SOBRE EL PLAN MEXICO.

Editorial de "La Jornada":

Detener el Plan México.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pidió ayer al Capitolio que apruebe un presupuesto de 550 millones de dólares como “financiamiento de emergencia para otras necesidades críticas de seguridad nacional”, entre las cuales mencionó la “asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora”. La partida solicitada se presentó como anexo de una propuesta de gastos adicionales por 46 mil millones de dólares para sostener las intervenciones en Afganistán e Irak.
Por lo que respecta a nuestro país, la idea es que los fondos referidos sean gastados en el contexto de lo que, por similitud con el Plan Colombia, pactado entre Estados Unidos y ese país sudamericano para combatir el narcotráfico y la insurgencia, se ha denominado Plan México. Este convenio de asistencia acordado entre el gobierno calderonista y la Casa Blanca es inconveniente por dondequiera que se vea.
Por principio de cuentas, el hecho de que Washington coloque el combate a las drogas y a la delincuencia en territorio mexicano como una de las “necesidades críticas” de su seguridad nacional implica ya una distorsión injerencista, además de una grotesca exageración. Adicionalmente, que Bush incluya entre las actividades financiadas el “tráfico humano” obliga a preguntarse en qué medida la asistencia estadunidense compromete a México en la persecución de los migrantes centro y sudamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos o, peor aún, en el hostigamiento a connacionales que lo intentan.
Por otra parte, la tarea sustancial del acuerdo, el combate al narcotráfico, ha demostrado ser, en sus términos actuales, un empeño costoso en todos los sentidos –descomposición institucional y social, violencia, distorsiones económicas– e insostenible en sus resultados: después de varias décadas de esfuerzos oficiales, la droga sigue fluyendo con normalidad a territorio estadunidense y las organizaciones delictivas mantienen intactos, si no es que incrementados, su poder de fuego y su capacidad de corrupción. La tecnología que Estados Unidos despliegue en nuestro país en el contexto del Plan México será la misma, en el mejor de los casos, que emplea en su propio territorio para contener el flujo de estupefacientes ilícitos; no hay motivo para suponer que al sur del río Bravo esos recursos tecnológicos realicen el milagro que no han podido llevar a cabo en el propio territorio estadunidense y contengan en forma significativa el masivo contrabando de sustancias ilícitas.
A estas alturas, y en tanto no se lleve a cabo un trabajo binacional y multilateral de crítica y autocrítica de la política antidrogas vigente, y en tanto no se reformule de manera radical la estrategia de combate a las adicciones y al trasiego de estupefacientes, es dable suponer que las nuevas medidas no son más que un ejercicio de simulación.
Por desgracia, el que se prepara bajo el nombre popular de Plan México no sólo simula perspectivas de éxito donde hay condiciones ciertas de fracaso, sino que conlleva efectos indeseables en ámbitos distintos al de la lucha contra las drogas: la soberanía nacional y la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en territorio nacional. En el primer caso, existen diversos precedentes de la tendencia estadunidense a abusar de mecanismos de cooperación bilaterales para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas en la vida política de los países anfitriones y chantajes diplomáticos como el que experimentó el ex presidente Eduardo Samper en Colombia.
En el segundo, basta con ver la desastrosa situación de ese país en materia de derechos humanos y recordar que en diciembre del año pasado el Tribunal Permanente de los Pueblos, sección Colombia, condenó a Estados Unidos por la incidencia de la cooperación bilateral en las violaciones a tales derechos. Casi tres años antes la Federación Internacional de Derechos Humanos destacó que “la influencia bélica ha tenido una serie de efectos nocivos, entre los que se destaca la destrucción de la democracia por fortalecimiento del poder militar que en América Latina se ha distinguido históricamente por la corrupción, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional ”.
Por las razones referidas, cabe esperar que el Congreso estadunidense niegue los fondos solicitados por George W. Bush. En México es necesario que el Poder Legislativo haga otro tanto e imposibilite, así sea por la vía presupuestal, la realización de un proyecto de cooperación equívoco, ominoso y gravemente perjudicial para nuestro país. La sociedad, por su parte, debe movilizarse para exigir que se suspenda la aplicación de un acuerdo que sería una tragedia para México.

PLAN MÉXICO

El financiamiento de emergencia supera 10 veces el promedio en este rubro los últimos años.

Pide Bush 500 millones de dólares para asistencia antidrogas a México
“Abordar amenazas comunes”, el objetivo
David Brooks y Roberto González Amador (Corresponsal y Enviado)
Nueva York y Washington, 22 octubre. El presidente George W. Bush solicitó hoy 500 millones de dólares en asistencia antidrogas a México para el año fiscal 2008 –superior 10 veces al promedio de asistencia estadunidense anual en este rubro durante los últimos años–, como parte de un paquete de aproximadamente mil 400 millones de dólares durante un periodo de entre dos y tres años.
La solicitud fue caracterizada por Bush como parte de un “financiamiento de emergencia” crítico para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Casa Blanca informó que estos fondos son para apoyar “los esfuerzos de cooperación sin precedente para abordar las amenazas comunes a nuestras naciones al combatir el crimen trasnacional y el narcotráfico”.
La petición forma parte de un proyecto de ley de gasto suplementario de 46 mil millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán, utilizando así esa iniciativa como un “vehículo legislativo” para el plan bilateral. El anuncio de Bush, por lo tanto, se enfocó casi exclusivamente en la necesidad de que el Congreso apruebe los fondos “suplementarios” para mantener su política bélica en esa región a lo largo de 2008, al pedir este monto adicional sobre los 150 mil 500 millones de dólares que ya han sido solicitados en otro proyecto de ley.
El anuncio fue notable por su bajo perfil, ya que fue el momento culminante de una negociación bilateral de siete meses que desembocó en una propuesta que ambos gobiernos han presentado reiteradamente como un paso “sin precedente” en la cooperación bilateral. Evidentemente la decisión de que el presidente sólo dedicara una frase a lo que sería el programa de cooperación antidrogas más grande en el hemisferio después del Plan Colombia, y que lo hiciera en un acto dedicado a promover el financiamiento de su guerra en Irak, está diseñada para reducir el perfil público de esta iniciativa, por el momento.
Esta tarde, la Casa Blanca emitió un comunicado del secretario de prensa sobre el programa, en el que declara que “para combatir las amenazas de narcotráfico, crimen trasnacional y terrorismo en este hemisferio, el presidente está solicitando hoy 500 millones de dólares como parte de un programa de mil 400 millones para financiar la cooperación en seguridad con México”. Agrega que los mandatarios Bush y Felipe Calderón han hablado en múltiples ocasiones sobre la “asociación estratégica” entre ambos países contra “las amenazas comunes” que enfrentan. Afirma que “el presidente (Bush) aprecia mucho las acciones valientes que Calderón ha adoptado en confrontar estos peligros, y su deseo de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de cooperación”.
El comunicado señala que “Estados Unidos hará todo lo que pueda por apoyar los esfuerzos de México para romper el poder y la impunidad de las organizaciones de la droga y fortalecer las capacidades para abordar estas amenazas conjuntas”.
Esta noche, el gobierno mexicano difundió un comunicado de ambos gobiernos, en que ofrecen un nuevo nombre al plan:
Iniciativa Mérida, que fue definido como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”.
El documento ofrece el marco de la nueva cooperación binacional ante “amenazas comunes” y declara que “nuestra meta común es maximizar la eficacia de nuestros esfuerzos en la lucha contra las organizaciones criminales, así como para detener el narcotráfico (incluyendo el de precursores químicos), el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”.
Afirma que “la Iniciativa Mérida complementará acciones específicas para: 1) Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México; 2) Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos, y 3) Ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza de la delincuencia trasnacional”.
Subraya que “nuestras estrategias para la ampliación de la cooperación están basadas en el pleno respeto de la soberanía, jurisdicción territorial y marcos legales de cada país, y están orientadas por los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad”.
Sin embargo, ni las palabras del presidente Bush ni el comunicado de su secretario de prensa ofrecen detalles específicos sobre el programa de cooperación y tampoco mencionan medidas que adoptará Estados Unidos para cooperar con México en lo que ambos gobiernos han insistido en que es una “responsabilidad compartida” en la lucha antidrogas.
Joy Olson, directora de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), ONG especializada en las relaciones hemisféricas, comentó hoy que “la cooperación es una calle de dos sentidos. Aunque el paquete menciona un monto no especificado de dinero para reducir el consumo de drogas en México, no ha sido acompañado por ninguna nueva iniciativa federal para reducir la demanda de droga en Estados Unidos”.
Podría haber contratistas privados, dice el Dallas Morning News
Por otro lado, el Dallas Morning News reportó este fin de semana de que el plan podría incluir la participación de contratistas militares privados estadunidenses para la capacitación de efectivos mexicanos en el uso de nuevas tecnologías y equipo. Señala que ése es un asunto espinoso, particularmente por la controversia actual aquí sobre el uso de contratistas privados en la guerra en Irak.
Funcionarios de ambos países han reiterado (lo reafirman en su comunicado conjunto de hoy) que el plan no considera que tropas o agentes estadunidenses realicen operaciones en México.
Según detalles filtrados y/o anunciados durante los últimos meses por autoridades de ambos gobiernos, el plan contempla programas de capacitación de fuerzas antidrogas en México, incluso el fortalecimiento y mejoramiento de algunos aspectos del sistema judicial, así como mejorar las telecomunicaciones y el uso de tecnologías avanzadas en la lucha antinarcóticos, especialmente para el monitoreo del aerospacio y las vías marítimas.
Políticas legislativas demoraran el programa
Justamente por estar insertado dentro de un proyecto de ley sobre la guerra en Irak, el programa antinarcóticos para México ahora estará sujeto a la marea político-electoral de este país. Fuentes legislativas aquí informan a La Jornada que aunque se pronostica la aprobación eventual de este proyecto de ley, será debatido en el Congreso por lo menos hasta febrero de 2008.
Para algunos observadores veteranos, Bush acaba de colocar a la relación con México en la óptica de su política bélica, al anunciar este programa como parte de “financiamiento de emergencia” para prioridades de “seguridad nacional” de Estados Unidos, y ubicando este plan dentro de una iniciativa de ley dedicada a la guerra en Irak y Afganistán, y la llamada “guerra contra el terrorismo”.


Aplauden PAN y PVEM el acuerdo con EU; viola la soberanía: PRD y PRI

Detrás podría esconder un proyecto intervencionista, alertan el sol azteca y el tricolor
Ciro Pérez, Elizabeth Velasco, Alma Muñoz y Enrique Méndez
Mientras que para legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) el acuerdo de cooperación con Estados Unidos para el combate al crimen organizado, denominado Iniciativa Mérida, no sólo es bienvenido sino “invaluable”, para los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) este convenio representa una violación a la soberanía y “abre un frente para una eventual intervención estadunidense” en el país.
Se pedirán explicaciones del plan a la cancillería
En tanto, los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados advirtieron que pedirán a la cancillería una explicación detallada del acuerdo para asegurarse de que no incluya violación de la soberanía nacional ni subordinación de mandos del Ejército o de la Policía Federal Preventiva a Estados Unidos.
“No podemos permitir sujeción de nuestras autoridades, en cualquier nivel, hacia un gobierno extranjero, ni que ningún secretario, subsecretario o cualquier alto mando deba rendir información” a la administración de George W. Bush, expresó el diputado José Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa.
Al señalar que la denominada Iniciativa Mérida incluirá transferencia de tecnología, Suárez del Real refirió que durante una reunión con el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, éste reveló que se trata de apoyo con detectores de droga en los retenes instalados en las ciudades fronterizas. “Uno de los prototipos estará en el retén de Benjamín Hill, Sonora”, expuso.
Por su parte, el coordinador priísta, Emilio Gamboa, aseguró que el Congreso no permitirá que este plan esconda un proyecto intervencionista.
Para la dirigencia nacional del PRD este plan representa una violación a la soberanía nacional y abre las puertas para que operen “impunemente y sin control agentes estadunidenses” en el país, aseguró el secretario de asuntos internacionales del partido del sol azteca, Saúl Escobar.
“Estamos muy preocupados sobre lo que podría implicar y vamos a pedir una investigación, pues creemos que este plan abre las puertas para la intromisión de policías y de los intereses estadunidenses; se habla de mucho dinero que ha sido negociado fuera del Congreso y de la opinión pública, y que es igual al Plan Colombia; por eso quisiéramos conocer todos sus detalles.”
A su vez Ada Omaña, titular de la Secretaría de Migrantes del Comité Ejecutivo Nacional perredista, manifestó que Felipe Calderón, con este acuerdo, actúa como en el pasado hicieron administraciones priístas de “ponerse al cuidado y la atención” del presidente de Estados Unidos.
En tanto, dirigentes y representantes de los partidos del Trabajo (PT), Convergencia y del Verde Ecologista se sumaron a la demanda de información sobre los alcances y compromisos que adquiere México al suscribir la Iniciativa Mérida.
Para el dirigente colegiado del PT, Ricardo Cantú, “es un riesgo inminente, ya que Estados Unidos interviene en países tan lejanos como Afganistán e Irak, y lo puede hacer en México. No pensemos que todo es buena voluntad”, dijo.
Del mismo modo, el diputado de Convergencia Alejandro Chanona coincidió en que “se debe precisar si ( el acuerdo) no choca con el derecho nacional y está a la altura del internacional, porque la Ley de Seguridad Nacional es limitada”.