LOS CRIMINALES Y LAS ELECCIONES

Libran orden de captura a ex colaboradores de Hank

El Juzgado Segundo de lo Penal libró orden de aprehensión contra funcionarios encabezados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario general del ayuntamiento y el director de la policía local, por la presunta obstrucción de la justicia en el cateo a una bodega donde el gobierno municipal priísta guardaba paquetes escolares


Julieta Martínez
El Universal
Viernes 03 de agosto de 2007
TIJUANA, BC.— El Juzgado Segundo de lo Penal libró orden de aprehensión contra funcionarios encabezados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el secretario general del ayuntamiento y el director de la policía local, por la presunta obstrucción de la justicia en el cateo a una bodega donde el gobierno municipal priísta guardaba paquetes escolares.
Mario Madrigal Magaña, líder estatal del PRI, explicó que gente de la procuraduría de Justicia estatal confirmó la orden de captura, aunque oficialmente no se ha dado a conocer y los implicados no han sido notificados.
Luis Javier Algorri Franco, secretario de de Seguridad Pública del ayuntamiento de Tijuana; Andrés Garza Hernández, secretario general del ayuntamiento, y el director de la Policía Municipal, Víctor Manuel Zataráin Cedano, se encuentran amparados para evitar su detención.
Los tres fueron acusados de obstruir la justicia al intentar impedir que elementos de la Policía Ministerial ejecutaran un cateo ordenado por el Juzgado Segundo de lo Penal en una bodega del gobierno municipal donde guardaban paquetes escolares luego de una denuncia de que el material era entregado en actos proselitistas y no en el marco de un plan oficial.
El incidente se produjo el 19 de julio cuando la Procuraduría de Justicia estatal inició una averiguación para dar seguimiento a una denuncia sobre el presunto desvío de los bienes a las campañas de candidatos priístas y que llevó al cateo de tres bodegas.
El PAN explicó que llamadas anónimas alertaron sobre la presencia de personas vestidas con ropa alusiva al PRI y al candidato de ese partido a la gubernatura del estado, Jorge Hank Rhon, en bodegas donde se guardaban los materiales.
Con cámaras ocultas grabaron cuando vehículos particulares descargaban despensas y luego presentaron dicho material como prueba.
El titular en Baja California de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Gutiérrez Ivarra, explicó que había pruebas suficientes para sospechar que se trataba de un delito.
Al respecto, el dirigente estatal del PRI, Mario Madrigal Magaña, aseguró que esas acciones forman parte de la estrategia instrumentada por el gobernador del estado, el panista Eugenio Elorduy Walther, para “meter miedo” a la ciudadanía y desalentar su participación en los comicios del domingo próximo.
Confirma amparo
El director de la Policía Municipal, Víctor Manuel Zataráin Cedano, confirmó que está amparado, pero se dijo dispuesto a comparecer ante la justicia cuando se le convoque.
Añadió que hasta la noche del jueves no se le había notificado la orden de aprehensión y consideró que esta situación tiene un trasfondo político porque “no es posible que en apenas 15 días se haya integrado una orden de averiguación cuando existe tanto rezago en otros casos”.
Por separado, el senador panista por Baja California Alejandro González Alcocer exigió investigar al ex secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Ernesto Santillana Santillana, por delitos que motivaron una orden de aprehensión contra dos ex funcionarios de la corporación.
Además, Genaro Carrillo Elvira, quien fuera nombrado director de la policía municipal por el entonces alcalde Jorge Hank Rhon es acusado de permitir la evasión de dos ex agentes locales responsabilizados de un doble homicidio.
González Alcocer consideró que Santillana, el entonces secretario de Seguridad Pública y actual subprocurador de Justicia en el estado de México, también debe ser investigado como responsable del sector al que pertenecían ambos ex funcionarios.
En marzo del 2005, los agentes Tomás Herrera Atilano y César Manuel Moreno Acosta fueron dejados en libertad por el entonces director de la policía municipal, Genaro Carrillo Elvira, a pesar de que estaban bajo investigación por el presunto asesinato de dos supuestos vendedores de droga y por la modificación de la escena del crimen.


Enviará Sedena a grupo de élite a Oaxaca
pedro matías
Oaxaca, Oax., 2 de agosto (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional enviará, en las próximas horas, a su Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal, denominado “Fuerza de Tarea”, que comprende entre 600 y 800 elementos de elite del Ejército mexicano, para resguardar instalaciones estratégicas en toda la entidad, ante la amenaza de nuevos atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR), confirmaron fuentes de inteligencia militar.

Luego que la comandancia militar de zona del EPR se adjudicó el bombazo y la colocación de artefactos explosivos en una instalación bancaria en la ciudad de Oaxaca y anunció que proseguirá con su campaña “político militar” hasta que presenten con vida a sus dos compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el pasado 25 de mayo, la Sedena determinó enviar a su grupo de elite.

Trascendió que el EPR emplazó a los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz a presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez antes de las cero horas del próximo domingo. De lo contrario, amenazaron con más atentados.

Por ello, el cuerpo especial del Ejército mexicano llegará mañana al estado de Oaxaca para resguardar las presas de Jalapa del Marqués, Miguel de la Madrid, Miguel Alemán y Cerro de Oro, además de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, de Salina Cruz, y el depósito de San Francisco Lachigoló.

Además, las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las redes de alta tensión; los centros comerciales; los edificios públicos, y los templos.

De igual forma, realizarán patrullajes desde este sábado en esas zonas estratégicas, encubiertos en un operativo en vísperas de las elecciones locales, en las que estarán en disputa 25 diputaciones.

Cabe mencionar que el EPR irrumpió violentamente el 28 de agosto de 1996 en Bahías de Huatulco, Tlaxiaco y la capital de Oaxaca, acciones que dejaron por lo menos 15 muertos, entre ellos, marinos, policías estatales y municipales.

De entre las acciones violentas que se ha adjudicado éste grupo guerrillero figura también la ocurrida el 31 de octubre de 1996, cuando emboscaron a un grupo de la policía preventiva en el puente de Machuilxóchitl, donde murieron cinco uniformados.

A casi 11 años de su aparición en Oaxaca, el EPR nuevamente reivindicó un atentado y amenazó con realizar nuevos ataques si no presentan a Edmundo Reyes y Alberto Cruz, quienes presuntamente fueron detenidos el pasado 25 de mayo por agentes de la policía ministerial y posteriormente entregados a la 28 Zona Militar.

Por esta razón, éste grupo insurrecto inició una campaña de hostigamiento contra los gobiernos federal y estatal, al adjudicarse cuatro atentados, entre ellos, los actos de sabotaje a los ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro; otro contra una cárcel en Chiapa de Corzo, Chiapas, y ahora en una tienda departamental en Oaxaca.

En un comunicado fechado en esta capital, el EPR acusó nuevamente de la desaparición de sus compañeros al general Juan Alfredo Oropeza Garnica, titular de la VIII Región Militar en Oaxaca y experto en lucha contrainsurgente.

Cabe mencionar que, por instrucción presidencial, la Sedena creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que tiene como misión respaldar a las autoridades civiles ''en tareas diversas de seguridad pública'', lo que implica su participación para restaurar el orden público, enfrentar al crimen organizado o los actos que se realicen contra la seguridad de la nación.

El decreto señala que éste cuerpo castrense intervendrá por instrucciones del presidente de la República, ''a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo''.

Además, ésta instancia se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas en ''el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública'', para restablecer el orden y el estado de derecho.

Por lo pronto, de acuerdo con la agencia ADN, esta tarde llegó a Oaxaca el director del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Información (Cenapi) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), Ardelio Vargas Fosado, quien se desempeñó también como delegado del Cisen en Oaxaca durante las irrupciones del EPR.