ESTA EN CHINO.

El gobierno de Calderón oculta la verdad al pueblo, afirma abogado de Ye Gon en EU''

Los cargos son falsos, frívolos; las pruebas presentadas se han colapsado'', sostiene Ning Ye.

DAVID BROOKS
Nueva York, 5 de julio. Al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón oculta la verdad sobre el caso del empresario Zhenli Ye Gon, su abogado en Estados Unidos, Ning Ye, informó que promoverá una demanda contra la administración mexicana en el ámbito del derecho internacional.
''Todos los cargos son absolutamente falsos, completamente frívolos, y las pruebas presentadas se han colapsado'', resumió el litigante en entrevista con La Jornada. Cuestionó las acciones del gobierno de México para ''manipular'' la información pública sobre el caso, y preguntó por qué se había ordenado destruir parte de estas pruebas materiales.
A pesar de que su colega mexicano, el abogado Rogelio de la Garza, ha desautorizado y casi descalificado la carta enviada al gobierno de México donde se afirma que el dinero encontrado en la casa del ahora prófugo Ye Gon le fue encargado por funcionarios del Partido Acción Nacional (PAN), el abogado Ning Ye rehusó retractarse de esta afirmación.
''Mi cliente alega que el dinero era del PAN, de una partida secreta de la campaña presidencial, y que eso era un tema político ultrasensible'', dijo. Indicó que él sólo trasmitió ese mensaje en la carta que envió por fax a la embajada de México en Washington, con la propuesta de ''discutir, dialogar'' sobre el asunto con las autoridades mexicanas. Evadió responder sobre si él y De la Garza estaban colaborando juntos, y si estaba de acuerdo o no con los comentarios de su colega en la ciudad de México.
El abogado Ning Ye señaló que la gran interrogante en todo esto es de dónde provino tanto dinero en efectivo. Se puede argumentar, dijo, que Zhenli Ye Gon ''estaba construyendo la empresa farmacéutica multifacética más grande de América Latina'' (la empresa Unimed fue fundada en 1997), con varias instalaciones industriales e insumos desde varios países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Suiza e Italia. En las enormes instalaciones, indicó, se elaboran drogas legítimas de manera transparente. Todo esto, resume, ''requiere de mucho dinero, es una gran inversión en efectivo''.
El argumento del gobierno mexicano es que el dinero fue del narcotráfico, pero eso ha quedado sin pruebas, dijo. ''No hay evidencia, y la acusación de narcotráfico carece de pruebas y se ha colapsado''. El gobierno mexicano, dijo, alegó muchas cosas ''con especulaciones salvajes y mucha imaginación, acusando a mi cliente de la producción masiva de metanfetaminas, pero ahora eso carece de sustancia''.
Reiteró que las acusaciones sobre la importación y fabricación de drogas precursoras carece de cualquier prueba, ya que en el intenso cateo de la casa, las instalaciones de la empresa, en todas sus propiedades, ''no se encontró una sola partícula de drogas ilícitas''.
En referencia a las 19 toneladas métricas de un elemento químico importado a México desde China por Zhenli Ye Gon, el abogado sostuvo que éstos ''fueron agentes químicos puramente legales'', y que los exámenes comprueban que no eran narcóticos ilícitos o drogas controladas por ley federal. Subrayó que todo estaba registrado en los formularios de aduana y pólizas de seguro, y que había pasado por la ''inspección oficial del gobierno chino al revisar la exportación de estos agentes químicos''.
Ya que los resultados fueron insatisfactorios para el gobierno mexicano, argumentó, se ordenó al 22 Batallón de Infantería destruir todos estos elementos químicos. El abogado criticó que los exámenes de laboratorio de las sustancias químicas importadas por su cliente se realizaron sobre ''muestras contaminadas'', y que lo que se necesita ahora -y lo que fue destruido- son muestras antes de ser tratadas por los laboratorios oficiales. ''El gobierno mexicano hizo muy mal las cosas'', consideró.
''Como abogado defensor mi deber es encontrar todas las pruebas positivas que ayuden a llevar adelante el caso de mi cliente'', afirmó Ning Ye. Insistió en que la gran pregunta es: ''¿por qué será que el gobierno mexicano promueve este cuento fraudulento? ¿Tendrán miedo de decir la verdad al pueblo mexicano?, ¿no quieren que se sepa la verdad?".
Al preguntarle cuál es la verdad a la que se refiere, Ning Ye reiteró que es su cliente quien alega que el PAN depositó gran parte -150 millones de dólares- con él, y que sólo Zhenli y Javier Lozano Alarcón saben la verdad. ''Ese alegato tal vez necesita ser investigado'', subrayó.
Agregó que aunque varios especialistas han indicado que es muy difícil comprobar tal alegato, ''es aún más difícil comprobar lo que acusa el gobierno mexicano... que es a él al que corresponde ofrecer respuestas claras al pueblo y a la comunidad internacional'', comentó.
Ning Ye dijo que no sólo su cliente ''está determinado'' a establecer ''su inocencia'', sino que se está elaborando una respuesta a nivel internacional ante las acusaciones del gobierno de Felipe Calderón. ''Estamos preparando una queja ante el Tribunal Interamericano, procediendo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'', dijo a La Jornada. Además, comentó, se está analizando llevar aspectos de este caso ante la Corte Penal Internacional.
Acusó que se ha detenido a familiares de Ye Gon, han desmantelado su empresa, y con ello han violado tanto derechos individuales como de propiedad protegidos por convenios internacionales. Parte de este caso, dijo, es ''como si fuera Zimbabwe bajo Mugabe''.
Resumió que hay dos interrogantes fundamentales en todo este asunto. La primera es sobre si su cliente de hecho ha participado en el narcotráfico y ese caso, repitió, ''ha fracasado''. Por tanto, queda una segunda pregunta: ''¿por qué será que el gobierno mexicano desea engañar al pueblo mexicano y a la comunidad internacional?''.
-¿Y dónde está su cliente? ¿Está en México, como afirma su otro abogado, o está en negociaciones con los estadunidenses para volverse testigo protegido? -se le preguntó.
-No es conveniente verificar su paradero... Mi cliente está determinado a luchar por su inocencia y este es un momento ultrasensible.
''El (Ye Gon) me habla a mí'', dijo el litigante al informar de que no se comunica con su cliente hasta que éste se pone en contacto.
Aunque su abogado mexicano, De la Garza, recientemente dijo que Ye Gon estaba en México, según reportó La Jornada, la agencia de noticias Ap dijo haberlo entrevistado en las oficinas de Nueva York de Ning Ye.
Mientras tanto, hay muy poca información oficial aquí sobre el caso. El Departamento de Estado y el de Justicia no han respondido aún (hasta el cierre de esta edición) a solicitudes de La Jornada para información sobre el asunto, y la embajada de México sólo repitió que no tiene comentario ''en virtud de que se trata de una investigación en curso de tipo penal''.



No debieron ir a EU los 205 millones de dólares: PRD
ROBERTO GARDUÑO
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal dé respuesta pública sobre la decisión de depositar 205 millones de dólares, incautados al empresario chino Zhenli Ye Gon, en el Bank of America, y refutó el argumento oficial tendiente a garantizar la seguridad de esos recursos.
''Mantenerlos en el Banco del Ejército o en el Banco de México no vulnera el sistema monetario nacional, porque los 205 millones representan sólo 0.27 por ciento de los 70 mil millones de dólares que se encuentran en el banco central como reservas internacionales''.
Alejandro Sánchez Camacho, coordinador económico del PRD, anunció que su partido presentará solicitud formal para que el jefe del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Luis Miguel Alvarez Alonso, explique las razones de la decisión de llevar los recursos a una institución bancaria estadunidense.
El legislador perredista, además, anunció que en los próximos días su partido presentará una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra quien resulte responsable de la acumulación de los 205 millones de dólares.
Para los integrantes de la bancada del sol azteca, Alvarez Alonso no cuenta con atribuciones legales para haber depositado los 205 millones de dólares en una institución bancaria estadunidense. ''Es de extrañarse que argumentando una práctica bancaria común el SAE declare que este fue el motivo por el cual decidió disponer de ese dinero como le vino en gana. Para empezar, esta práctica no es común, porque nunca en la historia de nuestro país se habían asegurado 205 millones de dólares. Y además, el señor Luis Miguel Alvarez no puede sustentar su actuación en prácticas comunes, sino en la ley. A esto se le llama principio de legalidad, y hablando de esto, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y el haber mandado el dinero a Estados Unidos no tiene fundamento ni motivo alguno. Esto lo único que ha hecho es acrecentar las sospechas de que esos 205 millones de dólares fueron parte de la millonaria campaña que llevó a cabo Felipe Calderón y no sabemos aún si con dinero de procedencia ilícita''.
La explicación aportada por Sánchez Camacho refiere que ni el Código Penal Federal, ni la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público facultan para que los recursos mencionados se enviaran a Estados Unidos, con el agravante de que ese dinero ya está generando intereses.
''El SAE ya dispuso de un dinero que se encuentra bajo investigación y ahora no sabemos si es de procedencia ilícita o es parte de lo que sobró de la campaña de Calderón. Los intereses que hasta la fecha se han generado son del orden de un millón y medio de dólares. Este dinero se pudo haber resguardado en el Banco del Ejército o en el propio Banco de México, y es ahí donde la actuación de las autoridades mexicanas resulta sospechosa.''

La criminalización de infantes es un riesgo latente, advierten ONG.

VICTOR BALLINAS
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advirtieron que los exámenes y pruebas antidopaje que el gobierno anunció que se aplicarán a los menores en las escuelas, "constituyen una violación a sus derechos, a la privacidad de la familia y también son un error en el enfoque para atacar el problema".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red; Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh; Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Brisa Maya Solís, titular del Cencos, en entrevistas por separado coincidieron en señalar que "hacer de manera generalizada e indiscriminada las pruebas o exámenes antidopaje propiciará violaciones a los derechos humanos de los menores. Hasta hoy no hay un sustento para aplicar una medida de ese tipo, y menos de manera generalizada".
Los dirigentes de las organizaciones civiles subrayaron que "los derechos de los menores no son negociables, además de que la Organización de las Naciones Unidas protege a la infancia y considera niños a los menores de 18 años, sin descontar que hay convenciones y pactos internacionales que deben ser cumplidos".
Puntualizaron que "ha faltado información. El gobierno no ha sido claro al informar qué resultados espera obtener al practicar esos exámenes o por qué se determinó esa medida".
Edgard Cortez dijo que "se mantiene la política de hacer anuncios que de pronto resultan espectaculares y esta-rían más encaminados a lograr una imagen de efectividad, aunque no se logren resultados. El punto central es que no se está atendiendo de manera integral el problema y la aplicación de estas pruebas podría derivar en violaciones a los derechos humanos de los menores".
El director del Centro Pro advirtió que "este anuncio de que se realizarán las pruebas podría llevar a que se cometan arbitrariedades con los menores, y no constituye una buena medida, faltan estrategias adecuadas, no hay un planteamiento que contenga los mecanismos adecuados, no hay un sustento de información, no hay un programa claro; el gobierno debió haber proporcionado mayor información al respecto".
Adrián Ramírez subrayó que "no se atiende el problema de manera integral, se criminaliza a los menores cuando el Estado está obligado a protegerlos, porque ha firmado convenciones, protocolos y tratados en favor de la infancia. Practicar esas pruebas es una violación a sus derechos".
La directora del Cencos destacó que "el problema del narcotráfico no se va a resolver revisando a los menores en las escuelas o practicando exámenes antidopaje. Hay que recordarle al gobierno que los menores tienen derechos y que el Estado debe garantizar esa protección y no intentar vulnerar esas garantías".


Calderón: Infamias y mentiras
alvaro delgado
México, D.F., 2 de julio (apro).- Felipe Calderón aseguró, el 4 de junio, que en la entrevista privada con el jefe del Estado vaticano, Joseph Ratzinger, no habló con él sobre el aborto, cuya despenalización hasta las 12 semanas de gestación aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y otros asuntos que le importan al clero político.

Pero Calderón mintió: el secretario de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, aseguró que el tema del aborto fue discutido con el Papa Benedicto XVI en la reunión de 22 minutos que sostuvieron ese día, y reveló, además, que dialogaron sobre otros temas de la agenda de la derecha contrarias a la Constitución: la oposición a las sociedades de convivencia, la eutanasia y la ampliación de la libertad religiosa.

Diez días después de esa visita, el 13 de junio, Bertone reveló a la corresponsal de Televisa en Italia, Valentina Alazraki, que Calderón y Ratzinger hablaron de dar nuevos pasos en la libertad religiosa para impartir enseñanza religiosa en los colegios --oficiales y privados-- y los sacerdotes católicos puedan acceder a cargos de elección popular.

La información fue difundida por la página de Internet de Noticieros Televisa, pero no se transmitió en ningún espacio informativo de esa empresa. Claro, para no exhibir a Calderón en semejante mentira.

Ahora Calderón miente otra vez y alega inocencia en la cancelación de Monitor, el noticiario fundado hace 33 años por José Gutiérrez Vivó, quien aseguró en la última de las 41 mil 100 emisiones --el viernes pasado-- que fue asfixiado por un boicot publicitario decretado por el gobierno de Vicente Fox y que continuó con el actual.

Ya desde el 6 de diciembre, cinco días después de la toma de posesión de Calderón, Gutiérrez Vivó reveló el boicot al noticiario y dio a conocer que Maximiliano Cortázar, el exbaterista de Timbiriche que ahora cobra como vocero de Calderón, le advirtió que no habría una entrevista con Calderón: “Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información bien, si no, también.”

El viernes, el conductor de Monitor, reveló otra parte de la estratagema del gobierno: antes de la toma de posesión, se reunió con Calderón, supuestamente interesado en conocer detalles del litigio que desde 2004 tiene con el Grupo Radio Centro, de la familia Aguirre, y cuyos fallos favorables habían sido obstaculizados por Fox.

Calderón, relató Gutiérrez Vivó, se quitó el saco, tomó lápiz y leyó minuciosamente el expediente: “Estuvo revisando un buen rato el paquetazo y me dijo: ‘No hay la menor duda, ustedes ganaron. No tiene vuelta de hoja. Los señores (Aguirre) tienen que pagar, te lo digo como abogado que soy’. El solo lo dijo. Está grabado.”

Sin embargo, no sólo no se resolvió el litigio que obliga a Radio Centro a pagarle 21 millones de dólares a Monitor, sino que la sequía publicitaria desde el gobierno de Calderón se agudizó: “La publicidad no llega, y no llega porque hay indicaciones de que no llegue. Es un boicot económico”, afirmó Gutiérrez Vivó.

Ahora Calderón dice lamentar el cierre de Monitor --el primero de su gestión--, niega el boicot publicitario, asume el papel de perdonavidas y hasta les enmienda la plana a sus jilgueros, que le imputan a Gutiérrez Vivó ser ¡perredista!, como decía Fox: “Jamás hubo un señalamiento de reproche o de sesgo en la información relativa hacia a mí por parte de él, como ocurre o ha ocurrido en algunas ocasiones en ciertos medios”.

Pero no hay que irse con la finta: está más que acreditado que Calderón está reñido con la verdad --el episodio descrito sobre el Papa es apenas un ejemplo—y, sobre todo, que utiliza los instrumentos del poder presidencial para liquidar a quienes identifica como enemigos, que no son necesariamente los criminales.

En el caso de los medios, y la relación que ha establecido con ellos --sobre todo los audiovisuales--, Calderón aplica la misma política patrimonialista y arbitraria de cualquier autoritarismo: utilizar los recursos públicos --de la sociedad, no suyos-- para revitalizar el oficialismo de siempre y robustecer el nuevo.

Y, en contraparte, pretende someter cualquier conducta disidente y liquidar a quienes identifica como enemigos, particularmente a los medios impresos que informan con datos.

Aquí lo hemos apuntado: sólo para difusión, que por supuesto no incluye otro tipo de canonjías a los amigos, este año Calderón dispone de 3 mil 700 millones de pesos, superiores al promedio de 2 mil 300 millones anuales en los seis años de Fox.

El caso de Monitor es emblemático de esta lógica corrupta del poder, que va más allá de si Gutiérrez Vivó se equivocó al asociarse con los Aguirre

--que en sus estaciones han transmitido jingels como “gra-cias-Vi-cen-te-Fox- por-la- democracia” o loas a Calderón después del 2 de julio-- o si abrió espacio a Andrés Manuel López Obrador.

El peligroso mensaje que se envía, además del boicot publicitario gubernamental, es que la pluralidad de voces en México no tiene cabida en los medios, que éstos deben estar subordinados al poder y no a criterio de la sociedad, que premia o castiga en mérito de la información.

Si se concienten ataques como a Monitor --por mezquindades, fobias, ignorancia, pasividad o cualquier pretexto-- se abona lo que ya es nítido para quien quiera verlo: La involución autoritaria que padece el país…