LA MONSTRUOSIDAD QUE SE COCINA.

CNDH: la reforma judicial, retroceso en materia de garantías individuales

Los legisladores no deben aprobar la iniciativa, considera el ombudsman Soberanes
Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)
Mérida, Yuc., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, reiteró su rechazo a la reforma judicial que analizarán hoy diputados federales, “porque constituye un retroceso para las garantías individuales”.
Posteriormente comentó, en conferencia de prensa, que los legisladores no deben aprobar esa propuesta, “porque es muy delicado que se rompa la inviolabilidad del domicilio. Es un paso atrás”, añadió.
El ombudsman nacional señaló que uno de los problemas más graves de México es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública, ya que no existe precedente en el país sobre el grado de penetración e influencia social que ha alcanzado el crimen organizado.
Manifestó que para combatir esa situación “tampoco es válido seguir con prácticas cotidianas, pero tampoco bastan los discursos, la mera voluntad ni la mano dura a corto plazo”. También calificó de “insuficiente” el aumento de penas, el incremento de las atribuciones de los policías y la presencia de cuerpos de seguridad en las calles.
Durante su visita a Yucatán para encabezar diversos actos relacionados con la aplicación de la justicia, Soberanes Fernández manifestó que la batalla definitiva se dará cuando se combata la corrupción. Además, abundó, las autoridades deben invertir en educación y prevención, así como desincentivar el consumo de drogas, propiciar la rehabilitación de adictos y formar mejores policías.
De igual forma, Soberanes Fernández calificó de “falsa” la tesis de que el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública son incompatibles. “Por el contrario, ambos conceptos son complementarios. Por esa razón no puede existir una norma que justifique la violación a los derechos humanos. La ilegalidad no se puede combatir con más ilegalidad”, resaltó.
Agregó que dicha propuesta de reforma significa un claro retroceso en lo logrado en materia de derechos humanos en años recientes, y una “contravención a nuestros compromisos internacionales en el rubro”.


Exportación petrolera “sin precedente” por 43 mil mdd

Con un ingreso histórico de 108 mil mdd, sólo se creció 3.3% en 2007, según el BdeM
Las importaciones de derivados del crudo mermaron en 17 mil 200 mdd el ingreso de divisas
Como principal fuente de recursos externos figuraron las remesas, apunta la balanza de pagos
Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos
La economía mexicana dispuso de 108 mil millones de dólares en ingresos netos del exterior durante 2007, cantidad sin precedente de ahorro externo, pese a lo cual se tuvo un crecimiento de apenas 3.3 por ciento, indican informes del Banco de México (BdeM).
Al dar a conocer los resultados del intercambio comercial y financiero de México con el mundo en 2007, contenidos en la balanza de pagos, el banco central apuntó que el ingreso de divisas por la venta externa de productos petroleros alcanzó en 2007 “un monto sin precedente” de 42 mil 886 millones de dólares.
Aclaró que “el ritmo de expansión anual de las exportaciones petroleras fue superado por el que presentaron las importaciones de tales productos, y ello implicó que el saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros se redujera de 19 mil millones de dólares en 2006 a 17 mil 200 millones en 2007”.
Explicó que las divisas del exterior provinieron de la inversión extranjera, las remesas, el superávit de la balanza petrolera, el saldo a favor de la actividad turística, el financiamiento de proyectos Pidiregas y del endeudamiento externo de empresas privadas que operan en el país.
Este ha sido el mayor monto de divisas de que ha dispuesto el país en su historia para su desenvolvimiento interno, el cual fue 18 por ciento superior al ahorro externo obtenido en 2006 y sirvió para impulsar un crecimiento económico de apenas 3.3 por ciento durante el primer año de esta administración gubernamental.
En orden de importancia por su flujo, la principal fuente de divisas de la economía mexicana en 2007 fue la industria petrolera nacional. Pero por su monto figuró a la cabeza el envío de remesas de los trabajadores mexicanos en el exterior a sus familiares en el país, el cual fue de 23 mil 979 millones de dólares, uno por ciento más que en 2006, en medio de crecientes dificultades para mantener su empleo y eludir su expulsión de Estados Unidos.
El Banco de México destacó que los ingresos de divisas por remesas “fueron equivalentes a 140 por ciento del saldo superavitario de la balanza comercial de productos petroleros y ligeramente superiores al flujo de IED que recibió el país”.


Simulación legal permitió a trasnacionales extraer la riqueza petrolera de Venezuela
La apertura de esa industria hizo desplomar ingresos fiscales: Alvarez Herrera
Chávez rescató al crudo como recurso estratégico; no es una materia prima más, dice
Roberto González Amador

El debate sobre la participación del capital privado en una industria petrolera nacional es sencillo, “de economía política”, plantea Bernardo Alvarez Herrera, embajador de Venezuela en Estados Unidos. Con una larga trayectoria profesional en el sector energético de su país, el diplomático considera que el punto de definición es hacia dónde se debe dirigir la riqueza que genera la explotación de hidrocarburo: a beneficiar a un grupo de accionistas de una compañía particular, o a financiar necesidades del crecimiento en un país en desarrollo, como es el caso de las naciones latinoamericanas productoras de crudo.
De paso por México, el embajador Alvarez Herrera habla, en una entrevista solicitada por La Jornada, del proceso vivido por su país en la última década para retomar el control estatal sobre la propiedad y los beneficios de la explotación del petróleo, una dinámica que ha llevado a Venezuela a enfrentar un litigio sin precedente con la multinacional ExxonMobil, que ha decidido recurrir a una corte internacional –cuya jurisdicción no reconoce Caracas– para reclamar un supuesto daño patrimonial, en un proceso que esta semana entrará en una fase de definiciones.
Ex presidente de la comisión de energía y minas del congreso venezolano, ex director general de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas y también ex viceministro de petróleo y gas, Alvarez Herrera explica que hasta antes de 1999 hubo una “simulación legal” en su país para, sin modificar la Constitución, crear mecanismos que permitieron a empresas trasnacionales extraer riqueza de la explotación del crudo, a costa de transferir menores beneficios al Estado. Un proceso que, asegura, prácticamente se ha revertido en el actual gobierno del presidente Hugo Chávez.
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1976. En los siguientes años, el régimen de propiedad permitía al Estado obtener ingresos derivados de la actividad petrolera por el equivalente a siete de cada 10 dólares que se exportaban de crudo. Pero en la siguiente década inició un “proceso de apertura” de la industria nacional, que provocó que sólo cuatro de cada 10 dólares por exportaciones petroleras fueran al Estado. Este proceso consistió en reducir los impuestos a la renta a las empresas extranjeras y abatir el pago de otras contribuciones fiscales. “Con este desplome en los ingresos fiscales cualquier gobierno se caía. Esta caída en los ingresos tuvo que ver con la crisis política, con el desplome político en Venezuela, porque el gobierno se quedó sin ingresos”, explica el diplomático, quien se encuentra en México para discutir los términos de un convenio de colaboración entre La Jornada y el Ministerio de Cultura de Venezuela.
La perversión de simular concesiones
La Constitución venezolana, después de la nacionalización de 1976, eliminó las concesiones a empresas privadas. El grupo político y económico que controlaba el aparato público y a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) simulaba, dice, concesiones a partir de otorgar a compañías extranjeras “contratos para prestar servicios” en un campo específico, incluso para exploración, bajo el argumento que se trataba de yacimientos agotados.
Para dar vuelta a las prohibiciones constitucionales, en Venezuela, relata el diplomático, se crearon convenios de asociación, acuerdos de ganancias compartidas y otras figuras como la “asociación estratégica” en bloques que se decía eran marginales pero producían 90 mil barriles por día.
“Otra gran perversión fue la de conceder, desde la óptica del grupo que controlaba al aparato público, una autonomía a PDVSA, empresa creada a partir de la nacionalización de 1976. Esta empresa pasó de ser una operadora del Estado, a una empresa que controla y es propietaria, a ser ella misma la administradora del recurso natural. La autonomía que se dio en Venezuela a PDVSA terminó en un proceso de disolución del control del gobierno, en un vaciamiento del Estado. Petróleos de Venezuela, bajo ese régimen de autonomía, tenía más poder que el Ministerio de Energía y Minas”, añade el diplomático, quien también ha sido representante de su país ante la OPEP.
Entre otras cosas, agrega, PDVSA aceptó de las multinacionales contratos en los que asumía las pérdidas que pudieran derivar de las labores conjuntas y, lo que considera más grave, aceptó la jurisdicción de tribunales internacionales y cortes de arbitraje para solucionar diferencias, como ahora sucede en la disputa de ExxonMobil con el estado venezolano. “Nuestra Constitución prohibía el arbitraje internacional y la entonces administración de PDVSA lo aceptó”.
La visión de la industria energética venezolana cambió con la llegada del presidente Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo, en febrero de 1999.
Explica el embajador Alvarez Herrera: La implantación del pensamiento neoliberal en el mundo –en la década de los años 80– hizo de Venezuela un campo de experimentación para el cambio de propiedad del hidrocarburo. Ese pensamiento, dice, planteaba que el petróleo era un commodity, una materia prima, más. “Se decía que básicamente el problema del petróleo era cómo se daban las condiciones para que el inversionista accediera a explotar los recursos, se deja de hablar de recursos naturales y la relación entre los estados y las empresas se busca que sea, casi, una relación entre iguales, cuando en realidad se trata de la relación de un propietario de los recursos con un concesionario. Eso planteó también el desmontaje del sistema fiscal”.
Luego, añade, la misma corriente de pensamiento dominante en esos años 80 y siguientes buscó sembrar la idea de que el Estado era ineficiente, que era malo. Y que, por el contrario, la empresa privada era eficiente y que la compañía petrolera estatal debía comportarse como cualquier firma privada.
Política nacional diseñada por BP
“Vendieron la idea de que el Estado no tenía capacidad para desarrollar la industria petrolera. Las empresas petroleras se fueron metiendo, el Estado fue perdiendo control sobre su recurso. La política de apertura de Venezuela fue diseñada por los abogados de la British Petroleum, y básicamente lo que les interesaba era más acceso a la producción. Venezuela, hasta antes de 1999, fue un actor fundamental en el desplome de la soberanía petrolera y había una gran desconfianza hacia Venezuela en la OPEP”.
En esos años, hacia finales de los 90, el precio del barril de crudo había caído a 7 dólares por barril. En México, por ejemplo, tal desplome forzó, en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, a reducir hasta en tres ocasiones el gasto público. El embajador Alvarez recuerda que en ese entonces México y Noruega, no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se unieron a los esfuerzos del cártel para revalorizar el precio del crudo.
Cuenta el embajador Alvarez que lo primero que hizo el nuevo gobierno de Hugo Chávez en 1999 fue impulsar una política de rescatar los precios internacionales del crudo, que beneficiaban a los grandes consumidores. En esa iniciativa, como recuerda, fue entonces acompañado por países como México, Noruega y Rusia, que se sumaron a la OPEP en acciones para reducir la oferta del energético.
“Lo que hizo Venezuela fue regresar a la noción de que el petróleo es un recurso natural estratégico y no una materia prima más. Restablecimos la idea de que el problema petrolero mundial es un problema de actores que no tienen el mismo peso: están los productores, los consumidores y las empresas, incluyendo las públicas”.
En este sentido, explica, toda empresa petrolera, como es el caso de PDVSA en Venezuela, “no puede ser equiparada a una compañía petrolera como Exxon o Shell. Los objetivos que tiene una empresa petrolera como PDVSA para un país como Venezuela en proceso de cambio no son los mismos que para una compañía como Shell. La empresa estatal no es una corporación petrolera internacional, sino una empresa de un país en desarrollo, y tiene que tener una responsabilidad mucho mayor, la de maximizar el valor de sus recursos naturales para transferirlo a la sociedad y no a un grupo de accionistas privados”.
Considera que, en todo caso, este es un debate que debe darse con toda la participación del pueblo. “Todo esto es una discusión de economía política. El problema básico es que durante muchos años, durante los años de la apertura, este no fue un debate público, lo consideraron de expertos y con una absoluta utilización ideológica y criminal, lo llamaron técnico. No era una discusión popular, eso lo cambió Chávez”.


Mouriño, discípulo de Hank
alvaro delgado
México, D.F., 25 de febrero (apro).- El empresario Juan Camilo Mouriño Terrazo ha decretado que lo ocupan cosas más importantes que aclarar si es mexicano o español, o inclusive si goza de doble nacionalidad, un asunto de legalidad que, en teoría, es su deber esclarecer como secretario de Gobernación.

“Son cosas, simplemente, que no deben distraer la acción del secretario de Gobernación, del gobierno en su conjunto”, respondió a la pregunta de un periodista, el viernes 15, que lo interrogó sobre el vacío de información de su auténtica nacionalidad, y añadió: “Nosotros estamos concentrados en los verdaderos asuntos que son de relevancia para la Secretaría y para el país, y trabajando arduamente en ello.”

Con tal antecedente es de esperarse que Mouriño --español por haber nacido en Madrid, mexicano por decisión propia al cumplir la mayoría de edad y voluntariamente convertido otra vez en súbdito de la Corona cuando estudiaba en Estados Unidos-- actúe con el mismo desprecio a la legalidad y sobre todo a la sociedad en el caso de sus negocios en el sector energético.

Mouriño Terrazo, colocado por Calderón en la operación política para los grandes negocios sexenales, puede anticiparse que guardará silencio sobre pruebas documentales que acreditan el tráfico de influencias que ejerció cuando presidió la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, después, como subsecretario en la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón.

Pero, igual que en su nacionalidad a conveniencia --español, mexicano, otra vez español y otra vez mexicano, algo que nada tiene que ver con la xenofobia que tanto enfurece a los propagandistas de la derecha--, hay documentos que demuestran cómo las empresas de la familia Mouriño se beneficiaron con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Juan Camilo era ya servidor público.

La información la da a conocer la revista Contralínea que, en la edición 95 correspondiente a la segunda quincena de febrero y bajo la firma de la reportera Ana Lilia Pérez, documenta cómo el grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia Mouriño, logró contratos de Pemex por casi 100 millones de pesos, mediante el procedimiento de adjudicación directa.

Bajo las órdenes de Calderón, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Mouriño presidió la Comisión de Energía y en ese carácter participó, el 6 de noviembre de 2000, en una asamblea general extraordinaria de GES y la empresa Ivancar, en la que se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de ese grupo empresarial, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas” para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta.

De acuerdo con la información documental de la revista, un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Pemex Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.

Continúa la revista: “El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.

“El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.

“Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.

“El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

“El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.

“Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.”

Esta información de la revista Contralínea, que en su edición precisa que buscó a Mouriño y a todos los organismos y personajes interesados, fue retomada por Andrés Manuel López Obrador para acusar a Mouriño de ser un traficante de influencias, un señalamiento que, sin duda, quedará sin respuesta oficial, igual que en el caso de la dudosa mexicanidad del funcionario federal.

Pero una cosa es segura: Como ya es habitual, la defensa y el debate en estos como en cualquier tema no viene del gobierno federal ni del Partido Acción Nacional (PAN), sino de las cuadrillas de portavoces oficiosos en radio, televisión y medios escritos.

Tal comportamiento en los medios no es fortuito y forma parte de la involución que padece la República: Como con los priistas, se reproducen las formas de abyección al poder, en las que Mouriño, por ejemplo, busca poner en práctica las enseñazas del “profesor” Carlos Hank González, incluyendo la sentencia de que “un político pobre es un pobre político”.

Y aunque ha sido menos favorecido que Mouriño, Calderón busca ponerse a nivel con su subordinado, como lo dijo él mismo en Puebla, en abril de 2005: “A todos nos gusta mandar y ser obedecidos, ¿a poco no? A todos nos gusta tener mucho dinero y a todos nos gusta el placer.”

La vía, entonces, es la privatización de los recursos energéticos que Calderón, Mouriño y sus socios pretenden. Como diría el primero, “¿A poco no?”

Apuntes

En la misma lógica de la involución en México, hacer fortunas al amparo del poder, se ubica el proyecto –ya un hecho-- de darle poder a las policías de ingresar a domicilios sin orden judicial. Se justifica la violación de derechos humanos, como la intervención ilegal de comunicaciones –como telefonía y correo--, con la engañifa de garantizar la seguridad pública… ¿Ley Gestapo? Pues sí.