IMPUNIDAD, SIN REMEDIO.

La CCIODH y el mapa de la impunidad en México
Luis Hernández Navarro
La imagen de la democracia mexicana en el exterior dista de ser buena. El término democracia a la mexicana se usa en el exterior como sinónimo de una democracia de mentiras. Se le asocia con la simulación y la hipocresía.
La situación que guardan los derechos humanos en el país es aún peor. Uno tras otro, diversos informes de organismos internacionales dedicados a la vigilancia de las garantías individuales dan cuenta del enorme déficit que el país tiene en este terreno.
Por supuesto, ni democracia de mentiras ni ser el país de la impunidad impiden que las grandes potencias económicas quieran hacer negocios con el país. En la era del unilateralismo estadunidense, de la invasión de Irak, de Abu Ghraib, de Guantánamo, las carencias mexicanas son pecado menor. Pero eso no quiere decir que en el exterior haya respeto por nuestras instituciones políticas.
Pero que las elites económicas y políticas internacionales estén dispuestas a pasar por alto las violaciones a los derechos humanos no significa que sectores activos de la sociedad civil de Europa, Canadá y Estados Unidos piensen lo mismo. Tampoco que organismos como Amnistía Internacional pasen por alto lo que sucede.
Uno de los organismos más activos en la vigilancia de lo que ocurre en México es la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). Se trata de una iniciativa que nació de la preocupación en sectores de la sociedad civil internacional alrededor de la violencia en Chiapas. La matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, precipitó su parto.
Estos días, precisamente, la CCIODH está en su sexta visita al país. Cincuenta personas de nueve países participan en los trabajos.
El motivo de esta gira surge del décimo aniversario de Acteal, la grave preocupación por la situación en Chiapas, con un incremento de las denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas zapatistas, así como de la necesidad de dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las visitas realizadas a Atenco y Oaxaca.
Cuando la primera comisión nació se auguró que no sobreviviría más allá de unos cuantos meses; sin embargo, ya cumplió 10 años. Algunos de los organismos de derechos humanos tradicionales la vieron con desconfianza, porque sus integrantes provenían de redes sociales alternativas, por afuera de los canales institucionales tradicionales. Su trabajo, sin embargo, ha tenido una consistencia, continuidad y una visión de conjunto envidiables.
En un primer momento la comisión fue ninguneada. Hoy, sin embargo, es una voz imprescindible sobre la situación de los derechos humanos en México. Sus informes y opiniones son una referencia tanto entre políticos europeos interesados en el país como entre el mundo de la izquierda altermundista y los defensores de los derechos humanos.
En la primera visita, en febrero de 1998, participaron 210 observadores de 11 países. Constató el gravísimo deterioro de los derechos humanos en Chiapas.
Para la segunda, en noviembre de 1999, la comisión estuvo integrada por 41 personas de 10 países. Comparó y evaluó la situación respecto de la documentada en 1998.
En la tercera, entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2002, asistieron 104 personas de 14 países. Procuró evaluar la situación del conflicto en Chiapas año y medio después de la toma de posesión de Vicente Fox.
La cuarta visita se realizó en mayo y junio de 2006. Vinieron a México 28 personas de siete países, avaladas por más de mil personas y organizaciones. Concentraron su trabajo en la observación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Texcoco y San Salvador Atenco. Comprobaron un operativo policial excesivo, irrazonable e innecesario, en el que las fuerzas represivas no se rigieron por el estado de derecho.
La quinta comisión estuvo formada por 39 personas de países como Francia, Nueva Zelanda, Italia, España, Dinamarca y Estados Unidos. Se concetró en el monitoreo en la situación represiva en Oaxaca, a raíz del movimiento conducido por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comisión está integrada por abogados, sicólogos educadores, juristas, intelectuales, cineastas, defensores de los derechos humanos, artistas, jóvenes y representantes de la sociedad civil. Se meten a las comunidades remotas y a cárceles. Escuchan con atención y respeto a la gente humilde. Toman nota de sus palabras. Las reproducen con fidelidad.
Sus conclusiones se distribuyen a los afectados, al gobierno mexicano, al Parlamento Europeo, al parlamento de Cataluña, a medios de comunicación en el extranjero, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a organismos civiles internacionales.
Los informes han sido publicados. En ellos hay testimonios de las víctimas, entrevistas con funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno mexicano, cronologías de los hechos, análisis y recomendaciones. En conjunto pintan un cuadro dramático de la situación nacional. Son un diagnóstico exhaustivo, documentado e inobjetable de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco. Aunque la respuesta gubernamental sea ignorarlo.
Mientras muchos funcionarios de organismos civiles trabajan con el financiamiento de importantes fundaciones, la inmensa mayoría de los integrantes de la comisión se pagan el viaje y sus gastos. En una época en la que los llamados Señores de la Pobreza se desplazan por el país con boato y grandes comodidades, la comisión se mueve a las zonas de conflicto con sencillez y austeridad.
La CCIODH forma parte de la tradición de internacionalistas de la talla de Francisco Javier Mina. Gracias a ellos contamos con un retrato de una parte importante del México de abajo y su resistencia, con un mapa de la impunidad. Pese a haber nacido en otros países, son mucho más mexicanos que muchos otros mexicanos.


Magdalena Gómez
Derechos humanos: ¿lo que sea su voluntad?
En los días recientes la problemática de los derechos humanos ha estado muy presente en el país y lo destacable es que de parte de ciertos sectores, sobre todo internacionales, se invoque o promueva implícitamente la llamada “voluntad política”, cuya presencia o ausencia aparece como determinante. Esta postura es ciertamente riesgosa, pues implica evadir el tema de la justiciabilidad tanto del derecho internacional como en el orden interno. En contraste, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en su reciente visita hizo declaraciones serias en el sentido de reivindicar el necesario uso de los tribunales para dirimir situaciones presuntamente delincuenciales, deslindándose de la “excepcionalidad” que en los hechos se da al combate al crimen organizado. Por su parte, el ocupante de Los Pinos, “acicateado por la adversidad” como él se ha descrito, respondió que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, es decir, “porque lo digo yo”, y seguirá adelante para lograr sus objetivos sin que ninguna instancia judicial o legislativa lo detenga, ni nacional ni internacional. Al cabo del tiempo difundirá con bombos y platillos sus cifras sin que la ciudadanía tenga parámetros para evaluar tan efectivos avances, y únicamente resentirá la paulatina militarización del país, y los atropellos de sus efectivos a la población; todo ello justificado por la gran cruzada calderonista que nuevamente se justificará, como en 2006, con su máxima antiética: “haiga sido como haiga sido”.
Ante esta situación debemos por lo menos revisar con cuidado los efectos del lugar común en que se ha convertido la expresión “voluntad política”, pues se utiliza como si entrañara actitud positiva, según la nueva jerga, la hay si se realizan “buenas prácticas”, como se dice recurrentemente en espacios de Naciones Unidas, y no la hay si no, como diría el filósofo de Güemes. Se elude así que la llamada voluntad política también implica decisiones adversas. En 1968 y en 1971 hubo voluntad política, sí la de masacrar y detener a toda costa al movimiento estudiantil y así nos podemos seguir con ejemplos.
La cuestión es reorientar el enfoque, los organismos civiles ya lo hacen. El pasado 7 de febrero el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, presentó su informe 2007, denominado Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, donde se aborda con suficiencia el asunto de la seguridad pública y la militarización, así como los claroscuros de la reforma judicial en curso, incluyendo una serie de recomendaciones que se vinculan a la necesidad de ajuste del orden interno a las normas internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano tiene obligación de cumplir y respetar. Como vemos, conceptos sustantivos no faltan; sin embargo, la debilidad que aún se percibe es la relativa a las dimensiones procesales, es decir, a la justiciabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) –que visita el país y ha ofrecido informes solventes y jurídicamente bien fundados sobre Acteal, San Salvador Atenco, Oaxaca, entre otros– ve limitados los resultados de su accionar ante la impasibilidad de las autoridades que deberían fincar responsabilidades o ante organismos internacionales que deberían intervenir más allá de posturas discursivas.
Es realmente un círculo vicioso, se lucha incansablemente por lograr normas internacionales, por ejemplo, la declaración recientemente aprobada en cuanto a derechos de los pueblos indígenas y desde la misma ONU se le asigna “fuerza moral y política”, quedando en espera de su asimilación al orden interno para lograr vinculatoriedad, y en nuestro caso, aún si ello sucediera, se tendrían que promover las condiciones de exigibilidad. Todavía hace años se hablaba de la “claúsula democrática” en la Unión Europea, esto es, que si un país es señalado de manera fehaciente por sus violaciones a derechos humanos no tendría acceso a créditos o proyectos. Hoy día las diversas instancias u organismos financieros operan bajo la esquizofrenia de que por un lado impulsan normas que profundizan el neoliberalismo y la desigualdad en nuestros países, y luego realizan informes críticos sobre tales resultados.
Lo que parece claro es que la concentración de poderes fácticos enquistados en la clase política hegemónica impide transformarnos y pasar de un país cuyos espacios estatales de los tres poderes, operan discrecionalmente bajo la lógica de “lo que sea su voluntad”, a un país que se rija bajo el principio de legalidad con sujeción a normas y con instancias reguladoras de su respeto y exigibilidad. En todo ello está implicado el movimiento social y político en sus más variadas expresiones, defendiéndose además de la creciente criminalización de sus protestas.