SOBERANES, GASTROENTEROLOGO

Naufraga Soberanes ante diputados al comparecer por el caso Ascensión
''Protesto, no se me ha permitido dar una debida respuesta'', lamenta el presidente de la CNDH
VICTOR BALLINAS


Diputadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México (PVEM), Alternativa Socialdemócrata y Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron una y otra vez al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, por su actuación en el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, presuntamente violada y asesinada por militares en Zongolica, Veracruz.
Durante la comparecencia del ombudsman nacional ante comisiones unidas en la Cámara de Diputados, le señalaron que con su exposición ''no despejó las dudas'' sobre este caso, además de que ''investigó delitos y no está facultado para ello''.
Soberanes fue citado a comparecer ante las comisiones unidas de Equidad y Género, Derechos Humanos y de Justicia, para dar cuenta de su trabajo en la investigación sobre la muerte de Ascensión Rosario, pero dichas instancias legislativas determinaron que el titular de la CNDH ''no presente las pruebas médicas, las investigaciones que ha realizado, los resultados de laboratorio -las pruebas científicas-, ni fotografías ni videos; no es nuestro papel hacer esa valoración y tampoco es el suyo''.
''Estoy sacado de onda''
Soberanes Fernández, incrédulo por esa determinación, respondió: ''Protesto, porque se me ha impedido en una comparecencia presentar las pruebas. No se me ha permitido dar debida respuesta. Ustedes me impiden que les muestre la verdad. Estoy sacado de onda, ahora sí, como se dice''.
Desde la primera intervención, la perredista Maricela Contreras fue tajante:
''Está usted aquí, doctor Soberanes, por la criticable actuación con la que se ha conducido en el caso de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario, porque se ha extralimitado en las funciones que le otorgan la Constitución y la ley. Por la manera tendenciosa e imprudente que ha dado al manejo de la información sobre las investigaciones y por las contradicciones en las que ha incurrido; también por recurrir a violaciones de los derechos humanos de las víctimas de la posible comisión de un delito...
''No se trata, doctor Soberanes, de pleitos de verduleras, como usted despectivamente lo ha calificado; el asunto por el que viene a informar a esta soberanía merece respeto, ética y profesionalismo en su trato y no la expresión discriminatoria, clasista y misógina del encargado de la defensa de los derechos humanos''.
El titular de la CNDH insistió ante las y los diputados que lo que ocasionó la muerte de Ernestina Ascensión fue ''una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, en una persona que cursaba con neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.
También dio cuenta de los resultados de los peritos adscritos a la comisión: médico forense, especialista en delitos sexuales, patólogo, internista, médica cirujana, criminalista, químico y especialista en genética. También citó el informe del director del hospital regional de Río Blanco y de seis médicos que atendieron a la hoy occisa, quienes señalan que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada, ni por vía vaginal ni anal''.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priísta César Camacho Quiroz, dijo que hoy ''nos abocamos a un asunto delicado, hay mucha polémica, datos contradictorios y empecinamientos que parecen marcar este suceso; queremos que haya coordinación de autoridades, todas, CNDH, procuradurías General de la República (PGR) y estatal, así como Poder Judicial; que se declare la responsabilidad a que haya lugar, no a la impunidad ni moldear la verdad''.
Ante los primeros cuestionamientos, el ombudsman dio a conocer que hace unos días se reunió con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y acordaron que sea el Ministerio Público quien investigue; la comisión aceptó entregarle ''sus pruebas''.
Luego intervinieron 24 diputadas y diputados, y con excepción de los del PAN, casi todos cuestionaron la actuación de Soberanes en este caso. Le demandaron justicia, verdad y castigo, y le dejaron en claro que ''lamentablemente ninguna duda ha sido despejada con su exposición. ¿Por qué adelantarse si las facultades de la CNDH son hacer recomendaciones por violaciones a derechos humanos, no determinar culpables? Estamos cansados de protagonismos''.
Dijeron más: ''Se tiene la percepción de que se trata de exculpar a soldados, porque así lo denunció la difunta -al decir que los militares se le montaron-, hay graves contradicciones entre la CNDH y la procuraduría estatal. Usted dijo primero que se investigaba violación sexual y que los soldados debían ser juzgados por la vía civil, y luego coincide con lo dicho por el presidente Felipe Calderón, que la mujer murió por anemia aguda''.
Catarata de preguntas
Los legisladores consideraron que ''existía consenso en el reconocimiento de su trabajo, porque se había conducido con ética; explique por qué la CNDH ha actuado así: investiga un delito y no defiende los derechos humanos. ¿Por qué intervino de oficio?, ¿por qué descalifica el trabajo de la procuraduría (estatal)?, ¿por qué no ha investigado a los militares?, ¿por qué no emitió recomendación al Ejecutivo?, ¿investigó a la Sedena?''
Soberanes pidió una vez más que lo dejaran mostrar las pruebas y que se permitiera que los peritos que lo acompañaban expusieran sus conclusiones. ''Yo no soy médico, no puedo contestar muchas preguntas''.
La respuesta fue: ''La comparecencia es para los titulares, no con sus auxiliares; no queremos ver pruebas ni fotografías''.

Miles de trabajadores presentan amparos contra la Ley del ISSSTE
ALMA E. MUÑOZ
Después de la publicación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Diario Oficial de la Federación, miles de empleados comenzaron a interponer recursos de amparo contra dichas modificaciones. En algunos casos son apoyados por el Frente Amplio Progresista (FAP) y en otros por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.
La intención, de acuerdo con el apoderado legal del primer grupo, Jesús González Schmal, es interponer cien mil amparos al 16 de mayo, cuando vencen los 30 días hábiles a partir de la publicación del decreto. En tanto, los legisladores perredistas ya recibieron 15 mil solicitudes de apoyo en los módulos de atención ciudadana y vía Internet.
Uno de los promotores, el diputado Alejandro Sánchez, explicó en entrevista que la respuesta alcanzada refleja que los trabajadores se sienten "desprotegidos" con esas reformas, y que tienen una "preocupación real porque se derogue esta ley que atropella sus derechos laborales".
Nuestras proyecciones apuntan, agregó, a que durante el periodo de 30 días se rebasen los 50 mil amparos en el país. Al menos en Veracruz, Michoacán y Guerrero ya se enviaron instrucciones y se difunden los formatos para la presentación de estos recursos legales de forma individual.
En tanto, González Schmal indicó que en el FAP trabajan de la mano con algunos sindicatos, entre ellos algunos de la Unión Nacional de Trabajadores, y que esperan presentar 30 mil recursos que, sumados a los de otras agrupaciones, alcanzarán la cifra de 100 mil.
El martes por la noche, cuando se esperaba que trabajadores de las secciones 9, 10 y 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentaran unos 400 amparos indirectos en el Palacio de Justicia Federal, la cantidad se duplicó, pues también ingresaron los de empleados del Instituto Politécnico Nacional y quedaron pendientes 200, los cuales se interpondrán en otro paquete.
González Schmal insistió en que las reformas al sistema de pensiones violan el artículo 123 constitucional, inciso b, y confió en que las autoridades judiciales les den la razón, "porque la tenemos", a menos que en la resolución haya intervención política de parte del Ejecutivo federal, principalmente. Al igual que el diputado Sánchez, confió en que se registre una "cascada" de amparos contra las reformas a la Ley del ISSSTE. Aclararon que en el FAP y en el PRD la asesoría que se brinda es gratuita.

CNDH, credibilidad en entredichojosé gil olmos
México, D.F., 25 de abril (apro).- El caso de Oaxaca y el de Ernestina Ascencio Rosario han puesto a prueba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, en ambos, ha salido mal parada, lo cual nos muestra la necesidad de una reforma urgente a esta institución creada bajo la sombra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.En 1990 nace la CNDH por un decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari, con lo cual se trataba de dar respuesta a una cláusula democrática contenida en el acuerdo comercial para Norteamérica, aunque hay que reconocer que también se respondía a la demanda social de contar con un organismo defensor del pueblo ante los constantes abusos del poder estatal. La CNDH tiene en su origen un claro interés político que, al parecer, no la ha dejado actuar de manera libre y autónoma, como requiere todo organismo defensor y promotor de los derechos humanos. Cada vez que algunas de las instituciones más importantes en el sistema de gobierno se ve implicada en un caso de violación a los derechos humanos, como en el caso de las fuerzas armadas, o cuando se cruzan los intereses, como en Oaxaca, la CNDH se ve claramente supeditada al gobierno en turno, lo cual es grave de por sí.Para el caso de Oaxaca, a pesar de que desde hace un año inicio el conflicto, hasta ahora la CNDH no tiene aún lista una recomendación. Hace apenas unos meses, el presidente de la Comisión, José Luis Soberanes, presentó un informe especial, con un recuento de hechos, pero sin llegar al fondo del asunto. Ante la Comisión se presentaron más de 500 denuncias individuales de violación a derechos humanos y garantías constitucionales por parte del gobierno de Ulises Ruiz y de la Secretaría de Seguridad Pública que realizaron detenciones en casas, negocios y en la calle a personas ajenas a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).Bueno, pues todas las denuncias, aunque se trataban de casos independientes, fueron puestas en un mismo paquete por el cuarto visitador de la CNDH, Jorge Ramón Morales Díaz, quien se encuentra totalmente rebasado por el caso más grave de violación a los derechos humanos que ha habido en las últimas décadas hacia un movimiento social.Desde los años de la “guerra sucia” no se tenía registro de que policías y soldados hayan actuado con tanta violencia e impunidad en contra de simpatizantes de un movimiento social como es el de la APPO. Hechos como la detención arbitraria a los líderes, su traslado a cárceles de alta seguridad, casos de tortura física y psicológica, amenazas anónimas a sus familias, la actuación de grupos paramilitares y la persecución por razones políticas renacieron en Oaxaca.Ante todo esto la CNDH no se ha pronunciado en contra de las autoridades estatales y federales que cometieron esas felonías, y con ello sólo favorece y legitima la cultura de la impunidad oficial.El caso de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario, también ha puesto a prueba la imparcialidad y el profesionalismo de la CNDH.Más allá de la polémica que ha causado la pésima actuación de la Procuraduría de Veracruz, que se contradijo en los resultados de las necropsias y “perdió” las pruebas seminales recogidas del cuerpo de la anciana, poniendo así en duda la existencia de una violación tumultuaria consumada presuntamente por militares, la actuación del presidente de la CNDH ha sobrepasado sus propios límites legales.Cuando el doctor Soberanes dio a conocer en conferencia de prensa los resultados de su investigación, acusó a la Procuraduría veracruzana de manipular las pruebas y anunció que presentaría una demanda penal en contra de esta autoridad; sin embargo, sobrepasó sus propios reglamentos y a la Constitución, pues se convirtió, al mismo tiempo, en Ministerio Público y en fiscal porque juzgó y sentenció al gobierno de Veracruz. Además, dio a conocer las conclusiones de una investigación que aún no concluye y que está bajo la responsabilidad de la Procuraduría del estado.Al parecer Soberanes y su equipo actuaron bajo la consigna de no tocar a las autoridades militares, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional también habría cometido una ilegalidad, pues trató de manipular el caso cuando en su boletín 19, con fecha del 6 de marzo, culpó a “grupos desafectos” o contrarios a la institución militar de haber cometido “el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia del Ejecutivo Federal y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades”.Dicho comunicado que había sido distribuido a los medios de comunicación de Veracruz ese mismo día, fue retirado horas después por personal militar en las mismas redacciones de periódicos y estaciones de radio y televisión. Fue sustituido por otro nuevo en el cual ya no aparecía ese párrafo, pero se incluía uno nuevo que a la postre provocó más confusión.Resulta que en el nuevo despacho informativo la Sedena manifestó que peritos especialistas “llevaron a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”.Semanas después, en una carta, la Sedena negó haber tenido muestras del líquido seminal, la prueba principal de la violación a Ernestina Ascencio.Pero si con la Sedena no se quiso meter con el presidente Felipe Calderón, la Comisión menos. El mandatario cometió una irregularidad en una entrevista, al dar a conocer los resultados de la investigación, sin ser el Ministerio Público, para asegurar que Ernestina Ascencio había muerto de una “gastritis aguda”.La CNDH parece atrapada en su propia red de intereses, lo cual es grave, pues en tiempos de supuesta democracia los derechos humanos están supeditados a estos mismos intereses políticos. Es por eso que el Senado de la República tiene ahora la responsabilidad de reformar la Ley de Derechos Humanos para transparentar más al ombudsman mexicano y recuperar la credibilidad perdida.