EL MEXICO DE LA GASTRITIS

Murió por traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de cervicales y anemia
Refuta parte médico declaraciones de Calderón sobre anciana violada
El mandatario declaró que la mujer, presuntamente ultrajada por militares, falleció por gastritis
Inconsistencias y omisiones en el peritaje de la Procuraduría de Justicia de Veracruz: CNDH
A. MORALES , V. BALLINAS , A. MUÑOZ CORRESPONSAL , REPORTEROS


Copia del certificado de defunción de Ernestina Ascensión Rosario, expedido por médicos legistas de la Secretaría de Salud de Veracruz
La anciana Ernestina Ascensión Rosario no falleció por ''gastritis crónica no atendida'', como aseguró el presidente Felipe Calderón Hinojosa, sino a causa de ''traumatismo craneoencefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'', según el certificado de defunción emitido por médicos legistas de la Secretaría de Salud de Veracruz.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que detectó omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Veracruz y se comprometió a mantener abierto el expediente ''hasta su completo esclarecimiento''.
Ernestina Ascensión, vecina de la comunidad Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, falleció el 26 de febrero a causa de lesiones presuntamente causadas por violación, en la que estarían implicados militares.
En el certificado de defunción folio 070276634 (al que tuvo acceso La Jornada), emitido en el hospital regional de Río Blanco, Veracruz, donde murió la víctima, se indica que el tipo de muerte fue ''mecánica-traumática''.
La anciana estuvo en terapia intensiva al menos siete horas y media, luego de haber sido violada por presuntos efectivos del 63 batallón de Infantería.
''Los médicos nos dijeron que fue abusada sexualmente y presentaba perforación en el recto, lo que dañó hígado e intestinos; de ahí el dolor intenso de abdomen del que se quejaba'', explicó René Huerta, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien acompañó a los familiares.
El procurador de Veracruz, Emeterio López Márquez, aseguró que la muerte se debió a lesiones provocadas por ''una violación por la vía no idónea y también por la vía idónea''.
El acta de defunción, firmada por el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de la Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, indicó que la necropsia hace suponer que la muerte no fue accidental, sino producto de un homicidio. Sin embargo, el forense omitió llenar los incisos 23.5 y 23.6, en los que se pide anotar el número de averiguación ministerial abierta por el tipo de heridas, y una descripción de ''la situación, circunstancia o motivos en que se produjo la lesión''.
Esto hizo sospechar a visitadores de la CNDH, quienes solicitaron a la PGJE exhumar el cadáver y practicar otra autopsia. La diligencia pericial se realizó el 9 de marzo en el cementerio de Tetlatzinga.
En un comunicado, la CNDH afirmó que en la exhumación, en la que participó personal médico forense de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la PGJE, peritos de la CNDH detectaron que, contrario a los procedimientos usuales, se omitió analizar cráneo, vértebras cervicales, pulmones, corazón, hígado, estómago, asas intestinales y órganos sexuales, ''lo que llevó a asegurar indebidamente que la mujer indígena de 76 años falleció por traumatismo craneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales, anemia aguda, y que el tipo de muerte fuera diagnosticado como mecánica-traumática''.
La CNDH agregó: ''Antes del fallecimiento de la señora Ascensión Rosario, la médico especialista en delitos sexuales de la PGJE que realizó la revisión no tomó ni ordenó que se tomaran muestras para realizar estudios de laboratorio, indispensables para que -si se determinaba la presencia de líquido seminal- pudiera procederse a posteriores estudios que condujeran a conocer la probable identidad del o de los presuntos agresores''.
Acotó que en la exhumación del cadáver no se corroboraron perforación alguna en el recto ni ''los múltiples desgarros'' que señalaba la autopsia, afirmación que dio lugar a estudios de laboratorio que ''aún no concluyen''.
El organismo indicó que el tipo de equimosis en brazos y región pectoral, descrito en la autopsia, no corresponde a lesiones producidas en maniobras de sujeción o sometimiento, lo cual hace suponer a los peritos de la CNDH que se produjeron durante el traslado de la víctima antes de que falleciera.
La CNDH subrayó que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de la indígena, ''se presume la violación de su derecho fundamental a la vida''. Además, seguirá a la espera de estudios de laboratorio complementarios a los realizados.
Mientras, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a Felipe Calderón de encubrir o de estar mal informado sobre la actuación de militares en zonas indígenas.
Entrevistado en la ciudad de México, Acosta Naranjo calificó al Presidente de hombre insensible, por sus declaraciones sobre el caso. ''Sería hasta repugnante'' pensar que encubre a delincuentes en ''un caso tan delicado''.
Parte del grupo de perredistas que, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional de su partido da seguimiento al caso y se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para instarlo a entregar a los presuntos culpables de comprobarse su participación en el delito, el secretario general del PRD señaló que puede ''distinguir muy bien entre la actuación del Ejército y la actuación de Calderón''.
"Sólo han sido nueve" los actos sociales que han tenido lugar en el inmueble: SNTE
"Ordena Gordillo" desaparecer huellas de fiestas en ex convento
Confirma personal de la ACM que el recinto está apartado para cerca de 10 bodas; dieron 30% de anticipo
La hija de la dirigente magisterial ya escogió su chivo expiatorio, advierten
KARINA AVILES
La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, "ordenó a su hija Maricruz Montelongo desmantelar todo rastro" de la empresa del salón de fiestas, para lo cual ha utilizado el ex convento de Santo Domingo, cedido en comodato a dicha organización sindical.
Sin embargo, el intento de "tapar" el negocio podría no acatarse, porque el recinto ya está comprometido -con un depósito individual de 30 por ciento sobre la renta del espacio- para cerca de una decena de bodas y otros actos sociales contratados por sus clientes.
Confirmaron lo anterior fuentes allegadas a la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), y revelaron además que a raíz de lo publicado por este diario, la hija de Gordillo hizo de la "coordinadora de Relaciones Públicas" del llamado Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC), Beatriz López Tarza, el chivo expiatorio, al responsabilizarla "injustificadamente" de haber filtrado la información. López Tarza fue despedida.
Por su parte, el SNTE finalmente fijó una posición sobre la revelación hecha por este diario el pasado lunes. En un escrito firmado por la coordinadora general del CCMC, Néllyda Villanueva Mendoza, reconoce que renta el inmueble para actos sociales -bodas, reuniones VIP, cocteles, etcétera-, aunque calificó ese hecho como "aspectos secundarios del trabajo que aquí se realiza".
Incluso, afirma que "sólo" han sido "nueve" los actos sociales que ahí han tenido lugar, "a partir del inicio de actividades del centro, en los meses finales de 2005". No obstante, la constante comercialización del inmueble fue confirmada por el mismo personal del CCMC -cuya grabación está en poder de este diario,- al asegurar que las fechas ya estaban ocupadas para los próximos meses, para lo cual se dio un anticipo de 30 por ciento.
Publicidad en revistas de espectáculos
Villanueva Mendoza señala que dichas celebraciones que le son "solicitadas -lo cual es falso, porque es el propio CCMC el que se publicita en revistas de novias y espectáculos para ofertar el recinto histórico- significan la obtención de recursos económicos, mismos que son derivados de inmediato a los trabajos de mantenimiento y de promoción cultural". Aunque nunca especifica las ganancias que se han tenido por tal concepto y los supuestos costos que implicarían tales actividades culturale.
En un intento más por justificar el usufructo del patrimonio ubicado en Leandro Valle 20, en el Centro Histórico, argumenta que "el trabajo para sostenerlo en excelentes condiciones es una de nuestras prioridades, y como se puede entender, todo ello significa costos muy elevados que debemos cubrir para proteger debidamente el edificio".
Y añade: "como ocurre en muchas otras instituciones culturales, y con apego estricto al marco legal, parte de los costos de actividades como las mencionadas han podido ser sufragados gracias a la posibilidad de recibir cuotas por la utilización temporal de espacios". Esto, pese a que las propias autoridades del Gobierno capitalino advirtieron que "utilizar el recinto para hacer fiestas es una violación flagrante al sentido del comodato por el que se cedió el inmueble al SNTE".
En el escrito mencionado, Villanueva anexa un listado de las "actividades culturales" realizadas en el inmueble, no obstante que el propio centro, en su página de Internet mostró que su impacto en los medios no es precisamente en el ámbito de la cultura, sino en el mundo de los espectáculos y de actos sociales. Incluso, ponía a disposición del usuario (ya retiró la información y las portadas de las revistas donde salía el inmueble histórico como el lugar ideal para las bodas) las imágenes de los fiestas que ahí se han realizado y que, incluso, se han publicado en revistas de espectáculos.
Mientras tanto, en el interior del inmueble las cosas se apresuraron para "borrar las huellas del negocio". Fuentes de la ACM aseguraron que se dio la orden de sacar del recinto el "equipo y la utilería" para la realización de dichos banquetes.
Lo anterior, en razón de que el CCMC dispone de una serie de aditamentos rentables para complacer al cliente. En la investigación de esta reportera, cuando se presentó en el inmueble para obtener la información de los costos para una supuesta boda, se le entregó también la "tabla de renta de aditamentos y mobiliario del CCMC", la que a continuación se cita en su costo neto unitario: por cada silla, 34.50 pesos; por un calentador grande, 575; por uno chico, 345, etcétera.
Dichas fuentes señalaron además que el pasado martes fue "el último día" de trabajo de Beatriz López Tarza en el CCMC. Ella era la que se encargaba de supervisar que los actos sociales estuvieran "correctamente". Aunque en la página de Internet aparece Laura Lira como la responsable de Relaciones Públicas.
Para el restaurador Carlos Flores Marini, el uso de un edificio patrimonio histórico para una función como la descrita, puede ocasionar "una afectación grave" al recinto y a los frescos que hay en su interior, porque la gente que lo renta y que no conoce su valor, simplemente lo puede dañar. Además, explica, la concentración de personas -el Patio de los Generales se renta con una capacidad de 800 invitados- provoca que suban los índices de humedad, con lo que se crean hongos que afectan las pinturas.
En relación con las condiciones técnicas para el usufructo del inmueble por el CCMC -cuyo documento tiene este diario-, como las de pedir al cliente utilizar un diseño sencillo "de las estructuras para escenarios, gradas o tarimas", con el fin "de evitar martillazos y adhesivos", expresó que no se trata de ninguna restricción que busque la conservación del inmueble, porque "no tienen nada que ver específicamente con el bien histórico".
Por el contrario, esas "condiciones" obedecen a las de la renta de cualquier "jacalón, galpón o local techado".
Fincar responsabilidades legales
La ACM solicitó que se finquen responsabilidades legales a Maricruz Montelongo -esposa del subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez- y a la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, la primera, "por el manejo indebido de este inmueble colonial, y la segunda, por haber permitido, mediante acuerdo del Consejo Nacional del SNTE, 'legalizar' el traspaso de dominio a un particular". Por su parte, la CNTE acudió ayer al gobierno capitalino para exigir el término de este comodato y pedir que se finquen las responsabilidades que correspondan.

John Saxe-Fernández
Estado de excepción: abismo fratricida
El "desborde" hacia México del "estado de excepción", instaurado en Estados Unidos por la ultraderecha que ocupa la Casa Blanca, se acentuó con Vicente Fox y se profundiza con Felipe Calderón en lo que, junto a la "mano dura" militar, es otra expresión de la ilegitimidad del régimen de usurpación electoral que encabeza, producto de la acentuada "politización" del Poder Judicial, manifiesta en los comicios de julio pasado. También por su sumisión al interés del gobierno de Bush porque México adopte los procesos policial-judiciales, de espionaje y de administración penal vigentes en EU después del 11-9, que aumentaron en exceso los poderes del Ejecutivo. Esto es parte de arreglos de Fox con Bush -en la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte- para, entre otros propósitos, ampliar "el perímetro de seguridad" de EU y el modus operandi de su estado de excepción y sus campos de detención y penales de alta seguridad.
Calderón se adhiere a tal designio con la gestión urgente para legalizar las "herramientas judiciales" que usa la presidencia imperial de Bush bajo la cubierta de la guerra antiterrorista o contra el narcotráfico y el crimen organizado, que conllevan para México el intervencionismo de EU por la vía judicial, la incertidumbre sobre garantías individuales, derechos políticos y la suspensión de principios básicos como el habeas corpus, ya vulnerado en EU.
Aunque Calderón busca separar la visita de Bush del paquete de medidas de excepción, publicadas horas antes de la cumbre de Mérida, para que no se infiera que recibe línea del norte, es obvio el auspicio estadunidense. No es casual que lo mismo ocurra en Canadá. Se trata del "espejo" de leyes, decretos y prácticas de la Casa Blanca, plagadas de arbitrariedad y de cesación del estado de derecho, para realizar cateos, detenciones, espionaje telefónico y arraigos sin freno.
En México, a la precaria vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos se agrega, como advirtió el Grupo Sur, una palpable criminalización de la oposición y de la resistencia civil pacífica a un régimen que ataca la economía popular y se empeña en entregar el petróleo, la electricidad y el resto del patrimonio y recursos del país. Al combinar el estado de excepción con la "mano dura" se induce el desequilibrio "cívico-militar" y se nos enfila hacia un abismo fratricida.
Para Bush y sus dos subordinados ultraconservadores en México y Canadá, la vigencia del estado de derecho es una traba en la guerra antiterrorista, contra el narcotráfico y el crimen organizado. Dejan abierta la puerta a los abusos de un Poder Judicial "politizado" y bajo su tutela. El blueprint es inducido acá por medio de "préstamos" del Banco Mundial, que desde 2004 y por ruego de Fox, financia clientelas para la "modernización" judicial.
Datos logrados por Luis Guillermo Hernández muestran que al igual que Bush, Calderón no espera la venia legislativa. Su gobierno otorgó a Verint Technology Inc, de EU, un contrato (S-INLEC-07-M-0002) por 2 millones 963 mil 438 dólares. Su "misión": la intervención de todas las comunicaciones; el objetivo central, "disuadir, prevenir y mitigar los actos criminales en México, que incluyen el narcotráfico y el terrorismo". Siguiendo la pauta autocrática del norte, Los Pinos usa el erario para, como dice Hernández, "escuchar todas las conversaciones, leer todos los correos electrónicos, navegar todas las páginas web e intervenir llamadas a celular, en cualquier parte de México". También se nos informa que la Oficina Federal de Investigación (FBI) indica a la Procuraduría General de la República qué es y qué no es riesgoso o amenazante "para la seguridad de los dos países".
Se emula a la Fiscalía General de EU que detenta Alberto González, mientras Calderón acepta que Washington guíe sus pasos y definiciones sobre asuntos capitales para la soberanía. Las muchas irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades de Bush, justificadas por González (no menos que las más groseras apologías para la violación del derecho penal internacional), llevó la semana pasada al New York Times (NYT, 11/3/07) a declarar que en realidad González nunca ha dejado de ser el consigliere de la presidencia imperial de Bush. Esto por los conspicuos abusos de la FBI detectados por el inspector general del Departamento de Justicia, sobre el espionaje electrónico y telefónico "autorizado" por la USA Patriot Act, y al uso político que hace el fiscal de esos instrumentos del estado de excepción. Su insolvencia para conducirse como corresponde y defender la Constitución indica lo imperioso de su renuncia.
El NYT, vocero de una importante fracción del alto capital, plantea que la usurpación de funciones de los otros poderes que hace Bush y su desdén por la Constitución se cobija bajo la noción, absurda, respaldada por el fiscal, de que "como comandante-en-jefe en tiempos de guerra, puede ignorar las leyes que considere le obstaculizan en sus tareas" (ibid).
Ahora Calderón, el "lince" electoral, emula al usurpador del norte.