EL PODER CACIQUIL INMUNE.

Urge la CCIODH atender violaciones a derechos humanos en Oaxaca.
pedro matías
* Lamenta el nulo avance de los casos que documentó en marzo del 2007

Oaxaca, Oax., 11 de febrero (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) urgió hoy al Poder Judicial, a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atender “con celeridad” todos los casos de abuso de autoridad, represión, pederastia y ataques a la libertad de expresión ocurridos en Oaxaca.

El portavoz de la sexta delegación de la CCIODH, Iñaki García, consideró que en la medida en que las “graves denuncias” que la Comisión documentó en marzo del año pasado no sean atendidas, “la impunidad en México seguirá siendo una política de Estado”.

En conferencia de prensa, el vocero de la Comisión, que se encuentra en el país, afirmó que preocupa y alarma a la sociedad civil internacional la “difícil situación” que se vive en México en materia de derechos humanos, particularmente en Oaxaca.

Insistió que el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación y la misma CNDH, tienen la obligación de atender con claridad todos los casos denunciados.

La sexta delegación de la Comisión Civil Internacional conformada por 51 activistas defensores de los derechos humanos de 10 países, llegó ayer domingo a la entidad para constatar los avances de los casos documentados en su informe del año pasado.

Iña García resaltó que “mientras, desde los Poderes, no se apueste con políticas activas que faciliten el diálogo para hacer justicia, deslindar responsabilidades, procesar a los funcionarios y, en su caso, sancionarlos, no puede haber avances significativos”.

La primera impresión de la delegación, explicó, es que la situación es más preocupante de lo que esperaban. Y es que desde que llegó a Oaxaca el programa de actividades de la Comisión se alteró por las decenas de personas que quieren dar su testimonio sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Sobre todo, de los casos más conocidos, como el de Leticia Valdés Martell; la desaparición del indígena chatino, Lauro Juárez, y de las triques, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, y las desapariciones forzadas de los presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

También el caso de Santa Cruz Zenzontepec, donde los hechos violentos del sábado pasado dejaron un muerto y 13 heridos; y de San Blas Atempa, el 30 de enero, cuando se reavivó la violencia con dos homicidios de personas vinculadas al ayuntamiento popular.

Iñaki García aclaró que el objetivo de su visita no es “dar aval político ni a las instituciones ni a ninguna organización”, sino defender a ultranza los derechos humanos y denunciar a las instituciones, si es necesario.

El vocero de la CCIODH consideró que aunque el gobierno estatal se empeñe en dar la impresión de que la situación de Oaxaca está calmada y el problema sociopolítico está resuelto, la marcha contra los pederastas y los recientes casos ocurridos contradicen los discursos.

Respecto de los casos que documentó la Comisión en marzo del año pasado, lamentó el nulo avance en las investigaciones sobre los 23 fallecidos durante el movimiento social del 2006. Reprochó: “Siguen sin avanzar los procesos y no hay funcionarios públicos imputados ni detenidos”.

Iñaki García añadió: “El único cambio que hemos observado es que la cantidad de presos ha disminuido; pero en cuanto a los procesos judiciales por los hechos más graves, no hay avances”.

Informó también que la Comisión Jurídica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de “los principales políticos” de la entidad –entre ellos el gobernador Ulises Ruiz--, por crímenes de lesa humanidad.

Aún hay violación a derechos humanos: CCIODH
Iván Castellanos / Tiempo
[06:39] La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) advirtió que la situación en la entidad por el conflicto de 2006 continúa siendo difícil, ya que no se han atendido observaciones por detenciones, asesinatos y desapariciones, además de que se están registrando nuevos casos derivados de esta situación.
El representante de este organismo, Iñaki García García, afirmó que documentarán nuevas denuncias, pero también se reunirán con autoridades estatales para verificar el proceso de atención a las recomendaciones.
Explicó que desde las 09:00 horas del domingo dieron inicio a las entrevistas con la comisión jurídica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), quien les ha señalado que sus principales acciones se han dirigido a instancias federales, dada la desconfianza que le generan las dependencias estatales.
Indicó que han revisado la denuncia contra los principales responsables políticos del estado de la Procuraduría General de la República (PGR)por crímenes de lesa humanidad.
Manifestó que en las primeras entrevistas han documentado que aún persiste persecución policial y judicial a los miembros de la APPO así como desapariciones que no han sido esclarecidas.
Al igual, han tenido conocimiento de los hechos que se generaron en Santa Cruz Zenzontepec, que causaron un muerto y 13 heridos, por parte de un grupo armado de inconformes con la elección de las autoridades, elegidas legítimamente por los pobladores.
De la misma forma, dijo que se han entrevistado con algunas de las viudas que dejó el conflicto, quienes han declarado que no han recibido ningún apoyo de las autoridades, así como tampoco han sido contactadas por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes tienen un fideicomiso de apoyo.
También tomaran datos de la violación de un menor de edad en el Instituto San Felipe, por lo que entrevistaron a la madre del niño, Leticia Martell, quien los puso al tanto de los hechos de esta caso.

Acusan a policías por crimen en Amoltepec; fue suicidio aseguran.
Salomón Torralba
[06:37] En tanto que las autoridades policiacas informaron que la muerte de Bonfilio Torres Hernández, de 42 años, se trató de un suicidio, organismos de derechos humanos señalaron que es un homicidio cometido por dos policías preventivos y un ministerial.

De acuerdo con la versión de las autoridades ministeriales, Bonfilio, quien se desempeñaba como vigilante en la cárcel municipal, con su pistola se disparó un balazo calibre 22 en la cabeza, cuando estaba en la cocina de su centro de trabajo, debido a que se encontraba en estado de ebriedad y padecía una fuerte depresión.

De acuerdo con esta versión, su hijo, Bonfilio Torres Hernández reclamó y reconoció legalmente el cuerpo de su padre.

Sin embargo, Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, informó que Bonfilio Torres Hernández salió de su domicilio el domingo 10 de febrero, a las siete de la mañana, para dirigirse al centro de la población y que a las 08:40 horas se escuchó un disparo en la Comandancia de la Policía Preventiva del Estado.
Indicó que al acercarse las autoridades del lugar, encontraron con un balazo en la cabeza y golpes en diferentes partes del cuerpo a Torres Hernández, quien se desempeñaba como celador de la Presidencia Municipal y se encontraba tirado en la cocina de la Comandancia de la Policía preventiva.

El organismo acusa que los responsables de este crimen son Rolando Hernández Sánchez y Celestino Saldívar, y el policía ministerial Emmanuel Piza Santos. Indicó que estos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y vecinos del lugar, y entregados a un Agente del Ministerio Publico, proveniente de la Ciudad de Oaxaca.

Sin embargo, para evadir su responsabilidad, los criminales manifestaron que Bonfilio Torres Hernández se suicido, “lo cual no es creíble, ya que en el lugar que lo asesinaron es una área restringida, donde solamente entran elementos de la Policía Preventiva y no se permite el acceso a cualquier persona”.

Maurilio Santiago Reyes indicó que anoche se comunicó vía telefónica con el Procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien le aseguró que los policías involucrados se encontraban declarando en calidad de detenidos. Por ello, demandó que se realice una investigación apegada a derecho y se castigue conforme a la ley este homicidio