SEDESOL, ELECCIONES Y IMPUNIDAD

Evítense la tentación de intervenir en elecciones: senadores a Zavala Peniche
Partidos de oposición le piden actuar con equidad
JUAN BALBOA
El regreso de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Beatriz Zavala Peniche, a la Cámara de Senadores no fue una visita cordial. Contrario a lo esperado, enfrentó una andanada de reclamos porque continúa "el uso electorero" de los dineros aprobados por el Congreso de la Unión para combatir la pobreza en México. Más aún, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Graco Ramírez Garrido Abreu, se refirió a la dependencia como una agencia de empleo para militantes del PAN, al hacer pública una lista de delegados en la cual 20 de 27 representantes de la dependencia en las entidades son destacados actores del panismo en esos estados.
Senadores de PRI y PRD, apoyados por los del PT y Convergencia, le espetaron a Zavala Peniche, aún senadora con licencia, que el gobierno del presidente Felipe Calderón, incluida la Sedeso, politiza los programas sociales, y le exigieron actuar con equidad en las 14 elecciones que habrán de realizarse este año en el país, pero sobre todo le pidieron que "no caiga en la tentación" de entrometerse en los próximos comicios en su tierra natal: Yucatán.
El senador Rogelio Rueda Sánchez, en nombre de la bancada del PRI, fue el primero en sacar a relucir el uso partidista que el gobierno sigue dando a los programas sociales.
"Es necesario corregir el uso electorero que se le da a los programas", le dijo al iniciar la reunión de las comisiones unidas de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Orden Territorial del Senado de la República, y le recordó que la mala utilización de los dineros para los pobres no contribuye a continuar con los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Pero fue el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el perredista Graco Ramírez, quien denunció la incongruencia de la titular de la Sedeso al impulsar una política de Estado contra la pobreza, "ya que lo que están haciendo, al igual que la administración pasada con Josefina Vázquez Mota", es desarrollar una política asistencialista basada en los intereses del PAN, aprovechando la entrega de recursos públicos a la población que vive en condiciones de pobreza y marginación.
Aseguró que colocar a militantes del PAN en las delegaciones de la Sedeso "es una decisión de tomar la política social para hacer política partidista". El senador por Morelos agradeció a Zavala Peniche la entrega del directorio de delegados de la dependencia en los estados de la República, porque gracias a ese documento, precisó, la bancada del PRD pudo detectar que 20 de los 27 delegados -cuatro están vinculados con el sector empresarial y tres se encuentran vacantes- son militantes del PAN, ex funcionarios, líderes partidistas estatales y ex legisladores.
Desglosó: "el señor delegado de Baja California Norte, José Budio, fue funcionario del ayuntamiento de Tijuana; el de Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, ganó un fallo del tribunal electoral y acaba de ser declarado presidente del PAN estatal; y en Chiapas, Francisco Rojas Toledo es delegado del PAN estatal, ex candidato a gobernador, ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez". Y también citó los casos de Coahuila, Colima, estado de México, Chiapas y Guanajuato.
"En fin, de 27, 20 actores políticos locales convertidos en delegados de la Sedeso, todos con trayectoria de regidores, diputados, ex presidentes municipales, cuadros políticos activos del PAN en sus estados. No es una contradicción esto con el interior de la secretaría, el compromiso que ha planteado aquí, porque son políticos locales con intereses muy concretos y con una cuestión gravísima: tienen recursos y atienden a los más pobres", puntualizó.
Graco Ramírez intentó moderar el impacto de su denuncia al señalar que Zavala Peniche no ha tenido injerencia en la designación de esos delegados, y la invitó a iniciar una investigación interna para informar cómo se dieron los nombramientos.
El senador por Convergencia Gabino Cué propuso, "por el bien de la democracia", hacer un blindaje a los programas sociales, y fue secundado por la petista Josefina Cota y el priísta Carlos Lozano, quien le recomendó no caer en la tentación de querer intervenir en las elecciones de Yucatán.

BVBA-Bancomer, Santander Serfin, Banamex Citigroup y HSBC, los beneficiarios
Permitió Fox a cuatro bancos manipular impuestos por más de $41 mil millones
Obtuvieron 135 mil 272.3 millones de pesos en ganancias netas en los pasados seis años
JUAN ANTONIO ZUÑIGA
A partir de 2001 y durante todo el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, los cuatro principales bancos del sistema financiero mexicano dispusieron de 41 mil 349 millones de pesos en impuestos diferidos, los cuales, en descenso, han figurado en los activos de sus estados financieros, indican informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Actualmente filiales de corporativos financieros trasnacionales, estos cuatro bancos obtuvieron 135 mil 272.3 millones de pesos en ganancias netas en los últimos seis años, una cantidad que representó 80.1 por ciento de los beneficios alcanzados por todos los participantes en este mercado, pero la cual alcanzó un incremento histórico de mil 153.5 por ciento en los beneficios alcanzados en 2006, respecto de los de 2001.
El monto de los impuestos que finalmente pasó a formar parte de los activos de los españoles Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Bancomer (BBVA-Bancomer) y Santander Serfin; del estadunidense Banamex-Citigroup, y del inglés Hong Kong Shangai Bank (HSBC), representó 30.5 por ciento de sus utilidades conjuntas en el sexenio anterior.
Desapariciones y reapariciones abruptas
Los estados financieros enviados por estos bancos a la CNBV revelan que el monto de los impuestos diferidos existente en sus activos pasó de 41 mil 348.9 millones de pesos en 2001, a ''ceros'' en 2005.
Pero en 2006 reaparecieron en forma abrupta más de 4 mil 814 millones de pesos en el renglón de impuestos diferidos de los activos de BBVA-Bancomer, y 4 mil 387.8 millones en el mismo rubro de los estados financieros de Banamex-Citigroup. El monto conjunto de esos impuestos ''diferidos'', que el año pasado formaron parte del haber de ambos bancos, fue de 9 mil 202.1 millones de pesos, después de que en 2005 habían desaparecido por completo.
Por otra parte, en los bancos Santander Serfin y HSBC este concepto de activos se mantuvo en ''ceros'' en los dos últimos años de la pasada administración gubernamental.
Contrastes con la ASF
Las cifras de la historia contable de estos cuatro bancos contrasta notoriamente con los hallazgos puestos en evidencia por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el reporte especial sobre créditos fiscales, contenido en el informe de resultados de la Cuenta Pública 2005.
Precisamente ese año, el renglón de impuestos diferidos figuró en ''ceros'' en estas cuatro instituciones financieras, que detentan más de 70 por ciento de los activos de todo el sistema.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en conjunto otras instituciones bancarias reportaban mil 581.9 millones de pesos en este renglón de los activos, haberes o propiedades de esos grupos.
Sin embargo, la ASF constató que en 2005 ''tres bancos concentraron 780 créditos (fiscales) por 28 mil 623 millones 193 mil 300 pesos, y un solo banco registró 683 créditos por 24 mil 918 millones 603 mil 500 pesos''.
De acuerdo con los estados financieros presentados por BBVA-Bancomer a la autoridad supervisora de la banca, esa institución, que pasó a ser propiedad del corporativo financiero español, redujo de 22 mil 108.5 millones de pesos el monto de impuestos diferidos que figuraba en sus activos de 2001, a ''cero'' en 2005, y luego reapareció con 4 mil 814.3 millones en el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada.
Las utilidades de BBVA-Bancomer en 2006 se elevaron 251.6 por ciento respecto de las ganancias de 2001, y en todo el sexenio los beneficios netos alcanzados ascendieron a 48 mil 776 millones de pesos. Los impuestos diferidos de su activo representaron, al menos, 45.3 por ciento de las utilidades obtenidas en los últimos seis años.
A su vez, los impuestos diferidos de Banamex-Citigroup encuadrados en sus activos disminuyeron de 15 mil 164.7 millones de pesos en 2001, a ''ceros'' en 2005, y volvieron aparecer con 4 mil 387.8 millones en 2006.
Las ganancias sexenales de la filial en México de Citigroup sumaron 48 mil 433 millones de pesos, y los impuestos en su haber representaron 31.3 por ciento de esas utilidades.


Afirma procurador de Veracruz: Ernestina Ascencio sí fue violada
regina martínez
Jalapa, Ver., 11 de abril (apro).- El procurador de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, afirmó que en el expediente de investigación ministerial del caso de Ernestina Ascencio Rosario, hay evidencias de que "sí hubo violación", y calificó de apresuradas las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, que descartó el abuso sexual.

"Tenemos evidencias", subrayó el fiscal estatal cuando se le preguntó si había elementos sobre la presunta violación de la indígena de 73 años, quien falleció el 26 de febrero pasado; pero se negó a abundar sobre el tema.

No obstante, López Márquez calificó de apresuradas las declaraciones del ombudsman nacional José Luis Soberanes: "Yo creo que fue muy adelantado en emitir opiniones cuando nosotros todavía estamos integrando una investigación.

"No voy a dar información en demasía debido a la forma en que se a venido tratando este tema a nivel nacional, con una serie de manifestaciones por diversos organismos y personas físicas”, agregó.

El procurador pidió esperar a que concluyan las investigaciones. “La información sobre los avances qué fue lo que pasó, se dará a conocer de manera muy puntual, porque no quiero entrar en polémica; siempre he respetado la opinión de otros y yo sólo voy a sustentarme en lo que tenemos en la investigación."

--¿Queda en entredicho el trabajo de la Procuraduría? --se le preguntó luego de inaugurar el curso de capacitación en materia electoral, dirigido a agentes del Ministerio Público. --Sí está en entredicho… por eso, oportunamente, vamos nosotros a dar toda la información sustentada una vez que concluya la investigación. Lamentablemente hay el gran problema de que sin que exista una investigación ministerial concluida, determinada, se han alzado voces a manifestar aspectos que en este momento yo no quisiera ya abonar.

Pese a que los tres especialistas responsables de practicar los análisis de la mujer indígena, antes y después de fallecer, fueron suspendidos de sus labores para iniciarles un procedimiento administrativo ante las "irregularidades" señaladas por la CNDH, López Márquez aseguró confiar plenamente en los peritajes.

Los tres peritajes iniciales que fueron integrados dentro del expediente de investigación ministerial, señaló, tendrán que ser analizados y, con base en ello, "oportunamente hacer lo propio cada uno de los responsables.

En tanto, el director general de servicios periciales de la PGJ, José Luis Peri Pérez, explicó que los peritos María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal Pérez e Ignacio Gutiérrez Vázquez, serán requeridos para comparecer y aleguen lo que a sus intereses convenga.

A pesar de ello, manifestó su respaldo moral a los tres peritos que hoy están sujetos a investigación administrativa por la Subprocuraduría de Supervisión y Control de la PGJ, por supuestas irregularidades detectadas por la CNDH en los dictámenes levantados sobre la muerte de la anciana indígena,

Llegan funcionarios de Gobernación

Por otra parte, funcionarios de la Secretaría de Gobernación arribaron a Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, para entrevistarse con familiares de Ernestina Ascencio, en respuesta a la audiencia que varios habitantes de la sierra de Zongolica le solicitaran al presidente Felipe Calderón.

Los enviados de la Secretaría de Gobernación, encabezados por el subsecretario, Abraham González Uyeda, se entrevistaron con los cinco hijos de la indígena para transmitirles "el pésame" del presidente Calderón.

Algunos testigos de ese encuentro, comentaron que los enviados del gobierno federal aseguraron a los deudos de la víctima que "el presidente Calderón está atento a las investigaciones" que realiza la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).

Sobre el contenido de la reunión sostenido por funcionarios federales y la familia de Ascencio Rosario poco se supo y, los mismos testigos, mencionaron que no se tocó el tema de la "muerte natural o provocada".

Al respecto, el alcalde Pérez Pascuala, sólo se limitó a comentar que en una reunión previa, el martes, expresaron su inconformidad por las declaraciones realizadas sobre el caso por Calderón Hinojosa y el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes,

Ahí responsabilizaron al presidente de la CNDH de haber convertido este asunto en político, "pues se adelantó a hacer declaraciones cuando todavía no se termina la investigación que lleva a cabo la procuraduría", y adelantó que los acuerdos a que lleguen con los enviados del gobierno federal, "deberán ser por escrito".
Ernestina
josé gil olmos
México, D.F., 11 de abril (apro).- La muerte de Ernestina Ascencio Rosario es uno de esos casos especiales que ponen a prueba no sólo la honestidad y credibilidad de las instituciones de justicia y derechos humanos, sino también de los medios de comunicación.

La semana pasada, en vísperas de la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciaron una campaña conjunta para negar toda prueba de que la anciana indígena había muerto a causa de una violación tumultuaria por parte de soldados, el 27 de febrero pasado.

La segunda visitadora de la CNDH, Susana Pedrosa, responsable de la indagación de la muerte de la anciana de Zongolica, Veracruz, fue quien dio la cara a los medios, y ofreció declaraciones sobre la inexistencia de pruebas sobre una agresión sexual a Ernestina.

La funcionaria dijo que Ernestina no falleció de fractura craneoencefálica, sino a causa de una ulcera gástrica, y acusó a la Procuraduría de Veracruz de haber “perdido” los rastros de semen que habían quedado registrados en el examen médico que se le hizo la indígena en las últimas horas de vida y en la necropsia luego de que falleció.

La Sedena secundó a la visitadora y en una carta publicada en La Jornada el viernes pasado, aseguró que nunca habían tenido muestras del líquido seminal, contradiciéndose a si misma, pues en tres comunicados seguidos había dicho lo contrario. Incluso, en uno de ellos informó que los había enviado a la PGR para que compararan esta muestra con las tomadas a los soldados destacamentados en la zona.

Sin embargo, y por obvias razones, la oficina de prensa del Ejército ha evitado hablar del grave error cometido en el comunicado número 19 con fecha del 6 de marzo. Resulta que la Sedena difundido un primer comunicado en el que decía que “grupos desafectos” al Ejército fueron los culpables del “crimen”, buscando inculpar a los soldados y, con ello, presionar para que abandonasen el área y continuar sus actividades.

Ese comunicado fue recogido por personal militar en las redacciones de algunos medios de información de Veracruz y sustituido por uno nuevo, en el que se le suprimió este párrafo. Pero en este nuevo comunicado, la Sedena reconocía por primera vez tener muestras del líquido seminal recogido del cuerpo de Ernestina.

“Peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar”, señaló.

Hoy, la Sedena y la CNDH dicen que este líquido seminal nunca existió. Mientras, la Procuraduría de Veracruz también guarda silencio. La prueba esencial del caso ha desaparecido, con lo que se pretende dar carpetazo a la indagación.

Curiosamente, nada de esto salió en los noticieros de Televisa y TV Azteca. Tampoco en la mayoría de los periódicos ni en las estaciones de radio.

El periódico Milenio abordó el asunto pero como parte de la misma campaña iniciada por el Ejército y la CNDH. Esta semana dio inicio a la publicación de una serie de notas y artículos, en los que se demeritan las pruebas médicas y forenses de la procuraduría veracruzana, en las cuales se corroboraba la denuncia de una presunta violación tumultuaria perpetrada por un grupo de soldados.

Según el director de éste diario, Carlos Marín, se trata de “La triste historia de la cándida anciana y la tropa desalmada es una invención tan perversa como demencial”. Mientras que, para el subdirector de ese periódico, Ciro Gómez Leyva, es claro que se trata de “hacer pedazos a Soberanes”.

Además de rechazar las pruebas médicas de una agresión sexual a Ernestina, el diario maneja en su columna editorial la misma tesis de la Sedena: que pudieron haber sido “otro tipo de soldados” los que cometieron el ataque. ¿Pues cuantos soldados hay en el país?, sería la pregunta obvia.

El caso de Ernestina ha trascendido a nivel internacional. Ya fue retomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y algunas organizaciones civiles han planteado enviarlo al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Ernestina era una anciana marginada y pobre. No hablaba español y estaba indefensa. El primer examen médico que se le hizo en Río Blanco, Veracruz, cuando aún estaba viva, hablaba de una mujer agredida sexualmente, y no se puede decir que, desde entonces, ya se quería manipular su estado físico para dañar la imagen del Ejército y de la CNDH.

Los errores en la investigación, las contradicciones de las autoridades involucradas y la polémica suscitada en la opinión pública por la actuación del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, quien antes de concluir la investigación afirmó que había muerto de “anemia” producto de un desangrado estomacal originado por una gastritis crónica – lo mismo que dijo el presidente Felipe Calderón--, han puesto el caso de Ernestina como un ejemplo de los más graves en cuanto a violaciones a derechos humanos.

Se trata del primer caso de impunidad de este gobierno y quizá el más grave por las condiciones de la anciana indígena, por quienes están involucrados y por la cuestionable actuación de la CNDH que, de ser el “defensor del pueblo”, ha pasado a ser su peor enemigo.