¿SABOTAJE O PRETEXTO?

Advierten especialistas sobre riesgos de criminalizar la protesta social

DE LA REDACCION
Atribuir a grupos armados las explosiones en gasoductos de Petróleos mexicanos (Pemex), sin tener como base una investigación seria y objetiva, es sumamente arriesgado, afirmaron especialistas en seguridad nacional y organismos sociales y de derechos humanos, que mostraron incredulidad ante las versiones oficiales que señalan al Ejército Popular Revolucionario (EPR) como responsable de los atentados contra instalaciones petroleras.
El PAN respaldó al presidente Felipe Calderón en su llamado "para que todos los mexicanos de buena voluntad rechacen categóricamente la violencia", y la Iglesia católica condenó, en nombre de todos los fieles del país, lo que denominó "acciones criminales", pues el fin del hombre es la paz. "La justicia no puede ser establecida por la vía del terror, la explosión y del daño a terceros", dijo el Episcopado Mexicano.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay situación de alerta en la ciudad, pero que a partir de las medidas adoptadas por el gobierno federal se aplicó la norma prestablecida que refuerza la seguridad en instalaciones estratégicas, como el Metro y los sistemas de comunicaciones y de distribución de gas. En entrevista, dijo que no está en posición de desestimar ni dar por confirmada la información sobre los presuntos ataques eperristas, pero se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, subrayó que el Estado mexicano está obligado a esclarecer totalmente las causas de las explosiones. Dijo que ante dos explicaciones extremas, como que efectivamente el EPR sea autor de actos de sabotaje o que las explosiones sean resultado del abandono en la infraestructura de Pemex, se perfilan tres escenarios:
1. primero, que la acción de un grupo guerrillero dé la excusa de mano dura e incluso se pretenda criminalizar a los movimientos sociales;
2. segundo, que se trate de una cortina de humo para dejar de lado los "cuentos chinos", y
3. tercero, que se pretenda argumentar que es mejor entregar la paraestatal a la iniciativa privada ante la falta de recursos para darle mantenimiento mínimo.
Piñeyro señaló que sólo después de una investigación "exhaustiva y con criterios objetivos" se podrá constatar si efectivamente el EPR realizó acciones de sabotaje, a pesar de "aparentes contrasentidos, como el que realizara los ataques en estados donde no tiene influencia ni base de apoyo social. Además de que este grupo guerrillero siempre ha sostenido posiciones nacionalistas y Pemex es una empresa estatal y, por tanto, de todos los mexicanos, por lo que atacar sus instalaciones tiene un efecto en el sector industrial y en los trabajadores".
Carlos Rodríguez Arechavaleta, investigador de la Universidad Iberoamericana y especialista en movimientos guerrilleros, aseguró que de "constatarse" la participación del EPR sería un "error del Estado mexicano limitarlo a un problema de seguridad, cuando es evidente que tiene causas más profundas, como la pobreza y la marginación". Insistió en que es necesario "esclarecer de manera objetiva y transparente los hechos, y no vincularlos simplemente con las acciones de un grupo guerrillero".
Organismos de derechos humanos señalaron que estas acciones violentas son consecuencia "natural" de una demanda social no atendida. Luis Arriaga, del Centro Miguel Agustín Pro, dijo que aún no existen elementos suficientes para asegurar que el EPR haya sido responsable de las explosiones, y Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, calificó de preocupante la persistencia de las desapariciones forzadas, como las que reclaman los eperristas.
Ambos señalaron que las afectaciones a los gasoductos evidencian la vulnerabilidad del Estado mexicano y su incapacidad para resguardar instalaciones estratégicas. También llamaron la atención sobre el riesgo de que atentados de este tipo sirvan de pretexto al gobierno para criminalizar la protesta social.
El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, afirmó que de confirmarse la autoría del EPR en las explosiones debe interpretarse como "una señal de alarma" para el sistema político. "Hay que decir claramente que la violencia no ayuda a fortalecer la democracia y estos actos de sabotaje son reprobables y repudiables. Puedo estar claro que (de fondo) hay un contexto social y que por ello también se tendrá que revisar, desde la reforma del Estado, esta situación".
La dirigencia nacional del PRD demandó al gobierno federal que investigue "seriamente" los presuntos ataques del EPR. "Creemos que se ha adelantado a concluir un resultado sin haber siquiera iniciado la indagatoria correspondiente". Exhortó al Ejecutivo a conducirse con tranquilidad para no "enrarecer el clima político" en el país.
La Unión Nacional de Trabajadores mostró incredulidad acerca de quién o quiénes podrían ser autores de actos que se atribuye el EPR. La presidencia colegiada inculpó al gobierno federal de estar "orquestando" acciones para "desviar" la atención de la ciudadanía de asuntos como el caso de Zhenli Ye Gon y "reforzar la presencia castrense en las calles".
El presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, consideró que las explosiones en gasoductos son hechos aislados, y aseveró que en cualquier Estado democrático no son admisibles acciones de violencia contra las instituciones.

Confirmar si hubo atentados, piden legisladores al gobierno

ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó todo acto de violencia y ''exigió'' al gobierno federal una investigación ''puntual y exhaustiva'' sobre las recientes explosiones en gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluida la hipótesis de que se trata de atentados, ya que un grupo armado asumió la autoría de los mismos.
El punto de acuerdo fue cabildeado previamente, por lo que se aprobó sin discusión. En entrevistas previas, los coordinadores senatoriales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente, coincidieron en la urgencia de que el gobierno federal informe al Legislativo si se trata realmente de actos terroristas, dada la gravedad del presunto ataque a instalaciones de Pemex.
Beltrones advirtió que se debe exigir que los órganos de inteligencia del Estado mexicano se aboquen ''a trabajos de mayor profundidad'' y no a la elaboración de encuestas, ya que es obvio ''que no han parecido tan inteligentes como quisiéramos'', porque no hubo acciones preventivas para evitar los estallidos en instalaciones de la paraestatal en Guanajuato y Querétaro.
Igualmente, Navarrete consideró ''una imprudencia'' de la administración de Felipe Calderón el aceptar que se trató de explosiones provocadas, sin haber agotado las investigaciones. Por ello y por la tardanza en dar a conocer los hechos formuló un reclamo: ''Si de verdad tenían información de que los ductos de Pemex fueron volados con artefactos explosivos, de manera intencional, ¿por qué no convocó de inmediato a las fuerzas políticas y a los líderes del Congreso para informar de la gravedad de los acontecimientos?''
Exigió también que la Secretaría de Gobernación aclare al Congreso la veracidad del comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR), e informe sobre la desaparición en Oaxaca de dos activistas de ese grupo armado, que es lo que al parecer generó las reacciones violentas. Hizo notar que la izquierda electoral, ''que quiere dar cauce a la protesta de millones de mexicanos, está preocupada por el riesgo de un desborde desde el ala armada del movimiento mexicano de protesta contra el gobierno''.
Insistió: la irritación social por problemas no resueltos, como el de Oaxaca, puede ser ''caldo de cultivo'' para que sectores radicalizados decidan tomar la vía armada. ''Nos preocupa por ello que la inacción del gobierno o francamente su torpeza pueda motivar el activamiento de grupos armados que ya existen desde hace mucho, pero parece que se están reactivando''.
Interrogado sobre el tema, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, rechazó responder si hubo precipitación del gobierno de Calderón al aceptar que las explosiones fueron provocadas. ''El asunto es lo suficientemente grave, debemos tomarlo con toda seriedad y esperar a que se hagan las investigaciones para poder ratificar la información''.
Los coordinadores de todas las fuerzas políticas cabildearon un punto de acuerdo, que fue llevado ante el pleno por el diputado panista Cruz Pérez Cuéllar, en el que la Permanente rechazó ''enérgicamente cualquier acto de violencia que lastime y vulnere la seguridad y la integridad de los mexicanos''.
Asimismo, ''se exige a las autoridades responsables la investigación puntual y exhaustiva de los estallidos en los gasoductos de Pemex'', que considere ''todos los aspectos técnicos derivados de la situación prevaleciente en las instalaciones de la paraestatal, la adjudicación de los hechos por parte de una organización armada, de la cual dieron cuenta los medios de comunicación, y todos aquellos elementos que sean útiles para el esclarecimiento de estos lamentables hechos''.


Qué falló y qué sigue
EDITORIAL DE EL UNIVERSAL
12 de julio de 2007

Evidentemente, la guerrilla en México no se ha extinguido. Se mantuvo encapsulada en regiones y familias durante un largo cuarto de siglo y al parecer ahora resurge con renovados bríos. ¿Qué falló? La inteligencia, desde luego, pero también la supresión de causas que la incuban. Miseria, exclusión y represión conforman una tríada que radicaliza y es usada por algunos como justificación para abrazar la siempre reprobable violencia.
Hoy, todos los partidos políticos, esos que no logran ponerse de acuerdo para allanar el camino del progreso nacional, coinciden en condenar los atentados. Con una sola voz desde el PAN hasta el FAP, pasando por la pléyade entera de siglas partidistas, se pronuncian inequívocamente en contra de los violentos.
El corte de las arterias conductoras de energéticos ha entorpecido las actividades productivas en el Bajío, de Jalisco a Aguascalientes y de Guanajuato a Querétaro.
Un millar de empresas medianas y pequeñas paradas, pérdidas diarias por cuando menos 100 millones de pesos y unas 80 mil viviendas que carecen de gas.
Petróleos Mexicanos hace esfuerzos para restablecer el suministro con prontitud y anuncia reforzamiento de medidas de seguridad. Después del niño ahogado se tapa el pozo.
¿Dónde han estado no estos días pasados, sino estos meses, incluso estos años, los aparatos de inteligencia del Estado mexicano responsables de detectar y prevenir amenazas a la seguridad nacional?
¿Dónde los políticos para responder a la demanda eterna de las masas marginadas que se apiñan en las sierras de las entidades sureñas o en los barrios proletarios de las ciudades?
Para los jóvenes en nuestra sociedad hay un horizonte incierto en el que se configura con menos precisión un futuro empleo que la posible huida al norte, el ingreso a bandas de delincuentes o en algunos casos, incluso, la rebelión. Son apuestas de vida desventajosas, es más, preocupantes, que pueden inclusive complicarse si llegaran a traslaparse.
En otros lados, la guerrilla se ha aliado con los narcotraficantes; a cambio de su apoyo bélico reciben armas, municiones y dinero. Esa si que sería una opción indeseable para México.
En ese punto en el que los centros del poder coinciden, deben sumarse acuerdos entre las partes para que no se riña el trabajo político con la inteligencia, sino que se complementen.
Con humildad acordemonos de qué manera los países del sur del río Suchiate convinieron en transitar de los tiempos de la guerrillera a los acuerdos de paz. El castillo de Chapultepec fue escenario para firmar documentos que unieron a los que la violencia separó. México está lejos, muy lejos de ese amargo antecedente histórico, pero en esta encrucijada nacional no nos caería mal refrendar nuestra vocación de paz.

Reclama el EPR a hermano de líder
Inteligencia lo liga a Francisco Cerezo, fundador y dirigente del grupo

Alejandro Jiménez, Juan Veledíaz y Jorge A. Medellín
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, uno de los desaparecidos que reclama el EPR —quien se hace llamar Raymundo Rivera Bravo—, es hermano de Francisco Cerezo Quiroz o Tiburcio Cruz Sánchez, uno de los dirigentes formales de ese grupo armado y también uno de los hombres más buscados, de acuerdo con los servicios de inteligencia civil y militar mexicanos.
A Francisco Cerezo no sólo se le busca por las explosiones en los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro, que el EPR se adjudicó el martes 10 de julio, sino por la red de contactos con militantes de otras organizaciones sociales que ha tejido en los últimos años y que abarcan por lo menos los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.
Existe un cerco de agentes del gobierno alrededor de su familia, algunos de los cuales se han dejado ver en los últimos días en labores de seguimiento a uno de sus hijos, según denunció la familia el pasado 2 de julio mediante una “acción urgente” el Comité Cerezo.
Aunque el hostigamiento nunca ha cesado desde que sus hermanos Héctor, Antonio y Alejandro cayeron en prisión, en agosto de 2001, se agudizó desde el pasado 26 de junio y arreció justo el día de las primeras explosiones en ductos de Pemex, dice Francisco Cerezo Contreras, fundador del comité.
“Las amenazas llegaron contra mi familia en un mensaje de internet y también van dirigidas a un supuesto tío que es una de las personas desaparecidas desde el 25 de mayo en Oaxaca”, dijo Cerezo Quiroz.
Anteriormente, el 12 de junio, Alejandro Cerezo Contreras, según el comité, fue grabado y fotografiado por un individuo de traje oscuro, como de un metro 80 de estatura, gordo, pelo corto y cara redonda, cuando acudió a una prueba médica a la dirección de medicina del deporte de la UNAM.
Alejandro fue uno de los tres hermanos detenidos en 2001 a raíz de una serie de explosiones en sucursales bancarias en el DF. Tras varios amparos y revisiones al proceso judicial fue liberado. A sus hermanos Héctor y Antonio se les absolvió de varios delitos y se les redujo la pena de 13 años y seis meses de cárcel a siete años, de los que llevan seis.
Héctor y Antonio son los mayores de cinco hermanos, a quienes siguen Alejandro, Emiliana y Francisco. Su madre Florencia Canseco, quien vive en la clandestinidad, se hace llamar —según los órganos de inteligencia civiles— Emilia Contreras.
Ella sería hermana de Felipe Canseco, ex militantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), preso en el reclusorio norte hace unos años acusado de pertenecer al grupo guerrillero.
Alejandro, Emiliana y Francisco son quienes encabezan el comité, el cual, según han denunciado, tiene una guardia permanente de agentes gubernamentales quienes vigilan la sede de la organización.
Los tres hermanos que están en el comité más los dos presos son sobrinos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hermano de Tiburcio, quien se hace llamar Raymundo Rivera Bravo, detenido el 25 de mayo en Oaxaca y reclamado por el EPR.
Su nombre aparece citado en el comunicado difundido por el EPR el martes 10 donde señalan que para exigir su libertad fue que el grupo armado “en cumplimiento de la orden del comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)”, que se presenta como “brazo político” de la guerrilla, realizó las acciones de sabotaje en las instalaciones de Pemex.
Los hijos de Tiburcio Cruz, considerado uno de los fundadores del EPR, han sido objeto de hostigamiento por medio de llamadas anónimas y mensajes grabados, según lo han denunciado desde hace dos años.

Movilizan a 5 mil soldados élite

La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)