¡CONTRA LA LEGALIZACION DEL FASCISMO!

La reforma judicial legalizará atropellos,
ONG a la CIDH
Impulsa figuras violatorias de derechos humanos
Envían al organismo información urgente sobre el tema
Emir Olivares Alonso
Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en la que “prevalecen elementos contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos humanos”, diversas organizaciones civiles (ONG) enviaron información con “carácter de urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores del Sistema de Naciones Unidas en la que manifiestan su preocupación ante las modificaciones que prevén elevar a nivel constitucional figuras “violatorias de las garantías fundamentales”, como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial, entre otras.
La Red Todos los Derechos para Todos –que aglutina a más de 50 ONG–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos hicieron además un llamado a los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado democrático, con la aprobación de las reformas.
“Nuestra preocupación por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos nos llevó a acudir –en octubre de 2007– a la CIDH para informar al respecto. En vista de que el proceso ha continuado y existe el grave riesgo de que sea concluido sin que se eliminen los puntos de la reforma que limitan las garantías procesales, el miércoles 20 de febrero hemos enviado información actualizada a ese órgano internacional, con carácter de urgente, así como a los relatores de la ONU con competencia para conocer del tema”, señalaron.
En el documento de exposición ante las instancias internacionales, las ONG destacan que la reforma permitiría a la policía realizar allanamientos sin orden judicial de por medio. “Los defensores de esta modificación tienden a olvidar la tradición de abusos característica de las policías mexicanas. Un legislador ha recordado al respecto que ‘la segunda y tercera causas de las quejas por transgresión de derechos humanos’ emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales”.
Otra vulneración es que se elevaría a la Constitución la figura del arraigo en casos de delincuencia organizada: “esta práctica, tal como funciona en la realidad mexicana, ha sido considerada como violatoria de los derechos humanos, pues funciona como prisión preventiva, carente de control judicial efectivo”.
En su exposición destacan que la reforma permitiría la existencia de “delitos inexcarcelables”, ya que en el artículo 19 de la Carta Magna se incorporaría una serie de pautas para decidir sobre la prisión preventiva, entre los que se incluye que ésta vaya siempre aparejada al procesamiento por ciertos delitos, enumerados en la propia Constitución. “Esta norma atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues de acuerdo con éste, la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable”.
Asimismo, refieren que las modificaciones crean un subsistema de excepción para los acusados de delincuencia organizada. Con ello existiría “un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, régimen que se aplicaría desde la investigación de los hechos, lo que no sólo atenta contra las garantías del debido proceso, sino contra el principio de igualdad, reconocido en el artículo primero de la Constitución”.

Alicia Pérez Duarte: desde la PGR y la Corte se protegió a pederastasMedina Mora ordenó que no se encausara a judiciales que torturaron a Lydia Cacho, afirma
Expresa su “decepción” por la actitud de la ministra Olga Sánchez Cordero ante el caso
Alfredo Méndez
Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que su ex jefe Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.


Inicia hoy la lucha en la torre de Pemex
De la redacción
Hoy comienza una nueva jornada de movilizaciones para frenar la privatización de los recursos energéticos, con un mitin frente a la torre de Petróleos Mexicanos, en la capital del país, convocada por el Movimiento en Defensa del Petróleo, que encabezan Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP).
En la cita de este domingo, que se prevé inicie a las 11 de la mañana, se dará a conocer un plan de acción de la resistencia civil pacífica para evitar que los recursos energéticos se entreguen a empresas extranjeras.
En el acto, en el que se espera la presencia de organizaciones sociales, obreras, campesinas, estudiantiles y civiles, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también se dará a conocer la integración de los 32 comités para la defensa del petróleo y se definirán las acciones a seguir en todo el país. Por el FAP acudirán dirigentes, diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia.
Una vez que se definan en la asamblea de este domingo cuáles serán las acciones a seguir, se espera que se sumen a las protestas trabajadores e integrantes de organizaciones civiles de todo el país.


En 15 días han muerto 12 recién nacidos en el Hospital General

Algunos progenitores con hijos internados en el lugar se habían percatado de 11 fallecimientos
Médica reportó Staphylococcus epidermidis en exámenes clínicos de una menor
Ángeles Cruz Martínez
Ampliar la imagen Funeral de la menor Fátima que murió en el Hospital General de México. La imagen, en la casa de los progenitores, en la delegación Álvaro Obregón Foto: Víctor Camacho
En menos de 15 días han fallecido 12 recién nacidos en las áreas de terapia intensiva e intermedia del Hospital General de México. Ayer, los padres de familia aseguraron que no pudieron pasar a ver a sus hijos durante el horario de visita, y temen por la vida de éstos.
El viernes murió una bebé que por más de 20 días luchó contra una bacteria, que presumiblemente adquirió en el nosocomio y que se suponía había vencido con un tratamiento de antibióticos suministrados durante 15 días. Su mejoría era tal, que ese mismo viernes iba a ser de dada de alta, pero cuando sus padres llegaron a recogerla, se encontraron con la noticia de que Fátima –como la habían llamado– había sido ingresada a terapia intensiva por un choque séptico (infección interna), ocasionado por la bacteria Staphylococcus epidermidis, la cual se suponía que estaba bajo control.
La niña también presentaba sangrado pulmonar y del esófago. La médica de ese turno les dijo que se le realizarían otros estudios clínicos y una transfusión. Por la tarde, los padres fueron informados de que a las 14:50 horas su hija había sufrido un paro respiratorio y a las 16:20 un paro cardiaco, por lo que falleció.
Cristian Bolaños López, progenitor de Fátima, aseguró que durante los días que su hija permaneció en el hospital, igual que otros padres, se percató de que al menos otros 11 bebés murieron ahí; dos de ellos, el mismo viernes.
No obstante, la dirección del hospital, por conducto de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud (Ssa), rechazó que hayan ocurrido tales decesos, y únicamente reconoció el de Fátima. No se proporcionaron mayores datos; mientras, en el nosocomio, el subdirector en turno, de apellido Rizo, se limitó a remitir la petición de información al área de prensa.
En entrevista, Bolaños López señaló que hubo varias irregularidades en la atención médica que recibió su hija; entre otras, que nunca le informaron el nombre de la bacteria encontrada en los análisis sanguíneos, para cuyo tratamiento fue necesaria la aplicación de fuertes antibióticos.
Tampoco supo con oportunidad que había sido necesaria una transfusión sanguínea. De ambas situaciones se enteró el viernes pasado, cuando la médica responsable de la atención de Fátima ese día les informó a él y a su esposa que sería necesaria una segunda transfusión.
Les dijo que la bacteria había dado positivo en uno de los análisis, lo que contradecía lo dicho por otra doctora, Janet Barriga, quien el jueves aseguró que Fátima estaba en franca mejoría, dado que ya se alimentaba del seno materno, había subido de peso y ya se había aclimatado al medio ambiente. Barriga decidió que la niña se podría ir a su casa al día siguiente.
Fátima nació en parto normal luego de 36 semanas de gestación. Presentó retención de líquido pulmonar y deficiencia respiratoria. Según explicaron los médicos a los padres, ambos problemas se solucionarían cuando los riñones empezaran a funcionar con normalidad, y con auxilio de oxígeno.
Luego de cuatro días en que la niña no reportó mejoría, le hicieron el primer análisis sanguíneo, donde se detectó la alteración de plaquetas por una infección bacteriana. Después de otros días de tratamiento en los que tampoco hubo resultados, le colocaron un catéter en el cuello, porque se suponía que era una mejor vía para la administración del medicamento. Bolaños se enteraría días más tarde de que su hija también había requerido una transfusión sanguínea.
Asimismo, afirmó que presenció el maltrato que dio una enfermera a una bebé, debido que no mejoraba y “nada más le hacía peder el tiempo”. También dijo que observó que por cuatro días se suspendieron las visitas a las áreas de terapia intensiva e intermedia.
A decir de él, según lo que informababan los médicos, esto ocurre cuando uno o varios niños tienen complicaciones o mueren. De acuerdo con otros padres de familia cuyos hijos están internados, algunos doctores confirmaron que otros menores también están contaminados con la bacteria Staphylococcus epidermidis.

Despiden de la SEP a 57 inconformes con inmueble
Suman 65 los empleados que se oponen a cambiar de sede
Laura Poy Solano
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) que han mantenido por más de cinco años una lucha jurídica y laboral contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) para evitar ser trasladados a un edificio en mal estado, denunciaron que la dependencia pretende desconocer la relación laboral con los afectados, argumentando que fue de manera “voluntaria y unilateral” la decisión de no presentarse en su centro laboral, por lo que más de 57 trabajadores fueron dados de baja por “abandono de empleo”.
En entrevista con La Jornada, señalaron que luego de presentar una denuncia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) e iniciar un proceso de conciliación en octubre pasado, la DGEI, que encabeza Paulino Canul Pacab, emitió la circular 02 de fecha 25 de septiembre, en la que se informa que todo el personal deberá trasladarse a las nuevas oficinas de Cuauhtémoc 614, colonia Narvarte, a pesar de que “soste-níamos pláticas conciliatorias” e incluso, agregaron, “se les informó que el citado inmueble fue catalogado por la Secretaría de la Función Pública como no apto para la prestación de servicios públicos, debido a su mal estado físico y estructural”.
Joaquina Sandoval y Norma Torres, trabajadoras afectadas, destacaron que tras la suspensión en octubre pasado del pago de salarios a los 65 trabajadores que se oponen al traslado –de los cuales 57 fueron dados de baja– “nunca recibimos un documento que nos informara porqué se nos retenía el salario, por lo que presentamos una denuncia por este motivo. Fue a petición de los representantes jurídicos de la SEP que enviamos una carta para demandar una explicación, misma que nos fue remitida el pasado 11 de febrero, en la que se indica que nos dieron de baja por abandono de empleo, situación que es totalmente falsa, pues incluso las autoridades laborales han reconocido como nuestro centro de trabajo las oficinas de Azafrán 486”.
Porfirio Martínez, asesor jurídico de los afectados, afirmó que la dependencia no ha informado al TFCA la decisión de dar de baja a los trabajadores, por lo que éstos nunca fueron notificados y “sencillamente nunca se pudieron defender, lo que implica una violación a sus derechos laborales, pues la SEP no acudió ante las instancias competentes”.
Por ello, informó, los trabajadores iniciarán una nueva acción legal para denunciar las “constantes irregularidades y mentiras en las que ha incurrido la SEP, pues no existe ninguna causal de despido por abandono de empleo y –menos– para la retención de salarios”.