ATENDER LAS DEMANDAS DE CAMPESINOS

Exigen legisladores a Calderón que atienda demandas de los campesinos
Propone Navarrete recibir pronto en el Congreso a agricultores que marcharon el jueves
“Provocación” del gobierno, decir que hay intereses políticos en las movilizaciones: Aguilar Solís
Roberto Garduño y Andrea Becerril
Senadores y diputados de PRI, PRD y PT exigieron al gobierno federal que atienda las demandas de las organizaciones campesinas que un día antes se movilizaron en la ciudad y analice el cambio de interlocutor con el sector agrario, dada la incapacidad del secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, para atender el problema.
Los coordinadores del tricolor en ambas cámaras, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, advirtieron que no es conveniente que las demandas de los productores y trabajadores agrarios tengan como principal foro las calles, no las oficinas de los funcionarios públicos.
Mientras, el coordinador de la fracción del PRD en Xicoténcatl, Carlos Navarrete, planteó a los presidentes del Senado y de la Cámara que en el Congreso se reciba a la brevedad a todos los dirigentes de las organizaciones campesinas que la víspera marcharon y se congregaron en el Zócalo capitalino, para conocer sus planteamientos y exigencias, el alcance de sus propuestas y “mandar un mensaje muy claro al gobierno federal de que en el Congreso estamos abiertos a saber sobre las demandas de los jornaleros”.
No sería la primera vez que el Congreso tome cartas en asuntos que el Ejecutivo no atiende adecuadamente, agregó Navarrete. Sostuvo que el Senado debe exigir que el gobierno se coloque del lado de los campesinos y los apoye, como hacen Estados Unidos y Canadá con sus productores agropecuarios.
Sin embargo, el presidente de dicho órgano legislativo, el panista Santiago Creel, dijo que en los próximos días analizarán la petición de Navarrete de que se reciba a los dirigentes campesinos, pero recalcó que su bancada respalda al titular de Agricultura, que es el interlocutor designado por el gobierno federal.
Sobre el tema, el diputado priísta Adolfo Mota Hernández consideró que el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debe retomar el problema, ya que “el ministro del interior siempre es, por naturaleza, el responsable de dialogar con todos los sectores para resolver los problemas y propiciar la gobernabilidad”.
Samuel Aguilar Solís, su compañero de bancada, comentó que hay “una cerrazón total” de Calderón y del propio Cárdenas para atender los reclamos de los campesinos. La respuesta que han dado a las movilizaciones, con el señalamiento de que hay intereses políticos, “es una provocación”.
Igualmente, Heladio Ramírez, senador del PRI y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), advirtió que el Poder Legislativo sí atenderá los justos reclamos de los hombres del campo, entre ellos la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El país corre el riego de “un incendio social” si no se modifica la política para el campo, alertó a su vez el diputado perredista Emilio Ulloa. Consideró que es un gran error que Calderón mantenga a Alberto Cárdenas como titular de Agricultura, a pesar de su evidente incapacidad y el repudio no sólo de las organizaciones campesinas, sino de las principales fuerzas políticas.
Busca la PGR en Atoyac los restos de 450 víctimas de la guerra sucia
“Escanean” peritos terrenos donde se ubicó el 48 Batallón de Infantería
Misael de los Santos (Corresponsal)
Atoyac de Álvarez, Gro. 1º de febrero. Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron el jueves pasado, en terrenos de lo que fuera el 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la primera etapa de exhumación de restos correspondientes a las víctimas de la llamada guerra sucia de los años 70 en este municipio y durante la cual hubo 450 desaparecidos, señalan familiares de las víctimas.
En ese sitio, donde hoy se encuentran las oficinas del ayuntamiento, lo primero que se hizo fue acordonar la zona donde presuntamente se torturaron e inhumaron clandestinamente a ciudadanos involucrados en la lucha por transformar las condiciones sociales.
El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA abrió un expediente que mantiene al Ejército Mexicano bajo escrutinio, por la violación a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia en contra de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez –que mañana cumple 36 años de muerto– y de sus simpatizantes, quienes fueron torturados y desaparecidos.
Julio Mata, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), confirmó que el jueves se inició el mandato que hizo la CIDH al gobierno mexicano para buscar el cuerpo del ex alcalde de Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco, cuya responsabilidad es haber sido simpatizantes de las dos guerrillas, quien fue detenido en un retén militar en agosto de 1974 y visto, posteriormente, en el Campo Militar número uno.
“Ahora es el acaso de Radilla Pacheco, pero ya tenemos documentado el caso de otras 30 personas, de un total de 450 atoyaquenses, que fueron detenidos, torturados y al parecer, inhumados aquí, según denuncian los familiares.” Mencionó que estos nuevos casos serán presentados, también ante la CIDH en busca de justicia ante la supremacía que existe del fuero militar sobre el civil en México.
De acuerdo con los reportes, todo se encuentra listo para que se inicie el procedimiento forense. En los terrenos donde se ubican las distintas oficinas de las dependencias oficiales de este municipio se colocó una banda amarilla, que dice “prohibido el paso”, alrededor de tres hectáreas en donde aún se pueden ver los galerones cubiertos por láminas de asbesto que en los años 70 sirvieron como cuartel de las fuerzas armadas.
El área es vigilada por policías municipales, instancia que ha obedecido los mandatos federales y ha otorgado los permisos para que se inicie la búsqueda , “el escaneo”, del terreno como lo llaman peritos forenses.
Según los peritos el escaneo se efectuará a partir del sábado durante tres días, se estudiarán las pruebas y posteriormente se divulgarán los resultados. Lo que significa que el trabajo se realizará lejos de las cámaras e integrantes de la prensa.
El sábado se integrará al equipo mexicano de identificación humana el perito canadiense Carlos Jácome, quien hace cuatro años estuvo en esta ciudad para la identificación de los restos de Lucio Cabañas.
“Este es un cementerio clandestino que hizo el Ejército. Es un caso paradigmático que pone en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado. Esperamos encontrarlos y hacerles un homenaje, porque no son delincuentes, son personas que lucharon por una vida distinta”, dijo Julio Mata.

Acusa perredista a panistas de realizar acto con recursos del erario
Durante el informe de Mariana Gómez del Campo se hizo uso indebido del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, argumenta
Entre los señalados están Germán Martínez y Margarita Zavala
Gabriela Romero Sánchez
El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hipólito Bravo López presentó ayer una denuncia popular ante el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) federal por el presunto desvío de recursos del erario en apoyo al acto realizado por el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (PAN-DF), el domingo pasado, en la Alberca Olímpica Francisco Márquez.
El legislador perredista aseguró que beneficiarios de una guardería, ubicada en la delegación Xochimilco, “fueron obligados” a asistir al informe de la lideresa del blanquiazul local, Mariana Gómez del Campo, haciendo uso del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, publicado el 30 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.
En su denuncia, Bravo López cita como “autoridades y particulares involucrados” en el desvío de recursos a los presidentes del PAN nacional, Germán Martínez, y del DF, Gómez del Campo; al senador Santiago Creel; a la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala; a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira.
También al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, y Juan Manuel Horcasitas, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a los jefes delegacionales de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, y Benito Juárez, Germán de la Garza.
El diputado perredista detalló que dichas personas, tanto por acción como por omisión, “hicieron uso con fines de proselitismo político del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, y produjeron daños a los derechos de sus beneficiarios al obligarlos a asistir al informe. En suma, dejaron de observar en el ejercicio de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.
En la denuncia popular, de 13 cuartillas, que entregó a Rafael Funes Díaz, titular del órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social, alrededor de las 12:40 horas, se solicita anexar como prueba la “confesional y/o declaración personal” de los involucrados.
El diputado local perredista explicó que la próxima semana interpondrá la denuncia penal correspondiente, por lo que pedirá copia de los contratos que se hicieron por el alquiler de la Alberca Olímpica Francisco Juárez, y de los aproximadamente 200 camiones en los que presuntamente se trasladó a los asistentes al informe de Gómez del Campo.
“Debe haber un contrato, si no ¿con qué argumento se prestó la instalación?; en ese caso los responsables de su administración serían acreedores a una sanción por uso indebido de la alberca Francisco Márquez”, apuntó Bravo López.
El legislador explicó que el órgano de control interno de la Sedeso cuenta con 45 días para abrir la investigación, a fin de deslindar responsabilidades. “Las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público”.
Confió en que su denuncia popular se resuelva “conforme a derecho y que no se encubra a nadie, como en otros casos del ámbito federal, a los servidores públicos involucrados en el manejo de programas federales con fines de proselitismo político”.


Enrique Calderón A.
Pemex
El próximo 18 de marzo se cumplirán 70 años de uno de los días más memorables de nuestra historia, el día aquel en que el presidente Lázaro Cárdenas anunciaba a la nación la expropiación petrolera. El mismo día en que el pueblo de México, hombres y mujeres, manifestó como nunca su apoyo espontáneo y decidido a un acto de gobierno, ofreciendo incluso sus pertenencias para cubrir la deuda que la nación contraía para pagar a las empresas extranjeras lo que supuestamente perdían con aquel acto reivindicatorio de la soberanía nacional.
La decisión, como ninguna otra del siglo XX, respondió a una visión de largo plazo, orientada a crear un país rico y próspero, donde no faltara el trabajo, donde los niños y los jóvenes pudiesen por fin acceder todos a la escuela y lograr una educación de alta calidad, donde la asistencia social llegara a todas las familias, donde las oportunidades de crear empresas e instituciones de investigación, de cultura y de desarrollo tecnológico fueran ilimitadas, donde los campesinos pudiesen trabajar y vivir con dignidad, salud y alegría.
Por supuesto nada de esto terminó sucediendo, en la medida que aquel proyecto visionario se fue perdiendo, para dar lugar a una serie de mezquindades y de historia de corrupción rampante, haciendo del petróleo un botín de una minoría rapaz e irresponsable.
El primer gran error se dio al final de la década de los 40 con la conformación de un sindicato de corte fascista que facilitara el control y el uso político de los trabajadores petroleros, sin reparar en los altos costos económicos y daños sociales que ese monstruo representaría en las décadas siguientes.
Los poblados y campamentos petroleros, que en otros países han dado lugar a proyectos urbanos y portuarios ejemplares, en México significaron la continuación de los mismos arrabales, prostíbulos y antros, ahora bajo la tutela de los líderes petroleros.
El segundo gran error se dio cuando el presidente López Portillo puso la política petrolera bajo la dirección y supervisión de los más voraces intereses estadunidenses al nombrar como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) a un socio y amigo cercano del señor George Bush. El desastre no se hizo esperar: al terminar el sexenio México debía 85 mil millones de dólares, con 60 mil de ellos directamente relacionados con infraestructura petrolera, diseñada esencialmente para el servicio de Estados Unidos.
Ciertamente la capacidad de producción petrolera se había incrementado sensiblemente, pero orientada básicamente a la extracción de crudo y poco o nada a la petroquímica derivada.
Durante el sexenio de Carlos Salinas, su gobierno se orientó a crear una fantasía, la de un paraíso de ganancias inéditas para las empresas que operaron y se establecieron en México. Para este fin se necesitaban recursos, y ésos saldrían del petróleo.
Fue así como llegaron los grandes bancos internacionales que, luego de comprar instituciones financieras mexicanas, empezaron a recibir recursos gubernamentales y exenciones fiscales, logrando utilidades mayores a las de sus mismos países de origen.
El modelo fue continuado por los siguientes gobiernos, que se han dedicado a promover la llegada de nuevas empresas e inversiones, con grandes exenciones de impuestos; el dinero para todo esto, y para financiar otros dispendios, los electorales incluidos, ha salido del gran patrimonio petrolero de la nación.
Es por eso que hoy cuando el Presidente dice que Pemex necesita grandes cantidades de recursos para convertirse en una empresa moderna y eficiente está faltando a la verdad. Pemex genera con creces los recursos necesarios para convertirse en una empresa líder a escala mundial.
Quien necesita los recursos es el gobierno, que no sabe ya cómo salir de la bronca y ve en la venta de una parte de la empresa una posible alternativa.
La decisión seguramente traería un respiro y quizás una sensación de bienestar en el corto plazo, los problemas vendrían después, pero esto ya no sería problema del actual gobierno sino de los que le sigan y, bueno, también del país, pero ello poco importa, así lo han hecho los gobiernos anteriores y les ha salido bien a ellos.
Hasta ahora los intentos de enajenar los recursos energéticos han fracasado. ¿Seguirá siendo así? ¿Finalmente en esta ocasión lograrán su objetivo?
Los sucesivos gobiernos mexicanos han sido hasta ahora incapaces de lograr beneficios tangibles para México, pero la privatización no es por ningún motivo el camino; el pueblo de México y su futuro deben ser tomados en cuenta.


Legionario católico muere sin juicio

Diego Cevallos
"Es una lástima que no haya pagado ante la justicia", dijo a IPS Aguilar, coordinador en México de la no gubernamental Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).

En un comunicado fechado este jueves, los Legionarios de Cristo informaron que Maciel Degollado, nacido en 1920 en el estado mexicano de Michoacán, murió el miércoles en Estados Unidos.

Santo para sus seguidores, pero delincuente según sus acusadores, Maciel fundó los Legionarios de Cristo en la década del 40, organización que hoy cuenta con 600 sacerdotes en actividad, cerca de 3.000 seminaristas y maneja centros educativos y religiosos en este país, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, España, Irlanda, Italia y Venezuela, entre otros.

En mayo de 2006 y tras 40 años de no dar crédito a las acusaciones de pederastia, el papa Benedicto XVI ordenó a Maciel abandonar el ejercicio del sacerdocio y renunciar a toda aparición pública, pero no dijo con precisión si esa disposición fue por considerar creíbles las acusaciones de abuso sexual contra menores.

"Fue una sanción tibia. Lo que merecía Maciel era la exigencia de que confiese todo y pida perdón", opinó Aguilar, quien mantiene denuncias contra un sacerdote (sin conexión con los Legionarios) que habría abusado de él y al que, según sus argumentos, protegió el arzobispo mexicano en funciones Norberto Rivera.

"Es lamentable que Maciel haya muerto impune y que los Legionarios no reconozcan hasta ahora los crímenes de su fundador", señaló el portavoz de SNAP, organización que trabaja sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde ha patrocinado y ha ganado numerosos casos contra sacerdotes pederastas.

El comunicado de los Legionarios de Cristo, orden considerada una de las más conservadoras de la Iglesia Católica junto a la prelatura del Opus Dei, indicó que el funeral de su fundador se celebrará "de forma sencilla y privada", pues así lo dispuso Maciel de forma previa.

"Viva gratitud a cuantos quieran unirse en oración por el eterno descanso de su alma", señaló la nota de los Legionarios, quienes también se hacen llamar "El Ejército de Cristo". "Indudablemente se trata de un momento que, aunque ya sabíamos que habría de llegar, nos causa a todos humanamente una profunda tristeza", apuntaron. "Su partida nos duele en lo más hondo del alma. Pero por otro lado, él siempre nos habló de la esperanza, y al hablar de la muerte, siempre nos habló de la resurrección. Por eso no nos vamos a detener en la tristeza del momento ni en las lágrimas del corazón", añade la nota. Las primeras acusaciones contra Maciel, a quien el antecesor papa Juan Pablo II trató como un respetado religioso, datan de los años 50.

Un grupo de ex legionarios, entre ellos maestros, un ex cura y un abogado de distintas generaciones, afirmaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Maciel entre los años 40 y 60, cuando estos denunciantes tenían alrededor de 12 años y cursaban en seminarios de la Iglesia en España e Italia.

Uno de ellos, Alejandro Espinosa, quien fue seminarista de Maciel en su adolescencia, publicó el libro "El Legionario" (2003), en el cual ofrece pormenores, incluso nombres y fechas, de todas esas situaciones de abuso.

Las acusaciones reaparecieron con fuerza en 1997. Los denunciantes no recurrieron a la justicia mexicana, pues los delitos en cuestión habían prescripto, pero la Iglesia Católica hizo sus propias pesquisas y finalmente decidió imponerle el silencio y el abandono de la actividad sacerdotal.

Cuando se produjo ese castigo, la orden religiosa se limitó a señalar que la respetaba "con profundo espíritu de obediencia y fe" y recordó que "nuestro venerado padre ha recibido a lo largo de su vida un sinnúmero de acusaciones".

"Él afirmó su inocencia y siguiendo el ejemplo de Jesucristo: optó siempre por no defenderse de ninguna manera", señalaron en aquella ocasión.

Para el coordinador de SNAP, la impunidad que rodeó a Maciel no debería repetirse con ningún otro sacerdote pederasta "por más importante que sea".
México SA
Carlos Fernández-Vega

Ni gastritis ni congoja
Millones de mexicanos no “viven mejor” ni tienen un “presidente del empleo”
Al paso que va, y más puro estilo foxista, el actual inquilino de Los Pinos no tardará en llamar “atorón” a la recesión estadunidense que toca la puerta y “acontecimiento pasajero” a sus efectos concretos en la economía mexicana, y ello tiene sentido si se reflexiona que, más allá de la falta de resultados en el primer año de la “continuidad”, la nueva sacudida norteña hace más evidente que dos de los principales lemas de campaña del michoacano (“para que vivamos mejor” y “presidente del empleo”) nunca trascenderán el ámbito del discurso.
A menos que uno sea especulador bursátil o banquero, nadie puede “vivir mejor” sin empleo, y se supone que el michoacano debería estar al borde de la gastritis por el pésimo cierre de 2007, el lamentable arranque del año que apenas comienza y la peor perspectiva para todo 2008 en materia de generación de plazas laborales. De hecho, el término correcto para ese periodo tendría que ser generación de desempleo, porque en tan sólo 45 días (diciembre pasado y primera quincena de enero) se cancelaron alrededor de 282 mil empleos formales urbanos, la mayoría permanentes.
Pero no. Ni gastritis ni congoja. Por el contrario, una vez más el inquilino de Los Pinos recurre a la presunción de que la “turbulencia internacional” nos hace los mandados, y que “aun considerando un escenario hipotético de recesión en Estados Unidos, aun con ese factor, México crecerá este año cerca de 3 por ciento y generaremos más de 600 mil nuevos empleos en el país para las mexicanas y para los mexicanos. Nuestra economía está firme y esto no son sólo palabras, son realidades concretas”.
Eso dijo, pero la “realidad concreta” es que el mundo se prepara para atenuar, en lo posible, la nueva sacudida estadunidense, mientras que en Los Pinos apenas si consideran como una “hipótesis” la anunciada recesión en el vecino del norte. De cualquier suerte, en el discurso calderonista brota la realidad concreta, sin comillas: en 2008, si bien va, se generaría la mitad de empleos que demandarán los mexicanos este año, y la economía reportaría, también en el mejor de los casos, un “crecimiento” casi dos puntos porcentuales por debajo de 2006 y prácticamente la misma tasa que en 2007, aunque de todos es sabido que si la economía gringa cae, la mexicana se despeña más rápido.
En 2007, oficialmente, se generaron 756 mil empleos (la mayoría eventuales) en el sector formal de la economía, un monto 16 por ciento inferior a la de 2006, por mucho que en el discurso no dejó de presumirse la “cifra histórica” que en este renglón se alcanzó en el primer año de la “continuidad”. En los hechos, sin embargo, la generación neta de puestos de trabajo (formales e informales) desde que el michoacano se instaló en Los Pinos ha sido de tan sólo 80 mil y de 31 mil si sólo se toma en cuenta 2007, de acuerdo con el descenso en la tasa oficial de desocupación abierta (de 3.58 a 3.4 y de 3.47 a 3.4 por ciento, respectivamente, con números del INEGI), con lo que millones de mexicanos no “viven mejor” ni tienen un “presidente del empleo”.
Obvio es que uno de los primeros efectos negativos de la recesión estadunidense se registrará en la generación de empleo, de tal suerte que lo verdaderamente hipotético es que, como asegura el inquilino de Los Pinos, la economía mexicana “crecerá” 3 por ciento y generará 600 mil empleos en este sacudido 2008.
Cada día que pasa la “continuidad” se parece más al “cambio” en eso del manejo de cifras parciales y las intentonas de ocultar la realidad. En materia de ocupación, por ejemplo, Fox y su camarilla celebraban la “creación de un millón 370 mil 246 plazas en la economía formal” (eventuales 73 por ciento de ellos), pero no precisaban que ese número correspondía a todo el sexenio y que equivalía a tan sólo 19 por ciento de la demanda real de empleo en la economía formal, de tal suerte que casi 6 millones de mexicanos quedaron fuera de la “generación histórica” que tanto se festejó.
Fuera de la celebración quedaron las verdaderas cifras históricas del gobierno foxista: más de 3.25 millones de mexicanos, en números cerrados, expulsados de su tierra (principalmente a Estados Unidos) por la espléndida y sólida economía mexicana que para efectos sociales cada vez sirve para menos. Mientras esa economía generó, en promedio, 228 mil empleos formales por año, la expulsión de mano de obra se aproximó a 500 mil mexicanos anualmente. Y esto no es hipótesis.
Las rebanadas del pastel:
No sólo el petróleo: “es necesario denunciar el saqueo de oro que realizan los canadienses. Ahora se insiste en evitar la venta de Petróleos Mexicanos, pero también debemos atender la extracción de oro que se está haciendo en la Sierra Tarahumara. A finales de diciembre de 2007 me comentó una persona que vive en Urique lo siguiente: en el yacimiento El Sauzal, municipio de Urique, se extraen ocho toneladas de oro por semana. El verano de 2007 La Jornada publicó un artículo donde se indica que están en explotación 36 yacimientos de oro (por empresas extranjeras, la mayoría canadienses). Hace días platiqué con un minero de Guadalupe y Calvo, y me comentó que los canadienses andan comprando concesiones que algunos mexicanos adquirieron pero no tienen recursos para trabajar. Esto que está ocurriendo es un regalo de garaje, ni siquiera es una venta, porque es en la sierra de Chihuahua donde los tarahumaras viven en condiciones infrahumanas. Hagamos un esfuerzo por realizar un proceso de información al pueblo y a las organizaciones progresistas y nacionalistas. El verano pasado fui a Batopilas, al bajar la cuesta de la Bufa alcancé a observar algunas casitas de tarahumaras en el terreno más abrupto que la verdad se siente escalofrío. El Congreso debe revisar la legislación sobre concesiones mineras. Los recursos no renovables no deben regalarse al extranjero, puesto que en México hay mucha pobreza”