LA IGLESIA EN MANOS DE LUTERO.

Mouriño, principal promotor de la privatización de Pemex: AMLO
En mitin realizado ante la torre de la empresa lo acusa de ser “traficante de influencias”
El funcionario ha obtenido de la paraestatal contratos millonarios por adjudicación directa, dice
El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, advierte
Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador señaló al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares y lo acusó de ser un “traficante de influencias”. Sostuvo que, gracias a su gestión en la función pública, “el funcionario obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
En el primer mitin que encabezó frente a la torre de la paraestatal en la ciudad de México, para convocar a la suma de esfuerzos que en torno al plan de resistencia civil pacífica llevará a cabo el movimiento que encabeza, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza, y no necesariamente a la emancipación del pueblo”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el lugar –abarcando los dos sentidos de Marina Nacional– para expresarle su apoyo contra la privatización del sector, López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, “toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos para demostrar” los señalamientos en contra de Mouriño.
Lo anterior, con el propósito de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia soliciten, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la realización de las auditorías correspondientes a la paraestatal. Y que sirva además, dijo, para aclarar la relación que existe entre Felipe Calderón, el secretario de Gobernación y Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con empresas extranjeras para entregarles el sector energético.
“No le demos vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles: ‘los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”’, parafraseó.
“Por eso digo que nunca como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Brecht, según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
El ex candidato presidencial enarboló como símbolo de lucha la bandera nacional, para reafirmar su decisión de no permitir que se concreten los propósitos que, aseguró, encabezan las cúpulas en el poder.
Sostuvo que ésa es la respuesta del porqué los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en exploración, refinación, petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico. Aunque parezca increíble, remató, “desde hace 25 años todos los gobernantes han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares”.
Desde 1983, recordó, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, minas, aeropuertos, Mexicana, Aeroméxico, los bancos; ya privatizaron 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y “ahora quieren montarse en el negocio del petróleo”.
Se manifestó en contra de la utilización de “eufemismos” para “ocultar” el propósito de concretar ese proyecto, al argumentar que falta dinero o tecnología para modernizar a la industria, cuando –planteó– extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en 80. Además, recordó, la paraestatal pagó impuestos por 60 millones de dólares, tan sólo el año pasado, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto federal, y tres veces más de lo pagado por todas las empresas privadas del país por impuesto sobre la renta.
Por eso, advirtió, “no aceptamos, que se oiga bien y que se oiga lejos, nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera”. Es más, señaló, “esto huele” a lo que querían hacer con el Servicio de Administración Tributaria antes de las elecciones de 2006, para dejar la política de ingresos en manos de “los potentados y evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal”.
O a lo mejor “quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN. Y, por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución”.
Apuntó que “sólo es cosa” de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios para fortalecer a la empresa pública o cuando menos –dijo– entregarle los excedentes petroleros.
Pero también, añadió, hace falta “combatir la corrupción”. Entonces se manifestó por las auditorías para aclarar la relación Calderón-Mouriño-Elías Ayub y para conocer realmente “quién es” el actual secretario de Gobernación.
“Es un traficante de influencias, como lo demuestra que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de Energía, con Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”, apuntó.
López Obrador pidió apoyar el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización, y estar alertas ante cualquier intento al respecto. “Hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del sector”, resaltó. Dijo que, de no ser necesario antes, la próxima reunión será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino.
Tras señalar que quienes integran su movimiento quieren la paz, aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma judicial y llamó a los dirigentes del FAP a explorar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos de San Salvador Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos encarcelados por motivos políticos o sociales.