LA REFORMA DEL ESTADO

La oportunidad para la reforma
Porfirio Muñoz Ledo26 de abril de 2007


Ayer quedó instalada en el Senado de la República la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en consonancia a lo dispuesto en la Ley para la Reforma del Estado. El nombre es tan complejo como la ambición anunciada, y las dudas que lo circundan tan densas como frustrantes fueron los empeños anteriores. Cuidado sin embargo con banalizar el ejercicio. Lo que se juega es nada menos que la capacidad de los actuales actores políticos e instituciones representativas para reconducir la transición mexicana; para otorgar a la República nuevas bases de legitimación y de sustento.
Pareciera que nuestros legisladores se hacen cargo de la deriva en que se ha extraviado la maltrecha nave de las instituciones públicas. Así lo reconocen en el texto justificativo del proceso que ahora emprenden. Afirman que las reformas precedentes se constriñeron casi exclusivamente a los aspectos electorales y que a pesar de ello hemos incurrido nuevamente en comicios ilegales. Admiten que la cultura antidemocrática ha sobrevivido y que nos encontramos "en un momento peligroso de agotamiento de las instituciones, profundización de las desigualdades, estancamiento económico, desbordamiento de la delincuencia y penetración del narcotráfico en las esferas del Estado".
La gravedad del diagnóstico obliga a preguntarse sobre el sentido y tamaño de los cambios que pretenden realizarse. Supone un deslinde con las llamadas "reformas estructurales", hasta ahora frustradas, que son secuela de las hondas mutaciones introducidas por los gobiernos neoliberales y que están en el origen del dramático adelgazamiento de las instituciones públicas y del imperio de los poderes fácticos denunciados hoy por el Congreso mexicano. Implica la determinación de llevar a cabo una genuina contrarreforma en consonancia con los vientos que soplan. Se trataría de desandar un lamentable trecho de la historia en el reencuentro de nuestra mejor tradición republicana.
El impulso contemporáneo por la transformación democrática del país partió del análisis de la situación que se vivía a finales de los años 80. La cuestión era entonces cómo reaccionar frente a una globalización inducida: mediante el fortalecimiento de nuestras capacidades internas para la competencia y la actualización del Estado, o bien, por la aceptación sumisa a los dictados privatizadores y la cesión de nuestras potestades soberanas a sistemas ajenos de decisiones. El fraude electoral de 1988 y los titubeos de la dirigencia opositora resolvieron el dilema en términos catastróficos, que 20 años después debiéramos remontar a través de un nuevo consenso nacional.
En el primer programa de la revolución democrática asentamos el año siguiente: "En nombre de una supuesta reforma del Estado asistimos a una desmedida privatización y desregulación del poder estatal que transfiere hacia el extranjero y los sectores oligopólicos internos las decisiones fundamentales del país". Añadimos: "los cambios introducidos no obedecen al libre juego de las fuerzas económicas y políticas, sino que han sido impuestos verticalmente con el apoyo del andamiaje corporativo, la defraudación electoral y el control de la comunicación".
La denominada "modernización autoritaria" se implantó en efecto con el concurso de regímenes dictatoriales y partidos hegemónicos. Para contrarrestarla proponíamos una democratización profunda. Avanzábamos así: "La reforma del Estado que nuestro país necesita exige la revaloración de la función pública, la participación social, la desconcentración de la autoridad y el establecimiento de fronteras claras entre lo estatal y lo privado, que eliminen el carácter patrimonialista del poder público, disuelvan los monopolios y liberen las energías productivas de la nación". Exactamente lo que es necesario hacer hoy, de modo tardío pero impostergable.
En la misma dirección añadíamos: "La suficiencia del Estado y el carácter eminentemente distributivo de la acción pública son elementos indispensables de la reforma política". Y algo más: "El Estado democrático no se define solamente por el origen de su mandato y la regularidad de su ejercicio sino por el cumplimiento de sus objetivos básicos, de conformidad con el pacto social que justifica su existencia". No acierto a vislumbrar un sentido distinto a los cambios que ostensiblemente requiere el país.
Han quedado claros en los contactos preliminares del presente intento los siguientes puntos: que estamos hablando de reformas constitucionales de gran calado, que el tratamiento será secuencial pero que se agotará la totalidad de la agenda -aun si se requiere prórroga o cambio de método-, que comprende modificaciones sustantivas, capaces de desencadenar consecuencias notables en las reglas de acceso, ejercicio y distribución del poder, así como en su relación con la sociedad y, por último, que la participación de especialistas y organizaciones civiles habrá de ser propositiva y de calidad, no de relleno.
La pregunta que flota en la atmósfera es: habida cuenta que las reformas a la Constitución requieren el voto de los legisladores del PAN, ¿cuál será la actitud de éste y de su gobierno? ¿Buscarán amortiguar los cambios de envergadura, como lo han venido haciendo desde el inicio de la transición? ¿Ensayarán atraer al PRI hacia posiciones conservadoras, aprovechando sus tensiones internas? O bien enfrentarán con honestidad el debate sobre las grandes cuestiones nacionales y entrarán con seriedad al terreno de la negociación parlamentaria y de la explicación pública de sus posiciones.
Llama por ello la atención el artículo publicado por Felipe Calderón en memoria de su mentor, Carlos Castillo Peraza, presentándolo como el "verdadero ideólogo de la transición política mexicana, porque la concibió, la diseñó y la supo llevar adelante". Con independencia de los méritos intelectuales y militantes del estimable personaje, salta a la vista que tan rotunda afirmación es inexacta, ya que su participación en los movimientos sociales y en las negociaciones que produjeron los cambios fue más bien cauta, marginal y casi siempre contraria a la creación de instituciones innovadoras.
Algunos han interpretado el texto como una declaración política, más que como una constancia de filiación no pedida. Es parte desde luego del empeño panista por atribuirse la paternidad de una democracia que ellos mismos han torpedeado y de su fervor en ofrecernos una nueva estatuaria y una nueva historia oficial. Pero quizá el mensaje sea que, visto que el autor de la transición ha fallecido, ésta ha concluido también. O peor aún, que el objetivo que los animaba no era la instauración de un régimen democrático, sino el arribo al poder, montados taimadamente en el esfuerzo de los demás.
En virtud de la relevancia histórica del asunto procede una aclaración puntual, en las palabras y en los hechos. Así lo esperamos.