MEXICO, PATRIMONIO HISTORICO.

Patrimonio histórico del siglo XVI, el inmueble fue cedido en comodato al SNTE en 1995
El ex convento de Santo Domingo, convertido en salón para fiestas
La hija de Elba Esther Gordillo, Maricruz Montelongo, dirige y renta el ahora llamado CCMC
KARINA AVILES
Lo que fue parte del antiguo convento de Santo Domingo, patrimonio histórico del siglo XVI y que el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) dio en comodato al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para ponerlo al servicio de la enseñanza, está convertido hoy en un salón de fiestas -heredado por Elba Esther Gordillo a su hija Maricruz Montelongo- el cual renta a particulares para que cumplan ahí todo tipo de "sueños".
Bodas, cocteles, reuniones VIP, cenas, espectáculos, comidas, vino de honor, subastas, anuncios de compromiso, bautizos. Para todo hay espacio y también un precio, pues aquí ningún recoveco queda libre del usufructo. No sólo se renta el Patio de los Generales, con sus 12 palmeras traídas directamente de Africa por el sindicato para darle un "contraste sin igual" a este icono de la arquitectura novohispana, sino hasta el área de la biblioteca también puede ser arrendada por un costo neto de 40 mil 250 pesos.
La empresa tiene su sede en el inmueble ubicado en Leandro Valle 20 que, en 1995, luego de una restauración de dos años, fue inaugurado por el presidente Ernesto Zedillo como la Biblioteca Nacional de Educación (BNE), ahora transformada en el Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC) AC, fachada del verdadero negocio.
La directora general del centro, Maricruz Montelongo Gordillo, es quien se ha apropiado de este inmueble con el argumento -según se establece en la página web del CCMC-, de que la creación de éste "responde a la necesidad de establecer en el país un lugar de primera línea para el pensamiento y las expresiones artísticas".
La explicación que se da sobre el canje de nombre a lo que fue la biblioteca magisterial hasta noviembre de 2005, consiste en que frente a los "grandes cambios en la esfera del conocimiento, el amplio despliegue de las ciencias de la información y los nuevos problemas de México y el mundo" se transformó la biblioteca en el CCMC.
Como si se tratara de un cliente que busca rentar el inmueble para una supuesta boda, este diario logró obtener la información que proporciona la oficina de Relaciones Públicas del CCMC, dispuesta para la atención de los interesados. Así, tiene en su copia de la lista de precios, el "kit de información" de sus servicios, la documentación de las "condiciones técnicas" para rentarlo y hasta las "recomendaciones" que hace para contratar a otras empresas de banqueteros, floristas, músicos y valet parking para "el gran día".
Los "múltiples servicios que prestará este centro", decía el presidente Ernesto Zedillo aquella tarde del 13 de diciembre de 1995, "serán sin duda un apoyo muy valioso para que los maestros y las maestras contribuyan con el vigor acostumbrado a mejorar la calidad de nuestra educación".
Sin embargo, un anuncio del CCMC, publicado en una revista para novias el 15 de abril de 2006, delata al servicio de quién se encuentra realmente este patrimonio histórico: "Imagina un edificio antiguo, con mucha clase y súper elegante, pero con todas las comodidades modernas. Ahora llénale de tu familia y tus amigos, todos felices, y dibuja en tu mente la gran fiesta que celebrará tu enlace. ¿Qué si este sueño puede hacerse realidad? Sí: el Centro Cultural del México Contemporáneo es el lugar ideal para celebrar tu boda".
Si el cliente está por contraer nupcias, el espacio "perfecto" para hacerlo, según la recomendación del personal de Relaciones Públicas, es el Patio de los Generales, con capacidad hasta para 800 invitados. El "único problema" es que desde ahora, y a un costo neto de 43 mil 700 pesos, ya tiene prácticamente todas las fechas ocupadas, porque los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre son los más "demandados".
Para ponerle más estilo a la fiesta, el CCMC está preparado para todo. Al cliente, lo que pida: ha dispuesto el Salón de los tres arcos -en la segunda planta de este inmueble-, con un piano negro de cola, para que se celebren ahí, en la "intimidad", las bodas civiles.
Y si el usuario quiere darle un estilo launch al reventón, para eso están los sillones chaparritos blancos -ofrece en 5 mil pesos de renta la media docena- que se distribuyen entre las palmeras africanas del patio principal y que, con un efecto de media luz, acondicionada para tales fines, acoge a los invitados.
Las transformaciones
Los trabajadores del hoy salón de fiestas aseguran que el recinto ya no tiene nada que ver con los maestros, lo cual es evidente, pese a que en el año de 1994 -en una "acción concertada del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el DDF", según se establece en la página electrónica del CCMC-, fue entregado en comodato al sindicato, cuando era regente Oscar Espinosa Villarreal, para ponerlo al servicio de la educación pública nacional.
Lejos de cumplir cabalmente con esa labor -de día aparenta un centro cultural cuando menos con alguna exposición, y de tarde y noche se transforma en todo un "escenario espectacular" con un montaje de mesas, sillas, velas en los pasillos, grupos musicales, para lo cual se tiene que contratar aparte hasta una planta de luz- en lo que sí ha logrado impacto, como se puede constatar en su propia documentación, es en ciertas revistas para casaderas y del corazón.
En un apartado con el título "El CCMC en los medios", aparecen en su mayoría publicaciones de este tipo, con el Patio de los Generales convertido en una especie de discoteca por donde han desfilado una pléyade de personalidades, no precisamente de la cultura, sino cantantes y actores del mundo de los espectáculos.
Pero no sólo eso. También es una plataforma desde la cual, la hija de Elba Esther Gordillo se autopublicita. En una práctica inusual, algunos de los boletines del CCMC contienen el logo del gobierno de Nayarit; esto, porque Maricruz Montelongo Gordillo es también la representante de ese estado en el Distrito Federal.
Así, manejado como una empresa, unos novios tienen, por ejemplo, "cinco horas" para la fiesta, media de recepción y otra media de desalojo, tres horas para el "montaje" de las sillas, flores, mesas, etcétera, y otras dos para "desmontar el equipo". En suma, 11 horas del día, un tiempo mayor en comparación al que se le deja al público en general para visitar el inmueble como "centro cultural". Aunque también se pueden contratar "horas extras con un costo de 3 mil pesos cada una".
De esta manera, la galería, con todo y cuadros, es "ideal para comidas y firmas de acuerdos" -señala el "kit publicitario", en donde se establece que ese espacio "cuenta con una ventana de observación que puede ser habilitada como Cámara de Gesell para ver las reacciones del público". También es ideal para exposiciones, talleres de pintura y escultura.
El auditorio se recomienda, entre otras cosas, para subastas, el Salón de los tres arcos, para bodas civiles y reuniones VIP, el salón de usos múltiples puede dividir sus 240 metros cuadrados según las necesidades de su evento. Este es el centro dedicado a la enseñanza y a la cultura del sindicato...


Divide a penalistas la iniciativa de Calderón sobre seguridad y justicia
Otorgaría facultades ilimitadas al MP: opositores; reduciría burocracia, opinan quienes están en favor
ALFREDO MENDEZ ORTIZ


El presidente Felipe Calderón Hinojosa, en imagen del pasado 8 de marzo Foto: Cristina Rodríguez
Las iniciativas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que buscan reformar el sistema de seguridad y justicia del país, dividieron las opiniones de connotados abogados penalistas. Estos cambios pretenden ampliar las facultades legales de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Cuatro de siete litigantes consultados ayer por La Jornada reprobaron la iniciativa de reforma constitucional, misma que calificaron de ''peligrosa para la democracia mexicana'', ya que otorgaría facultades ilimitadas al Ministerio Público (MP), lo que daría paso a una institución con mayores poderes para ''fabricar culpables'' y ''reprimir'' a los opositores al régimen.
A su vez, tres de los especialistas en derecho penal entrevistados avalaron la propuesta calderonista, al considerar que además de que no implicaría riesgo de violaciones a derechos humanos, porque el Poder Judicial Federal fungiría como órgano supervisor, reduciría ''trámites burocrático-legales'' que actualmente dificultan las investigaciones abiertas en contra de actividades ligadas al narcotráfico.
Heraclio Bonilla, defensor del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considera que la tendencia del sistema penal impuesta por Estados Unidos para los países de América Latina es hacer que nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia empaten con las suyas. Esto significa para México que se crearía una PGR con facultades ilimitadas.
El problema estriba, agrega, en que el gobierno estadunidense no es equiparable al mexicano; aquí no hay equilibrio de poderes, hay sumisión. La Procuraduría General de la República depende y está al servicio del titular del Ejecutivo. La intención de aplicar el mecanismo es contar con un Estado ''todopoderoso''; el mecanismo es simple: primero se acusa a un enemigo del régimen de ser parte de la delincuencia organizada. Con ese fundamento se catea su casa y luego se le siembra en su domicilio todo lo que se quiera para procesarlo por un delito que tal vez no cometió.
Para José Luis Nassar Daw, abogado de Raúl Salinas de Gortari, es una reforma positiva. La solicitud de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas se ha convertido en un tema de trámite burocrático, donde en 90 por ciento de los casos los jueces obsequian a la PGR ese tipo de peticiones. Con esta iniciativa el juez tiene mayor competencia, pues ahora será un órgano de control, por lo que un juzgador podría de inmediato suspender una medida de arraigo que hubiera sido decretada por el Ministerio Público Federal de manera ilegal.
Actualmente, los arraigos son prácticamente imposibles de combatir; ni modo que un juez acepte que se equivocó y suspenda alguna medida cautelar que él mismo decretó. Ahora, de aplicarse estos cambios (a los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución) sería necesario delimitar a la PGR para evitar abusos como los que ya ocurren sin esta reforma, donde la autoridad deliberadamente inicia investigaciones por delincuencia organizada contra una persona cualquiera, y no con el propósito de tener una ley fácil y poco complicada para los agentes del MP.
Para frenar esos abusos es necesario un artículo expreso en la ley sobre delincuencia organizada, diciendo que ante cualquier medida cautelar o consignación que se produjera por un delito que no fuera precisamente delincuencia organizada, un juez de inmediato nulificara todo el caudal probatorio y ordenara levantar la medida dictada por el Ministerio Público.
A su vez, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y abogado de activistas sociales, opina que de aprobarse esta propuesta calderonista sería una involución en materia penal y de derechos humanos. ''Esta reforma podría catalogarse de peligrosa para la incipiente democracia mexicana. Sería una enmienda constitucional que nos daría más cosas negativas que positivas. Estamos frente a una adecuación de la ley que puede dar paso a la arbitrariedad del Estado y fomentar más la corrupción''.
Marcos Castillejos, defensor del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, dice que esta reforma no violaría la Constitución, por el simple hecho de que lo que plantea es reformarla. ''Tampoco veo el peligro de un abuso del Ministerio Público Federal, porque esta autoridad seguiría supeditada a la revisión judicial; en cambio, creo que sí permitiría una actuación más rápida de la PGR en casos de delincuencia organizada. Lo importante es que la autoridad judicial quede con buen margen de control para que pueda permanecer alerta ante cualquier violación constitucional en que pudiera incurrir la procuraduría''.
Por su parte, Juan Rivero Legarreta, abogado del depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, señala que esta reforma es reprobable. No va a beneficiar en nada. Ni el aumentar las penas, ni el darle mayores capacidades de detención, privación de garantías, espionaje o allanamientos al MP, va a beneficiar en el combate al narcotráfico. Lo que deberían hacer es detener a los narcotraficantes, que la policía cumplimente órdenes de aprehensión pendientes. Ya de entrada el tema del arraigo domiciliario en legislaciones extranjeras está considerado como una forma de tortura sicológica. Luego, la intervención de llamadas y los cateos, como herramienta de la PGR sería terrible; si en la actualidad hay violación de garantías contra inocentes, pues con esta propuesta ya mejor ni hablemos, advierte.
Xavier Olea Peláez, defensor de la periodista Lydia Cacho en el juicio penal por calumnia que le inició el empresario textilero Kamel Nacif, indica: ''Veo bien que únicamente en los casos de delincuencia organizada se conceda estas facultades al Ministerio Público. Pero debe ponerse en el texto constitucional que se autorizan las grabaciones o los cateos, siempre y cuando existan indicios comprobados de que el sujeto o un grupo de personas sean miembros de delincuencia organizada, a fin de que de inmediato un juez pueda revisar el expediente y, de ser necesario, que el juzgador revoque la medida cautelar si ésta es ilegal.
Américo Delgado de la Peña, abogado de los hermanos Rafael y Benjamín Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, considera que las reformas planteadas por el presidente Felipe Calderón romperían definitivamente -y en franca violación a garantías fundamentales- el sistema de derecho mexicano y dejarían en la indefensión a cualquier inculpado que carezca de recursos para contratar un abogado.
Al admitirse una reforma de esa índole, las funciones de los órganos jurisdiccionales (jueces, magistrados y ministros) queda-rían al arbitrio absoluto del Ministerio Público y sin control de ninguna naturaleza, concluye el litigante.
Divide a penalistas la iniciativa de Calderón sobre seguridad y justicia
Otorgaría facultades ilimitadas al MP: opositores; reduciría burocracia, opinan quienes están en favor
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Las iniciativas del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que buscan reformar el sistema de seguridad y justicia del país, dividieron las opiniones de connotados abogados penalistas. Estos cambios pretenden ampliar las facultades legales de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que pueda realizar detenciones, cateos, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización de un juez, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada.
Cuatro de siete litigantes consultados ayer por La Jornada reprobaron la iniciativa de reforma constitucional, misma que calificaron de ''peligrosa para la democracia mexicana'', ya que otorgaría facultades ilimitadas al Ministerio Público (MP), lo que daría paso a una institución con mayores poderes para ''fabricar culpables'' y ''reprimir'' a los opositores al régimen.
A su vez, tres de los especialistas en derecho penal entrevistados avalaron la propuesta calderonista, al considerar que además de que no implicaría riesgo de violaciones a derechos humanos, porque el Poder Judicial Federal fungiría como órgano supervisor, reduciría ''trámites burocrático-legales'' que actualmente dificultan las investigaciones abiertas en contra de actividades ligadas al narcotráfico.
Heraclio Bonilla, defensor del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considera que la tendencia del sistema penal impuesta por Estados Unidos para los países de América Latina es hacer que nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia empaten con las suyas. Esto significa para México que se crearía una PGR con facultades ilimitadas.
El problema estriba, agrega, en que el gobierno estadunidense no es equiparable al mexicano; aquí no hay equilibrio de poderes, hay sumisión. La Procuraduría General de la República depende y está al servicio del titular del Ejecutivo. La intención de aplicar el mecanismo es contar con un Estado ''todopoderoso''; el mecanismo es simple: primero se acusa a un enemigo del régimen de ser parte de la delincuencia organizada. Con ese fundamento se catea su casa y luego se le siembra en su domicilio todo lo que se quiera para procesarlo por un delito que tal vez no cometió.
Para José Luis Nassar Daw, abogado de Raúl Salinas de Gortari, es una reforma positiva. La solicitud de arraigo, cateos e intervenciones telefónicas se ha convertido en un tema de trámite burocrático, donde en 90 por ciento de los casos los jueces obsequian a la PGR ese tipo de peticiones. Con esta iniciativa el juez tiene mayor competencia, pues ahora será un órgano de control, por lo que un juzgador podría de inmediato suspender una medida de arraigo que hubiera sido decretada por el Ministerio Público Federal de manera ilegal.
Actualmente, los arraigos son prácticamente imposibles de combatir; ni modo que un juez acepte que se equivocó y suspenda alguna medida cautelar que él mismo decretó. Ahora, de aplicarse estos cambios (a los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución) sería necesario delimitar a la PGR para evitar abusos como los que ya ocurren sin esta reforma, donde la autoridad deliberadamente inicia investigaciones por delincuencia organizada contra una persona cualquiera, y no con el propósito de tener una ley fácil y poco complicada para los agentes del MP.
Para frenar esos abusos es necesario un artículo expreso en la ley sobre delincuencia organizada, diciendo que ante cualquier medida cautelar o consignación que se produjera por un delito que no fuera precisamente delincuencia organizada, un juez de inmediato nulificara todo el caudal probatorio y ordenara levantar la medida dictada por el Ministerio Público.
A su vez, Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y abogado de activistas sociales, opina que de aprobarse esta propuesta calderonista sería una involución en materia penal y de derechos humanos. ''Esta reforma podría catalogarse de peligrosa para la incipiente democracia mexicana. Sería una enmienda constitucional que nos daría más cosas negativas que positivas. Estamos frente a una adecuación de la ley que puede dar paso a la arbitrariedad del Estado y fomentar más la corrupción''.
Marcos Castillejos, defensor del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, dice que esta reforma no violaría la Constitución, por el simple hecho de que lo que plantea es reformarla. ''Tampoco veo el peligro de un abuso del Ministerio Público Federal, porque esta autoridad seguiría supeditada a la revisión judicial; en cambio, creo que sí permitiría una actuación más rápida de la PGR en casos de delincuencia organizada. Lo importante es que la autoridad judicial quede con buen margen de control para que pueda permanecer alerta ante cualquier violación constitucional en que pudiera incurrir la procuraduría''.
Por su parte, Juan Rivero Legarreta, abogado del depuesto líder minero Napoleón Gómez Urrutia, señala que esta reforma es reprobable. No va a beneficiar en nada. Ni el aumentar las penas, ni el darle mayores capacidades de detención, privación de garantías, espionaje o allanamientos al MP, va a beneficiar en el combate al narcotráfico. Lo que deberían hacer es detener a los narcotraficantes, que la policía cumplimente órdenes de aprehensión pendientes. Ya de entrada el tema del arraigo domiciliario en legislaciones extranjeras está considerado como una forma de tortura sicológica. Luego, la intervención de llamadas y los cateos, como herramienta de la PGR sería terrible; si en la actualidad hay violación de garantías contra inocentes, pues con esta propuesta ya mejor ni hablemos, advierte.
Xavier Olea Peláez, defensor de la periodista Lydia Cacho en el juicio penal por calumnia que le inició el empresario textilero Kamel Nacif, indica: ''Veo bien que únicamente en los casos de delincuencia organizada se conceda estas facultades al Ministerio Público. Pero debe ponerse en el texto constitucional que se autorizan las grabaciones o los cateos, siempre y cuando existan indicios comprobados de que el sujeto o un grupo de personas sean miembros de delincuencia organizada, a fin de que de inmediato un juez pueda revisar el expediente y, de ser necesario, que el juzgador revoque la medida cautelar si ésta es ilegal.
Américo Delgado de la Peña, abogado de los hermanos Rafael y Benjamín Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana, considera que las reformas planteadas por el presidente Felipe Calderón romperían definitivamente -y en franca violación a garantías fundamentales- el sistema de derecho mexicano y dejarían en la indefensión a cualquier inculpado que carezca de recursos para contratar un abogado.
Al admitirse una reforma de esa índole, las funciones de los órganos jurisdiccionales (jueces, magistrados y ministros) queda-rían al arbitrio absoluto del Ministerio Público y sin control de ninguna naturaleza, concluye el litigante.





Las batallas del Ejército
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- Violaciones sexuales, pleitos judiciales y atentados son las nuevas batallas que libran las Fuerzas Armadas mexicanas, en especial el Ejército, en momentos en que se han convertido en el principal soporte del poder presidencial.

En algunos de estos casos, los militares parecen estar luchando contra sí mismos.

Al protagonismo que les asignó el presidente Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno y reforzó luego con el despliegue de los operativos contra el narcotráfico, se han sumado en las últimas semanas acontecimientos que han elevado el grado de exposición negativa de los militares.

En forma paradójica, el 19 de febrero –día del Ejército– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a discutir los amparos interpuestos por once militares para impugnar su baja por ser portadores del VIH, condenándolos a la desatención médica y por tanto a la muerte.

La discusión en el máximo tribunal terminó con la restitución de los elementos con el fin de que sigan trabajando en las Fuerzas Armadas, pero dejó intacta la prerrogativa de la institución castrense para seguir tramitando la baja de aquellos efectivos que, mediante certificación médica, sean declarados “inútiles” por padecer VIH.

Con el amparo que la Corte dio a once militares –nueve del Ejército y dos de la Marina–, las Fuerzas Armadas ganaron perdiendo, pues los ministros de la SCJN salvaguardaron las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que permiten negar el servicio a los militares que por actos fuera de servicio sean declarados inútiles, a menos de que tengan 20 años de servicio o más.

Después de tres semanas de discusiones en la Corte, que deberán terminar el próximo lunes, quedó claro que esa ley presenta serias deficiencias para la protección social de los militares, por más que las Fuerzas Armadas requieran elementos sanos.

La ley, vigente desde 2003, fue una iniciativa que presentó la anterior Presidencia de la República al Congreso, pero fue elaborada en los despachos militares. Los diputados y los senadores la aprobaron por unanimidad, en diciembre de 2002, sin reparar que algunas de sus disposiciones han condenado a muerte a muchos efectivos.

Ahora la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que se prepara para presentar una iniciativa de reforma a la ley del ISSFAM, a fin de incorporar las decisiones de la Corte. En realidad será poco lo que se pueda modificar.

Y en medio de las discusiones en la SCJN, hubo una nueva manifestación de las crisis que se generan en el Ejército cuando algunos de sus efectivos se ven involucrados en abusos sexuales.

Todavía no se ha resuelto el caso de la violación de un grupo de sexoservidoras, en julio del año pasado, por parte de militares en el municipio de Castaños, Coahuila, cuando presuntamente otro grupo de soldados violó y provocó la muerte a una anciana indígena en la localidad Soledad Atzompa, en la sierra de Veracruz.

Aún no se determina la responsabilidad de los señalados, pero el tema tiene bajo presión al Ejército. Por ello el titular de la Sedena, general de división Guillermo Galván Galván, ha tenido que recibir en audiencia a distintos legisladores, reconociendo implícitamente el cariz político del problema.

La relevancia política está garantizada con la decisión de la Cámara de Diputados de incorporar el tema de las violaciones sexuales cometidas por miembros del Ejército en los trabajos de Comisión Especial para Conocer las Políticas y Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios.

Tanto en la protección social a sus elementos, como en los casos de las violaciones sexuales, la solución está en el propio Ejército. Más compleja es la situación que enfrenta en relación con el narcotráfico.

El atentado al general de división retirado Francisco Fernández Solís, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, inédito en los embates de la delincuencia organizada, demuestra la exposición a la que se encuentra el Ejército Mexicano por la decisión del poder político de descansar en en los militares las tareas de seguridad.

Sin embargo, la gran paradoja de la democracia mexicana es que los militares desempeñan día a día un papel más protagónico, cuando era de esperar que su presencia pública estuviera cada vez más acotada, al grado incluso de que quedara en manos de civiles la titularidad de las secretarías de la Defensa y Marina, como ya ocurre en varios países de América del Sur y Europa.

Por ello más allá de la crisis de inseguridad, lo que demuestran las batallas en las que ahora están inmersas las Fuerzas Armadas mexicanas, es que éstas no pueden ser ajenas a la esperada reforma del Estado. (9 de marzo de 2007)