DERECHOS INDIGENAS INCOMPLETOS.
13 oct 2007
Stavenhagen exhorta al Congreso a incluir el documento en la reforma del Estado
Rango constitucional a declaratoria sobre derechos indígenas, pide ONU
Lamenta que en México se reservaran artículos sobre autonomía, territorio y recursos, entre otros
Emir Olivares Alonso
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, exhortó al Congreso de la Unión a elevar a nivel constitucional la recién aprobada declaración universal del organismo internacional sobre los pueblos indios, y lamentó que el Ejecutivo federal se haya reservado seis de los artículos, concernientes a autonomía, libre determinación, autogobierno, territorios y recursos naturales.
Indicó que deben hacerse esfuerzos para ajustar las leyes nacionales a dicha declaratoria –aprobada el pasado 13 de septiembre por la Asamblea General de la ONU–, “comenzando por la Constitución, para que precisamente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas sea aplicada y cumplida por la sociedad, los gobiernos federal, estatales y municipales, y la gente en general”.
Al participar en una mesa de análisis sobre la declaratoria, Stavenhagen señaló que en dicho documento se reconocen las garantías de ese sector de la sociedad mundial a nivel de colectividades, ya no de personas o individuos. Dijo que el artículo tercero de ese código internacional establece el derecho a la libre determinación, que aunque a algunos estados les “da miedo”, debe reconocerse y garantizarse.
Momento de ajustar las leyes
El relator de la ONU argumentó que “no hay excusa” para no cumplir con dichos acuerdos internacionales, por lo que subrayó que el marco de la reforma del Estado en México es “el mejor momento” para ajustar las leyes nacionales a ese acuerdo de la ONU.
“El Congreso puede levantar ahora esta declaración e incluir los derechos en el proceso de reforma para rehacer, redefinir y remodificar las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana en su conjunto y el Estado, de manera no violenta, pacífica, negociada, democrática y participativa. Espero que todos los sectores de la sociedad, todos los intereses y fuerzas políticas la tomen en serio y la incorporen, porque significa una reforma de la nación mexicana”.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías, señaló que mientras en Bolivia la declaratoria ya se difunde en cuatro idiomas distintos, “en México estamos cruzados de brazos”, pues no existe el compromiso del Estado mexicano de hacer público el acuerdo de la ONU.
Dijo que si bien la administración de Felipe Calderón ratificó la declaratoria, se reservó seis artículos “espinosos”, mismos que son “clave” para la supervivencia de las culturas originarias del país, aunque dicha reserva aún no es definitiva.
Informó que el pasado 18 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo federal adoptar la declaración, armonizar las leyes nacionales a la misma e impulsar su difusión permanente a escala nacional.
Finalmente, Axel Didriksson, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, indicó que la administración capitalina realizará una reforma sustancial al sistema de enseñanza de la ciudad, poniendo especial acento en la formación multicultural, para con ello promover la no discriminación de los pueblos indios de la urbe, además de que se impulsará la enseñanza del náhuatl, lengua autóctona del Valle de Anáhuac.
De los 192 países representados en la ONU, 143 adoptaron la declaratoria, 11 se abstuvieron y sólo cuatro se opusieron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, objetando las disposiciones sobre territorios y recursos.
Lamenta que en México se reservaran artículos sobre autonomía, territorio y recursos, entre otros
Emir Olivares Alonso
El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, exhortó al Congreso de la Unión a elevar a nivel constitucional la recién aprobada declaración universal del organismo internacional sobre los pueblos indios, y lamentó que el Ejecutivo federal se haya reservado seis de los artículos, concernientes a autonomía, libre determinación, autogobierno, territorios y recursos naturales.
Indicó que deben hacerse esfuerzos para ajustar las leyes nacionales a dicha declaratoria –aprobada el pasado 13 de septiembre por la Asamblea General de la ONU–, “comenzando por la Constitución, para que precisamente la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas sea aplicada y cumplida por la sociedad, los gobiernos federal, estatales y municipales, y la gente en general”.
Al participar en una mesa de análisis sobre la declaratoria, Stavenhagen señaló que en dicho documento se reconocen las garantías de ese sector de la sociedad mundial a nivel de colectividades, ya no de personas o individuos. Dijo que el artículo tercero de ese código internacional establece el derecho a la libre determinación, que aunque a algunos estados les “da miedo”, debe reconocerse y garantizarse.
Momento de ajustar las leyes
El relator de la ONU argumentó que “no hay excusa” para no cumplir con dichos acuerdos internacionales, por lo que subrayó que el marco de la reforma del Estado en México es “el mejor momento” para ajustar las leyes nacionales a ese acuerdo de la ONU.
“El Congreso puede levantar ahora esta declaración e incluir los derechos en el proceso de reforma para rehacer, redefinir y remodificar las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad mexicana en su conjunto y el Estado, de manera no violenta, pacífica, negociada, democrática y participativa. Espero que todos los sectores de la sociedad, todos los intereses y fuerzas políticas la tomen en serio y la incorporen, porque significa una reforma de la nación mexicana”.
En su turno, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías, señaló que mientras en Bolivia la declaratoria ya se difunde en cuatro idiomas distintos, “en México estamos cruzados de brazos”, pues no existe el compromiso del Estado mexicano de hacer público el acuerdo de la ONU.
Dijo que si bien la administración de Felipe Calderón ratificó la declaratoria, se reservó seis artículos “espinosos”, mismos que son “clave” para la supervivencia de las culturas originarias del país, aunque dicha reserva aún no es definitiva.
Informó que el pasado 18 de septiembre, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro aprobó un punto de acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo federal adoptar la declaración, armonizar las leyes nacionales a la misma e impulsar su difusión permanente a escala nacional.
Finalmente, Axel Didriksson, secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, indicó que la administración capitalina realizará una reforma sustancial al sistema de enseñanza de la ciudad, poniendo especial acento en la formación multicultural, para con ello promover la no discriminación de los pueblos indios de la urbe, además de que se impulsará la enseñanza del náhuatl, lengua autóctona del Valle de Anáhuac.
De los 192 países representados en la ONU, 143 adoptaron la declaratoria, 11 se abstuvieron y sólo cuatro se opusieron: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, objetando las disposiciones sobre territorios y recursos.
“Hay encuentro”, pese a maniobras de los poderosos por evitarlo, dicen en Vícam, Sonora
Indígenas denuncian el despojo y la humillación que viven sus pueblos
Delegados de EU, Canadá, México, Centro y Sudamérica, reunidos con el propósito de entenderse
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Vícam, Sonora, 12 de octubre. En palabras de don Félix Serdán, el Encuentro de Pueblos Indígenas de América es “hermoso”. Su alegría irradia más allá de su cuerpo cada día más breve. Es el más viejo aquí, y el más pequeño. Por lo mismo, el veterano luchador jaramillista, zapatista desde 1994, es el más grande –en los distintos sentidos de esta palabra– en esta reunión continental, donde predominan los delegados jóvenes del norte, el centro y el sur de América, y él ocupa una silla más entre los mil 500 asistentes.
Contrasta con la filosófica pesadumbre de don Juan Chávez, quien con palabra paciente y espaciada, a la sombra de un cobertizo cerca de la vía del tren, lamenta la desinformación, las mentiras y las amenazas del gobierno y los medios para distorsionar lo que sucede hoy en Vícam. Pero como en una matriushka de paradojas que se contienen una a otra, el representante purépecha declara satisfecho: “hay encuentro”. Es decir, las falsedades malintencionadas y las divisiones entre indígenas que provoca programadamente el poder no lograron impedir la realización de este cónclave internacional. Reconoce que por momentos, el Congreso Nacional Indígena temió que la sede tuviera que cambiar. Estaban preparados para esa eventualidad.
“Vamos a aprender a vivir”
Julio Sandoval, veterano dirigente de los triquis en el exilio bajacaliforniano y ex preso político, tampoco es ajeno a las paradojas. En un receso habla sobre la dolorosa situación de su pueblo, el rosario de muertes cobardes en que están atrapados sus hermanos en las lejanas sierras de Oaxaca, las cuales irradian sobre la diáspora triqui en el Distrito Federal, el valle de San Quintín, los campos de Sonora y Estados Unidos. Y con suaves lágrimas de pena, exclama convencido: “pero hay solución. Nos vamos a hablar y entender. Los triquis vamos a aprender a vivir”.
Estos tres hombres, que no nacieron ayer, muy bien cifran las coordenadas de las luchas indígenas por defender su dignidad, sus derechos y libertades, su resistencia de siglos que ya mira amanecer el horizonte de una vida diferente, mejor, para las comunidades del país y el continente.
Toda la tarde de ayer, delegados y delegadas de Canadá ofrecieron elocuentes autorretratos de sus pueblos humillados y despojados. Esta mañana lo hicieron los representantes estadunidenses, y por la tarde toca el turno a los de Centro y Sudamérica. Historias tan distintas y sin embargo tan iguales que han venido a encontrarse en la cuenca del río Yaqui, a sumar sobrevivencias y la determinación de no perder nunca más las claves de su futuro.
En el otrora Día de la Raza prosiguen las historias y testimonios de los pueblos originarios. El dolor de los lakota y omaha, expulsados a Nebraska de sus suelos en Dakota, en voz de mujeres jóvenes que tienen a sus espaldas una manta con el rostro de Leonard Peltier, líder indígena que lleva más de 30 años en prisión, más que por un asesinato que no cometió, por el hecho de representar una esperanza para sus pueblos. En él encarnan todos los presos políticos de Estados Unidos.
Historias que quieren caminar juntas y sumar una nueva creación milagrosa, la unión de todos, al centenario prodigio de su sobrevivencia, que es su invención mayor hasta hoy. La resistencia puede ser un dolor, y también una obra de arte más allá de la justicia negada, el despojo de ríos, lagos y planicies sagrados por parte de empresas mineras o eléctricas (como Pacific, Gas and Electric), parte del “colonialismo energético” que lamenta Estella de la Mañana, muchacha achinawi que acusa al gobierno de Estados Unidos de convertir sus lagos sagrados en centros turísticos.
Las migajas de las reservaciones convertidas en casinos para blancos, y que en México han tenido aliados y consumidores tan conspicuos como la ex funcionaria foxista Xóchitl Gálvez, quien fuera titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y como tal, “ingeniera” de la cooptación y división de los pueblos desde Chiapas hasta Sonora y Coahuila.
Sin referirse directamente a ello, Juan Chávez considera que la CDI heredó del Instituto Nacional Indigenista el papel de “la peor desgracia”, a largo plazo, para los pueblos del país. Corrupción, división, debilitamiento, deseducación, “integración” desintegradora. Clive, representante diné, la nación india más numerosa de Estados Unidos, con una mazorca de maíz de colores entre las manos, coincide con la representante hopi en desconocer a los “gobiernos” indios creados por el Estado para dividirlos y permitir la venta “legal” de sus territorios. Por lo mismo declara: “Nosotros desconocemos al gobierno de Estados Unidos”.
¿Qué tan diferentes son estas experiencias a las de los yoreme en Sonora; los tzotziles en Chiapas o los triquis y mixtecos en Oaxaca? Hoy mismo, El Imparcial de Hermosillo publica grandes fotos del gobernador Eduardo Bours “hablándoles por su nombre” a los espléndidos caballos de su vastísimo rancho, donde la yegua Ángela lo tiró hace poco y le fracturó cinco costillas. El mandatario también se retrata con su team de caballerangos, para que no se diga que no se junta con el pueblo trabajador.
En este escenario, las tristes palabras optimistas de Juan Chávez y Julio Sandoval adquieren un sentido casi cósmico. “Lo que nos falta a los triquis es valor para corregirnos, amarnos y unirnos. Si Dios me presta vida, en eso voy a trabajar de ahora en adelante”, dice Sandoval entre sonrisas y lágrimas contenidas.
La CIDH recibe a mujeres tlapanecas violadas por militares
lourdes godínez leal
México, D.F., 12 de octubre (apro-cimac).- Este día fue “crucial” para Inés “N” y Valentina “N”, indígenas tlapanecas presuntamente violadas por militares en 2002, y quienes después de cinco años de buscar la justicia en el país, sin obtener respuesta, hoy fueron escuchadas en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 130 periodo ordinario efectuado en Washington.En entrevista telefónica, Matilde Pérez Romero, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (CDHT), consideró que esta sesión fue una oportunidad “crucial” para que Inés y Valentina acreditaran su dicho, desoído y negado por el gobierno mexicano.Ambas expusieron la dilación de la justicia mexicana, la destrucción de pruebas y que el caso haya sido “juzgado” en el fuero militar, donde ya fue cerrado por considerar que no había sido acreditada la violación, y por lo tanto no hubo sanción a los responsables.“En los procesos que se abrieron en las averiguaciones previas del Ministerio Público, las investigaciones no fueron eficaces, prontas, porque para que éste actuara pasó mucho tiempo, y dentro de la jurisdicción de los tribunales civiles se desvanecieron datos, se perdieron pruebas”, enfatizó la defensora de derechos humanos.Y en el caso de Inés, cabe recordar que las laminillas que contenían muestras espermáticas que se le tomaron días después de la violación, “se consumieron”, lo que contribuyó a que el Ejército negara que Inés fue violada, indicó Pérez Romero. La abogada Matilde Pérez enfatizó el largo camino que han tenido que recorrer las indígenas tlapanecas en su búsqueda de justicia, enfrentándose al aparato de justicia militar, el cual “es absurdo que sea quien juzgue a sus integrantes”, sostuvo.Y agrega: la esperanza es que la CIDH emita un informe de fondo con recomendaciones al Estado mexicano para que sancione a los responsables y respete las competencias, para que estos casos sean juzgados por la vía civil y no militar, aclara la abogada del Centro.“En caso de que el Estado mexicano no aceptara las recomendaciones de la CIDH, entonces queda una última instancia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.Suma de casosDe aceptar el caso, esta sería la segunda ocasión en que la CIDH emita recomendaciones al Estado mexicano por violación a los derechos humanos, en especial por la violación sexual a mujeres cometida por militares.La primera recomendación fue hecha en 2001(53/01), por el caso de las tres hermanas tzeltales violadas por militares en 1994, el cual fue denunciado ante la CIDH en 1996.En ella, este organismo reconoció que la violación sufrida por estas mujeres constituía tortura, y por ello recomendó que las investigaciones fueran hechas por tribunales civiles y no militares, pues “éstos carecían de independencia para investigar parcialmente las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por sus elementos”.
“Ya no podemos esperar que nos saque de la cárcel el movimiento social”
Comandantes del ERPI presentan amparo contra sentencia por homicidio calificado
Blanche Petrich
Los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis, presos desde hace ocho años, presentaron un amparo directo contra la sentencia por homicidio calificado por la cual el juzgado primero de distrito de Guerrero les dictó 49 años ocho meses de prisión en la causa 126/99. La condena, considerada “ilegal” por los procesados, fue ratificada en segunda instancia.
“A pesar de las dificultades, nos decidimos a presentar un nuevo amparo ante el tribunal colegiado del 21 circuito. Todo el proceso ha sido irregular y se resolvió sobre nuestra culpabilidad sin pruebas firmes”, señala en entrevista telefónica Arena Agis, recluida en el penal de Santa María Chiconautla, Ecatepec.
La acusación de homicidio se refiere a una emboscada perpetrada por un grupo del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra un convoy militar el 16 de julio de 1996, entre Chilapa y Tixtla, Guerrero. El camión militar atacado se detuvo y los soldados, pertrechados, repelieron el ataque. Justo detrás viajaba un camión de redilas con tres pasajeros, uno de los cuales, Gonzalo Morales, murió en el fuego cruzado.
La llamada coronela Aurora reconoce: “sí pertenecíamos al EPR, pero no participamos en esa emboscada ni estuvimos en el lugar ese día”.
Año y medio después de los hechos, una fracción del EPR se escindió para formar el ERPI. Según las primeras versiones de la autoridad, el matrimonio formado por Silva y Arenas fue detenido junto con una pareja más, Fernando Gatica y Felícitas Padilla, el 22 de octubre en una casa de seguridad en Chilpancingo, donde, al ser cateada, se encontraron armas y cartuchos.
Pero Gloria Arenas logró comprobar, con recortes de periódicos e incluso con una ficha del Cisen informando a Gobernación que ella fue detenida en su casa en San Luis Potosí esa misma fecha.
Notas de prensa dan cuenta de un aparatoso operativo en el domicilio ese mismo día. Jacobo Silva, por su parte, fue detenido tres días antes en el Distrito Federal a las afueras del café Pekín. Durante ese lapso estuvo “desaparecido” y fue torturado antes de ser presentado en Guerrero, con el resto del grupo. La fecha y el lugar de su detención fueron alterados. Silva ha permanecido los últimos ocho años en el penal de El Altiplano, en Almoloya.
El último amparo presentado por el matrimonio Silva-Arenas es un desafío a todos los obstáculos. Explica Aurora: “Nunca tuvimos derecho a un juicio justo. Digna Ochoa, nuestra abogada, fue asesinada en el segundo año del proceso. No son muchos los abogados que se deciden a defender a presos políticos; menos si son de organizaciones armadas. Jacobo sintió que después de sufrir en carne propia la violación de todas nuestras garantías jurídicas había adquirido conocimiento suficiente de las leyes. Empezó a preparar el amparo hace un año bajo condiciones muy difíciles. No tuvo acceso a ningún libro de derecho; ni siquiera al expediente completo. Sólo le dejaron tener en la celda papeles por 10 centímetros de alto de su propio expediente ¡Y son metros lo que mide! Con todo, insistió porque considera que así está dando un mensaje a todos los presos políticos: hay que prepararnos, hay que formar nuestros propios abogados porque en esta coyuntura lo más importante es la lucha jurídica. Ya no podemos esperar que el movimiento social nos saque de la cárcel”.
Gloria Arenas considera que este amparo es “contundente” y afirma que si el juez, después de leerlo, se decide a actuar conforme a derecho, procederá a dictaminar auto de libertad.
Nueva ruta
La nueva línea de defensa en el caso Silva-Arenas se centra en tres líneas procesales: primero, demostrar que ninguna de las nueve evidencias en las que se basó la sentencia de casi 50 años para cada uno por homicidio calificado tiene validez probatoria porque no los relacionan directamente como autores del homicidio. Ni los peritajes de balística ni los testimoniales los relacionan o identifican directamente con los hechos. El único dato probado es que pertenecían al EPR y que este grupo reivindicó la emboscada.
Segundo, controvertir el “razonamiento ilógico” del juez que dictó sentencia porque de los elementos que le fueron presentados por la Sedena no se desprende, en modo alguno, la responsabilidad de los dos procesados en la muerte accidental del civil. Y tercero, alegar su derecho a ser juzgados conforme a las leyes que se aplican a este caso. Ellos sostienen que es el artículo 137 del Código Penal, el cual dice: “los rebeldes no serán responsables de las lesiones y homicidios inferidos en combate”.
Sostiene Gloria: “Nosotros, en el momento de los hechos, éramos rebeldes alzados en armas. Por ello nos corresponde una pena que no supera los cinco años, que ya fue compurgada”.
Finalmente, se presentan las denuncias por torturas en el momento de la detención y los primeros días de arresto como presión para que los detenidos firmaran documentos inculpatorios sin siquiera leerlos. Lo anterior fue acreditado por un grupo de trabajo de la ONU y por Amnistía Internacional, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido resolución sobre el caso a pesar de haber recibido ya 29 quejas.
Acerca de su pertenencia al ERPI, Gloria Arenas asegura: “tenemos ocho años desligados de la organización, pero está ahí, igual que otras. Mi impresión es que no ha actuado militarmente porque ha decidido dar un espacio a la lucha pacífica, pero no lo sé de cierto”.
Su apuesta, aclara, es por la otra campaña de los zapatistas, cuyo esfuerzo “significa precisamente evitar el cierre definitivo de la vía legal y política de lucha. Es un espacio imprescindible para evitar que el encono que estamos viendo desemboque en un conflicto armado en el que sólo participarán unos cuantos, pero que lo sufrirán muchos más”.
México, D.F., 12 de octubre (apro-cimac).- Este día fue “crucial” para Inés “N” y Valentina “N”, indígenas tlapanecas presuntamente violadas por militares en 2002, y quienes después de cinco años de buscar la justicia en el país, sin obtener respuesta, hoy fueron escuchadas en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 130 periodo ordinario efectuado en Washington.En entrevista telefónica, Matilde Pérez Romero, una de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (CDHT), consideró que esta sesión fue una oportunidad “crucial” para que Inés y Valentina acreditaran su dicho, desoído y negado por el gobierno mexicano.Ambas expusieron la dilación de la justicia mexicana, la destrucción de pruebas y que el caso haya sido “juzgado” en el fuero militar, donde ya fue cerrado por considerar que no había sido acreditada la violación, y por lo tanto no hubo sanción a los responsables.“En los procesos que se abrieron en las averiguaciones previas del Ministerio Público, las investigaciones no fueron eficaces, prontas, porque para que éste actuara pasó mucho tiempo, y dentro de la jurisdicción de los tribunales civiles se desvanecieron datos, se perdieron pruebas”, enfatizó la defensora de derechos humanos.Y en el caso de Inés, cabe recordar que las laminillas que contenían muestras espermáticas que se le tomaron días después de la violación, “se consumieron”, lo que contribuyó a que el Ejército negara que Inés fue violada, indicó Pérez Romero. La abogada Matilde Pérez enfatizó el largo camino que han tenido que recorrer las indígenas tlapanecas en su búsqueda de justicia, enfrentándose al aparato de justicia militar, el cual “es absurdo que sea quien juzgue a sus integrantes”, sostuvo.Y agrega: la esperanza es que la CIDH emita un informe de fondo con recomendaciones al Estado mexicano para que sancione a los responsables y respete las competencias, para que estos casos sean juzgados por la vía civil y no militar, aclara la abogada del Centro.“En caso de que el Estado mexicano no aceptara las recomendaciones de la CIDH, entonces queda una última instancia: la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.Suma de casosDe aceptar el caso, esta sería la segunda ocasión en que la CIDH emita recomendaciones al Estado mexicano por violación a los derechos humanos, en especial por la violación sexual a mujeres cometida por militares.La primera recomendación fue hecha en 2001(53/01), por el caso de las tres hermanas tzeltales violadas por militares en 1994, el cual fue denunciado ante la CIDH en 1996.En ella, este organismo reconoció que la violación sufrida por estas mujeres constituía tortura, y por ello recomendó que las investigaciones fueran hechas por tribunales civiles y no militares, pues “éstos carecían de independencia para investigar parcialmente las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por sus elementos”.
“Ya no podemos esperar que nos saque de la cárcel el movimiento social”
Comandantes del ERPI presentan amparo contra sentencia por homicidio calificado
Blanche Petrich
Los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) Jacobo Silva Nogales y Gloria Arena Agis, presos desde hace ocho años, presentaron un amparo directo contra la sentencia por homicidio calificado por la cual el juzgado primero de distrito de Guerrero les dictó 49 años ocho meses de prisión en la causa 126/99. La condena, considerada “ilegal” por los procesados, fue ratificada en segunda instancia.
“A pesar de las dificultades, nos decidimos a presentar un nuevo amparo ante el tribunal colegiado del 21 circuito. Todo el proceso ha sido irregular y se resolvió sobre nuestra culpabilidad sin pruebas firmes”, señala en entrevista telefónica Arena Agis, recluida en el penal de Santa María Chiconautla, Ecatepec.
La acusación de homicidio se refiere a una emboscada perpetrada por un grupo del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra un convoy militar el 16 de julio de 1996, entre Chilapa y Tixtla, Guerrero. El camión militar atacado se detuvo y los soldados, pertrechados, repelieron el ataque. Justo detrás viajaba un camión de redilas con tres pasajeros, uno de los cuales, Gonzalo Morales, murió en el fuego cruzado.
La llamada coronela Aurora reconoce: “sí pertenecíamos al EPR, pero no participamos en esa emboscada ni estuvimos en el lugar ese día”.
Año y medio después de los hechos, una fracción del EPR se escindió para formar el ERPI. Según las primeras versiones de la autoridad, el matrimonio formado por Silva y Arenas fue detenido junto con una pareja más, Fernando Gatica y Felícitas Padilla, el 22 de octubre en una casa de seguridad en Chilpancingo, donde, al ser cateada, se encontraron armas y cartuchos.
Pero Gloria Arenas logró comprobar, con recortes de periódicos e incluso con una ficha del Cisen informando a Gobernación que ella fue detenida en su casa en San Luis Potosí esa misma fecha.
Notas de prensa dan cuenta de un aparatoso operativo en el domicilio ese mismo día. Jacobo Silva, por su parte, fue detenido tres días antes en el Distrito Federal a las afueras del café Pekín. Durante ese lapso estuvo “desaparecido” y fue torturado antes de ser presentado en Guerrero, con el resto del grupo. La fecha y el lugar de su detención fueron alterados. Silva ha permanecido los últimos ocho años en el penal de El Altiplano, en Almoloya.
El último amparo presentado por el matrimonio Silva-Arenas es un desafío a todos los obstáculos. Explica Aurora: “Nunca tuvimos derecho a un juicio justo. Digna Ochoa, nuestra abogada, fue asesinada en el segundo año del proceso. No son muchos los abogados que se deciden a defender a presos políticos; menos si son de organizaciones armadas. Jacobo sintió que después de sufrir en carne propia la violación de todas nuestras garantías jurídicas había adquirido conocimiento suficiente de las leyes. Empezó a preparar el amparo hace un año bajo condiciones muy difíciles. No tuvo acceso a ningún libro de derecho; ni siquiera al expediente completo. Sólo le dejaron tener en la celda papeles por 10 centímetros de alto de su propio expediente ¡Y son metros lo que mide! Con todo, insistió porque considera que así está dando un mensaje a todos los presos políticos: hay que prepararnos, hay que formar nuestros propios abogados porque en esta coyuntura lo más importante es la lucha jurídica. Ya no podemos esperar que el movimiento social nos saque de la cárcel”.
Gloria Arenas considera que este amparo es “contundente” y afirma que si el juez, después de leerlo, se decide a actuar conforme a derecho, procederá a dictaminar auto de libertad.
Nueva ruta
La nueva línea de defensa en el caso Silva-Arenas se centra en tres líneas procesales: primero, demostrar que ninguna de las nueve evidencias en las que se basó la sentencia de casi 50 años para cada uno por homicidio calificado tiene validez probatoria porque no los relacionan directamente como autores del homicidio. Ni los peritajes de balística ni los testimoniales los relacionan o identifican directamente con los hechos. El único dato probado es que pertenecían al EPR y que este grupo reivindicó la emboscada.
Segundo, controvertir el “razonamiento ilógico” del juez que dictó sentencia porque de los elementos que le fueron presentados por la Sedena no se desprende, en modo alguno, la responsabilidad de los dos procesados en la muerte accidental del civil. Y tercero, alegar su derecho a ser juzgados conforme a las leyes que se aplican a este caso. Ellos sostienen que es el artículo 137 del Código Penal, el cual dice: “los rebeldes no serán responsables de las lesiones y homicidios inferidos en combate”.
Sostiene Gloria: “Nosotros, en el momento de los hechos, éramos rebeldes alzados en armas. Por ello nos corresponde una pena que no supera los cinco años, que ya fue compurgada”.
Finalmente, se presentan las denuncias por torturas en el momento de la detención y los primeros días de arresto como presión para que los detenidos firmaran documentos inculpatorios sin siquiera leerlos. Lo anterior fue acreditado por un grupo de trabajo de la ONU y por Amnistía Internacional, aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido resolución sobre el caso a pesar de haber recibido ya 29 quejas.
Acerca de su pertenencia al ERPI, Gloria Arenas asegura: “tenemos ocho años desligados de la organización, pero está ahí, igual que otras. Mi impresión es que no ha actuado militarmente porque ha decidido dar un espacio a la lucha pacífica, pero no lo sé de cierto”.
Su apuesta, aclara, es por la otra campaña de los zapatistas, cuyo esfuerzo “significa precisamente evitar el cierre definitivo de la vía legal y política de lucha. Es un espacio imprescindible para evitar que el encono que estamos viendo desemboque en un conflicto armado en el que sólo participarán unos cuantos, pero que lo sufrirán muchos más”.
