LA CELADA DEL TIRANO

Cree el gobierno que Ulises Ruiz busca desatar la represión federal.

El conflicto en Oaxaca es tema de Estado, y el PRI debe analizar cuál es la salida sobre su gobernador.
La petición del senador Toledo Infanzón de liberar a 12 eperristas "alentaría" al grupo armado

FABIOLA MARTINEZ
El gobierno federal no enviará soldados ni policías a Oaxaca, ni convocará a una mesa de diálogo para resolver el conflicto en aquella entidad.
Fuentes oficiales consultadas por este diario explicaron que una intervención de esa naturaleza "sería dar al gobernador (Ulises Ruiz Ortiz) una fuerza que no tiene" y, además, representaría una provocación a grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
"El problema de Oaxaca es del Estado mexicano en su conjunto, no sólo del gobierno federal y, en esa medida, corresponde hacer su parte a los legisladores y a la dirigencia del PRI, partido (del mandatario estatal) que debe analizar cuál es la salida a todo esto: la permanencia o no de Ruiz", señalaron.
En la mesa de análisis del gobierno calderonista existe un amplio abanico de razones para justificar su magra participación (oficialmente a la zaga) en el conflicto oaxaqueño, aun cuando admite que existe comunicación constante con Ruiz Ortiz y con dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En particular, los funcionarios federales aseguran que el mandatario estatal priísta pretende alentar el fortalecimiento del EPR, como alternativa para desencadenar la entrada del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva, como ocurrió en octubre de 2006.
Lo cierto es que documentos a los que tuvo acceso La Jornada dan cuenta de una solicitud formal del senador priísta Adolfo Toledo Infanzón (identificado con Ulises Ruiz) a la Secretaría de Gobernación (SG) para la liberación de 12 presuntos eperristas presos en Ixcotel, Oaxaca, quienes compurgan penas de 13 a 31 años de prisión, acusados de homicidio, terrorismo simple y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos, por los hechos del 28 de agosto de 1996, cuando un comando del EPR atacó en Bahías de Huatulco.
De acuerdo con información oficial, un grupo de tres ex reclusos, una abogada y cinco parientes de los presos, encabezados por el senador Toledo, acudieron a la SG después de los recientes ataques a depósitos de Pemex.
Los hechos, reivindicados por el EPR por medio de comunicados, ocurrieron el 5 y el 10 de julio, y la reunión, de acuerdo con funcionarios federales, se realizó después de los sucesos. El parte informativo del citado encuentro fue redactado con fecha del pasado 21 de julio.
La intención del legislador oaxaqueño, ex director de la Comisión de Planeación y Desarrollo del gobierno estatal, fue solicitar, además de la liberación de presos, la obtención de apoyos para proyectos productivos en las comunidades de los presuntos eperristas.
También fue entregada una relación con la situación jurídica de éstos -escrita con máquina mecánica- con fecha 2 de julio, aunque las fuentes consultadas revelaron que el senador Toledo tiene especial interés en que salgan de prisión los sentenciados por los hechos del 28 de agosto de 1996, en los que murieron 12 personas, entre policías, marinos, civiles y "guerrilleros".
En el contexto anterior, las fuentes advirtieron que el conflicto en Oaxaca "no deja de ser grave, pero llama la atención que personajes tan cercanos al gobernador Ruiz realicen esas gestiones, cuando está demostrado que se trata de eperristas".


Confusión por el asalto al penal de Juchitán

OCTAVIO VELEZ E HIRAM MORENO
Oaxaca, Oax., 27 de julio. Un grupo de hombres armados y no del Ejército Mexicano fue el que asaltó la noche del jueves el penal de Juchitán de Zaragoza, ubicado en la región del istmo de Tehuantepec, para supuestamente tratar de rescatar a un preso.
"No fue el Ejército; al contrario, los militares nos ayudaron; fueron hombres vestidos de negro que dispararon rifles cuernos de chivo", afirmó el secretario de Protección Ciudadana del estado, Sergio Segreste.
Sin embargo, otra es la versión de lugareños y del delegado regional de Seguridad Pública en el istmo, José Alberto Vázquez, quienes aseguran que el tiroteo presuntamente fue iniciado, "por confusión", por agentes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), quienes efectuaban un operativo para catear un domicilio contiguo al reclusorio, propiedad de un pollero y narcomenudista de nombre "Marcelo".
En el incidente, ocurrido a las 23 horas del jueves, resultó herido el policía Emilio Pesado Reyes, quien recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y fue trasladado al hospital de especialidades, situado en el municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, donde es reportado estable.
Después del percance, elementos del Ejército, la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación, así como de corporaciones estatales, se trasladaron a Juchitán de Zaragoza y poblados aledaños para tratar de detener a los responsables, lo cual hasta el cierre de esta edición no había ocurrido.
Segreste explicó que el grupo armado arribó a las afueras del penal en camionetas tipo pick up y Suburban, para enseguida disparar contra los policías de guardia.
Estos repelieron la agresión y se generó un enfrentamiento de varios minutos. En su opinión, el comando atacó a los vigilantes para ingresar al penal y tratar de rescatar a un presidiario. "Creo que esa fue la intención, pero no hubo ni motín ni fuga", aclaró.
Insistió en que en la prisión no existe un preso vinculado con el narcotráfico o con bandas del crimen organizado.
Descartó que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o algún otro grupo armado haya sido el responsable de los hechos. "Es la delincuencia organizada seguramente".
También rechazó las versiones de que el GAFE, del Ejército Mexicano, haya agredido a los policías del penal por una confusión. "Hay dichos de los propios policías sobre esto, por el desconcierto que se generó, pero no es la realidad. Al contrario, los soldados llegaron después para ayudarnos", remarcó. Además, observó que los militares no usan como arma regular los rifles de asalto AK-47 o cuernos de chivo.
No obstante, el delegado regional de Seguridad Pública en el istmo dio otra versión y señaló que el choque se originó por una "confusión" entre policías y militares.
"Los soldados iban a entrar a la casa de un pollero, pero nosotros pensamos que iban a entrar al reclusorio, disparamos y así se generó el enfrentamiento", reveló un agente que pidió el anonimato.
Esto último coincide con lo dicho por lugareños, quienes comentaron que un convoy del Ejército llego en cuatro vehículos tipo Hummer hasta la vivienda de Gabriela Jiménez Niño, ubicada a un costado del penal, presuntamente en busca de un hombre conocido como El Marcelo, y tras una confusión comenzó el tiroteo.


Falta el Estado a su deber de indagar la desaparición de dos eperristas: ONG
Si cometieron algún delito deben ser detenidos y presentados ante un juez, advierten
VICTOR BALLINAS


El Estado "no ha hecho lo suficiente para investigar las denuncias de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Cruz), ocurridas el 25 de mayo pasado en Oaxaca", afirmó ayer Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos".
"Es insuficiente que el Estado diga: 'yo no los tengo'; su obligación es iniciar una investigación y esclarecer los hechos para determinar su paradero, su situación física, si hubo miembros del Estado implicados en esas desapariciones y si participaron civiles en complicidad. Demandamos su presentación con vida, porque el gobierno no ha cumplido su responsabilidad", subrayó Cortez.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), acusó: "se está viviendo un estado de excepción en Oaxaca. Hay recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos en la entidad, y en el caso de los dos desaparecidos en mayo el gobierno federal trata de desentenderse, pero es su responsabilidad como Estado dar respuesta".
Anunció que en la visita del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para México, Florentín Meléndez, el próximo 7 de agosto, "revisaremos el tema y solicitaremos que se invite a México al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, para que se pronuncie sobre este nuevo fenómeno".
Los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o Raymundo Rivera Cruz) "ya están en las instancias internacionales, y aunque el gobierno niegue que los tenga, debe investigar quién y por qué los desapareció y dónde los tienen", insistió Ramírez.
A las organizaciones defensoras de derechos humanos "no nos interesa si los desaparecidos referidos son del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Si cometieron algún delito, deben ser detenidos mediante una orden de aprehensión y presentados ante un juez, pero no pueden detenerlos y desaparecerlos".
Casos como los que "nos ocupan hoy han ocurrido desde 1996. Hubo algunos en los que a los detenidos los desaparecieron hasta nueve meses, y después los presentaron como si un día antes hubieran sido detenidos cometiendo algún delito. A otros, que sus familiares denunciaron en situación de desaparecidos y que las autoridades negaban tenerlos, después de varias semanas los presentaron ante el juez, o simplemente los soltaron". Por esa experiencia se tiene la certeza de que las desapariciones las realizan elementos al servicio del Estado", afirma el activista.
En tanto, Julio Mata, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), subrayó: "la detención-desaparición de personas no ha cesado. Aunque son acciones ilegales, el Estado las realiza desde los años 60, y como ninguno de quienes cometen esos delitos ha sido sancionado, siguen haciéndolo porque saben que no serán juzgados".


La Guelaguetza debe dejar de ser
un interés político: Adelfo Regino

Propone el diálogo como vía para dirimir las controversias y como mecanismo de solución ante los problemas existentes
“Los sentimientos, costumbres y tradiciones arraigados en nuestros pueblos y comunidades indígenas del Estado deben incidir en la conformación de un Comité o una Comisión Plural Ciudadana para revertir los actos que en torno a una festividad nacional con trascendencia mundial de nuestras costumbres, tradiciones y el folclor, que inciden en una expresión cultural a través de la máxima festividad de los oaxaqueños, la Guelaguetza, para dejar a un lado intereses ajenos a la misma, ya que esta ha sido usada económicamente por determinados sectores de Oaxaca y políticamente para legitimarse no solamente ante los pueblos indígenas sino ante la sociedad”, señaló Adelfo Regino Montes, integrante del Servicio de los Pueblos Mixes (SER).
En entrevista con NOTICIAS, y ante la actual situación prevaleciente entre algunas organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno del Estado, Regino Montes confía que la propuesta para dirimir las diversas controversias, opiniones y consideraciones tienen un solo mecanismo de solución, el diálogo. “Los oaxaqueños, acota, no debemos perder la esperanza de que a través de la construcción de acuerdos civilizados y razonados podemos solucionar los problemas por muy graves que éstos sean.
La experiencia que hemos tenido desde nuestras comunidades y en el seno de los municipios es que a pesar de las condiciones de inequidad social, con la consecuente marginación y pobreza, en las que éstas subsisten no han recurrido a la violencia para resolver sus problemas por más álgidos que éstos sean ya sea en el ámbito agrario, político o económico; la sabiduría de las comunidades indígenas es clara, si apostamos a la violencia finalmente salimos perdiendo, por eso, insiste, tenemos que confiar en el diálogo para llegar a puntos de solución”.
Regino Montes, define a la Guelaguertza como un patrimonio cultural de los pueblos indígenas, fundamentalmente de la cultura zapoteca, es un aporte común en la festividades que se hacen en comunidades indígenas y razón de ello, acota, un mecanismo articulador, cohesionados y fundamental para subsanar las heridas y como parte elemental para lograr la armonía.
“Lamentablemente esta fiesta ha caído en el folcklorismo que ha sido usada económica y políticamente por lo cual tenemos que hacer que las organizaciones indígenas y los oaxaqueños en su conjunto, recuperen el sentido original de la esencia de la Guelaguetza para darle un significado propio y de autenticidad”.
Esto, insiste, mediante un proceso de diálogo y reflexión, los pueblos indígenas hemos reiterado una y otra vez que no creemos que el camino sea la cerrazón menos aún la violencia; hacen falta iniciativas de diálogo, pacíficas y legales que permitan llegar a acuerdos y que permitan construir una nueva fiesta auténtica y de libre determinación de los pueblos con el aporte de un comité de ciudadanos expertos de la cultura y sabedores de los usos, costumbres y tradiciones milenarias e indígenas y hacer de esta festividad un patrimonio cultural de los pueblos indígenas y darle así un mensaje al país y al mundo de nuestras costumbres y tradiciones.
Ha llegado el momento de darle para darle una connotación cultural, conviene a todos que la Guelaguetza deje de ser un evento político e incluso un rehén político tanto del Gobierno como de ciertos grupos de la sociedad. “Los llamados que hace la administración estatal a través del Secretario general de Gobierno a los diversos sectores, tienen que ser analizada sin olvidar que todavía hay un conflicto que sigue siendo tema a nivel estatal, nacional e internacional. Esto se tiene que resolver con la construcción de acuerdos; la violencia de uno y otro lado no favorece a nadie, los que salimos perdiendo somos los ciudadanos, las organizaciones que tenemos un trabajo en nuestras regiones y comunidades por ello, recapitula, la propuesta sería diálogo con esperanza de llegar a acuerdos civilizados, respetuosos, de corresponsabilidad y coadyuvancia a favor de Oaxaca y de todos los oaxaqueños.