GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, AI.
2 ago 2007
Hay graves violaciones que hemos documentado: Irene Khan
Falta voluntad a Ulises Ruiz para resolver la crisis: AI
El gobierno federal también tiene responsabilidad en este caso, dice
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), dijo ayer a La Jornada: ''Lo que quedó claro en mi visita a Oaxaca, y en la entrevista que tuve con el gobernador Ulises Ruiz, es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado, muchas de las cuales nosotros las hemos documentado''.
Un día después de haberse reunido en Oaxaca con decenas de afectados en sus garantías individuales, ya sea porque sufrieron detenciones arbitrarias, torturas, golpes, cateos, persecución o porque algunos de sus familiares resultaron muertos, Khan sostuvo: ''Mi impresión es que en ese estado hay un problema muy serio de seguridad pública, del comportamiento de las fuerzas policiacas, pero el gobierno no estuvo dispuesto a escuchar''.
Oaxaca, subrayó, ''está pasando por un periodo muy difícil. Hay un serio problema de seguridad pública, graves violaciones a derechos humanos, agresiones y abusos policiacos contra la población, y el gobernador y sus funcionarios no estuvieron en posición de decirnos qué estarían dispuestos a hacer para resolver eso''.
Por ejemplo, abundó, ''nos dijeron que investigan 17 casos, pero no nos podían precisar sobre qué, y sin embargo, nosotros hemos documentado arrestos arbitrarios, tortura, malos tratos, la lista es interminable. Hay casos documentados por los medios de comunicación; ahí está el de una persona que cuando fue detenida no tenía ni un rasguño, estaba sana cuando se la llevaron detenida, y cuando apareció tenía heridas en la cabeza y debió ir al hospital''.
La secretaria general de AI presentó el pasado martes en la mencionada entidad el informe ''Oaxaca clamor por la justicia'', y más tarde se lo entregó al propio gobernador. Sobre el particular, señaló que Ulises Ruiz le dijo que ''ese documento era parcial, que representaba sólo a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y que las denuncias de las víctimas ahí expresadas eran aventuradas y sin ningún fundamento''.
Ayer, en entrevista, Khan dijo: ''No esperábamos esa respuesta. El comentario del gobernador fue otro pretexto, es una manera de evadir su responsabilidad. Lo que quedó claro es que no tiene voluntad política para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas y documentadas en esta entidad, por eso hemos hecho un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que investigue''.
Abundó: ''El gobierno federal también tiene responsabilidad. Debe hacer una indagatoria imparcial y responder a las preocupaciones de la comunidad internacional sobre Oaxaca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha solicitado una investigación''.
La defensora de derechos humanos de la organización internacional más grande del mundo aseveró: ''Mi impresión es una gran decepción de un gobierno que no ha hecho nada; es escandaloso que no quiera poner fin a las detenciones arbitrarias, torturas, golpes, persecución de defensores, de luchadores sociales, a la fabricación de delitos que hemos documentado''.
Agrega: ''El informe presentado es imparcial. AI es una organización con reconocimiento internacional por nuestro trabajo serio. Y eso el gobernador lo sabe. El gobierno mexicano tiene conocimiento de nuestra trayectoria. Esperábamos que el mandatario estatal tuviera mayor conciencia del enfoque y de la importancia que Amnistía le da a Oaxaca. Nosotros no nos basamos sólo en un testimonio. Lo tomamos, lo corroboramos, hay una investigación en cada caso. Hemos hablado con sus funcionarios (de Ulises Ruiz), es un proceso muy serio''.
Insiste en que ''hay diferentes niveles de responsabilidad: el gobierno estatal es responsable por el comportamiento de sus policías, pero el gobierno federal tiene responsabilidad en dos niveles, porque están involucrados agentes federales -de la Policía Federal Preventiva- y porque tiene la responsabilidad de garantizar que se protejan los derechos humanos de todos los mexicanos. Esa es su responsabilidad en todo el país''.
Khan manifiesta que conoce la situación de Oaxaca. ''Hemos estado al tanto, se han realizado viajes por parte de AI a ese estado para investigar, pero nadie puede decir que entiende la situación hasta que la conoce de viva voz de los afectados. Escuché a una mujer que me contó cómo murieron su esposo y una hija, que me narró cómo encontró a su padre en el hospital luego de su detención y de ser golpeado. Es muy importante que se sepa que había mucha gente que tenía temor a salir en los medios. Me dijeron que no tenían confianza en las investigaciones''.
Khan conoció ayer varios casos de violación a derechos humanos, como los feminicidios de Ciudad Juárez, la detención y acoso a la periodista Lydia Cacho, las dos indígenas violadas por militares en Guerrero y las mujeres violadas por policías en San Salvador Atenco, entre otros. Ante todo ello aseveró: ''En México el sistema de justicia tiene fallas sistemáticas, que se suceden una y otra vez en todo el país''.
Tras escuchar los testimonios de Lydia Cacho; de Bárbara Italia, violada por policías en Atenco; del esposo de Magdalena García Durán, indígena detenida; de Alicia de los Ríos, hija de una desaparecida de la guerra sucia; de Obtilia Eugenio Manuel, defensora de mujeres indígenas violadas por militares, expresó: ''Todas son historias similares del fracaso para obtener justicia. Es un listado de cómo el Estado ha fallado en la protección de los derechos humanos''.
Acusó que ''en muchos casos hay colusión activa de elementos del Estado, que son los violadores de derechos humanos, y las víctimas son grupos vulnerables: pobres, indígenas y mujeres''.
La secretaria general de Amnistía Internacional destacó que ''aunque México promueve internacionalmente el respeto a los derechos humanos, en casa falla a la horas de garantizarlos; se niega y se ignora la violencia contra las mujeres; la impunidad que rodea los casos es un cáncer con raíces largas; es una gran decepción escuchar los fracasos del gobierno federal en materia de justicia''.
En México, concluyó, los ciudadanos han sido humillados por elementos de la policía y oficiales que deberían darles protección. Ahí, delante de las víctimas, Irene Khan se comprometió a que en sus entrevistas con los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y el propio presidente Felipe Calderón, ''haré llegar las voces de aquellos cuyos derechos han sido violados. Les hablaré del constante fracaso endémico de la justicia y de la impunidad''.
Miembros de la otra campaña repudiaron la ''política represora'' de Ulises Ruiz
''Los derechos humanos han muerto sin que el Estado cumpla su obligación de protegerlos''
Clausuraron simbólicamente la sede del gobierno estatal en la ciudad de México
LAURA POY SOLANO
Con la clausura simbólica de la sede del gobierno oaxaqueño en el Distrito Federal, integrantes de la otra campaña repudiaron la política de represión y hostigamiento contra la población civil, y aseguraron que el gobierno ''asesino'' de Ulises Ruiz Ortiz ''va a caer porque en Oaxaca no lo apoya nadie''.
Dijeron que los cuerpos policiacos estatales y federales continúan con una política de ''terror en la que se toleran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque en Oaxaca los derechos humanos y las garantías individuales han muerto sin que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger el derecho a la vida y a la justicia''.
Decenas de activistas participaron en una marcha de protesta que partió poco después de las 11 de la mañana del Metro Sevilla para dirigirse a la sede de la representación del gobierno de Oaxaca en la capital del país, ubicada en Shakespeare 68, donde reiteraron su llamado al gobierno federal para que libere a todos los ''presos políticos'' del país y detenga la política de ''mano dura'' contra la población civil, que ''sólo busca aterrorizar a quienes participan en el movimiento social''.
Representantes de organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona reiteraron su llamado para exigir la libertad inmediata de todos los activistas sociales detenidos, y aseguraron que continuarán con la campaña de denuncia nacional e internacional para acabar con la ''falsa idea de que en México se vive en democracia y libertad, cuando son cada días más los casos de detenciones arbitrarias y tortura''.
En Oaxaca, insistieron, se ha llegado a excesos, como en el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica, quien fue detenido sin ofrecer resistencia por cuatro policías estatales, el pasado 16 de julio, y que hoy permanece en estado de coma, ''resultado de la golpiza que sufrió a manos de los cuerpos de seguridad''.
También destacaron que continúa el ''acoso y agresión'' contra las comunidades indígenas oaxaqueñas, ya que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui informó de la desaparición de dos indígenas en la Mixteca oaxaqueña, quienes desde el pasado 5 de julio ''no dan señales de vida''. Se trata de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, de 20 y 14 años de edad, respectivamente, quienes ''desaparecieron en el trayecto de Putla a Juxtlahuaca. La mayor es maestra indígena y su hermana aún estudia la secundaria''.
Los manifestantes aseguraron que continúa la detención arbitraria de autoridades de las comunidades, a quienes ''fabrican delitos o les siembran armas, porque están dispuestos a todo para acabar con la resistencia de los pueblos indígenas''.
Por ello, informaron que este jueves partirá una caravana hacia San Isidro Aloapam, Oaxaca, donde se llevará a cabo, del 3 al 5 de agosto, el Encuentro por la Defensa del Bosque y la Vida Comunitaria; asimismo, dijeron que realizarán una segunda caravana el próximo sábado hacia San Miguel Panixtlahuaca y Santiago Xanica.
La SFP aún no prevé sanciones a Ulises Ruiz
ELIZABETH VELASCO C.
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) confirmó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en cuanto a la ''inexistencia'' de documentos que instruyan sanciones al gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca, por irregularidades en el manejo de recursos federales transferidos a diversos programas.
La ponente del proyecto, la comisionada Jacqueline Peschard, refiere en el recurso 2152/07, que la SFP confirmó que efectivamente se efectúa la auditoría OAX/11/07 a la administración de Ruiz, en particular al Programa Desarrollo Humano Oportunidades en su componente ''salud'', pero que carece de la información requerida, porque ''aún no se ha concluido'' la indagatoria y por ello no ha emitido alguna resolución.
La SFP refirió que esa auditoría la efectúa con la Secretaría de la Controlaría General del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca. Cabe destacar que ese recurso no fue discutido en la sesión de ayer, y sin más trámite se aprobó por unanimidad por los cinco comisionados.
