COMPLICIDAD CRIMINAL EN APLICACION DE LA LEY

Exigen destituyan a la Jueza de Tlacolula

PEDRO MATIAS
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El Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca (EOCO) no sólo condenó la utilización facciosa del sistema de justicia en el estado para criminalizar la protesta social sino que exigieron la destitución de la jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, María de los Ángeles Vásquez García, por su falta de independencia e imparcialidad en el caso de los presos políticos de la APPO, y particularmente de Flavio Sosa Villavicencio. "Es inquisidora de consigna por el parentesco familiar que tiene con el gobernador Ulises Ruiz".

La afirmación del Espacio de Organizaciones Civiles de Oaxaca, se sustenta en que la jueza de Tlacolula, María de los Ángeles Vásquez García, se convirtió en una "inquisidora de consigna por el parentesco familiar que tiene con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz".

Detalló el EOCO que "la jueza es esposa de Héctor Ruiz García, responsable del Servicio de Emergencia 066, quien es primo del gobernador Ulises Ruiz y hermano del director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Romeo Ruiz García.

Es por ello que la enjuiciadora ha dictado autos de formal prisión en contra de los integrantes del movimiento socia como Flavio Sosa Villavicencio, David Venegas Reyes y las 93 personas detenidas el 25 de Noviembre del año 2006, al imputarles dolosamente participación en el incendio del Tribunal Superior de Justicia.

Pese a que el Poder Judicial Federal les ha concedido diversos amparos al encontrar violaciones graves a la constitución, María de los Ángeles Vásquez, reclasifica los delitos para mantener como rehenes políticos a los presos por el movimiento sociopolítico, que aún persiste.

Es por ello que el Espacio de Organizaciones Civiles, que impulsa la campaña "Hoy, porque son inocentes, los queremos libres", manifestó su enérgica condena por la politización de la justicia el estado de Oaxaca.

FLAVIO, REHEN POLITICO DE ESTE GOBIERNO

Argumentó que las personas acusadas jamás participaron en dichos incendios, ni en los ilícitos que se le imputan y en el caso particular de Flavio Sosa Villavicencio, es claro el afán de mantenerlo como rehén político de este gobierno.

Recordaron que Flavio Sosa no sólo trato de disuadir a los manifestantes para que no se enfrentaran con la policía Federal Preventiva, sino que existen testimonios como la del coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Wilfrido Mayrén Peláez.

En su declaración, el sacerdote dejó en claro que debido a los acontecimientos y la feroz persecución policíaca desatada en la ciudad de Oaxaca, Flavio Sosa y otras 50 personas permanecieron desde las cinco con treinta minutos de la tarde del 25 de noviembre del 2006 en el edificio que ocupa el Centro Diocesano Pastoral, ubicado en García Vigil y Humboldt, en donde les dio asilo.

Entonces, como puede desprenderse del testimonio del sacerdote, Flavio Sosa no pudo participar de los hechos que se le atribuyen.

Sin embargo, con el auto de formal prisión dictado el pasado lunes por la jueza de consigna, esa decisión lejos de contribuir a la justicia deja claro como se ha llegado a politizar.

Además, agregó, "esa resolución en nada contribuye a la distensión política en el estado y solo muestra que la línea autoritaria del régimen se mantiene sin alteración o quizás, agravándose aún más, pues ha cometido una serie de violaciones al debido proceso y las garantías judiciales con su actuación".

Y resaltó que la notable falta de independencia de dicha jueza, pone totalmente en entredicho el papel del Tribunal Superior de Justicia y el sistema de impartición de justicia.

Situación que contraviene con los Tratados y Convenios Internaciones firmados y ratificados por México en materia de garantías judiciales, debido proceso y de independencia de jueces y magistrados.

Finalmente reiteró su exigencia, la aplicación de la Ley sin consigna y por tanto demandaron la libertad inmediata de: Flavio Sosa, Adán Mejía, David Venegas, Jaciel Cruz, Víctor Hugo Martínez y Miguel Ángel García, asimismo se suspenda el proceso penal a las que siguen justas 93 personas ligadas al movimiento social.



Piden no cazar chivos expiatorios por el asesinato de Barrita Ruiz
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JUCHITÁN, Oax., enero 31 (EL UNIVERSAL).-Nadín Reyes Maldonado expresó su angustia y preocupación por un eventual hostigamiento en contra de inocentes y de su familia, tras la ejecución del jefe policiaco Alejandro Barrita Ruiz.

"Espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo el caso para que se esclarezca y no culpen a inocentes, porque ha habido mucha especulación desde que ocurrieron esos lamentables hechos", dijo.

La hija de Edmundo Reyes Amaya, cuya presentación reclama desde mayo del año pasado el Ejército Popular Revolucionario (EPR), admitió que las especulaciones en torno al asesinato de Barrita Ortiz, le causan tensión.

Barrita Ortiz fue vinculado como uno de los jefes policiacos que habrían participado en el secuestro y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, el 25 de mayo del 2007 en la capital oaxaqueña.

Ambos desaparecidos son reclamados desde esa fecha como integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una organización armada que ha dinamitado ductos petroleros para pedir su presentación.

"La situación es muy preocupante porque se especula que fue ejecutado por un comando de ese grupo armado (el EPR). Yo creo que la Procuraduría General de la República (PGR y el gobierno de Oaxaca deben ir al fondo", abundó.

Reyes Maldonado, quien recientemente regresó de Europa donde denunció la desaparición de su padre, expresó su inquietud porque vinculen a su familia o a personas inocentes con el asesinato del Barrita Ortiz, ejecutado el miércoles en Oaxaca.

Si fue o no el grupo armado, si fue el crimen organizado, es responsabilidad de las autoridades que investiguen a fondo. "Yo creo que por ahora ni el gobierno sabe qué líneas de investigación seguirá", apuntó.

En diversos medios de la capital oaxaqueña se maneja que la emboscada que sufrió Barrita Ortiz, donde murieron tres personas más, pudo haber sido perpetrada por el EPR.

El fallecido director de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (Pabic), había sido señalado anteriormente por dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), como responsable de detenciones ilegales.

"Vamos a esperar que las autoridades agoten las investigaciones, lo preocupante es que este caso no provoque nuevos hostigamientos hacia personas inocentes o hacia mi familia", precisó Nadín Reyes Maldonado.

Reyes Maldonado, quien se encuentra nuevamente en la capital del estado, consideró además como "extraña" la ejecución de Barrita López, sobre todo después que se le vinculó con la desaparición de su padre.

"Claro que toda esta situación nos preocupa y no lleva a la tensión ya que puede haber hostigamientos, pero no por eso dejaré de hacer las tareas que me corresponden, aunque sí estaremos más pendientes", añadió.

A su regreso de Europa, Nadín Reyes Maldonado retomó el contacto con los familiares de otras personas que han desaparecido "por razones políticas".


Hay más contradicciones que avances en pesquisas

FRANCISCO RAMÍREZ
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Mientras por un lado el gobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz oficializó la detención de dos personas como avance de las investigaciones sobre el homicidio múltiple perpetrado en el bosque El Tequio, el director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores contradecía la afirmación: "No hay detenidos, hay un solo presentado y no tenemos líneas de investigación".

Mientras el gobernante esgrimía las preguntas de los reporteros, en cuestión de minutos el director de la policía Ministerial, Daniel Camarena Flores se daba a la tarea de desmentir lo dicho por el mandatario, indicando: "No tenemos detenidos, solo hay una persona presentada que ya se investiga".

De igual manera se guardó "para si" todo comentario hecho en sobre las investigaciones "es información privilegiada", repetía una y otra vez.

"En caso de tener alguna información, se los reitero con respeto, es clasificada... Es parte de una investigación y por tanto mantendremos la secrecía, vamos esperar el resultado de las investigaciones"

Finalmente Camarena Flores puntualizó: "Sí el gobernador así lo dijo, no lo escuche, si los hubo (...) No podemos detener a nadie por el delito de sospecha, se presentan ante el ministerio público y es quien los libera, no los soltó la policía ministerial (...) No hay detenidos, hay un presentado, concluyó.



Se suma UCIZONI a protestas y bloquea carretera transístmica

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCO


Más de mil indígenas mixes, zapotecas, chinantecos, zoques y mixtecos provenientes de 48 comunidades asociadas en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) bloquearon ayer la Carretera Transístmica en inmediaciones del poblado Boca del Monte, perteneciente a San Juan Guichicovi.

El coordinador de Programas de esa organización, Carlos Beas Torres dijo que este bloqueo carretero formó parte de la jornada nacional de movilizaciones realizadas por organizaciones y campesinos para "expresar el descontento ante las políticas aplicadas por el gobierno federal al campo mexicano", así como para demandar la renegociación del capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "y se apoye de manera efectiva y directa a los productores agropecuarios".

Hasta ahora ---subrayó---, los programas públicos destinados al campo "benefician sólo a un pequeño sector de grandes productores y a organizaciones ligadas al gobierno de Felipe Calderón".

Entre estos, el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos Agropecuarios (FAPPA), operado por la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), que ahora es acaparado por organismos encabezados por diputados panistas.

Destacó que esta situación ha contribuido al desplome de la producción y a la creciente emigración de jóvenes y adultos de zonas rurales.

Beas Torres dijo que un numeroso grupo de indígenas istmeños agrupados en la UCIZONI se trasladó a la Ciudad de México, para participar en las movilizaciones programadas.

Se suma FIOB a petición de que aparezcan las indígenas triquis

PEDRO MATIAS
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El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) se unió a la campaña por la inmediata presentación con vida de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez porque "Si no están ellas...no estamos todas", al tiempo que cuestionó la política de impunidad y misoginia que promueve el gobierno del estado.

En documento fechado en Los Ángeles, California, los migrantes también exigieron al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz que "deje de dividir a los pueblos triquis y alentar enfrentamientos entre comunidades".

De igual forma, demandaron que cese al hostigamiento y la represión en contra de los movimientos populares que buscan la autonomía y respeto a sus derechos fundamentales.

El FIOB resaltó que la campaña "Si no están ellas... no estamos todas" busca llamar la atención de la sociedad nacional e internacional para denunciar "al Estado mexicano por acción y omisión en la desaparición de personas".

Por lo pronto, las organizaciones que se sumaron a esa campaña solicitarán una audiencia temática sobre la desaparición de mujeres en Oaxaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que las respuestas ofrecidas por las autoridades del más alto rango en la procuración de justicia en el estado de Oaxaca, no sólo reflejan la política de impunidad que ha caracterizado al gobierno actual sino que además denotan la política misógina porque existe impunidad en todos los casos denunciados.

Lamentaron que el cuerpo de la mujer se haya convertido en un continuo campo de batalla y, por supuesto, no existe ejercicio alguno del goce de sus derechos humanos.

Aunque los familiares de las desaparecidas denunciaron la violencia contra las mujeres y niñas de la zona triqui, que sufren violaciones, despojos, migraciones forzadas o han resultado heridas con consecuencias graves, esta es la fecha de que no hay ningún resultado.

Pese a que Antonia Ramírez Cruz recibió una llamada telefónicamente donde le informan que sus hijas, Virginia, de 20 años; y Daniela, de 14, habrían sido asesinadas, sin embargo, sostiene: "tenemos aún la fe y la esperanza de que podrían estar vivas".

Es por ello, que el FIOB se sumó a la campaña y a la exigencia para que el gobierno del estado y federal apliquen la justicia de manera inmediata para que se logre la presentación con vida de Daniela y Virginia; y se castigue a los responsables de la agresión.

Hicieron hincapié en que ante la preocupante ola de violencia en contra de las mujeres en Oaxaca, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), a nombre de sus integrantes en ambos países, y como una organización de indígenas migrantes, se une a la campaña que diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han emprendido en México por la presentación inmediata con vida "¡Sin no están ellas, no estamos todas".

Cabe recordar que las hermanas Virginia, maestra bilingüe de 20 años, y Daniela, de 14 años, originarias de El Rastrojo, en la región mixteca de Oaxaca, desaparecieron el pasado 5 de julio de 2007, en el trayecto de Putla de Guerrero a Santiago Juxtlahuaca. De acuerdo a testimonios, la última que vez fueron vistas, iban en una camioneta vendadas de los ojos.

Antonia Ramírez Cruz, madre de las desaparecidas, denunció la falta de respuesta del gobierno de Ulises Ruiz para dar con el paradero de las jóvenes, ya que desde el 10 de agosto se presentó una denuncia y se inició la averiguación previa 187/2007, y hasta el momento, lo único que han argumentado los representantes de la PGJE, es que la región es muy conflictiva y no pueden arriesgar a sus hombres, para avanzar en las investigaciones.

En el Istmo también se manifiestan contra el TLC

ROSELIA CHA'CA/CORRESPONSAL
JUCHITÁN
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Cientos de indígenas mixes, zapotecas, chinantecos, zoques y mixtecos provenientes de 48 comunidades conglomerados en la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) bloquearon la crretera Tansístmica a la altura del poblado Boca del Monte, perteneciente a Guichicovi.

La acción indígena inició a las nueve de la mañana y concluyó por la tarde; formó parte de la jornada nacional de movilizaciones que los grupos de campesinos y las comunidades indígenas realizaron el día de ayer en todo el país, la cual busca expresar el descontento ante las políticas que viene aplicando el gobierno federal hacia el campo mexicano, indicó Carlos Beas, representante del organismo.

Con esta movilización se exigió, dijo, la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio y se apoye de manera efectiva y directa a los productores agropecuarios.

"Hasta ahora los programas públicos destinados al campo benefician sólo a un pequeño sector de grandes productores y a organizaciones ligadas al gobierno de Felipe Calderón. Esta situación ha contribuido al desplome de la producción y a la creciente emigración de jóvenes y adultos de zonas rurales. Programas productivos como el FAPPA que opera la Secretaría de la Reforma Agraria son ahora acaparados por organismos encabezados por diputados panistas", manifestó la UCIZONI en un comunicado.

Desde el miércoles, un numeroso grupo de indígenas istmeños agrupados en UCIZONI se trasladó a la Ciudad de México para participar en la movilización que se llevó a cabo en la capital del país; el próximo sábado se realizará una nueva Asamblea Regional para determinar las acciones futuras a seguir.

Es importante señalar que en Juchitán las agrupaciones Grupo Solidario La Venta, Colectivo Magisterial y Popular 14 de junio, la Comisión de Derechos Humanos Tepeyac y la Asociación Ganadera de Unión Hidalgo, marcharon por las principales calles de esta ciudad por los mismos motivos, pero además presentaron ante el Ministerio Público la demanda de 14 campesinos de La Venta contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por afectaciones de sus tierras.

Según Alejo Girón Carrasco, líder del Grupo Solidario, en los terrenos de estos campesinos, la CFE instaló desde hace más de 30 años alrededor de 15 torres de alta tensión sin un supuesto permiso y nunca ofrecieron una indemnización; por todos estos atropellos se presentó la demanda.