SECCION XXII EN DEBATE.

Acepta SNTE oferta de Segob pero mantendrá plantón en Oaxaca

Mantiene la Sección 22 su intención de boicotear "La Guelaguetza" tras analizar los ofrecimientos las propuestas de Gobernación a sus demandas políticas

Notimex
El Universal
Oaxaca, Oax.
Jueves 12 de julio de 2007
08:47 La Sección 22 del SNTE aceptó las propuestas de la Secretaría de Gobernación (Segob) a sus demandas políticas, pero anunció que mantendrá su plantón en el Zócalo de Oaxaca hasta el próximo 5 de agosto.
Asimismo, insistió en su intención de boicotear "La Guelaguetza" que se efectuará oficial a partir del próximo día 23 de este mes.
Entre sus demandas se encuentran la cancelación de 20 órdenes de aprehensión, la entrega de 188 escuelas en conflicto, así como la liberación de los presos por el pasado movimiento político social.
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizó ayer una asamblea, misma que terminó esta madrugada, para analizar los ofrecimientos de Gobernación.
Durante las mesas de trabajo maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) tuvieron brotes de enfrentamiento al estar en desacuerdo por el levantamiento del plantón magisterial.
La asamblea se suspendió durante cuatro horas cuando el secretario de Organización y presidente de la mesa de debates, Ezequiel Rosales Carrreño, dejó la plenaria tras las inconformidades.

Amparo otorgado demuestra la
ilegal reclusión de Flavio Sosa

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
El amparo otorgado por la jueza federal con sede en el Estado de México, María de Lourdes Lozano Mendoza, al consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, preso en el penal del Altiplano, donde ordena su traslado a un cárcel de la entidad, demuestra que su detención y su reclusión en una cárcel de máxima seguridad fue ilegal porque “no es un delincuente de alta peligrosidad”, afirmó su cónyuge Beatriz Castañeda Pedro.
Pero, dijo que su familia y el pueblo de Oaxaca “no quieren su traslado sino su libertad por ser inocente de todos los delitos imputados”.
De acuerdo con el expediente de amparo 108/2007-V, la juez Lozano Mendoza concedió el amparo a Flavio y su hermano Horacio de los mismos apellidos, internados en el mismo penal, ya que las secretarías de Seguridad Pública federal y de Gobernación, así como la PGR, la dirección del penal del Altiplano y el gobierno de Oaxaca, “no acreditaron constitucionalmente el traslado y reclusión de los quejosos” en esa prisión.
Aparte de que los hermanos Sosa tienen calidad jurídica de procesados en delitos del orden común, no federales, y no existen constancias ni estudios previos de autoridades jurisdiccionales o administrativas que justifiquen que tengan un perfil criminológico de “alta peligrosidad”.
Flavio y Horacio, fueron recluidos en el penal del Altiplano y no a uno de mediana seguridad en Oaxaca por solicitud del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
Castañeda Pedro expuso que la determinación de la jueza “demuestra una vez más que la detención y confinamiento de Flavio y su hermano en un penal de máxima seguridad, fue una decisión de Ulises Ruiz Ortiz para castigar a quienes demandan su destitución”.
“Él no cometió ningún delito; solamente se sumó al pueblo en su lucha por la caída del tirano por la represión desatada en contra del pueblo”, asentó.
Y dijo que esta resolución “anima y da más fuerza” a su familia en la lucha por su liberación porque “su traslado no compone ninguna de las ilegales cometidas” por los gobiernos federal y estatal.
“(La decisión de la jueza) es una evidencia más que son presos políticos y de conciencia, pero nosotros y el pueblo no queremos eso sino su libertad inmediata porque son inocentes”, remarcó.
A su vez, uno de los voceros de la APPO, Florentino López Martínez dijo que la resolución de la jueza “da nuevamente la razón” al movimiento magisterial y popular, “pues está visto que todos los detenidos son presos políticos y de conciencia”.
“El tirano los tiene como rehenes; pretende someter al movimiento con su encarcelamiento, pero la exigencia de su salida se mantendrá así como la libertad incondicional de todos los presos”, apuntó.
Y consideró que quienes deberían de estar en el penal del Altiplano son el propio gobernador Ruiz Ortiz, los x secretarios de Gobierno y de Protección Ciudadana, Jorge Franco Vargas y Lino Celaya Luría, así como los ex jefes policiales Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, y el hasta ahora coordinador de Seguridad Pública Municipal y Vialidad de Oaxaca de Juárez, “por ser ellos si delincuentes de alta peligrosidad”.

Sorprendida, la hija de un eperrista desaparecido

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Nadín Reyes Maldonado, hija de uno de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos desde hace casi dos meses en esta capital, dijo estar sorprendida e impresionada por la participación de su padre en el grupo armado y por la reivindicación que ha hecho para exigir su presentación con vida.
“Mi padre es comerciante; venía a Oaxaca a visitar a mi abuela, pero de ahí no sabíamos nada más”, señaló.
El eperrista, Edmundo Reyes Amaya, nacido hace 56 años en Oaxaca, desapareció con otro miembro de esa organización, Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo pasado en esta ciudad.
Mientras tanto, el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, deslindó a su administración de la detención de los presuntos militantes del grupo armado.
No existe ninguna averiguación previa ni orden de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia o del Tribunal Superior de Justicia “contra las personas que señala el EPR, tampoco están detenidos en algún penal de la entidad”, señaló.
Exhortó a los oaxaqueños a no tener temor ante el pronunciamiento hecho del EPR y precisó que las autoridades federales han iniciado las investigaciones respectivas y los operativos para resguardar las instalaciones estratégicas en todo el país.
La hija, licenciada en pedagogía, maestra de preescolar, contó que su padre viajaba cada mes o tres meses a Oaxaca para ver a su madre, Eulalia Amaya, quien radica en una colonia de esta ciudad.
“La noche del 23 de mayo salió por autobús (del DF), acordando regresar el día 30. La semana siguiente, se nos hizo raro que mi padre no regresara como el nos había dicho, ni tampoco se comunicara para avisarnos que se quedaría más tiempo. Se nos hizo muy raro ya que es muy puntual y cuando no es así, se comunica para avisarnos cuando no puede regresar. Esta situación nos angustió de momento, pero pensamos en que podría estar disfrutando de la familia. Pero llegó el sábado por la mañana y aún no se había comunicado, por lo que decidí por tanto hablarle a su número celular, sin embargo se escuchaba un aviso de fuera del área de servicio”, narró.
Ante ello, agrega, empezó a indagar en los periódicos para informarse sobre Oaxaca por haber visto “por la televisión que la situación estaba muy dura”.
“Y es entonces cuando por medio de La Jornada, me entero de la detención-desaparición de mi papá el 4 de junio y veo que el EPR, lo reconocía como su integrante. En ese momento todo fue turbio y confuso para mi familia y para mi, pues nos angustiamos demasiado cuando vimos que este grupo lo reivindicaba, junto con otras dos personas, lo cual nos lleno de miedo, quedándonos como en estado de shock, sin saber que hacer”, añadió.
Su madre, Eulalia Reyes, dijo: “Desde hace 30 años se fue (a la Ciudad de México) en busca de trabajo; nos visitaba en la casa y lo hacia pocos días, sin que nos informara lo qué hacia o a dónde iba”.
A pesar de la reivindicación que ha hecho el EPR de su padre, Nadín no aceptó del todo que sea militante de ese grupo armado.
“Cuando venía a Oaxaca decía ‘voy a ver a la familia’ y le creíamos, nunca vimos nada raro ni lo cuestionábamos. Voy a creer hasta que lo tenga enfrente y me diga si es cierto o no”, refirió.
Pero, subrayó que no tiene nada por reprochar a su padre en caso de ser militante del EPR.
“No hay secretos en la familia, pero si es así (que sea eperrista) no tenemos nada que reclamarle; si no nos dijo nunca nada es por algo”, indicó.
Y exigió a los gobiernos federal y estatal presentar con vida a su padre, pues a pesar de pertenecer a una organización armada revolucionaria, “tiene derecho a un juicio justo”.
“Pese a que se han deslindado de tenerlo en la cárcel, está en sus manos encontrarlo y presentarlo”, remarca.
Reyes Maldonado adelantó que presentará una denuncia penal por la desaparición de su padre y recurrirá a Amnistía Internacional (AI) y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU



Mujeres de Juchitán esperan hasta 6 meses para ser tratadas de cáncer
Organismos civiles hacen milagros para intentar llenar la laguna que las autoridades provocan
ANGELES CRUZ MARTINEZ
Las posibilidades de recuperar la salud o inclusive salvar la vida son limitadas para las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer cérvico-uterino en Juchitán, Oaxaca, pues aunque se supone que el tratamiento médico es gratuito para todas las pacientes -como lo determinó el ex presidente Vicente Fox en marzo de 2005-, en aquella zona deben esperar entre tres y seis meses para obtener una cita en el Hospital Civil de la Secretaría de Salud estatal, aseguró Francisco Gutiérrez Delgado, director del Centro de Estudios y Prevención del Cáncer (Ceprec).
Este es apenas un ejemplo de lo que ocurre en cientos de poblados y localidades del país, en los que los servicios médicos para la atención de enfermedades graves son inexistentes o que, en el mejor de los casos, el tiempo de espera para recibir la atención médica en otra ciudad es de varios meses.
Localizada a unas ocho horas, por carretera, de la capital estatal, en Juchitán el acceso a los servicios de salud es limitado en términos generales, para una población que mayoritariamente tiene inconclusa la educación primaria y percibe un ingreso diario de 48 pesos.
Ahí es donde Ceprec proporciona atención médica a las mujeres, con la realización de la prueba de detección de lesiones en el cuello de la matriz. A diario reciben a 40 pacientes, de las que en promedio cuatro presentan cáncer cérvico-uterino, comentó Gutiérrez Delgado, quien además dijo que sólo en el Ceprec tienen conocimiento de que cada año 50 de ellas pierden la vida a causa de la enfermedad.
Para el especialista lo más lamentable de la situación que se vive en Juchitán es que de las cuatro mujeres a quienes se les diagnóstica el tumor, el Ceprec, que es una organización civil, sólo tiene posibilidad de dar tratamiento médico a dos, porque el presupuesto del que dispone es insuficiente y tampoco cuenta con apoyo por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno.
El Ceprec opera en Juchitán desde 2001 y ofrece a las pacientes tratamientos de cirugías y quimioterapia, pero está imposibilitado para dar sesiones de radioterapia, indispensables en 80 por ciento de los casos de cáncer de matriz, dijo Gutiérrez Delgado.
Cuando se llega a esta parte del procedimiento clínico, el centro tiene que enviar a las mujeres a otras instituciones de salud y ni siquiera al Hospital General que está en la ciudad de Oaxaca, porque "su equipo médico es obsoleto", a pesar de que los gobiernos federal y estatal han informado de acciones para mejorar las instalaciones del nosocomio.
Los avances son mínimos también porque la capacidad instalada está rebasada por la elevada demanda de servicios clínicos, advirtió Gutiérrez.
El director de Ceprec comentó que una organización europea le ha ofrecido en donativo un equipo de radioterapia con tecnología de punta, que no puede aceptar porque se requiere un inmueble especial para su instalación. El espacio que ahora ocupa Ceprec es rentado y la unidad de radioterapia necesita de la construcción de un búnker que aísle los radioisótopos que se liberan en los tratamientos de radioterapia. Lo más cercano que tienen las mujeres juchitecas para someterse a este tratamiento es Puebla, Mérida y el Distrito Federal.
Respecto del Seguro Popular, Gutiérrez Delgado afirmó que en Oaxaca el programa funciona en una cuarta parte de la demanda en el caso del cáncer cérvico-uterino.
Para poder trabajar, el Ceprec recibe donativos deducibles de impuestos, pero también tiene que cobrar cuotas de recuperación a sus pacientes, de 150 pesos. Obtiene los medicamentos por medio de convenios con laboratorios farmacéuticos que aceptan bajar los costos de sus productos para apoyar a las mujeres de escasos recursos económicos.