¿NO SERÁ QUE SABÍA DEMASIADO?

Asesinan en Oaxaca a jefe policiaco acusado de represor
Versiones difundidas en estaciones de radio locales culparon a la APPO y al EPR
El occiso participó en el conflicto social de 2006
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 30 de enero. Un comando armado asesinó hoy al director de la Policía Auxiliar, Industrial, Bancaria y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, y a su escolta Juan Eduardo Prado Pérez, en la pista de acondicionamiento físico de la unidad deportiva Bosque El Tequio, aledaña al aeropuerto Benito Juárez.
Barrita Ortiz y su guardaespaldas, quienes vestían ropa deportiva, recibieron varios impactos de Ak-47, R-15 y pistolas .9 milímetros. Quedaron boca abajo, sin vida, sobre la pista de acondicionamiento físico. El asesinato ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana, mientras las víctimas trotaban frente a la estatua del héroe mixteco Tzauindanda. En la agresión participaron al menos cinco hombres parapetados en unos arcos de la barda perimetral de la unidad deportiva.
“Lo estaban esperando, fue una emboscada”, señaló el procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Durante el ataque también fueron alcanzados por las balas Rafael Alonso Muñoz, empleado del gobierno, quien murió en el lugar, y Virginia Galán Rodríguez, entrenadora de atletismo y ganadora del Premio Estatal del Deporte 2003; al parecer corría al lado de Barrita Ortiz. Ella fue recogida con vida, pero murió más tarde en el hospital. El ex presidente municipal de San Pablo Huitzo, región de Valles Centrales, Omar Ríos Flores, resultó lesionado y se encuentra hospitalizado.
Tres escoltas del jefe policiaco salieron ilesos y uno más está herido. El lugar fue acordonado por agentes de la policía local y elementos del Ejército Mexicano. Al sitio acudieron agentes del Ministerio Público y peritos de diferentes especialidades para iniciar las investigaciones.
El procurador dijo que Barrita recibió nueve disparos, cuatro de ellos en el cráneo. Además, sufrió la amputación del pulgar de la mano derecha. Fueron encontrados 25 casquillos percutidos de Ak-47, 30 de R-15 y 18 de 9 milímetros, así como seis cartuchos útiles de Ak-47 y .9 milímetros. En los parabrisas de algunos vehículos se descubrieron impactos de bala.
El procurador informó que el escolta muerto trató de repeler la agresión y desenfundó su pistola de cargo, una 38 súper, y al menos la accionó en una ocasión, pero se desconoce si alguno de los atacantes resultó lesionado. Dijo que los tres escoltas ilesos y el herido están rindiendo declaración. La dependencia a su cargo abrió la averiguación previa 135/CR/2008, y subrayó que “no se descartará ninguna línea de investigación”.
En el estacionamiento de El Tequio fue asegurado un vehículo Volkswagen Cross Fox rojo, abandonado supuestamente por los agresores. Según informes no confirmados, también fue incautado un Jaguar verde.
Inmediatamente después del atentado empezaron a circular versiones, algunas recogidas en los noticieros de la radio local, sobre la supuesta participación del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Sobre lo anterior, el procurador de Justicia remarcó que no deseaba caer en especulaciones.
A su vez, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca rechazó las imputaciones hechas en algunas estaciones de radio. “Nuestro movimiento no usa armas, lo hemos dicho reiteradamente”, afirmó su vocero, Florentino López Martínez. Agregó que la pretendida vinculación de la APPO con los hechos “son rumores salidos del propio gobierno estatal para justificar la represión” y nuevas detenciones de sus compañeros. Ante ello, llamó a organismos civiles de defensa de los derechos humanos a estar atentos, porque “se puede dar cacería de brujas”.
Barrita Ortiz, ex militar con grado de teniente, originario de Ejutla de Crespo, fue denunciado en su momento por militantes de la APPO de participar en “detenciones, desapariciones forzadas y torturas” a su paso por las barricadas instaladas en diferentes lugares de la ciudad, entre agosto y noviembre de 2006, durante el conflicto que sostuvieron con el gobierno estatal.
Los casos fueron documentados por diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Civil de Observación Internacional por los Derechos Humanos.
Además, el hoy occiso fue acusado penalmente por una periodista por amenazas y hostigamiento. El jefe policiaco dirigió con mandos de otras corporaciones las ofensivas contra simpatizantes de la APPO, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza, donde fueron detenidas y golpeadas más de 40 personas.
También participó en las detenciones del 2 de noviembre del año pasado, en Ciudad Universitaria.
Barrita Ortiz se desempeñó como director de la Policía Preventiva del estado, en el sexenio de Heladio Ramírez López, en los años 80, y posteriormente estuvo encargado de las instalaciones del desaparecido Instituto de la Juventud Oaxaqueña. También fungió como jefe de seguridad del Congreso del estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina. En 2003 fue postulado por el PRI candidato a presidente municipal de Ejutla, pero perdió la elección con el aspirante del PAN.
Según versiones, los autores del atentado dejaron un recado escrito en el lugar y llamaron al 066 para amenazar que matarían a otros dos jefes policiacos. Sin embargo, el procurador no confirmó el recado ni la llamada telefónica y dijo que la procuraduría estatal dará vista de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, por el tipo de armas de uso exclusivo del Ejército empleadas en el ataque.

Se deslinda APPO del atentado y pide que no haya "cacería de brujas"

PEDRO MATIAS
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CÉSAR MATEOS. Nada que ver la
APPO con el ataque armado.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca se deslindó del atentado donde fue ejecutado el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Alejandro Barrita Ortiz, y ojalá que estos hechos violentos no sirvan de pretexto para desatar una cacería de brujas en contra del movimiento social y detengan a "chivos expiatorios".

El vocero de la APPO, César Mateos Benítez, pidió a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con esta violencia "a ver si ahora si voltean los ojos a Oaxaca".

Luego de lamentar esta ejecución, reiteró que "la APPO no está con la violencia, al contrario, hemos padecido la violencia", es por ello que, solicitó se realice una investigación imparcial, profesional, para que esto no sea un pretexto más para desatar una cacería de brujas o tratar de darle un sesgo político".

Por lo tanto, "nosotros exigimos la responsabilidad que le merece al gobierno federal y nos deslindamos de cualquier hecho de violencia".

Cabe recordar que este miércoles a las 7:45 horas, frente al monumento "El Flechador del Sol", ubicado en el parque deportivo El Tequio, se registró un atentado en el que murió el teniente Alejandro Barrita Ortiz, director de la PABIC; su escolta Jesús Eduardo Prado Pérez, y el ingeniero Rafael Dagoberto Alonso Muñoz, quienes cayeron sin vida en la pista de acondicionamiento.

Mientras que la promotora deportiva, Virginia Galán Rodríguez, murió cuando recibía las primeras atenciones médicas, en tanto que Omar Ríos Flores fue canalizado al Hospital del ISSSTE.

En respuesta a una serie de rumores que vincularon a la APPO con esta ejecución, el portavoz de ese movimiento, Florentino López Martínez, responsabilizó a Ulises Ruiz Ortiz, a Sergio Segreste y a los altos mandos de cualquier actitud de cacería de brujas en contra del movimientos social y que se ocupe como preacto para militarizar el estado de Oaxaca".

Y dejó en claro que "la APPO se deslinda de cualquier situación que se le pretenda vincular e insistió en que los métodos de lucha de la APPO son en el marco de las garantías que otorga la propia constitución".

Así mismo, negó "cualquier actitud que tenga que ver con acciones armadas y con grupos de esa naturaleza que reivindican esa lucha".

Reiteró que seguirán exigiendo el castigo a los responsables de todas las agresiones cometidas contra el movimiento social.

En ese mismo sentido se pronunció el otro integrante de la comisión de prensa de la APPO, Marcelino Coache Verano, quien agregó que "respetamos las luchas pero la lucha en sí de la APPO es pacífica y social y vamos a estar actuando conforme a derecho".

Respecto al caso de Flavio Sosa Villavicencio donde el juzgado mixto de primera instancia de Tlacolula dicto auto de formal prisión, los tres coincidieron en que esa resolución "se dio con un sesgo y consigna".

Su afirmación se sustenta porque la jueza de Tlacolula, María de los Ángeles Vásquez García, quien dicto auto de formal prisión, es esposa de Héctor Ruiz García, primo del gobernador Ulises Ruiz y cuñada del director de servicios periciales, Romero Ruiz García.

Es por ello que la APPO sostendrá nuevas reuniones para acordar un nuevo plan de acción y seguir alzando la voz para pedir justicia y que se imparta la ley.


La conexión APPO

Alejandro Barrita Ortiz fue acusado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca de ser uno de los que encabezaron los ataques de civiles, porros y delincuentes contra las barricadas durante el movimiento social y de la represión ejercida el 16 de julio del año 2007 contra el magisterio y sus simpatizantes.

Las denuncias fueron enviadas a organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.

La APPO también lo señaló de haber sido parte, en marzo de 2006, de los "Escuadrones de la Muerte", que atacaron a balazos a sus integrantes. Asimismo, de haber secuestrado a su vocero Florentino López y Pedro García, miembros del Frente Popular Revolucionario.

Recientemente fue acusado por autoridades universitarias de proteger a un grupo de porros que contrataron para abortar la elección interna en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

El 15 de junio participó en el operativo de rescate de cuatro autobuses urbano luego de que se enfrentarán a balazos dos grupos de porros, uno de ellos encabezado por Adrián Marmolejo, alias "El Dragón", quien no fue detenido en aquella ocasión. Fue hasta el viernes pasado cuando el vándalo universitario fue arrestado por policías municipales cuando intentaba alterar las elecciones en la Facultad de Derecho.

A Barrita López se le acusó de haber liberado al porro y el secretario de protección ciudadana, Sergio Segreste Ríos, lo excuso diciendo que como no hubo denuncia penal alguna, el detenido fue puesto en libertad.


Liberación de porros prueba la intromisión del gobierno

CÉSAR MORALES NIÑO
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Dilataron más en detenerlo que soltarlo

La prueba de que el Gobierno del Estado tenía metidas las manos en la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca fue la liberación del porro conocido como "El Dragón", acusó el director de la Facultad de Derecho, Jesús Villavicencio Jiménez, quien además aseguró que las elecciones en esa facultad ya fueron calificadas como válidas por el Consejo Técnico y no hay posibilidades que se anulen.

"Dónde está la honestidad, donde están esos académicos, esos que tanto me han atacado y que deben de dar el ejemplo desde la posición en donde se encuentran, vieron como lo detuvieron (al Dragón) y que casualidad que lo dejaron en libertad, es lamentable", señaló Jesús Villavicencio Jiménez.

Y consideró que la liberación de esos porros, en la que estuvo involucrado el procurador de justicia, Evencio Martínez Ramírez, es muestra de que el Gobernador tiene intereses particulares en la UABJO, primero en la sucesión en la Facultad de Derecho y ahora en el relevo del rector
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"Es lo más triste que alguien que es catedrático de nuestra facultad y procurador, que no sepa que sucedió cuando los elementos de la policía ministerial fueron quienes detuvieron al Dragón y ya ven anda en libertad para seguir azuzando y destruyendo el patrimonio universitario", acusó.

Agregó: "son protegidos (los porros) del Gobierno del Estado. Mientras el gobernador y el Procurador no pongan orden el Dragón va a seguir haciendo de las suyas en la Universidad".

Y es que precisó que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el secretario general de gobierno, Manuel García Corpus; y el mismo Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenían candidatos a esa institución en las personas de Roberto López Sánchez, Luis Martínez Solis y Alejandro Urbieta Wong, en ese orden.

Por otro lado, respecto del proceso de elección de director de la Facultad de Derecho, mencionó que en su momento los ex candidatos presentaron inconformidades, las mismas que se declararon desiertas, porque no reunían los requisitos de la convocatoria. "No tienen nada que hacer solamente quieren conseguir posiciones, alguna coordinación", acusó.

Precisó que quienes están exigiendo posiciones al interior de esa institución son "Roberto López Sánchez, Alejandro Urbieta Wong, Wilfrido Raymundo y Daniel Cervantes, todo lo que quieren es posicionarse pero será el director electo el que tome la última palabra".

Por lo que, aseguró que el cambio de dirección se realizará el 14 de febrero, cuando el nuevo director Alejandro Paz Pacheco tome protesta en el cargo. Y afirmó que actualmente la Facultad de Derecho se encuentra en total calma.

Explicó que el Colegio Electoral del Consejo Técnico ya validó la elección y no hay riesgo de que se anule, porque ya fue aprobada por el máximo órgano de la institución y tienen que acatar la resolución del Colegio Electoral, porque es la que manda en la Faculta ni siquiera el Consejo Universitario, y además el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos electorales.

Por otro lado, sostuvo que antes de dejar el cargo rendirá cuentas de su administración como director de la Facultad de Derecho e incluso asentó que no tiene ningún inconveniente en hacer pública su declaración patrimonial y que quien lo acusa de tener bienes de manera ilegal que lo demuestre.


Academia de Policía, un negociazo oficial

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ
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Al amparo del ex gobernador José Nelson Murat Casab, su amigo y vocero oficial Carlos Javier Velasco Molina hizo el negocio de su vida al vender un predio que le costó aproximadamente 20 mil pesos en 4 millones 600 mil pesos al gobierno del estado, para la construcción de la Academia de Policía.

Al ex coordinador de Comunicación Social del Gobierno estatal, Velasco Molina, le bastaron 4 años para multiplicar su inversión infinitamente, gracias a su carácter de funcionario público y su subordinación al gobernador del estado en ese tiempo.

De acuerdo a documentos hechos llegar al reportero, el 16 de agosto de 1998 Velasco Molina adquirió junto con Vilma Ivette Rivera Abarca, cuatro predios en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla, todos ellos por un valor total de 20 mil pesos.

El 9 de junio del 2001 vendió los predios al gobierno estatal, por un precio de 4 millones 600 mil pesos, para establecer en los mismos la Academia de Policía, cuando fungía como funcionario público del tristemente célebre José Nelson Murat Casab.

El contrato de compra-venta, registrado ante el notario público número 19, Rodolfo Morales Moreno, en el volumen 274, instrumento número 12,404, se establece que los señores Miguel Hernández Ramírez y Sofía Luis Cruz vendieron a Velasco Molina y Rivera Abarca el lote de terreno marcado con el número 3, de la manzana 5, de la zona "O", de la población de San Sebastián Tutla, a un precio de 5 mil pesos.

Ese mismo día, Velasco Molina y Rivera Abarca protocolizó ante el mismo notario, el contrato de compra-venta de la parcela número 81 Z-1 P1/5, en el volumen 274, instrumento 12 mil 402, de la población de San Sebastián, por la cantidad también de 5 mil pesos.

El mismo notario, registró el contrato de compra-venta, en el volumen 275, instrumento 12 mil 401, firmado por Velasco Molina y Rivera Abarca y los señores Orlando Carlos Carrasco Mendoza y Guadalupe Ortega Guzmán, para la compra-venta de las parcelas 84 Z1 P1/5 y 71 Z-1 P1/5 localizadas en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla.

Predios que el 19 de junio del 2001, el entonces coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Velasco Molina, vendió al gobierno estatal para la edificación de la Academia de Policía, a un precio de 4 millones 600 mil pesos.

De acuerdo a la inscripción del contrato de compra-venta, hecho por la registradora Verónica López Saldaña, el entonces coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Velasco Molina, a través de Rivera Abarca, celebró la compra-venta ante la fe del notario público número 59, Amado Pérez Hernández.

El documento cita que el objeto de la venta es la poligonal que resulta del levantamiento topográfico de los predios que se ubica en la población de San Sebastián, del municipio de San Pablo Etla, inmueble que en su conjunto tiene una superficie total de 40 mil metros cuadrados e incluye los predios 81 Z1 P1/5, y 71 Z1 P1/5, que cuatro años antes adquirió Velasco Molina-Rivera Abarca por la cantidad de 10 mil pesos, entre otros.



Prohíbe Ayuntamiento a Tránsito Municipal retirar placas de autos

CÉSAR MORALES NIÑO
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La Dirección de Tránsito Municipal tiene prohibido retirar placas a los automóviles por cualquier infracción que cometan los conductores, luego de que un elemento de esa corporación le fue librada una orden de aprehensión por haber retirado una lámina, informó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.

"Estamos revisando si hay la facultad de los agentes de tránsito para retirar placas, en que condiciones y por supuesto lo primero que hemos acordado es que no se retiren placas en este momento para evitar caer en situaciones similares", expuso.

Y es que el primer concejal del municipio de la capital del estado refirió que este asunto se debe a que alguien por el retiro de una placa presentó una denuncia, se inició una averiguación y se libró una orden de aprehensión en contra del elemento de tránsito.

"No es una situación mal intencionada del propio agente de tránsito, es una situación en la que incurrió seguramente en el cumplimiento de alguna instrucción, fue en otro momento, antes de que nosotros estuviéramos en esta administración", indicó.

Expuso que el martes un grupo de efectivos se acercó a la Presidencia Municipal para solicitar el apoyo para uno de sus compañeros que había sido detenido por la policía ministerial. Ante esa situación, comentó, la Dirección de Tránsito acordó pagar la fianza de cuatro mil pesos que le impuso el juez y de esa manera obtuvo su liberación inmediata y se incorporó a sus actividades.

"Hay que revisar en que condiciones pueden ser aplicadas este tipo de sanciones en contra de los agentes de tránsito. Yo ofrezco mi respaldo total a los compañeros de tránsito, en este caso seguramente el elemento actuó en cumplimiento de lo que se le había ordenado", manifestó.

Asimismo, mencionó que también se realizará una revisión al departamento jurídico de la Dirección de Tránsito ante las quejas de los elementos por la falta de capacidad de los defensores de la dependencia en situaciones legales, que ya han llevado a varios de ellos a ser detenidos por el cumplimiento de su trabajo o accidentes derivados de su actividad sin nadie capaz de asumir su defensa legal por parte de la Dirección de Tránsito.


REGIDORA VA A EUROPA SIN AUTORIZACION DE CABILDO

Por otro lado, el presidente municipal informó que comisionó, mediante un oficio y sin autorización del cabildo, a la regidora de turismo, Catalina Cruz López, para asistir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, con los gastos a cargo del erario municipal por espacio de cinco días, "en una agenda muy apretada".

Justificó que no hubo tiempo para que pedir la autorización del cuerpo edilicio para enviar a esta concejal del Partido Convergencia a ese encuentro para la promoción turística de la capital, debido a que es parte de las obligaciones que debe atender por el hermanamiento que existe con esa ciudad española y la Feria inició el martes.
Director de un periódico de Oaxaca denuncia secuestro
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Oaxaca, Oax. Gildardo Mota Figueroa, reportero y director del periódico quincenal Contra Poder, aseguró que presuntos policías ministeriales del estado levantaron a su esposa, Claudia Martínez Suárez, y la retuvieron casi cuatro horas en represalia por las críticas que ese medio hace al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al ex diputado priísta Bulmaro Rito Salinas y a otros funcionarios de la administración estatal. “Quienes retuvieron a mi esposa le dijeron que eso había pasado para que le bajara”, señaló. El 30 de octubre Mota Figueroa fue detenido y golpeado por agentes de la Policía Federal Preventiva, acusado de pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a pesar de haberse identificado como periodista.