La impunidad

Echeverría, la simulación
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 19 de marzo (apro).- Juzgado ya por la historia, Luis Echeverría Álvarez se juega su última carta para quedar liberado en definitiva de las acusaciones que pesan en su contra por la matanza del 2 de octubre de 1968, ocurrida cuando era secretario de Gobernación.

A sus 85 años y con arteriosclerosis, uno de los hombres fuertes del autoritarismo del siglo pasado vive bajo prisión domiciliaria desde el 29 de noviembre de 2006, por orden del Segundo Tribunal Unitario en materia penal con sede en el Distrito Federal.

Está preso por el delito de genocidio, acusación hecha por la ya casi desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Su todavía titular, Ignacio Carrillo Prieto, difícilmente puede sostener con el derecho que en verdad haya existido ese delito.

Otro tribunal del DF ya lo estableció en relación con la matanza del 10 de junio de 1971, cuando el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, creado cuando Echeverría era secretario de Gobernación, atacó y asesinó a decenas de estudiantes que se manifestaban por primera vez desde los hechos del 2 de octubre.

Es probable que el magistrado a cargo del juicio por el 68 también lo exonere al declarar que no se puede acreditar que la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco haya sido un genocidio, y determine que no se trató de exterminar a un grupo nacional.

Por lo pronto, el pasado viernes ya decretó una suspensión provisional de la orden judicial dictada para que se realizara la ficha policial del expresidente y se le practicara un estudio clínico criminológico. Es de esperar que la próxima semana se decrete en definitiva la suspensión de esa orden.

Al acusarlo de genocida, lo que hizo Carrillo Prieto fue abrirle la puerta a Echeverría para salir librado, conforme a los procesos judiciales. Es decir, quedar libre con todas las de la ley.

Carrillo Prieto optó por la espectacularidad y el escándalo antes que actuar con responsabilidad política ante un delicado periodo de la historia de México y la tragedia de cientos de familias en diferentes estados de la República.

Acotado por el diseño institucional de una fiscalía especial, impulsada por el primer secretario de Gobernación del foxismo y actual coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, Carrillo y su fiscalía no fueron capaces de ofrecer verdad ni justicia.

Fue más espectacular acusar a Echeverría de genocida que establecer la responsabilidad del Estado autoritario que durante décadas no dudó en cometer crímenes y reprimir violentamente a quienes luchaban por la democratización del país.

Echeverría, no sólo como presidente sino como parte de la elite política durante doce años, fue responsable de esos crímenes de Estado. De eso no hay duda. Por eso, ante la conciencia nacional ha quedado como responsable. Pero de ahí al genocidio hay una gran distancia.

Carrillo Prieto sabía que no podía llegar lejos, a menos de que por consigna política Echeverría fuera finalmente declarado culpable.

Pero ese escenario parece lejano porque Felipe Calderón requiere para la estabilidad de su gobierno el apoyo del PRI. Y hasta ahora lo tiene asegurado con Beatriz Paredes, la nueva presidenta del Revolucionario Institucional y hechura del propio Echeverría como parte de lo que se conoció “los cachorros” de la Revolución Mexicana.

Lejos de la visión de un estadista y más bien pragmático, Calderón no hará suyo el tema de Echeverría. Y el PRI evitará a toda costa que uno de sus principales integrantes sea declarado penalmente como genocida.

Apuntes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) avanza en su propósito de quedarse con la flota de erradicación aérea de droga de la Procuraduría General de la República. La PGR ya está ordenando “con urgencia” a sus distintas bases de mantenimiento la transferencia del equipo y herramientas. El pasado 5 de marzo, el encargado de la Dirección de Mantenimiento Mayor y del Mantenimiento de Aeronaves en Campaña de la PGR, Jorge David Leyva López, le envió un oficio en ese sentido al encargado regional de la base de Chilpancingo, Ignacio Agustín González.

En el oficio, número DMMMAC/0422/07, le dice que “con respecto a las instalaciones, se requiere Inventario por separado de Bienes, Muebles e Inmuebles (sic) sujetos a entrega a Sedena”.

Esas órdenes se derivaron de una comunicación del jefe del Estado Mayor de la FAM, general de ala Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Humberto Fernando Chapa Casas. Con fecha del 2 de marzo, el general pidió se cumplan las órdenes presidenciales para que se transfieran a la Sedena todas las instalaciones, infraestructura, material de vuelo, aeronaves, helicópteros y aviones, además de las instalaciones de hangares y refacciones.

Hay una pregunta obligada: ¿qué hará el Ejército con todos esos recursos si está probado que los pilotos de la FAM carecen de experiencia en fumigación aérea?

Chiapas: En busca de la verdad
isaín mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de marzo (apro).- El 7 de julio de 1992, Flor María Zapata Ledesma, de 33 años de edad, egresada de la carrera de periodismo y comunicación colectiva de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM, fue asesinada a tiros en Zacatepequez, Guatemala, por los kaibiles del Ejército guatemalteco.

El de Zapata Ledesma es uno más de los casos que investiga la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Homicidio, Privación Ilegal de la Libertad y Conexos Cometidos contra Periodistas en la década de los 90, creada en diciembre del año pasado por el gobernador Juan Sabines.

El anuncio de la investigación sorprendió a la prensa chiapaneca, ya que hasta ese momento nadie recordaba a Flor de María como periodista, mucho menos como trabajadora de algún medio de comunicación de Tapachula, donde presuntamente radicaba, aunque la organización Reporteros sin Fronteras la tiene ubicada como una “periodista muerta en el ejercicio de su profesión”.

Sin embargo, una de sus mejores amigas, Sara Morales Miranda, admite que desconocía a qué se dedicaba Zapata Ledesma en Tapachula, aunque aclara que era una mujer comprometida con el periodismo.

El 7 de julio de 1992, el Departamento de Información y Divulgación del Ejército guatemalteco dio a conocer que una mexicana había muerto durante un combate con miembros de la guerrilla guatemalteca.

De acuerdo con la necropsia, Flor de María murió como consecuencia de un balazo que recibió en pleno rostro, a poca distancia; aunque mostraba evidentes muestras de tortura infligida durante 4 o cinco días previos a su muerte.

Desde Cuernavaca, Morelos, en entrevista, Sara Morales Miranda, confía en que los culpables del asesinato sean castigados, como una manera de honrar la memoria de su amiga. Niega que Flor de María fuera guerrillera; sin embargo, agrega que aun en el caso de que así hubiera sido, merecía un juicio y no ser asesinada “por un puñado de gorilas analfabetos y brutales”.

“Nosotros nos enteramos porque salio una pequeña nota en las páginas interiores de La Jornada, creo que el 8 de julio (de 1992), después de eso fue que comenzamos las gestiones ante el gobierno de Guatemala para que devolvieran su cuerpo; el gobierno mexicano, no hizo absolutamente nada”, recuerda Morales Miranda, amiga de la periodista asesinada.

Comenta que ella y un grupo de amigos comunes de Flor María tocaron “muchas puertas” en las oficinas del gobierno federal, incluso llegaron al Congreso de la Unión para solicitar apoyo de los diputados.

“Nos entrevistamos con un panista que era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de apellido Orduña; con Diego Fernández de Cevallos, entonces diputado; con Fernando Ortiz Arana, que si mi memoria no me falla, era el coordinador de la bancada priista; con Rosalbina Garabito, coordinadora parlamentaria del PRD”, narra Morales Miranda.

Los legisladores le sugirieron al grupo de amigos de Flor María que hicieran uso del recurso llamado "memorial de particulares" que consiste en que cualquier persona, en su carácter de ciudadano, acuda a la máxima tribuna a hacer alguna solicitud a los legisladores.

Recuerda Sara que en ese entonces estaban reparando San Lázaro y la Cámara sesionaba en otro lugar de la Ciudad de México, en el Centro Médico.

En aquella carta que amigos y familiares entregaron a la Cámara de Diputados --registrada en el diario de los debates del 13 de julio de 1992--, se les exigió a los legisladores que solicitaran al gobierno guatemalteco información precisa sobre la forma en que ocurrió el deceso, pues según sus elementos ese crimen les pareció “oscuro”.

Señala que en el marco de esa campaña mediática se comenzó a hacer presión y fue cuando intervino el gobierno mexicano, el diputado Jorge Orduña intervino personalmente y habló con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores; fue así como el cónsul en Guatemala, Marco Antonio Tovar, inició las gestiones para la exhumación, a lo cual se había negado inicialmente el gobierno guatemalteco.

“Ernesto, el hermano de Flor y un amigo nuestro, Norberto Hernández, viajaron a Guatemala y estuvieron presentes en la exhumación; luego la trajeron a la Ciudad de México, el 31 de julio. Ella había sido sepultada el 11 de julio en el cementerio general de Quetzaltenango”, refiere Sara Morales.

Recuerda que posteriormente se le practicó la necropsia a Flor María y los datos revelaron que había muerto por un balazo en el rostro hecho a poca distancia, además de que mostraba huellas de una evidente tortura previa a su asesinato.

“No me acuerdo si lo dijo el Semefo, pero la tuvieron 4 o 5 días torturándola antes de matarla. No te imaginas lo que esto me duele después de tantos años”, recuerda Sara.

“Supimos que quienes la mataron fueron los kaibiles, un comando kaibil”, indica.

Morales Miranda afirma que según la información oficial difundida por el ejército guatemalteco el cuerpo de Flor María fue encontrado en San Martín Zacatepequez, municipio que está al sur-occidente de Quetzaltenango, en la misma zona donde se encuentra el poblado Flores Costa Cuca, donde mataron a otro comunicador radicado en Tuxtla Gutiérrez, Ramón de la Mora Bueno.

Un informe elaborado en 1993 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que en febrero de 1992 el mexicano Ramón de la Mora Bueno, encargado del programa de radio de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se desplazaba a Quetzaltenango para participar en un seminario sobre radiofonía auspiciado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo de América Latina (CIESPAL) fue asesinado en el municipio de Colomba Costa Cuca.

“El Ejército informó que se trataba de un guerrillero. Luego de exhumado su cadáver el médico forense verificó que presentaba señales de tortura y su rostro estaba deshecho. Este hecho mereció la intervención de la cancillería mexicana para lograr una investigación completa de las circunstancias de su muerte”, señala el informe de la CIDH.

A 15 años de la muerte violenta de Flor María, Sara dice que no ha podido dormir en los últimos días desde que el caso de su mejor amiga ha sido removido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas para esclarecer su asesinato.

“Me queda claro que una manera de honrar la memoria de mi amiga es que se castigue a los culpables. Yo no creo que ella haya sido guerrillera, puede ser, pero no lo creo; y en el hipotético caso de que lo hubiera sido ¿Acaso no merecía un juicio? la guerra también tiene reglas y aún en los casos de aquellos guerrilleros que se ha comprobado que el Ejército guatemalteco asesinó, los familiares han sido indemnizados, aquí no creo que se trate de dinero, sino de que los culpables sean castigados, esa es mi motivación”, agrega.

“Trabajaba en el IMSS ella hacia una cierta labor de comunicación en el IMSS, pero no era lo que quería, pidió su cambio para Chiapas y se mudó para allá, buscando ejercer su profesión; era una mujer muy inteligente y comprometida con las causas de los jodidos, quería cambiar este país, hacerlo mejor y más vivible (sic)”, recuerda Sara.

Admite que desconocía para qué medio de comunicación trabajaba su amiga en Chiapas, pero aclara que Reporteros Sin Fronteras la tiene registrada como una “periodista muerta en Guatemala en el ejercicio de su profesión”.

Flor María “fue una mexicana valiente, inteligente, sensible a los problemas sociales, periodista honesta, esa, mi amiga a la que le fue arrebatada la vida por un puñado de gorilas analfabetos y brutales”, señala.

“A veces todavía me parece ver a lo lejos su figura, su pelo, en alguna de esas muchachas que se le parecen. Ojalá un día se investigue quiénes la mataron; lo veo difícil después de tanto tiempo y conociendo a las autoridades mexicanas y la impunidad que priva en el Ejército guatemalteco”, concluye.
100 días: otra visión
Manuel Camacho Solís
19 de marzo de 2007

A los 100 días del nuevo gobierno se sacan dos cuentas diametralmente opuestas. Sobran los argumentos para defender al gobierno o para atacarlo. Falta, en cambio, una mirada desde una visión comprometida con el futuro y, por ello, necesitada de objetividad y perspectiva.
Para el gobierno y sus seguidores, se ha superado la crisis postelectoral, hay un rumbo claro y se ha consolidado el nuevo gobierno. Salvo por los aumentos de las tortillas, para ellos sólo ha habido noticias alentadoras. Para la oposición, el gobierno no podrá resolver su problema de legitimidad de origen, no se han tocado ninguno de los problemas de fondo y se anticipa que continuará y se acentuará la exclusión social y política. Para ambas lecturas hay datos que las confirman y sobre todo estados de ánimo e intereses que las pueden perpetuar.
Hay otra visión diferente. Con independencia de las posiciones políticas que uno defienda en el momento, se debe formular otra pregunta: ¿Qué tan fortalecidos están los pilares en los que sostiene el gobierno; la política, la legalidad, la fuerza y la capacidad de realización material?
A los 100 días no ha habido una operación política de reconciliación nacional que pudiera ser reconocida como tal por la oposición. Ha habido pequeñas y aisladas negociaciones, intentos de cooptación, declaraciones que buscan eliminar focos de irritación en espacios como los de la política exterior. No hay, sin embargo, ningún hecho memorable, del que las partes se sientan orgullosas, que diera muestras de un acuerdo honesto, abierto, a la altura de una crisis como por la que atravesó la política nacional en 2006. Hay manipulación y propaganda; no hay política con mayúsculas.
A los 100 días no ha habido hechos contundentes de construcción de estado de derecho. Los pendientes de violación a las garantías que debieran ser enfrentados con determinación, como las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Oaxaca, no han sido objeto de una acción gubernamental firme ni de la aplicación imparcial de la ley. Asimismo, no ha habido una acción determinante de disciplina interna, mediante el inicio de las acciones judiciales que procedan, o siquiera de sanciones políticas, contra actos de corrupción en gran escala sobre los que el gobierno está informado. Tampoco decisiones que sometan a ley a los intereses especiales que han colonizado al Estado.
A los 100 días sí ha habido una utilización de la fuerza para recuperar el control del Estado sobre el territorio, modificar el equilibrio con las organizaciones criminales y para transmitir una imagen de fortaleza.
A los 100 días no se ha fortalecido la capacidad de realización del gobierno. Los anuncios de programas simbólicos le dan una tarea a la administración y ayudan a transmitir una imagen de concentración en el trabajo que puede ayudar en el momento, pero no modifican la situación fiscal del Estado, la competitividad de la economía o las posibilidades de promoción del desarrollo, mejoría de la educación o impulso al cambio científico y tecnológico.
A 100 días no se puede afirmar que se haya reconstruido la gobernabilidad. Se han evitado las aberraciones del anterior presidente. Ha mejorado la coordinación en la administración pública. Se han cuidado las declaraciones presidenciales en la política exterior. Existe una relación menos vacilante con el PRI.
El gobierno puede decir que la situación es menos difícil de la que esperaba. Que ya está sentado en la silla. Que irá haciendo cambios, aunque sean menores, en la medida en la que lo permitan las condiciones políticas. Ello parecería razonable, pero no es suficiente frente a la dimensión de los retos que tiene en la economía, la política y la situación social. No es suficiente para asegurar un buen cierre. La fuerza nunca ha sido suficiente. México sigue urgido de mayor legitimidad, de legalidad, de una estrategia de desarrollo que no sea sólo de flotación mediante el petróleo y las remesas. Para los próximos meses y años, el gobierno sólo tendrá éxito si refuerza todos los pilares que lo sostienen (legitimidad, legalidad, crecimiento económico con bienestar social), y no sólo uno (fuerza).
Luz verde a la ley Gordillo
Jesusa Cervantes
La iniciativa de reformas a la Ley del ISSSTE, impugnada por el PRD, es un paso adelante en la estrategia privatizadora del gobierno federal. Nada importa que el esquema similar aplicado al IMSS durante el sexenio de Ernesto Zedillo haya fracasado en sanear la institución y no haya mejorado sus servicios. Lo importante es que el gobierno de Felipe Calderón dispondrá del dinero de los trabajadores para realizar sus proyectos y que Elba Esther Gordillo, quien juega un papel clave.