TRACTORES EN EL PAVIMENTO, MILAGRO CALDERONIANO

Decenas de miles exigen la revisión del TLCAN
patricia dávila, rosalía vergara, räphael morán, isaín mandujano y arturo rodríguez

México, D.F., 31 de enero (apro).- La inconformidad por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLCAN) reunió hoy a unos 130 mil manifestantes –campesinos, productores, sindicatos y organizaciones sociales-- en la Plaza de la Constitución, en lo que fue la primera ‘megaprotesta’ contra el gobierno del presidente Felipe Calderón.

La caminata al Zócalo, ocupado por el museo provisional construido por Televisa, comenzó aproximadamente a las 16:00 horas. Los contingentes provenientes de 26 entidades del país partieron de distintos puntos de la ciudad.

El trayecto no estuvo exento de incidentes, como la muerte de María González Bueno, de 83 años de edad y originaria del estado de Nayarit. La mujer falleció de un paro cardiorrespiratorio en las calles de Francisco I. Madero, esquina Condesa.

Además, campesinos de Guanajuato y Chihuahua, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Campesina “Francisco Villa”, prendieron fuego a uno de los 20 tractores que llevaron a la caravana contra el TLCAN, e incluso uno de ellos embistió a un policía.

Durante el trayecto, los campesinos demandaron la renuncia del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, y los trabajadores agrupados en Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente Sindical Mexicano, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunciaron contra las reformas energética y laboral, el alza de precios a la canasta básica, y pidieron la renegociación del TLCAN.

Una vez que los contingentes arribaron al Zócalo, ‘megamarcha’ que fue custodiada por mil 500 elementos de la fuerza pública capitalina, los manifestantes anunciaron una jornada de movilización nacional que iniciará el próximo jueves con un plantón en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, efectuarán cuatro marchas --el 16 y 18 de marzo, el 10 de abril y 1 de mayo-- en apoyo a las demandas laborales de los sindicatos. Y, por último, convocaron a una huelga nacional.

Uno de los oradores fue Cruz López Aguilar, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien dijo que el gobierno federal pretende dejar fuera a los productores organizados de los programas y presupuestos dirigidos al campo.

Dijo que los 204 mil millones de pesos presupuestados para este año se pretenden canalizar a los grandes productores y las empresas trasnacionales.

El dirigente campesino señaló, así mismo, que la Secretaría de Economía a cargo de Eduardo Sojo no ha emitido su opinión en el tema de competitividad de las ramas de producción, afectadas por la apertura comercial, por lo que solicitaron la creación de una oficina que auxilie a las Uniones Nacionales de Productores, a fin, dijo, de poder sustanciar las demandas de “dumping” y la instrumentación de salvaguardas que mitiguen el daño infringido por la competencia desleal que implica el TLCAN.

Aseguró que México ha perdido el rumbo como país y se ha “entregado la soberanía alimentaria y energética”.

Explicó que durante el periodo del Tratado la dependencia alimentaria creció de 10 a 48%, y que Pemex ha sido sujeto a una “desinversión” en refinación, exploración y perforación, reduciendo las reservas aprobadas a ocho años y haciendo del país un importador de 30% del consumo de gasolina.

Cruz Aguilar habló de las grandes asimetrías que, a partir de la entrada del TLCAN, enfrentan los campesinos mexicanos frente a los productores de Estados Unidos y Canadá.

También hizo referencia a los retrocesos que ha sufrido el campo mexicano a partir de la firma del TLCAN: el empleo en el campo se ha reducido a la mitad; sólo 2% de los productores cuenta con capacidad para exportar; 70% de la población rural está en condiciones de pobreza; en 1994, a la entrada en vigor del Tratado, existían 29 mil migrantes anuales del área rural y, en 2006, la cifra se disparó a 255 mil.

Todo ello, dijo, ha obligado a los campesinos a rentar sus tierras y a vender sus derechos ejidales. Y eso, prosiguió, se ha convertido en un modo de apropiación no sólo de la tierra, sino también del agua, la infraestructura, el crédito, los subsidios y los recursos presupuestarios.

Durante el discurso del dirigente nacional cenecista, se incorporaron al Zócalo nuevos contingentes: Consejo Cívico Popular de Xochimilco, Frente Democrático Francisco Villa, Comité de Defensa Ciudadana, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Unión de Pueblos Emiliano Zapata (UPEZ) y Alianza de Organizaciones Sociales (AOS), entre otros.

En nombre de las organizaciones que integran el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), Miguel Luna, quien portaba una bandera nacional –“para demostrar que los mexicanos tenemos fuerza de trabajo”, dijo--, se pronunció por que se reabra el apartado agropecuario del TLCAN.

“Tenemos –dijo-- suficiente valor para darle de comer al país y no importar comida chatarra. La mentira más grande del gobierno de Felipe Calderón es que los productores nos hemos beneficiado porque aumentaron las importaciones, cuando en realidad lo que bajó fue el empleo. El empleo existente está en Estados Unidos”.

Remachó: “¿Acaso su proyecto laboral está en que nos sigamos yendo a trabajar a Estados Unidos? No, aquí tenemos empleo, producción, podemos competir con los más avanzados del mundo, siempre y cuando el gobierno nos apoye en lugar de continuar pagando facturas a Bimbo, Maseca y Gruma por favores de campaña”.

El último orador de las organizaciones campesinas fue Gabino García, en representación del movimiento “Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco. El campo no aguanta más”.

En su discurso recordó que, bajo este grito comenzaron esta lucha que, para ellos, “es sólo una etapa más” dentro de la jornada en favor del campo.

En nombre de las 300 organizaciones que emprendieron la lucha en defensa del maíz, manifestó que hace nueve años llegaron al mismo Zócalo capitalino a lomo de caballo y no pasó nada.

Aseguró que las organizaciones agrupadas al movimiento “Sin maíz no hay país”, lo único que pretenden es que se reactive el campo mexicano “porque, como campesinos, ya no quieren que sus hijos emigren a Estados Unidos en busca de trabajo. Queremos que este campo vuelva a ser productivo”.

Enfático, añadió que México mantiene un TLCAN que lo único que ha sembrado ha sido hambre y muerte, porque ya no produce alimentos suficientes para los mexicanos.

Un detalle que llamó la atención fue el hecho de que el contingente del llamado “gobierno legítimo” se mezcló con los grupos de la priista CNC.

Caminaron juntos Asa Cristina Laurell, Laura Itzel Castillo, Gustavo Iruegas y Mario di Costanzo, “secretarios” de Salud, Vivienda, Trabajo y Finanzas del “gobierno legítimo”.

Salieron del Movimiento de la Revolución junto a un contingente de 50 personas. Sus simpatizantes cargaron un enorme maíz hecho de papel maché y coreaban al unísono: “Es un honor estar con López Obrador”.

En entrevista, Di Costanzo comentó que el próximo 5 de febrero entregará en la Cámara de Diputados una carta que demuestra la viabilidad de renegociar el TLCAN.

Dijo que en caso de que las autoridades desdeñen su propuesta, impedirán la entrada del maíz al país, así como en Estados Unidos se prohíbe el paso a productores mexicanos. La misiva, añadió, ha sido firmada por 5 mil personas.

“Es necesario que inicie el panel sobre la controversia del TLCAN, porque el gobierno dice mentiras”, indicó.

Defensa del petróleo

Por su parte, el exdiputado y miembro del Frente Amplio Progresista (FAP), Jesús González Schmal, comentó que se reunirán esta noche con el “gobierno legítimo” y legisladores del FAP para acordar las acciones a emprender en defensa de la soberanía nacional y del petróleo.

Descartó que el viernes, cuando empieza el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, tengan programado realizar alguna acción fuera del recinto.

También apoyarán las movilizaciones que surjan independientemente de quién las convoque, porque el FAP coincide con las demandas.

Sobre la “huelga legislativa” planteada por los diputados del FAP, consiste en no trabajar cuando se trata de iniciativas impulsadas por Felipe Calderón o el Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que de ahora en adelante la labor legislativa estará acompañada de la movilización social.

Comentó que según datos del FAP, AN y PRI ya tienen una iniciativa de reforma energética “oculta”, pero no han sabido cómo presentarla, si a nombre del Ejecutivo o del propio Acción Nacional.

Cuando la presenten entonces vendrá la movilización, dijo y previno que esto podría derivar en represión del gobierno hacia el movimiento social, porque quieren reformar el sector a como dé lugar.

Protestas al norte y sureste

Integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y Braceroproa, entre otras organizaciones, realizaron manifestaciones en repudio al capítulo agropecuario del TLCAN en las principales ciudades de los estados de Coahuila y Nuevo León.

Los campesinos demandaron la renuncia de los delegados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en esas entidades.

En Monterrey, miles personas, que marcharon sobre la avenida Morones Prieto, se mantuvieron, durante cuatro horas, frente a las oficinas de la Sagarpa, hasta que el delegado de la dependencia en la entidad, Raúl Ramírez Carrillo, recibió a una comitiva.

Mientras, a las afueras de la delegación de Sagarpa, en Saltillo, un centenar de agricultores realizó un plantón.

En tanto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, campesinos de diversas organizaciones realizaron movilizaciones en distintas cabeceras municipales, bloquearon carreteras y puentes y tomaron edificios públicos, en protesta por la entrada en vigor del capítulo agropecuario del TLCAN.

En los puntos fronterizos de Chiapas con Guatemala, ubicados en los municipios de Tapachula y Comitán, los manifestantes cerraron los cruces durante varias horas, con pancartas que decían: "Defendamos a la nación".

En conferencia de prensa, Federico Ovalle Vaquera, líder nacional de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dijo que el gobierno mexicano tiene que aceptar que existe un margen de negociación política del capítulo agropecuario y no cerrarse a las demandas del campesinado mexicano.

Afirmó que el capítulo agropecuario del TLCAN “da el tiro de gracias a miles de productores del campo”, y señaló que, si bien el gobierno mexicano ya ha dicho que no lo renegociará, “estará gestando con ello una crisis en el país”.

En las cabeceras municipales, pequeños contingentes de ejidatarios provenientes de las regiones más pobres de Chiapas, caminaron por las principales avenidas, donde solicitaron a los gobiernos "estar al lado de los pobres".

En la región indígena de Ocosingo, cientos de campesinos e indígenas bloquearon la vía Ocosingo-Palenque, a la altura de la comunidad Temó, en el municipio de Chilón.

Hombres y mujeres de municipios de las regiones selva y norte colocaron piedras y palos sobre la carretera para evitar el paso de los vehículos, aunque cada media hora permitieron el acceso de los automovilistas.

En Tuxtla Gutiérrez, los contingentes estuvieron conformados por campesinos, burócratas, sindicalistas y maestros. "Defendamos a la nación, compañeros. No podemos permitir que los poderosos hagan lo que se les dé la gana. Es tiempo de unirnos”, afirmó Víctor Hugo Zavaleta, líder de los trabajadores del Sindicato de Salud.

En tanto, durante un mitin realizado frente al Palacio de Gobierno, productores de maíz denunciaron que "operadores políticos" del gobernador Juan Sabines trataron de “comprarlos” para que no realizaran la marcha.


Campo en ruinas, gobierno sordo
Editorial de "La Jornada".

Las movilizaciones multitudinarias de campesinos, obreros, maestros y organizaciones populares realizadas ayer en la mayor parte de las entidades federativas para exigir la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejaron ver el tamaño del descontento que recorre al agro mexicano y a los sectores menos favorecidos del país por la perpetuación de una política económica antinacional, depredadora y generadora de pobreza extrema masiva y de riqueza, también extrema, para unos cuantos. Ni la aguda depauperación campesina ni las distancias ni los amagos policiales lograron menguar la presencia de masas de manifestantes procedentes de diversas regiones del país en el Centro Histórico capitalino, a las cuales deben sumarse las marchas y los mítines realizados en muchas otras ciudades en repudio a lo que se percibe, en el menos malo de los casos, como inacción gubernamental ante –si no es que participación en– la embestida que padecen los pequeños propietarios, los ejidatarios y los comuneros de México.
Pero ayer no sólo se expresó con contundencia el descontento social masivo por la entrada en vigor de la desregulación a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, apertura que viene a dar el tiro de gracia a las perspectivas de vida de millones de campesinos; también se puso de manifiesto la cerrazón, la insensibilidad y la ceguera del grupo que ostenta el poder político, económico y mediático.
Después de meses, años y sexenios de negarse a escuchar el clamor procedente del agro, el gobierno federal emitió un comunicado en el que, pretendiendo una normalidad y una distensión que no existen, anunció la continuación de un “diálogo” con las organizaciones campesinas y su decisión de hacerse representar, en los encuentros respectivos, por los impugnados secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. El primero de estos funcionarios, en una muestra de rotunda inocencia o de algo peor, pidió a los labriegos que precisen “cuáles son sus demandas”, como si las reivindicaciones campesinas no hubiesen sido expresadas en forma verbal y escrita, publicadas y coreadas, a lo largo de los pasados 12 meses, y como si no hubiera estado enterado de la demanda central que se reiteró ayer en el Zócalo capitalino y en decenas de mítines efectuados por todos los rumbos de la República: renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y de los términos de ese documento que condenan a la extinción económica en el corto plazo a los agricultores pobres de México.
Las cúpulas empresariales –el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– expresaron por enésima ocasión su sorpresa ante una indignación social contra un instrumento comercial que, desde su entrada en vigor, ha permitido al país –argumentan– incrementar en forma exponencial su captación de divisas. Ciertamente, el TLCAN ha aportado a México muchos cientos de miles de millones de dólares, pero esas sumas no han servido para atenuar la escandalosa desigualdad social ni la pobreza de la mayor parte de la población. En el campo, el tratado comercial ha sido extremadamente benéfico para unos cuantos agroexportadores como Vicente Fox, su familia y su ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, pero ha representado la ruina de millones de agricultores en pequeña escala, para los cuales la política económica gubernamental ofrece sólo tres posibilidades: emigrar –a la marginalidad informal y miserable de los centros urbanos nacionales o a las vicisitudes del cruce fronterizo con rumbo a Estados Unidos–, incorporarse al negocio ilícito de las drogas o morirse de hambre.
Pero fue Héctor Larios, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, quien externó con mayor precisión, y en términos más bien obvios, las actitudes del grupo gobernante ante la catástrofe que se abate sobre los campesinos mexicanos: “La motivación de estas movilizaciones –dijo, en referencia a las realizadas ayer– tiene que ver con el ámbito político”. Lo dicho por el diputado Larios es cierto en más de un sentido: el régimen del que forma parece estar logrando, con su indolencia, su insensibilidad y su entreguismo, la articulación de un vasto movimiento que, por la fuerza de las circunstancias, hace desembocar en la vida política malestares sociales que los poderosos de ayer y de hoy no han querido entender ni atender. Por lo demás, sus sospechas en torno a quiénes organizan a los manifestantes pueden despejarse en forma sencilla: son los gobiernos, del de Carlos Salinas al de Felipe Calderón, con su continuismo neoliberal, los que llenan las plazas públicas del país con campesinos, obreros y maestros depauperados y exasperados.


“Flagrantes abusos” de militares, en lo que va del gobierno de Calderón: HRW
j. jesús esquivel
* La corrupción, principal problema del sistema judicial mexicano

Washington, 31 de enero (apro).- Human Rights Watch (HRW) reprobó hoy la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de utilizar al ejército para combatir el crimen organizado y efectuar tareas de seguridad pública.

En su evaluación anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el organismo apunta que, en el caso de México, “en el último año (2007) los soldados mexicanos han cometido flagrantes abusos por su involucramiento en actividades de la aplicación de la ley”

Además, la organización no gubernamental internacional enfatizó que durante el primer año del gobierno de Felipe Calderón “el sistema de justicia continúa plagado de problemas de derechos humanos”, que van desde la tortura hasta la negligencia para investigar casos de violación de derechos humanos.

A todo ello se suma, dijo, la ausencia de “protección legal adecuada para mujeres y niñas contra la violencia y el abuso sexual”.

El capítulo sobre México del reporte anual de HRW, sostiene que el principal problema del sistema judicial mexicano se genera por la corrupción, la ausencia de un entrenamiento adecuado y recursos suficientes para los funcionarios públicos, así como por las prácticas policiales abusivas.

En el apartado “Abusos de las fuerzas de seguridad”, destaca el hecho de que el Ejército Mexicano está llevando a cabo labores que le corresponden estrictamente a las policías civiles, como es el caso del combate al narcotráfico.

El reporte ejemplifica con un caso registrado en mayo pasado, en que “los soldados detuvieron de manera arbitraria a 65 personas en el estado de Michoacán, manteniendo incomunicados en una base militar a algunos de los detenidos; algunos de ellos fueron golpeados y cuatro menores fueron violados”.

El reporte de HWR añade que, en ese mismo mes, y también en Michoacán, el Ejército detuvo de manera arbitraria a otras ocho personas, a quienes mantuvo incomunicadas en una base militar; luego fueron golpeadas y a cuatro de ellas les colocaron bolsas de plástico en la cabeza.

En otro hecho registrado en junio pasado, añade HRW, “los soldados dispararon contra una camioneta en el estado de Sinaloa, matando a cinco personas, incluidos tres niños”.

El capítulo sobre México, de seis páginas, reitera que en el país sigue imperando el problema de la impunidad, especialmente en el caso de los crímenes perpetrados durante la guerra sucia.

La ONG internacional insiste también en que México no se ha logrado superar el problema de la violencia domestica y abuso sexual contra las mujeres y niñas:

Los casos que “se reportan ante las autoridades generalmente se enfrentan al problema de las sospechas, apatía y falta de respeto, esto da como resultado el hecho de que las víctimas de estos delitos opten por no denunciar a sus agresores, determinación que minimiza las presiones para establecer reformas legales que son necesarias”.

Sobre la libertad de expresión, HRW denuncia que los comunicadores que se dedican a la cobertura del problema del tráfico de drogas o que han sido críticos de las acciones del gobierno, son víctimas de acosos y represalias.

“En abril de 2007 un periodista fue ejecutado en Acapulco, Guerrero; en Sonora otro recibió amenazas de muerte y fue golpeado; y un tercero fue secuestrado en Chihuahua y una semana después encontrado muerto.

“En octubre tres trabajadores de un periódico en Oaxaca fueron baleados y asesinados; otros cinco siguen desaparecidos desde 2005, entre éstos cuatro que escribieron sobre el problema del crimen organizado y el narcotráfico”, acota HRW.

El reporte sostiene que durante el primer año del gobierno de Calderón Hinojosa continuaron los bloqueos a las labores legítimas de los sindicatos, además que el Estado fracasó en su obligación de garantizar que miles de niños de comunidades agrícolas recibieran educación primaria.

“Pese a que existe un programa federal para dar educación primaria a los niños en los campos agrícolas, las clases generalmente se imparten por la noches, cuando los niños ya están muy exhaustos por el trabajo y carecen de energías para estudiar”, remata el reporte.


El decretito
Luis Javier Garrido

El gobierno de facto está empeñado en su segundo año en generar un escenario de violencia en el país, sin importarle hundirse cada vez más en la ilegalidad, con tal de poder tender una cortina de humo que le permita aplicar los programas neoliberales que le exigen desde el exterior.
1. La decisión de Los Pinos de “institucionalizar” el papel ilegal que ha venido asumiendo el Ejército Mexicano, forzado por la administración espuria de Felipe Calderón a lanzarse en operativos antinarcóticos en las zonas urbanas a fin de generar un clima de violencia que amedrente a la población, tal y como se decreta en el Programa Sectorial de Defensa Nacional publicado en el Diario Oficial del 24 de enero, anuncia que quienes toman las decisiones en México preparan un escenario de violencia cada vez mayor para lo que resta del sexenio, a fin de poder sacar adelante sus políticas.
2. La pretensión de que el país se halle “militarizado” por lo menos hasta 2012, evidencia que el gobierno espurio se ha asumido como un gobierno de trámite, que en función del objetivo de algunas multinacionales a las que se halla sometido no tiene otro proyecto que el de desmantelar al Estado nacional y dejar a los panistas en el poder en 2012, lo que presupone antes obtener la mayoría en la Cámara de Diputados en 2009, y para eso las fuerzas armadas le están sirviendo de manera estupenda.
3. Las acciones del Ejército en 2007 no buscaron como se ha visto disminuir el tráfico de estupefacientes en México ni frenar su consumo aquí o en Estados Unidos, ni mucho menos abatir el poder financiero, político y social de los cárteles de la droga, estrechamente vinculados a los intereses del PAN y del PRI, sino a generar un estado de shock permanente en la población, que amedrente al pueblo e inhiba a los movimientos sociales y le permita al equipo calderonista continuar con sus políticas entreguistas, pero el costo que tienen para el país estas políticas es, sin embargo, muy grave.
4. Las actuación ilegal de las fuerzas armadas al obedecer las órdenes de Calderón ha sido demostrada por múltiples juristas, que han señalado que a) el Ejército no puede actuar como policía judicial o ministerial conforme a los artículos 21 y 129 de la Constitución, que b) las autonomías estatal y municipal no pueden transgredirse asumiendo los militares funciones que no les corresponden, como la de “desarmar” a las policías municipales, tal y como lo establecen además los artículos 115 y 116 constitucionales, y que c) un estado de excepción o de suspensión de garantías individuales, que es el que de hecho prevalece en diversas entidades, no puede ser sino establecido por una ley, votada por el Congreso de la Unión, tal y como lo dispone el artículo 29 constitucional, y no por un decretito firmado por un gobernante, al margen de que éste sea o no espurio.
5. El Ejército, por consiguiente, está hundiéndose con estos operativos ilegales en el mayor desprestigio de su historia, pues está con ellos no sólo violentando a la población sino afectando su propia organización y estructura. Si entre 2000 y 2006 desertaron del Ejército y la Fuerza Aérea más de 150 mil elementos, muchos de ellos para pasar a las filas del narco, según ha dado a conocer en enero la Secretaría de la Defensa Nacional, este número se ha incrementado notablemente desde que se instauró el gobierno espurio. Las acciones violentas que se han producido en las ciudades del norte y el occidente del país han enfrentado de tal suerte a ex militares con militares, a los grupos de seguridad de los narcotraficantes con las fuerzas armadas institucionales de las que está disponiendo para sus intereses de grupo el gobierno calderonista.
6. El país queda así sentenciado por la ineptitud del grupo gobernante y la venalidad de los oficiales de las fuerzas armadas a hundirse cinco años más en un escenario de ilegalidad que no tiene más fin que la utilización mediática de lo que acontece: de ahí que se busque poner el acento en “la violencia” que hay en el país, y así subraya por ejemplo la PGR en un boletín de prensa que desde que se metió Calderón a Los Pinos se han producido 2 mil 794 ejecuciones, y que los noticiarios de Televisa y Televisión Azteca, que cada vez ve menos el auditorio, estén dominados por la llamada “nota roja”, y que en ellos se busque amalgamar criminalidad y descontento social.
7. El hecho que se soslaya es empero el de que la violencia que se manifiesta en las calles de muchas ciudades del país está siendo provocada con fines políticos por el gobierno de Calderón con los operativos de las fuerzas armadas.
8. La paradoja mayor que hay en México es que tenemos un gobierno de hombrecillos corruptos y mediocres, que es ilegal e ilegítimo pues llegó al poder de facto por la vía de un fraude electoral, y que además se ha subordinado dócilmente a poderes fácticos de dentro y fuera del país y desde entonces está actuando en abierta violación a la Constitución, pero que pretende se le reconozca como “modernizador”.
9. Un hecho fundamental no puede dejar de subrayarse, y es que las grandes decisiones en el país se están ya tomando por grupos trasnacionales, para los que no hay más marco jurídico que el que protege los intereses del gran capital y los privilegios del gobierno estadunidense, y a los que poco importa que se violente el marco jurídico de México al privatizarse Pemex por la vía de los hechos, al designarse inconstitucionalmente a un español en Gobernación o al utilizarse al Ejército fuera del marco legal para generar un clima de terror.
10. La confrontación entre el gobierno espuriete y amplios sectores populares no deja, sin embargo, de crecer, y ante esta situación se escuchan cada vez menos las voces de la razón.