cámara de Diputados, es una "crónica ya conocida" y revela que esa institución avala la "impunidad" del gobernador Ulises Ruiz.
Ante diputados y senadores de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el ombudsman nacional leyó un resumen del documento (de 181 páginas), en el que hizo un breve recuento del conflicto magisterial y social, que arrojó un saldo de 20 personas fallecidas, 366 detenidas -de las cuales permanecen recluidas 56- y 381 lesionados.
En los hechos de violencia suscitados en esa entidad quedaron acreditados "los excesos de algunas personas, más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley, pero también funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al aprehender a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación; también en su traslado ante la autoridad competente hubo agravios a sus derechos fundamentales".
La CNDH constató que las autoridades federal, estatal y municipal incurrieron en violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la vida. Además, hubo detenciones arbitrarias e ilegales; tortura por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía ministerial, y violación a la seguridad jurídica de la población por el cierre de oficinas de la procuraduría estatal, lo que generó dilación de la justicia.
También hubo incomunicación de los detenidos y una persona falleció por lesiones causadas por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la PFP.
"Los seis meses de conflicto evidenciaron la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para darle solución, lo que produjo vacíos de poder, ocupados por grupos sociales y recuperados (luego) por la autoridad con el uso de la fuerza pública", aseveró el titular de la CNDH.
Además, refirió que durante el conflicto, defensores civiles de derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para impedir y limitar su labor. "Hubo violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y de información".
Responsabilidad de la PFP
En el informe, que entregó por escrito a las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, Omeheira López y Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, la CNDH sostiene que la PFP generó la muerte de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció luego de que un proyectil de gas lacrimógeno se impactara en su pecho, lo que la ONU equipara a una "ejecución arbitraria".
De igual forma, asevera que elementos de la PFP y la policía ministerial torturaron a detenidos y detuvieron indiscriminadamente a centenares de personas ajenas al conflicto.
También subraya que las dos corporaciones "hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual es injustificable, tanto en el primer desalojo del plantón magisterial como en las detenciones de meses posteriores y la recuperación del centro de Oaxaca".
El informe da cuenta de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado entorpecieron la labor de la CNDH al "impedir el acceso a la consulta de las actuaciones y retrasar la entrega de la información solicitada sobre el homicidio del periodista Bradley Roland Will. Cuando se entregaron los datos, se hizo de manera incompleta".
En el caso de los traslados de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, antes La Palma, la PFP y la policía ministerial violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque fueron detenidos con órdenes de aprehensión dictadas por un juez del orden común, y "sin la debida fundamentación y motivación jurídica" se les recluyó en un penal federal. Soberanes Fernández anunció que en 15 días emitirá la recomendación correspondiente.
"Nada nuevo en el informe"
Al término del acto, el ombudsman nacional salió a toda prisa del salón en el que se presentó el informe, debido a que unos manifestantes entraron al lugar con una gran manta en la que exigían libertad a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior, diputados de PRD y Convergencia, y Rosario Ibarra de Piedra, expresaron sus opiniones sobre el informe. "Todo lo que escuchamos hoy no nos sorprende; hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Escuchamos un informe muy laxo, una crónica ya conocida. No hubo una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz".
La CNDH "sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y lo sabe la CNDH. Nos quedamos esperando las recomendaciones. Ojalá demande la liberación de todos los detenidos, es lo menos (que puede hacer). Nos decepcionó el informe. La CNDH protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad".
Los legisladores dieron a conocer que el miércoles por la noche "fueron informados que no iba a haber sesión de preguntas y respuestas. Además, fue suspendido un viaje previsto desde ayer a Oaxaca para investigar la situación. El PAN y el PRI se pusieron de acuerdo, y el diputado Emilio Gamboa dijo que no había dinero para el viaje".
Presenta ante el Congreso informe del caso Oaxaca
La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores
En 15 días se girarán las recomendaciones: Soberanes
VICTOR BALLINAS


Las titulares de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y Diputados, Rosario Ibarra y Omeheira López, respectivamente, con el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, en la presentación de informe sobre el caso Oaxaca Foto: Carlos Cisneros
Diputados del PRD y Convergencia, así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, consideraron que el informe sobre los hechos ocurridos en Oaxaca, que ayer presentó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, en la Cámara de Diputados, es una "crónica ya conocida" y revela que esa institución avala la "impunidad" del gobernador Ulises Ruiz.
Ante diputados y senadores de las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, el ombudsman nacional leyó un resumen del documento (de 181 páginas), en el que hizo un breve recuento del conflicto magisterial y social, que arrojó un saldo de 20 personas fallecidas, 366 detenidas -de las cuales permanecen recluidas 56- y 381 lesionados.
En los hechos de violencia suscitados en esa entidad quedaron acreditados "los excesos de algunas personas, más allá de su derecho de manifestación y faltas a su deber ciudadano de obedecer la ley, pero también funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública al aprehender a varios de éstos y a personas ajenas a la manifestación; también en su traslado ante la autoridad competente hubo agravios a sus derechos fundamentales".
La CNDH constató que las autoridades federal, estatal y municipal incurrieron en violaciones a los derechos de libertad, integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la vida. Además, hubo detenciones arbitrarias e ilegales; tortura por parte de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía ministerial, y violación a la seguridad jurídica de la población por el cierre de oficinas de la procuraduría estatal, lo que generó dilación de la justicia.
También hubo incomunicación de los detenidos y una persona falleció por lesiones causadas por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la PFP.
"Los seis meses de conflicto evidenciaron la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para darle solución, lo que produjo vacíos de poder, ocupados por grupos sociales y recuperados (luego) por la autoridad con el uso de la fuerza pública", aseveró el titular de la CNDH.
Además, refirió que durante el conflicto, defensores civiles de derechos humanos fueron amenazados, perseguidos, agredidos, intimidados y difamados para impedir y limitar su labor. "Hubo violaciones a la libertad de reunión, a la libertad de expresión y de información".
Responsabilidad de la PFP
En el informe, que entregó por escrito a las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y Senadores, Omeheira López y Rosario Ibarra de Piedra, respectivamente, la CNDH sostiene que la PFP generó la muerte de Alberto Jorge López Bernal, quien falleció luego de que un proyectil de gas lacrimógeno se impactara en su pecho, lo que la ONU equipara a una "ejecución arbitraria".
De igual forma, asevera que elementos de la PFP y la policía ministerial torturaron a detenidos y detuvieron indiscriminadamente a centenares de personas ajenas al conflicto.
También subraya que las dos corporaciones "hicieron uso excesivo de la fuerza, lo cual es injustificable, tanto en el primer desalojo del plantón magisterial como en las detenciones de meses posteriores y la recuperación del centro de Oaxaca".
El informe da cuenta de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado entorpecieron la labor de la CNDH al "impedir el acceso a la consulta de las actuaciones y retrasar la entrega de la información solicitada sobre el homicidio del periodista Bradley Roland Will. Cuando se entregaron los datos, se hizo de manera incompleta".
En el caso de los traslados de los hermanos Flavio y Horacio Sosa Villavicencio al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, antes La Palma, la PFP y la policía ministerial violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque fueron detenidos con órdenes de aprehensión dictadas por un juez del orden común, y "sin la debida fundamentación y motivación jurídica" se les recluyó en un penal federal. Soberanes Fernández anunció que en 15 días emitirá la recomendación correspondiente.
"Nada nuevo en el informe"
Al término del acto, el ombudsman nacional salió a toda prisa del salón en el que se presentó el informe, debido a que unos manifestantes entraron al lugar con una gran manta en la que exigían libertad a los presos políticos.
En una conferencia de prensa posterior, diputados de PRD y Convergencia, y Rosario Ibarra de Piedra, expresaron sus opiniones sobre el informe. "Todo lo que escuchamos hoy no nos sorprende; hay toda una visión de cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca. Escuchamos un informe muy laxo, una crónica ya conocida. No hubo una sola alusión a la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz".
La CNDH "sabe muy bien quién es el brazo armado en esta represión. Tiene nombre y lo sabe la CNDH. Nos quedamos esperando las recomendaciones. Ojalá demande la liberación de todos los detenidos, es lo menos (que puede hacer). Nos decepcionó el informe. La CNDH protege a Ulises, no hubo ninguna mención sobre su responsabilidad".
Los legisladores dieron a conocer que el miércoles por la noche "fueron informados que no iba a haber sesión de preguntas y respuestas. Además, fue suspendido un viaje previsto desde ayer a Oaxaca para investigar la situación. El PAN y el PRI se pusieron de acuerdo, y el diputado Emilio Gamboa dijo que no había dinero para el viaje".

Los infomerciales

México, D.F., 14 de marzo (apro).- Los políticos mexicanos han encontrado una nueva forma de promoverse o justificarse: los infomerciales, que no son otra cosa más que un disfraz o una artimaña política mediante la que se compran espacios en los medios a precios millonarios para intentar inducir a la opinión pública.

El origen de este recurso propagandístico no se tiene muy claro, pero a últimas fechas se viene utilizando en diferentes modalidades, lo mismo por candidatos que por gobernadores o políticos en general que tienen problemas o que requieren de impulsar su popularidad.

Inicialmente los infomerciales eran notas o reportajes que los políticos pagaban ex profeso para ensalzar su imagen o su gestión. Estos podían incluso ir firmados por algún reportero, pero en realidad era información sobre pedido que se facturaba como publicidad. Hoy hay nuevas variaciones de este recurso y varios políticos los han utilizado con éxito.

Felipe Calderón es uno de estos últimos casos. Al final de la campaña presidencial del 2006 usó esta modalidad propagandística en su campaña al meterse como tema de referencia en la telenovela “Lety la Fea” y, al mismo tiempo, promocionarse en programas de diversión para jóvenes o para mujeres.

El entonces candidato presidencial del PAN, por consejo de sus asesores extranjeros, compró un espacio en el guión de esa telenovela, y su nombre salió a relucir en algunos de los diálogos de los personajes bajo cualquier pretexto. Esta es quizá la primera vez que se utiliza este novedoso recurso por un candidato presidencial.

Pero “Lety la Fea” resultó ser atractiva no sólo para Calderón.

El 25 de febrero, Televisa decidió lanzar una jugada para recuperarse de haber perdido la transmisión de la entrega de los Oscar, y difundió en vivo el final de la telenovela desde Monterrey. El gobernador priista Natividad González Parás y su esposa Cristina ya habían aparecido en dicha telenovela varias ocasiones, pues el mandatario había cubierto los costos de producción durante el último mes con la finalidad de promover su imagen y la del estado.

Sin embargo, ese domingo “Lety” rompió el record de rating para las telenovelas con 44 puntos, y en las tres horas que duró el final tanto el gobernador como su esposa aparecieron varias veces en pantalla. ¿Cuál fue el costo para Natividad? Hasta el momento no se sabe, pero el éxito del final de la “La fea más bella” seguramente le redituó al gobernador de este estado, que vive una de sus peores crisis en seguridad pública por el serio incremento del narcotráfico.

Calderón y Natividad no son los únicos que han utilizado este recurso político comercial que a los medios les viene dejando millonarias ganancias. Otro caso es el del gobernador de Oaxaca, el priista Ulises Ruiz, quien desde el año pasado atraviesa una severa crisis de legitimidad.

Desde que maestros, colonos y pueblos indígenas iniciaron el movimiento popular que dio lugar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Ulises Ruiz ha comprado espacios en los periódicos para dar su versión. No es extraño ver cómo en diarios como La Jornada, en la misma página donde se publica una nota crítica de su gobierno, también se lea un artículo sin crédito ensalzando su figura.

El gobernador priista, sin poder ver la luz salvadora, decidió lanzar una campaña de promoción de su estado en Televisa, y para ello cubrió los costos de la producción del programa matutino “Hoy” durante toda una semana de febrero pasado.

No se sabe cuánto cobró Televisa por este servicio, pero fue evidente que el gobernador Ulises Ruiz lo usó con fines políticos para difundir la idea de que el conflicto social ya terminó y que “Oaxaca vive hoy” sus mejores días de paz y tranquilidad.

En el colmo del descaro, la productora ejecutiva del programa “Hoy” de Televisa, Carmen Armendáriz Pardo, publicó una carta el 28 de febrero para agradecer las atenciones al gobierno oaxaqueño. La misma que fue retomada por el articulista Miguel Ángel Granados Chapa para criticar las intenciones políticas de Ulises Ruiz de dar por terminado un problema social que aún persiste en Oaxaca.

Existen más ejemplos, pero quizá otro que es digno mencionar es el del gobernador del Estado de México, el también priista Enrique Peña Nieto, quien incluso ha firmado contratos de promoción con Televisa con fines claros de posicionarse en un buen lugar en la carrera rumbo a la campaña presidencial del 2012.

Los infomerciales, en tanto recurso propagandístico de la clase política mexicana, no están siendo regulados por la ley, y por ello seguirán siendo utilizados por candidatos, gobernadores e incluso por funcionarios públicos, tanto en campañas electorales como en tiempos de crisis.

Estamos ante uno de los nuevos negocios de los medios, principalmente de las televisoras, a las que ya no les bastan las ganancias millonarias de los spots, sino están ávidas de nuevas fuentes de financiamiento y de relación con los grupos de poder.