EL JUICIO POPULAR.

Tres instancias analizarán casos de Oaxaca, Atenco, Juárez, Sicartsa y La Parota
Juicio popular nacional contra Ulises Ruiz
El acto, protesta contra la impunidad; no se respetan garantías de afectados, dice la APPO
EMIR OLIVARES ALONSO
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) empezaron un nuevo juicio político popular nacional contra el mandatario del estado, Ulises Ruiz Ortiz, con el propósito de que éste sea el punto de inicio de la unidad entre los diversos referentes del país que luchan contra el neoliberalismo y la impunidad, como La otra campaña, el movimiento oaxaqueño, el Diálogo Nacional y la Convención Nacional Democrática.
El acto, iniciado en el Zócalo de la ciudad de México y que culminará hoy, se realiza debido a que el sistema de justicia establecido en el país no garantiza una defensa imparcial "a las víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, quienes al denunciar las transgresiones son perseguidas, hostigadas, amenazadas y hasta asesinadas, debido a la impunidad que prevalece en México", aseguró Cástulo López, de la Comisión de Prensa de la APPO.
Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.
Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.
A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.
El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".
Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.
Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.
Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.
Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.
Miembro del comité de liberación oaxaqueño narra agresión que sufrió el 16 de julio
''Para qué defiendes a esos mugrosos", dijeron policías a abogado herido
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Oax., 3 de agosto. "Ahí tienes, para que no sigas defendiendo a esos pinches appos", bramó un furibundo policía antimotín al abogado Jesús Alfredo López García, quien yacía inerme en el asfalto, después de haber sido golpeado en las proximidades del auditorio Guelaguetza el 16 de julio pasado.
Iracundos, los uniformados lo golpearon con toletes, kendos y puntapiés, hasta verlo casi exánime por la gran cantidad de sangre que escurría de su cabeza.
Una herida en la frente que fue suturada con 10 puntadas y otras tres lesiones en la región occipital, una de ellas cocida con ocho puntos, así como contusiones y excoriaciones en la mayor parte del cuerpo son las huellas de la agresión.
"Dicen que en Oaxaca no hay represión, pero mi caso es un ejemplo de las atrocidades y brutalidades que aquí se cometen", apunta el defensor, miembro del Comité de Liberación 25 de Noviembre, creado por el pintor Francisco Toledo, para excarcelar a simpatizantes del movimiento magisterial y popular.
Algo similar vivió César Grijalva, de 28 años de edad, sicólogo del mismo colectivo, a quien un policía le cercenó los tendones de la mano derecha con un pedazo de una botella de vidrio que había roto previamente.
López García, licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se unió a la marcha que profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizaron el 16 de julio pasado hacia el auditorio del Cerro del Fortín, para tratar de presentar ahí la "Guelaguetza Popular".
"Conocedor de la actitud intolerante y antidemocrática del gobierno de Ulises Ruiz, fui para asistir legalmente a quienes podrían ser detenidos de manera arbitraria en un posible acto de represión. A las once y media de la mañana, cuando esperábamos que el retén policiaco que restringía la garantía constitucional de tránsito diera el paso a los concurrentes, tristemente viene la agresión en contra de la población", relata.
"Me acerqué a donde se estaban llevando a cabo los peores actos de violencia para auxiliar jurídicamente a quienes estaban siendo aprehendidos, pero me encuentro a dos grupos policiacos y lo primero que hacen es abalanzarse sobre mí para golpearme de manera brutal y salvaje", recuerda.
-¿Trató usted de identificarse como abogado y como miembro del Comité de Liberación 25 de Noviembre?
-Sí, les dije: "soy abogado, soy defensor de derechos humanos, y que estaba haciendo labores jurídicas, pero de nada sirvió. La respuesta fue un severo golpe con un tolete en la frente que me provocó una enorme herida, además de las varas de kendo, con los escudos (antimotines), a patadas y hasta con las piedras que traían en la mano. Fue un sinnúmero de golpes que recibí en la cabeza lo que me hizo desplomarme. Tirado en el piso, todavía me siguieron pateando, hasta que vieron la gran cantidad de sangre que me escurría de la cabeza, oí que dijeron 'es suficiente' y me dejaron.
El hombre fue subido a una camioneta tipo pick up sin placas de circulación, donde también fue golpeado frente a las cámaras fotográficas y de video de diversos medios de comunicación.
En la batea de la camioneta, a donde fue lanzado junto con otros detenidos, y en la que había tambos con bombas de gas lacrimógeno, piedras y cohetones, dijo su identidad a sus captores, pero solamente recibió burlas e insultos.
"Me preguntaron: 'Si eres abogado, ¿para qué te metes en estos pinches desmadres''; y les contesté que como abogado era defensor de derechos humanos y respondieron: 'Eso vale madres' y vinieron más golpes. Cuando obtuvieron mi nombre, edad y mi domicilio al ver mis identificaciones, cambiaron un poco. 'Ahí está, tú debes de ser rico, para qué defiendes a esos pinches mugrosos'", narra.
Un paramédico de Protección Civil municipal lo vio tirado en la batea de la camioneta, sangrando profusamente de la cabeza, y sugirió a un oficial, al parecer un comandante, su traslado a un hospital.
Sin embargo, a la ambulancia "se suben dos policías y me siguen apaleando. Uno de ellos murmura 'no que se va a morir, todavía aguanta, se está haciendo pendejo', y me sueltan otros golpes. El paramédico que estaba dentro de la ambulancia no dijo nada. El comandante los ve y les ordena que se bajen para que me lleven al hospital", refiere.
Jesús Alfredo López fue internado en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, pero por seguridad, familiares y miembros del Comité de Liberación 25 de Noviembre lo trasladaron a un nosocomio privado.
"Pensé que estaba en calidad de detenido, pero no, ahí me abandonaron por creer que me iba a morir. A lo mejor de nada les servía un cuerpo... Sin embargo, los doctores me han dicho que las secuelas de un golpe en la cabeza tienen un periodo de evolución de dos, cuatro, seis o hasta 10 años. Como decimos popularmente todo golpe en la cabeza no sale luego", apunta.
Por la agresión, el abogado presentó una queja ante la misión de alto nivel de Amnistía Internacional (AI), encabezada por su secretaria general, Irene Khan, que recién visitó Oaxaca, y está en espera de recuperarse para interponer una denuncia penal en el Ministerio Público.
"Es una atrocidad lo que hicieron conmigo; es inconcebible que el gobierno que está obligado a cumplir la ley, sea el primero que la viola. A lo mejor (el Ministerio Público) me pide pruebas, pero afortunadamente existen un sinnúmero de fotografías y videos donde se pueden identificar claramente a los autores de mi agresión. Aunque también exigiré que se finquen responsabilidades a los mandos de quienes estuvieron al frente de los policías y que les ordenaron realizar estas canalladas", señala.
-Por haber estado en peligro su vida, ¿ha pensado usted dejar el Comité de Liberación 25 de Noviembre?
--No, para nada, Quiero decirle a este régimen represor, autoritario y fascista, que las severas lesiones que me causaron no han hecho la más mínima mella en mis convicciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos.