CANANEA Y EL ESTADO FASCISTA

Mineros inician paro de labores en diversas entidades del país
Notimex / La Jornada On Line
Responsables del sindicato aseguran que se buscará un encuentro con Mouriño.
México, D.F. Trabajadores del sindicato minero iniciaron a las 7:00 horas de este miércoles un paro de labores de ocho horas en diversas minas del país, en protesta por el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaró inexistente la huelga de los trabajadores, así como por la presencia de elementos de seguridad en la planta de cobre de Cananea, Sonora.
El secretario de Asuntos Políticos de esa organización sindical, Carlos Pavón, aseguró que se buscará un encuentro lo más pronto posible con el nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para informarle lo que realmente sucede en este sector.
Entrevistado en el marco de la reunión semanal de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que se realizó en las instalaciones del sindicato del IMSS, insistió en que el gremio minero está abierto a cualquier negociación.
Sin embargo, advirtió que los mineros defenderán todos sus derechos por los medios legales, pues sus demandas son legítimas. La situación, dijo, "no está bien en la industria minera". Los mineros cuentan actualmente con una suspensión a su favor sobre el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El dirigente sindical enfatizó que los trabajadores mineros no permitirán que se presente la misma situación de la administración pasada, de querer aniquilar a un sindicato a partir de "términos legaloides".

El paro del sindicato minero, con éxito parcial en Peñoles
Reuters
"Tenemos unas operaciones que están trabajando y otras que sí están en paro", dijo Francisco Siliceo, director de comunicación de la empresa.
México, D.F. La minera mexicana Peñoles, una de las mayores productoras de plata refinada del mundo, dijo este miércoles que algunas de sus operaciones estaban afectadas por un paro nacional que iniciaron mineros durante ocho horas.
"Tenemos unas operaciones que están trabajando y otras que sí están en paro", dijo Francisco Siliceo, director de comunicación de Peñoles.
El sindicato minero mexicano dijo el miércoles que 25 mil trabajadores iniciaron un paro de labores en apoyo a una huelga que inició hace cinco meses en la mina de cobre Cananea, y que fue declarada ilegal la semana pasada.
Por separado, una huelga que iniciaron trabajadores en la mina Naica propiedad de Peñoles en demanda de mejoras salariales continuaba el miércoles, dijo Siliceo.


Disuelven huelga en Cananea con apoyo policiaco y militar
800 agentes de seguridad se enfrentan con trabajadores; hay 40 heridos y 5 desaparecidos
Representantes del gremio tramitan amparo
Ulises Gutiérrez Ruelas (Corresponsal)
Hermosillo, Son., 11 de enero. Al menos 800 agentes de seguridad, entre militares y policías federales y estatales, se enfrentaron a cientos de trabajadores que custodiaban los tres accesos principales de la empresa Minera de Cananea, a quienes desalojaron de las instalaciones una vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga iniciada en el 30 de julio pasado.
Sergio Tolano Lizárraga, se-cretario general de la sección 65 del sindicato minero, informó que el desalojo dejó un saldo de 40 mineros heridos –cinco requirieron hospitalización–; cinco detenidos, quienes fueron liberados a las 17 horas, e igual número de desaparecidos, incluida la esposa de un obrero.
“Las autoridades aventaron el papel (la notificación) por una puerta de la mina; yo no estaba presente. Ahora dicen que no quise recibirlo”, denunció el dirigente, quien reprobó la actitud de los gobiernos federal y estatal de no entregar debidamente los documentos, lo que hubiera evitado el enfrentamiento.
“Todo el tiempo hemos actuado conforme a derecho, incluso ahora que el gobierno determinó que la huelga es ilegal. En la ciudad de México estamos tramitando un amparo que debe salir este viernes (ayer) a nuestro favor”, dijo Tolano Lizárraga. Hasta el cierre de esta edición no se conocía dicho resolutivo.
Policías tempraneros
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en la ciudad de México que a las 11:30 horas notificó al sindicato minero la declaración de inexistencia de la huelga; sin embargo, desde las 5:24 de la mañana llegaron a la mina ocho camiones con tropas del Ejército y la Policía Federal Preventiva.
De inmediato se corrió la voz por el pueblo. Muchos habitantes decidieron no salir a las calles, los niños no fueron a clases y varios comercios no abrieron. En los tres principales accesos de la mina los trabajadores de guardia se daban ánimos para no rendirse y se alentaban para defender sus derechos.
Pasadas las 7 horas llegaron también camionetas de la policía estatal investigadora y de Seguridad Pública. Las fuerzas sumaban casi 800 elementos, quienes se reunieron en la Casa de la Cultura, a unas cuadras de la principal entrada del socavón.
A las 10 de la mañana ocurrió la primera embestida. Los mineros no pudieron mantener el control de la puerta uno, ante la agresión con gases lacrimógenos, balas de goma y toletes.
“Llegaron repartiendo golpes”, denunció en ese momento Tolano Lizárraga, quien en las siguientes horas confirmó la caída de una de las tres puertas de la mina, además de las áreas de producción y almacenamiento.
A la 13:40 horas se generó el enfrentamiento más violento. Tolano Lizárraga llamó a sus compañeros a no exponer su vida y a reunirse en las oficinas del sindicato, a unas cuadras del lugar, para analizar las acciones que seguirían entonces.
Un comandante de la PFP con rango militar llegó a dichas oficinas e intentó diálogar con los mineros para evitar que retomaran el yacimiento, pero no tuvo éxito. A esas horas estaban reunidos unos 800 trabajadores.
Sobre los desparecidos, Tolano Lizárraga se comprometió “a dar con el paradero de cuatro compañeros y la esposa de uno, ya que no están detenidos en la agencia del Ministerio Público”. La reunión, que comenzó a las 17:30 horas, continuaba al cierre de esta edición.
El gobernador Eduardo Bours sostuvo que la presencia de la policía estatal fue para “permitir la entrada de los trabajadores a la mina”. En tanto, Benjamín Bolaños, vocero de Mexicana de Cananea, expuso que durante los 165 días que duró la huelga la empresa tuvo pérdidas por 500 millones de dólares.
Por la noche, Industrial Minera México informó en un comunicado que recuperó el control de los tres accesos a la mina, y anunció que “cientos de trabajadores” regresaron a laborar a esas instalaciones; sin embargo, esta versión fue desmentida por representantes del sindicato.
El yacimiento se recuperó antes de que se cumplieran las 24 horas que prevé la legislación
Carolina Gómez Mena
A pocas horas de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la mina de Cananea, Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo contra esa decisión.
El abogado del gremio, Juan Rivero Legarreta, confió en ob-tener la protección de la justicia, pues la huelga en ese yacimiento propiedad de Grupo México fue “legal”.
A las 11:30 horas de ayer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer en un comunicado la decisión de la JFCA, y recordó que los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, pues de lo contrario la empresa puede rescindir la relación laboral.
Justamente porque ese periodo está previsto en la Ley Federal del Trabajo, el abogado criticó que “fuerzas policiacas federales y locales, además de militares, se hayan apostado en las inmediaciones de la empresa con el fin de romper la huelga”.
El reclamo fue secundado por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia del sindicato minero, y Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos, quienes reiteraron que la legislación laboral prevé un mínimo de 24 horas para atender la resolución.
Sin embargo, añadieron que esa actitud de “hostigamiento” hace pensar que la STPS y la empresa buscaron “reventar por la fuerza una huelga legalmente estallada”.
El cese de labores comenzó el 30 de julio pasado. Los mineros de la sección 65 exigieron entonces mejoras en las condiciones de higiene y seguridad; no obstante, el movimiento fue declarado inexistente por la JFCA, pero el gremio interpuso y ganó un amparo en contra de la decisión.
Fue un ataque vil: mineros
Consultado por este diario, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó de acción “vil” el arribo de agentes federales y estatales.
Según representantes del gremio, a la mina llegaron más de 800 elementos en 80 patrullas. “Esto es un amago represivo y constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales”, señalaron.
Pavón informó que ayer por la tarde los trabajadores realizaban una asamblea para definir las próximas acciones.
La JFCA justificó su fallo al señalar que lo hizo “en estricto apego” a lo dispuesto por un tribunal colegiado que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto una primera resolución.
Por su parte, la STPS consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley” para declarar la suspensión de labores, y tomó como base actas notariales presentadas por el sindicato y la empresa, en las cuales “se acredita que la huelga no estalló en la hora señalada en el emplazamiento”.
El abogado de los mineros, Juan Rivero Legarreta, precisó que el argumento de la JFCA es que “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores, pero esa no es una resolución jurídica, sino algo pueril” que no invalida la suspensión de actividades.
Sobre la presencia de policías y soldados en la mina, la STPS señaló que esa determinación se tomó para “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo” y garantizar que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos.
El Sindicato Mexicano de Electricistas expresó su solidaridad con los mineros de Cananea, y calificó de “golpe artero e impúdico” el desalojo. Francisco Farina, vocero del Frente Sindical Mexicano, calificó al titular de la STPS, Javier Lozano, de “simple empleado del poder económico”. Por la noche, trabajadores de la sección 65 propusieron promover un paro nacional en el sector en protesta por la inexistencia de la huelga.


Investiga CNDH sucesos violentos de Cananea
Notimex / La Jornada On Line
Dio entrada a una queja interpuesta por el diputado local Reynaldo Millán, y ésta la remitió al organismo nacional.
México, DF. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja contra la Policía Federal Preventiva (PFP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal por presuntas violaciones a las garantías fundamentales durante el desalojo de la mina de Cananea, Sonora.
El organismo, con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, recaba evidencias en el lugar de los hechos, así como testimonios y constancias médicas de los lesionados y detenidos durante el enfrentamiento entre mineros y elementos de la PFP.
En un comunicado, la CNDH informó que la queja fue interpuesta por el diputado local Reynaldo Millán Cota ante la comisión de derechos humanos sonorense, que por razones de competencia la remitió al organismo nacional.
Asimismo, con base en el convenio entre ambas instancias públicas de defensa de los derechos humanos, se designó personal actuante para investigar los hechos.
Lo recabado por personal de la comisión local se remitirá a la CNDH para integrarlo al expediente de queja correspondiente.
Una vez concluida la investigación, que tendrá carácter confidencial en apego al Artículo 4 de la Ley de la CNDH, y después del análisis y la valoración de las evidencias, el organismo defensor emitirá la resolución procedente.

Represión en Cananea, agravio a la democratización del trabajo: FAT
Carolina Gómez
Apoya el paro que realizarán los mineros, pues es un acto en "defensa propia", señala Jorge Robles, coordinador del frente.
México, DF. El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) sostuvo que el agravio de la autoridad laboral y policiaca contra los trabajadores de Cananea representa un “atentado no sólo al derecho de huelga, sino un acto que cancela la posibilidad verdadera de caminar hacia la democratización del mundo del trabajo”.
Jorge Robles, uno de los coordinadores del FAT, señaló en entrevista que es lamentable la actitud que ha tenido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y manifestó que el paro que realizarán mañana miércoles los mineros es un acto en “defensa propia” que es apoyado por el FAT.
El pasado viernes 11 de enero, efectivos de la Policía estatal, Federal Preventiva y del Ejército irrumpieron en las instalaciones de la minera en la que permanecían los trabajadores en huelga, quienes interpelaron a los elementos de seguridad al desalojarlos del lugar.
El enfrentamiento, que se dio luego de que la JFCA declaró inexistente la huelga iniciada el 30 de julio de 2007, dejó un saldo de 40 trabajadores heridos.

Cananea, de nuevo.
Néstor de Buen

Han transcurrido más de 100 años, pero el mismo espíritu fascista que iluminó, antes del fascismo, el gobierno de Porfirio Díaz sigue vivo en nuestro país, aunque hoy procure manifestarse como simple gobierno de derecha. Lo que ocurrió en Cananea entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 1906 se vuelve a producir ahora. Tal vez no intervengan los Rangers, pero sí autoridades federales y, por supuesto, los súbditos del señor Bours, el empresario gobernador de Sonora, aliado indiscutible, tal vez socio, del dueño de Minera México, el tal Larrea.
Los hechos son simples y expresan la clase de autoridades que padecemos en México. A mediados del año pasado, con motivo de las múltiples violaciones cometidas por la empresa dueña de la mina, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, planteó un emplazamiento a huelga fundado en una serie de violaciones cometidas por la empresa.
A pesar de haber cubierto todos los requisitos de ley, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró la inexistencia de la huelga, en virtud de que no había empezado a la hora anunciada; no se había cumplido el requisito de recabar la opinión mayoritaria de los trabajadores y no eran fundados los motivos del paro.
El sindicato promovió juicio de amparo en contra de esa resolución, manteniéndose entre tanto el estado de huelga gracias a la suspensión otorgada por el juez de distrito que conoció del asunto. Al resolverlo, el juzgador declaró improcedentes los motivos de inexistencia, particularmente la supuesta exigencia de acreditar mayorías antes del emplazamiento, y consideró fundados los motivos de la huelga.
El recurso de revisión promovido por la empresa fue desechado por el tribunal colegiado competente, que ordenó a la JFCA que dictara una nueva resolución.
La JFCA, organismo sumiso por naturaleza a las decisiones del secretario de Trabajo y, a mayor abundamiento, a las empresas, dictó un acuerdo en el que, contradictoriamente, expresando en el primer punto resolutivo que se trataba de una huelga iniciada a la hora anunciada –fundándose en una certificación notarial en el sentido de que había personas en el interior de la mina después de su iniciación, por supuesto sin definir si se trataba de auténticos trabajadores y si eran empleados de planta o de confianza, ni cuáles eran las labores que supuestamente realizaban–, declaró incumplido el requisito del estallido oportuno. Curiosamente, en el punto PRIMERO del resolutivo dijo textualmente: “Se declara inexistente la huelga estallada por el Sindicato Nacional… a las 12:00 horas, tiempo local del estado de Sonora del 30 de julio de 2007…”
La desvergüenza del presidente de la JFCA no es, por supuesto, la causa principal de la resolución. Hay que remontarse más arriba e incluir, en lugar preponderante, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien ha demostrado absoluta parcialidad en favor de la empresa. Sin olvidar que en nuestro sistema político una decisión de esa naturaleza es fundamentalmente imputable al Presidente de la República.
La resolución de la junta concedió 24 horas a los mineros para que se reintegren a su trabajo. Dentro de ese término se promovió juicio de amparo con solicitud de suspensión, que fue remitido al juez sexto de distrito en materia de trabajo, en el DF, que lo recibió alrededor de las siete u ocho de la noche del viernes. A esa hora, el juez no se encontraba en su lugar. Los sábados y domingos son horas inhábiles en materia de amparo laboral, por lo que el acuerdo de suspensión deberá ser dictado el lunes.
Como ha señalado la prensa, y de manera importante La Jornada, desde mucho antes de la notificación al sindicato se encontraban concentrados miembros del Ejército y de la Policía Preventiva. A las 10 de la mañana se inició el ataque contra los mineros, en plena vigencia del estado de huelga.
No hay disposición alguna que autorice el uso de la fuerza pública para romper una huelga. Hacerlo no es más que una muestra de la falta de escrúpulos de nuestras autoridades y una demostración de su espíritu fascista. Se ha violado la garantía constitucional prevista en la fracción XVIII del apartado “A” del art. 123.
Cananea, de 1906, se repite con la misma intensidad en 2008.