LA "EJECUCION" DE UN POLICÍA REPRESOR.

De la redacción del blog.
Para las víctimas de la persecución, detención ilegal, tortura, por los asesinados a mansalva por francotiradores o muertos y lesionados en acciones represivas de las fuerzas policíacas y parapoliciacas de Oaxaca, la ejecución de Alejandro Barrita Ortiz pudiera interpretarse por algún ingenuo como una forma extra legal de la justicia ante la complicidad de las instituciones de procuración y administración de la misma, con un gobierno autoritario y represor.
Pero el asunto no tiene una interpretación tan simple, sin más elementos de juicio, la hipótesis anterior es la más débil. El movimiento social magisterial encabezado por la Sección XXII del SNTE y la APPO jamás ha contemplado la vía violenta como parte de su estrategia de lucha, no ha tenido ni la intención mucho menos ha creado en su seno una organización de corte militar y más aún carece de la infraestructura. No se trata entonces de un acto de “ajusticiamiento”.
Por lo menos no son de descartarse otras. La primera, eventualmente una consecuencia del conflicto y pugna por el control de la misma Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) en la que no hace mucho se hizo público este conflicto de intereses fundamentalmente de carácter económico, pugna de la cual no es ajena Aristeo Martínez, otro represor que se desempeño como coordinador de seguridad pública municipal en la ciudad de Oaxaca. Abunda el hecho de que los ejecutores sabían de los movimientos del represor, sabían que se entrenaba en el parque “El Tequio”. El asunto bien podría inscribirse como parte de esta pugna y el mensaje dejado de que “faltan dos más” tiene dedicatoria, para quienes están involucrados en el conflicto. Si fuera ajusticiamiento, no faltarían dos, sería una larga lista.
El asesinado se vió involucrado en otros conflictos, fue acusado penalmente por una periodista por amenazas y hostigamiento. El jefe policiaco dirigió con mandos de otras corporaciones las ofensivas contra simpatizantes de la APPO, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza, donde fueron detenidas y golpeadas más de 40 personas.
También participó en las detenciones de simpatizantes de la APPO el 2 de noviembre del año pasado, en Ciudad Universitaria. En fechas recientes fue denunciado por la invasión de terrenos en Ejutla de Crespo, población en la que fue candidato perdedor del PRI a la presidencia municipal en 2003. De los enemigos dejados en su turbulenta trayectoria político policíaca, pudieron haber surgido sus victimarios.

Otra hipótesis dejada entrever por el dirigente de un partido de oposición al decir que la línea de investigación sobre el gobierno del estado, no puede ser desechada. Comandante del brazo armado ejecutor de acciones extra legales contra opositores del gobierno, corresponsable de la operación del “Convoy de la muerte” encargado de hostigar barricadas en el conflicto social oaxaqueño del 2006 y posteriormente corresponsable de allanamientos y detenciones arbitrarias, SABÍA DEMASIADO y el poder aquí y en todas partes, toda vez utilizados sus ejecutores y verdugos, los silencia para que no quede huella posterior.

La última hipótesis se construye a través de los usos y costumbres del poder caciquil oaxaqueño, quien ha utilizado el recurso de la provocación para justificar sus acciones represivas. No hay que soslayar el hecho de la presencia de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos. Atribuirle actos delictivos a la oposición política es una conducta permanente del poder en Oaxaca y en el mundo. Ofrecer una cara de conciliador y garante de la seguridad por una parte y atribuir actos criminales a sus opositores es la línea de actuación constante del sátrapa oaxaqueño. No es descartable lo descrito, ya que mata dos pájaros de una pedrada, se deshace de un testigo incómodo y criminaliza a los opositores.
El movimiento social sindical exige que los criminales autores intelectuales y materiales de la represión con sus 26 víctimas fatales, sus desaparecidos y prisioneros políticos, sean juzgados y no que su muerte signifique glorificarlos como héroes de nada.