MEXICO, LOS INDIGENAS EXCLUIDOS Y AGREDIDOS.
13 abr 2007
CIDH: Incumple México compromiso de proteger derechos de los indígenas
hypatia velasco ramírez
México, D.F., 12 de abril (apro-cimac).- En Chiapas, la política agraria basada en la contrarreforma del artículo 27 constitucional revirtió el carácter protector y promotor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues no se consideró a los pueblos indígenas en el diseño e implementación de las políticas agrarias, destaca un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto generó impactos en el nivel de vida cultural de los pueblos indígenas, de acuerdo con el informe sobre la situación de los derechos humanos en México, entregado el lunes y tratado hoy durante la tercera reunión que sostuvo el relator para México de la CIDH, Florentín Meléndez, con representantes de las organizaciones civiles.
Señala que en Chiapas, la "parcelización individual", privatización y apertura al mercado de los terrenos ejidales y comunales están afectando a la mayoría de la población indígena, que es campesina.
De acuerdo con el documento, la ley agraria actual “desestructura” los ejidos y comunidades como instancias de acción y, sobre todo, como ámbitos de decisión autónoma, lo que tienen como consecuencias la pérdida del sentido social y político de los organismos ejidales y comunales, así como el aumento de conflictos agrarios en el aspecto intercomunitario.
Estas políticas –agrega--, además de alterar la propias formas de organización de las comunidades, precarizan las condiciones de vida de las familias y profundizan e institucionalizan la exclusión histórica de las mujeres. Además de que tienen un impacto negativo en las prácticas indígenas de conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
Con ello, dice el informe, el Estado mexicano está incumpliendo su compromiso de proteger los derechos de los pueblos interesados en la protección, utilización, administración y conservación de los recursos naturales de sus tierras.
Estas reformas agrarias vulneran el derecho a la vida, que tiene que ver con el acceso de las personas a condiciones que le garanticen una existencia digna.
Así mismo, explica el informe, se vulnera el derecho a la información, consulta y libre determinación, pues en la implementación de las reformas no hubo suficiente información en lengua indígena ni se respetaron las formas tradicionales para la toma de decisión al interior de las comunidades.
"En suma, no hubo consulta adecuada a los pueblos indígenas a decidir libremente el tipo de desarrollo que quieren adoptar, a partir de sus valores culturales y espirituales y de las formas tradicionales de uso y posesión de la tierra y recursos naturales", indica.
El Estado mexicano tiene que modificar la Constitución, dice el informe, con el fin de promover "un proceso de consulta amplia y real a los pueblos indígenas", para que se reconozcan como sujetos colectivos de derecho.
Igualmente, es necesario que la CIDH se pronuncie sobre este informe "en beneficio de los derechos de los pueblos indígenas, en relación a la política agraria mexicana que, en Chiapas, donde el contexto es una alta segmentación social, política y económica de las comunidades, afecta la integridad identitaria y territorial de los pueblos indígenas".
Además, atentar contra sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en sus organizaciones, comunidades y personas, "incumpliendo con ello el gobierno mexicano sus compromisos internacionales como el protocolo de San Salvador y el Convenio 169 de la OIT", finaliza el informe.
seguridad social y salud
Confirman intención de realizar paro cívico, pero discrepan sobre fecha para llevarlo a cabo
CAROLINA GOMEZ , LAURA POY , ANGELICA ENCISO
Organizaciones del Frente Sindical Mexicano (FSM) acordaron crear una comisión encargada de analizar la logística de los actos programados para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y protestar por las modificaciones a la Ley del Instituto Nacional de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre ellos la marcha del primero de mayo, el cierre de carreteras y una falta colectiva por miembros de algunos gremios.
En ese contexto, unos 300 integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos marcharon ayer contra la Ley del ISSSTE del Angel de la Independencia hacia Los Pinos.
Llegaron hasta Chivatito, donde una valla formada por granaderos les impidió continuar, y sólo una comisión ingresó en la residencia oficial para entregar un pliego de demandas, entre ellas que el Estado admita como su obligación la protección de la salud y la seguridad social.
También exigieron el reconocimiento de la deuda del Estado con las instituciones de seguridad social, derivada del desvío o el mal manejo de los fondos de pensiones, además de que se democraticen los servicios que brindan dichos organismos.
Por la tarde -durante una reunión a la que asistieron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación- se confirmó que las acciones de protesta se realizarán durante tres días, del 30 de abril al 2 de mayo.
En la primera jornada apoyarán la marcha campesina, mientras el día primero todas las organizaciones se movilizarán "en protesta por la política neoliberal y en contra de la Ley del ISSSTE", entre otras causas. Además se prevé el cierre de carreteras.
Para el 2 de mayo se propuso un "paro cívico", con el cual están totalmente de acuerdo el SME y algunas organizaciones de la UNT, entre ellas la Alianza de Tranviarios de México.
Hasta ayer por la tarde prevalecían discrepancias en torno a esa acción, pues algunas organizaciones, como la de telefonistas, prefieren llevar a cabo el 30 de abril el "paro cívico".
En tanto, Agustín Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el gremio participará en las movilizaciones de protesta contra la Ley del ISSSTE y se sumará a las demandas de amparo para evitar que los asalariados vean afectado su derecho a una pensión digna.
En entrevista previa a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, Rodríguez afirmó: "como integrantes de la UNT y del FSM buscaremos la derogación de esta ley, que sólo beneficia a unos cuantos y favorece condiciones de desigualdad e injusticia".
No obstante, reconoció que aún no se determina el "mecanismo" con el que apoyarán las protestas, pero "estaremos en la lucha, porque estamos convencidos de que se trata de una ley que afecta a todos los trabajadores del Estado".
Gobernación solicitará al ombudsman que ya no hable
ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL
Jalapa, Ver., 12 de abril. El subsecretario de Gobernación Abraham Kunio González Uyeda se reunió hoy con la familia de Ernestina Ascensión (muerta el pasado 26 de febrero víctima de una presunta violación) y con las autoridades municipales de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica. Acordó con ellos solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes, que se abstenga de seguir haciendo declaraciones públicas sobre el caso.
Según informó después de la reunión sostenida en Soledad Atzompa, la cabecera municipal, el alcalde Javier Pérez Pascuala informó a la prensa que González Uyeda les aseguró que el gobierno federal respetará la competencia que tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz para investigar y resolver el caso, y que no se intentará atraer la averiguación al fuero federal.
La reunión duró aproximadamente dos horas. Tuvo lugar en la casa del presidente municipal y asistieron los cinco hijos de la difunta: Julio, Carmen, Juana, Francisco y Marta Inés Ascensión. Antes, la comitiva de la Secretaría de Gobernación procedente de Boca del Río -donde el miércoles 11 también se reunió con autoridades municipales de la región- se detuvo en Ciudad Mendoza, donde hubo un encuentro entre el subsecretario y el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica, René Huerta, uno de los principales testigos de las últimas horas de vida de la anciana Ernestina en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Río Frío.
Sin embargo, la asamblea que se había previsto de representantes y autoridades de todos los municipios de la zona con el funcionario federal fue cancelada, lo mismo que la conferencia de prensa que había sido anunciada.
Según Pérez Pascuala, el subsecretario le explicó que tenía que regresar de inmediato a la ciudad de México "para atender asuntos urgentes". Agregó que ellos insistirán, "de no haber una resolución", en tener una reunión al más alto nivel e inclusoive no retirarán su solicitud de una audiencia con el presidente Felipe Calderón, "para explicarle bien cómo está el asunto, porque él está mal informado".
Los acuerdos verbales a los que llegaron el subsecretario y la familia Inés Ascensión incluyen, además de pedir discreción al ombudsman nacional, un compromiso para respetar a las instancias veracruzanas como únicas responsables de la investigación y una promesa de informar primero a la familia, antes que a los medios de comunicación, los resultados finales.
En el encuentro, los indígenas que dialogaron con González Uyeda reiteraron su convicción de que la anciana fue atacada sexualmente por soldados. El funcionario estuvo de acuerdo con ellos en el sentido de que cuando el presidente Felipe Calderón declaró a La Jornada que su madre había muerto por una gastritis mal atendida "fue porque estaba mal informado". Esto siempre según la versión de Pérez Pascuala.
Por otra parte, fuentes del gobierno estatal informaron que el gobernador Fidel Herrera dio respuesta a una solicitud de la segunda visitadora de la CNDH de ampliar la información que las instancias estatales les han proporcionado sobre el caso de Ernestina.
En este nuevo envío de información se incluyó un comentario del gobierno veracruzano en torno a que "la CNDH no tiene facultades ni atribuciones para investigar la comisión de delitos", y que la segunda visitadora de la institución "se ha excedido en su actuación".
