A MOVILIZARSE.

Si hay privatización nos movilizaremos: López Obrador
Hiram Moreno
En el 69 aniversario de la expropiación petrolera, Andrés Manuel López Obrador anunció que ante cualquier intento de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) convocará a una movilización nacional para defender al hidrocarburo y sacar adelante al país, porque de lo contrario ''estaríamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones''.
De gira por Salina Cruz, Oaxaca, agregó: ''Expresamos que no vamos a aceptar la privatización de la industria petrolera ni a permitir que se entreguen bienes nacionales, el patrimonio de todos los mexicanos, a una minoría, ni de mexicanos ni de extranjeros''.
Recordó que desde 1938 se estableció que el petróleo es de la nación, no del gobierno ni del Estado, sino del pueblo, y por lo mismo ''la patria no se vende, la patria se defiende''.
Comentó que actualmente de cada peso del presupuesto nacional, 40 centavos provienen del petróleo, y si el recurso se entregara de nueva cuenta a particulares no habría forma de financiar la educación pública, la salud y el desarrollo. Por lo anterior, explicó, no se permitirá la privatización del petróleo y se manifestó porque cambie la política petrolera que se ha aplicado desde hace un cuarto de siglo.
Lamentó que desde hace 25 años, cuando se construyó la refinería Antonio Dovalí Jaime, ''acá en Salina Cruz'', no se ha vuelto echar a andar ninguna otra planta para refinar petróleo en territorio mexicano, y se ha llegado al absurdo de vender crudo y comprar 30 por ciento de la gasolina que México consume.
Por eso, añadió, se seguirá buscando un cambio en la política petrolera, donde el abandono que existe actualmente no se da por casualidad; desde hace 24 años ''han decidido de manera perversa dejar en el abandono a la industria para tener pretextos y poder justificar la privatización del petróleo, y por eso no invierten en petroquímica y ni siquiera en refinación''.
Ahora, añadió, de nuevo dicen que hace falta inversión privada nacional o extranjera en el petróleo, y ''les decimos que eso no es cierto, porque se tiene suficiente presupuesto público para echar a andar la industria petrolera''.
Informó que nada más el año pasado, por los excedentes recibidos debido al incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional, se recibieron 700 mil millones de dólares, dinero suficiente para iniciar la construcción de tres refinerías e impulsar la industria petroquímica. Lamentablemente, expresó, todo ese dinero se destinó a la alta burocracia, al derroche, al despilfarro, a los privilegios, y mucho de ese dinero fue a parar también en unas cuantas manos; por eso se deben pedir cuentas ''a ese traidor a la democracia que es Vicente Fox, porque administró muy mal los fondos provenientes del petróleo''.
Destacó que en la actualidad extraer un barril de petróleo cuesta al Estado tres dólares, y se vende hasta en 60, ''sólo que este negocio, desde la época del Lázaro Cárdenas, por una decisión de ese presidente patriota quedó en manos de los mexicanos y no queremos que pase a manos de particulares''.
Ello, dentro del marco constitucional, acota
Participación estatal y privada en Pemex, plantea Cárdenas
Presenta un decálogo de propuestas para la paraestatal
ALMA E. MUÑOZ


Guardia en el Monumento a la Revolución en memoria de Lázaro Cárdenas Foto: Marco Peláez
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano propuso un sistema de planeación energética, con participación estatal y privada dentro del marco constitucional, para revertir la ''insuficiencia y la crisis'' de la industria petrolera y así brindar seguridad al país. Para ello, convocó a las fuerzas políticas y sociales a establecer acuerdos con base en un decálogo de propuestas que ayer presentó.
Destacó la conformación de una comisión nacional de energía, como instancia de concertación y definición de metas y políticas industriales de largo aliento, además de una ''gran reforma institucional'' que libere de trabas la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ''lo sustraiga de la confiscación presupuestal que le realiza Hacienda''.
En el 69 aniversario de la Expropiación Petrolera, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizó una fuerte crítica al manejo que las autoridades federales han hecho del sistema petrolífero mexicano. Sostuvo, tras visitar la tumba de su padre, Lázaro Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, que el modelo institucional provocó la ''crisis de operación'' del sector y se ''apartó del impulso al crecimiento económico del país'', sólo para obtener beneficios fiscales, pero ''desdeñando'' otros objetivos de desarrollo industrial.
Mencionó la ''declinación'' de las reservas probadas de hidrocarburos, la ''insuficiencia en la refinación'' y los riegos que esto representa para el suministro interno de petróleo. También la ''obsolescencia de ductos'', la ''dualidad'' en la estrategia de suministro de gas natural, la ''indefinición'' en las líneas del desarrollo de la petroquímica y el ''pesado e insuficiente'' funcionamiento corporativo. Lo cierto es que, insistió Cárdenas, ''la industria petrolera ha entrado en una situación de rápido deterioro que requiere de acuerdos nacionales de largo alcance para recuperarse''. La ''declinación de la producción de crudo está conduciendo a situaciones económicas y fiscales de extrema gravedad, por lo que es indispensable que fuerzas políticas con representación en el Congreso, académicos, especialistas y ciudadanos nos comprometamos a dialogar, analizar, discutir las alternativas y acordar las soluciones''.
En su decálogo de propuestas, el ex candidato presidencial incluyó la creación de un sistema de planeación energética, que ''dote al Estado de una política industrial moderna, priorizando la transformación industrial de los hidrocarburos dentro del territorio nacional'', y abrir ese esquema a ''la participación no sólo de entes gubernamentales y legislativos, sino también de las empresas que contribuyen en el esfuerzo productivo y en el consumo intermedio y final de los insumos y bienes liberados por las empresas públicas de energía''.
Aclaró en este punto que la Constitución define las limitaciones y posibilidades de participación ''de todo mundo'', y se manifestó por integrar una comisión nacional de energía. Planteó, como parte de la ''gran reforma institucional'' para Pemex, un ''cambio en la estrategia de inversión a través de Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo)'', porque, sostuvo, este mecanismo resulta ''excesivamente oneroso'' para conseguir que el organismo obtenga financiamientos directos.
Subrayó que es indispensable transformar a la paraestatal en ''una verdadera entidad pública productiva, con suficiente autonomía presupuestal y de gestión'', e incluir en su órgano de gobierno la presencia ciudadana, así como impedir ''privilegios políticos o el beneficio de intereses particulares''. Los cambios institucionales, afirmó, también deben permitir al Estado ''establecer una administración eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales'', además de contar con un nuevo régimen fiscal que permita, entre otras transformaciones, separar la actividad extractiva de la industrial.
Cárdenas afirmó que es necesario establecer criterios que permitan extraer los volúmenes de hidrocarburos, respetando los niveles de reserva que garanticen al país ''seguridad energética'', sin dejar de lado un mantenimiento adecuado y de expansión de la planta industrial de Petróleos Mexicanos, e invitó a examinar la creación de una empresa pública que se encargue del manejo de la cadena de gas natural y, finalmente, contar con un programa que se ocupe de las actividades jurídicas y diplomáticas que ''garanticen el ejercicio de la soberanía en los casos de yacimientos transfronterizos''.
Ministros en retiro, entre los mejor pensionados

Vehículos y seguro médico de gastos mayores, entre sus prestaciones



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Carlos Avilés
El Universal

Lunes 19 de marzo de 2007
Los alrededor de 40 ministros en retiro o jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuarán dentro de la lista de los ex funcionarios públicos mejor pagados del país, pues cada uno de ellos recibirá durante el presente año alrededor de 2 millones 899 mil pesos; es decir, un promedio de 241 mil pesos mensuales por concepto de pensión, compensaciones y prestaciones que se les otorgan.
De manera adicional los ex funcionarios, entre los que destacan casos como el del ex fiscal del caso Colosio, Miguel Montes, quien estuvo en el cargo de ministro de la Corte menos de un año, también seguirán contando con un chofer, un ayudante, dos vehículos y tres teléfonos celulares.
Además de que tendrán derecho a solicitar el reembolso del dinero que gasten por concepto de alimentos en cualquier restaurante del país, a recibir atención personalizada en el aeropuerto de la ciudad de México o a contar con un seguro de gastos médicos mayores. Todo a cuenta del erario.
Dichos beneficios podrán cambiar y verse disminuidos si la Cámara de Diputados y los congresos estatales avalan la reforma constitucional que aprobó el Senado de la República el 13 de marzo, que establece límites y controles a los salarios y pensiones de los funcionarios públicos.
En total, para el rubro destinado a cubrir las prestaciones de retiro del presente año, la Suprema Corte de Justicia destinará en total 209 millones 726 mil pesos. En 2004 sólo consideró para este mismo rubro 133 millones de pesos.
Aumento por acuerdo de la Corte
La cantidad de recursos destinados para el pago de pensiones de los ministros de la SCJN aumentó durante el tiempo en que el ministro Mariano Azuela Güitrón asumió la presidencia de la Corte.
A raíz de las reformas constitucionales de diciembre de 1994, mediante las cuales se modificó la integración y estructura de la SCJN, 24 ministros que en ese momento integraban el alto tribunal fueron enviados a retiro y se sumaron a los 10 que se habían jubilado con anterioridad.
Como parte de dichas reformas se estableció que los 24 ministros que fueron mandados al retiro recibirían una pensión equivalente al sueldo mensual que percibían al momento de su salida.
Y, de manera paralela, también se estableció que los nuevos ministros que ingresaran a partir de 1995 tendrían derecho a jubilarse con 100% de su sueldo, durante los dos primeros años, y posteriormente les correspondería 80% del salario de los ministros en activo.
Con base en esta determinación, hasta el 1 de agosto de 2003 los ministros jubilados percibían una pensión mensual neta que iba de 65 mil 582 a 77 mil 88 pesos.
Después de esa fecha su suerte cambió. Azuela hizo suya una petición de ministros en retiro para que se les aumentara la pensión y se les igualara a la que se les otorgaría a quienes integraron la Corte a partir de 1995.
La propuesta de Azuela, registrada en el acuerdo 11/2003, prosperó y contó con la aprobación de la mayoría del pleno del alto tribunal. A partir de esa fecha las pensiones de los ministros jubilados adquirieron la dimensión que ahora tienen y aumentan cada que incrementa el sueldo de los actuales ministros.
El único que se opuso a ese aumento, por considerarlo “inconstitucional y peligroso”, fue el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien ocupó la presidencia de la Corte antes que Azuela y quien durante su administración se negó de manera reiterada a aceptar las peticiones de aumento de los ex ministros.
Góngora Pimentel se manifestó en contra del Acuerdo del Pleno Número 11/2003 porque, aseguró, la Corte no tiene facultades para establecer el monto de las pensiones de los ministros jubilados.
“La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no otorga competencia en ningún numeral al Tribunal Pleno para establecer pensiones vitalicias a los ministros retirados o para igualar su monto a la percepción de los ministros en activo”, afirmó.
Detectan en la subdelegación Tlalnepantla ''cancelación'' de deudas a diversas empresas
Revelan fugas millonarias en los departamentos de cobranza del IMSS
Investigación del Instituto afirma que la pérdida es por más de medio billón de pesos
Autoridades citan a declarar a trabajadores sindicalizados; éstos denuncian hostigamiento
PATRICIA MUÑOZ RIOS


Varios trabajadores del IMSS que han sido citados a declarar sobre el cuantioso fraude descubierto en el Instituto aseguran ser sólo chivos expiatorios y denuncian que el verdadero descontrol administrativo está en las autoridades. La imagen durante la protesta de trabajadores del Seguro Social frente a la Cámara de Diputados contra las modificaciones al régimen de pensiones y jubilaciones, en octubre de 2005 Foto: José Carlo González
El Instituto Mexicano del Seguro Social registra una fuga de dinero en sus departamentos de cobranzas, como el de la Subdelegación Tlalnepantla, donde mediante un mecanismo poco claro se "cancelaron" deudas que tenían diversas empresas con el IMSS por concepto de pago de cuotas atrasadas.
En esta oficina inclusive, por un descontrol administrativo, se "perdió" documentación para hacer efectivos más de 13 mil cobros a patrones.
Una copia del voluminoso expediente de investigación que abrió el Instituto -el cual consta de cientos de hojas con decenas de declaraciones de los trabajadores-, revela que al menos más de medio billón de pesos se perdió por este caso, dinero que correspondía a cuotas que tenían que pagar los patrones al IMSS.
Un citatorio enviado a una decena de trabajadores de esta subdelegación, fechado el día primero de febrero de 2007, puntualiza que: "se detectó un faltante o extravío de 13 mil 153 créditos con un importe de 130 millones 546 mil 867 pesos, por lo que se evidencia un deficiente control de cartera de créditos en mora y en consecuencia la falta de oportunidad de generar la recuperación de las cuotas patronales..." El documento fue firmado por Manuel Valencia Luna, de la oficina de investigaciones laborales del IMSS, y es uno de los muchos faltantes que se investigan.
Entre carpetazos, cancelaciones y desapariciones
La información refiere que el departamento de cobranzas de la Subdelegación Tlalnepantla "contravino lo establecido en el Manual de procedimientos de la oficina de registros y control de cartera". Esto es porque cada delegación del IMSS tiene un "consejo consultivo" integrado por representantes del mismo Instituto, del gobierno del Estado, del sector patronal y de los trabajadores, el cual se encarga, entre otras funciones, de emitir resoluciones para "perdonar" o "cancelar" a las empresas créditos atrasados, o definir el pago sin intereses y hasta por cinco años, o bien se negocia con los patrones el monto y la forma del pago.
Sin embargo, este proceso se pasa por alto, y se dan condonaciones de deuda de forma discrecional y sin pasar por el consejo. Además, en muchos casos se dio "carpetazo" a los cobros, pero además se "desapareció" la documentación, y nadie sabe quién los autorizó y donde quedaron esos requerimientos.
Por ejemplo, a la empresa TUM, Transportistas Unidos S.A. se le cancelaron 41 adeudos por 5 millones 74 mil pesos, cuyas copias de este proceso se perdieron: a TUM División Norte, se le borraron 21 adeudos por 340 mil pesos; a Fletes Avella, 3 créditos por 801 mil 400 pesos; a GEO Hogares Ideales fueron 10 adeudos cancelados por 3 millones 735 mil 164 pesos.
A la empresa Grandes Superficies de México se les canceló un crédito por 283 mil pesos; a Autopartes y Componentes, 2 adeudos de 367 mil pesos cada uno; a Productividad Industrial de Plástico otros dos por 256 mil pesos cada uno, y a Trinity Industries de México, 25 adeudos por 5 millones 940 mil pesos. Del mismo modo estuvieron en este proceso Teleproductos Mexicanos, al que se le cancelaron dos adeudos por 472 mil pesos.
Además, está Ferrocarril y Terminal Valle de México, a la cual se le borraron dos deudas: una por 222 mil 800 pesos y otra por 225 mil. La lista sigue, hay desde vinaterías hasta constructoras como PROSER, así como empresas medianas y grandes, como EASO, S.A.
La mayoría de las cancelaciones fueron autorizadas mediante oficios, sin embargo, la documentación se "extravió" y no se sabe quién las firmó y les dio el aval, y aún cuando esta atribución no la tienen los trabajadores sindicalizados, son a éstos a los que se ha llamado a declarar, se les ha perseguido, investigado y hostigado, y no a los altos directivos que son los que tienen en sus manos este proceso, lo que ha generado problemas laborales en esta subdelegación.
Chivos expiatorios
Los documentos entregados a La Jornada hablan de un sinnumero de anomalías, por ejemplo, se falsificaron los sellos de cancelación de créditos; las oficinas donde se resguardaban los cobros pendientes no fueron debidamente cerradas y cualquiera pudo tener acceso a la documentación, además de que hubo "manoseo" por varios trabajadores de la misma.
Al menos media centena de trabajadores sindicalizados han sido citados a declarar, por lo que enviaron varios oficios a instancias del Instituto y del sindicato para protestar por la forma como están siendo acosados laboralmente por las autoridades de la Subdelegación Tlalnepantla, a quienes señalan como los responsables del caos administrativo y del total descontrol del mismo, que ha provocado un boquete al IMSS, por "su ineptitud" y el total desconocimiento de los procesos administrativos.
En el oficio enviado el 12 de febrero de 2007 por 61 sindicalizados que laboran en esta subdelegación, señalan que son los "chivos expiatorios" a los que se les quiere imputar este fraude multimillonario.