LA REPRESION, EXTENDIDA EN EL PAÍS.

Detenido y torturado, orador de mitin contra el TLCAN
isaín mandujano
* Se le pretendía vincular con el EPR

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 6 de febrero (apro).- El 31 de enero el maestro rural Felipe Hernández Yuena fue el principal orador del mitin contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero cinco días después ya estaba en los separos del Ministerio de Justicia, donde se le vinculó al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y un día después fue liberado “bajo las reservas de la ley”.

Después de ser torturado, a Hernández Yuena se le abrió una averiguación previa por los delitos de sedición, rebelión, motín, asonada e incitación a la violencia, flamante ilícito del Código Penal chiapaneco y único en el país.

Pero gracias a la presión mediática y política, este miércoles sus abogados de organismos no gubernamentales, familiares y amigos, lograron que el Ministerio de Justicia le concediera la libertad a Hernández Yuena.

El maestro caminaba ayer al medio día por una de las calles del municipio de Venustiano Carranza, con Pavel, su pequeño hijo de seis años, cuando fue sorprendido por policías ministeriales que bajaron de tres patrullas.

Sin mostrar orden de aprehensión, fueron subidos a punta de golpes a una de las camionetas.

Un grupo de mujeres que presenció la captura pedía a gritos que liberaran al menor. Sin embargo, Felipe fue trasladado a esta capital y llevado a una casa de seguridad, donde fue apartado de su hijo.

Ahí le exigieron firmara unos documentos en blanco, pero como se negó a hacerlo, empezó a recibir golpes en diversas partes del cuerpo.

Le preguntaron por qué marchó, quienes estaban detrás de la movilización, quiénes eran los líderes y otras cuestiones relacionadas con la protesta del jueves pasado.

Luego fue llevado a los separos del Ministerio de Justicia, y ahí dos hombres corpulentos con acento no chiapaneco le empezaron a preguntar desde cuándo militaba en el EPR, cuestionamientos que rechazó.

Le dijeron que señalara a personas ligadas al EPR, que si sabía dónde estaban los líderes del grupo armado, que si acaso ese grupo guerrillero estaba detrás de la marcha. Que si no hablaba le podrían llevar a su esposa y su hijo "para que recuperara la memoria".

Los familiares del maestro rural no tuvieron contacto con él hasta las ocho de la noche, cuando por fin recibieron de manos de una mujer policía al pequeño Pavel Santiago.

Apro pudo tener acceso a Pavel Santiago en los separos del Ministerio de Justicia ubicados en el sótano de ese edificio, pero no se le permitió tomarle fotos ni entrevistarlo. "Es sólo para que veas", advirtió el fiscal de distrito metropolitano, Guillermo Penagos.

Penagos dijo que se abrió la averiguación 051/CAJ4/2008, por los delitos de sedición y los que resulten.

En el expediente respectivo se pudo apreciar una fotografía de Felipe en el centro de la manifestación, arengando a la multitud y repartiendo volantes en que se hacía referencia a los agravios del TLCAN hacia los trabajadores del campo.

Hernández Yuena es un maestro rural de matemáticas, pero su labor docente y su afiliación al Frente Magisterial Independiente Nacional (FMIN) lo han impulsado a asesorar en diferentes momentos a las organizaciones sociales de Venustiano Carranza, como el Comité de Campesinos Pobres (CCP), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y Casa del Pueblo.

Los abogados Miguel Ángel de los Santos, de la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos, y Pedro Faro, de la Centro Fray Bartolomé de Las Casas, arribaron esta mañana a las oficinas del Ministerio de Justicia donde pidieron explicaciones sobre el caso y, luego de argumentar contra la ‘criminalización’ de la protesta social, lograron que Felipe fuera puesto en libertad esta misma tarde.


Si el Ejército hace funciones policiacas debe estar bajo vigilancia civil: Arbour
“Recurrimos a las fuerzas armadas porque no nos queda de otra”, justifica el legislador panista Alejandro González Alcocer
La alta comisionada sostuvo encuentros con senadores y con ministros de la Corte
Tener cuidado, recomienda la funcionaria de la ONU.

Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Jesús Aranda
La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, aseveró ayer en una reunión con senadores que “si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia de Xicoténcatl, el panista Alejandro González Alcocer, señaló a la funcionaria que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento con los convenios internacionales”, debido a las condiciones y características propias de cada nación. “Recurrimos a las fuerzas armadas (en la lucha contra el crimen organizado) porque no nos queda de otra; no es lo deseable, todo mundo lo sabe; el Ejército Mexicano no está hecho para pelear contra la delincuencia, pero por la descomposición de las fuerzas policiacas hemos tenido que recurrir a él”.
En su respuesta al senador blanquiazul, Arbour dijo: “No voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército; creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de este tipo de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho. Los militares tienen sus operaciones, prácticas de protección a veces no adecuadas para ciertas áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática; hay muchas razones por las cuales yo creo que debemos tener mucho cuidado al utilizar este recurso”.
“Los derechos humanos no son adversarios de la seguridad”
Agregó: “Quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto y un adversario a la seguridad. El derecho a la vida es fundamental; también a la libertad de la persona; la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad y voy a ser clara, no solamente de sus ciudadanos sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”.
A su vez, la senadora del Partido Acción Nacional Adriana González Carrillo inquirió a la alta comisionada sobre la no participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz en todos sus niveles. Sobre ello, la funcionaria dijo: “No tengo nada que decir porque no conozco, no sé cuáles son los antecedentes y cómo se pensó en México al respecto, pero les puedo asegurar que las Naciones Unidas necesitan desesperadamente contribuciones para sus tropas –para mantener la paz–, no hay duda alguna”.
Por su parte, el senador del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez le manifestó que algunas organizaciones no gubernamentales consideran que en México podría haber unos 500 “presos políticos”, aunque otras aseguran que son más. También cuestionó el discurso del gobierno mexicano sobre migrantes porque, explicó, hay consenso para defender a los mexicanos que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, pero no lo hay para defender a los centroamericanos que cruzan México para llegar a ese país.
México, país de origen y de destino para migrantes
En su respuesta al legislador perredista Albour expresó: “Ustedes comprenderán que no estoy en posición para comentar sobre el tema de los prisioneros políticos en México, si los hay o no los hay. Este es un debate que tienen que llevar a cabo entre los mexicanos”.
En cuanto a los migrantes, la alta comisionada dijo que “México tiene experiencias cotidianas tanto como país de origen como de tránsito, de destino. Y la contribución que puede y yo digo que debe hacer es inyectar un componente de derechos humanos a las políticas internacionales sobre migración.
En su turno, la senadora del PRD Rosario Ibarra de Piedra dijo que en el país continúan las desapariciones forzadas de personas y se criminalizan la protesta y la rebeldía sociales.
Sobre el particular, Louise Arbour apuntó: “Continúa esa práctica de desaparición de personas; a la ONU no le interesa el volumen, ya que uno solo merece la movilización de la comunidad internacional” para su localización.
Ante los senadores, la alta comisionada refrendó su compromiso para impulsar la reforma que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos, y ofreció la colaboración de su oficina en México para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se logre contar con la mejor legislación en esta materia.
Reunión de la funcionaria con ministros de la SCJN
Por otra parte, durante una comida que le ofrecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la funcionaria canadiense señaló que “día con día” aumentan los casos relativos a la violación de los derechos sociales que deben ser resueltos por la justicia.
En ese encuentro, Arbour estuvo acompañada por el representante permanente de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra. La funcionaria comentó que en el pasado se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Canadá, por lo que tuvo conocimiento del creciente número de asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, así como la defensa y protección de los derechos humanos.


Crece la deuda pública interna en 895 millones de pesos diarios

El valor de los papeles del débito gubernamental equivale a una cuarta parte del PIB, según el BdeM
El saldo de los pasivos se incrementó en 376 mil 230 millones en 14 meses del sexenio
Roberto González Amador

En un periodo en que el gobierno federal continuó recibiendo los beneficios de un creciente precio del petróleo, la administración del presidente Felipe Calderón, que inició en diciembre de 2006, ha elevado el saldo de la deuda pública interna a un ritmo de 895 millones de pesos diarios, incluidos fines de semana y feriados, de acuerdo con reportes oficiales.
El monto en circulación de instrumentos de la deuda interna, emitidos tanto por el gobierno federal como los relacionados con el pago del rescate bancario de 1995, llegó al cierre de enero pasado a un monto sin precedente de 2 billones 757 mil 414 millones de pesos. Se trata de una cantidad 16 por ciento superior a la reportada en noviembre de 2006, y que equivale a una cuarta parte del producto interno bruto (PIB), según información del Banco de México, citada en un reporte emitido esta semana por Acciones y Valores, la casa de bolsa del grupo financiero Banamex.
En los 14 meses que han transcurrido desde que empezó la actual administración federal, el saldo de la deuda interna se ha incrementado en 376 mil 230 millones de pesos, monto que equivale a 3.7 puntos del PIB de un año, y a 44 por ciento de los ingresos petroleros –sin contar los extraordinarios por el aumento de precio– que el gobierno federal espera captar en 2008 y que ascienden a 839 mil 300 millones de pesos.
La deuda interna está representada por la emisión en el mercado financiero local de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo (Bondes), Bondes D, Udibonos (un instrumento con valor indexado a la inflación), Bonos M, y los llamados Bonos de Protección al Ahorro Bancario (BPAs), emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para financiar el costo del rescate financiero de 1995.
El sostenido incremento en el endeudamiento interno, que ha llevado este renglón de los pasivos del gobierno federal a un monto histórico, ocurrió en momentos en que las finanzas públicas se han seguido beneficiando de un precio del petróleo superior al utilizado como referencia para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Un tercio de los recursos fiscales del gobierno tiene su origen en la renta petrolera.
En 2007, el primer ejercicio fiscal de la presente administración federal, el gobierno obtuvo ingresos extraordinarios por el mayor precio del petróleo del orden de 87 mil millones de pesos, aunque la cifra final será dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la próxima semana.
Los datos ya oficiales indican que en los primeros nueve meses de 2007, el ingreso que obtuvo el gobierno federal por la exportación de petróleo crudo fue superior en 77 mil 561 millones de pesos a lo anticipado en el paquete económico para ese año, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Energía (SIE). Este resultado debe ser atribuido en su totalidad a un mayor precio de exportación del energético, dado que el volumen vendido al exterior ha sido menor al previsto en unos 110 mil barriles diarios.
Durante el mismo periodo de enero a septiembre pasados, el gasto corriente del gobierno federal aumentó en 84 mil 437 millones de pesos, respecto del ejercido en igual lapso de 2006, cantidad que superó en 8.8 por ciento al ingreso extraordinario derivado del incremento en el precio del petróleo de exportación, de acuerdo con datos del SIE y de SHCP.
Los datos sobre el incremento en la deuda interna no consideran, por tratarse de una contabilidad separada, la deuda relacionada con los proyectos de infraestructura que el sector privado construye para la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos bajo el esquema llamado Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, antes llamados Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas).
Al cierre de enero pasado, del saldo en circulación de instrumentos de la deuda interna, 2 billones 50 mil 460 millones de pesos correspondieron a bonos emitidos directamente por el gobierno federal; 690 mil 613 millones de pesos a papeles a cargo del IPAB y el resto a bonos de regulación monetaria del Banco de México.


La democratización de Pemex
Carlos Montemayor.

Por más que tratemos de evitarlo, por menos literario que procuremos hacer el análisis de nuestra vida social, el realismo mágico se filtra por las grandes fisuras de los discursos de viejos y nuevos políticos y por las cuarteaduras cada vez mayores de los desvencijados muros de nuestra economía nacional. La conversión del color negro en color blanco es sorprendente en México: tan fácil como convertir, en la gastronomía popular, un gato en liebre o, en la música popular, un gavilán en paloma.
En efecto, hay que recibir con buen humor, con cierta imaginación literaria, acaso como un homenaje involuntario a Gabriel García Márquez, los acontecimientos de nuestros días. Porque ahora, al proceso de convertir los ingresos públicos en ganancias privadas y las deudas empresariales en deuda pública varios de nuestros políticos lo quieren llamar “democratización”, cosas del realismo mágico que no hubiera imaginado nunca el viejo Aristóteles. Algunos de nuestros políticos tienen la peregrina idea o la ocurrencia exótica de que todos los mexicanos padecemos la insuficiencia cerebral necesaria para confundir al lobo con el cordero y a Dios con el diablo.
Durante una ceremonia de homenaje a los atenienses caídos en la guerra, Pericles explicó que: “… nuestro gobierno se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos sino en muchos”. En otro discurso, también registrado por Tucídides, Pericles agregó otro rasgo: “En cuanto a lo que al bien público toca, pienso que es mucho mejor para los ciudadanos que toda la república esté en buen estado, que no que a cada cual en particular le vaya bien y que toda la ciudad se pierda. Porque si la patria es destruida, el que tiene bienes en particular también queda destruido con ella como los otros. Por el contrario, si a alguno le va mal privadamente, se salva cuando la patria en común está próspera y bien afortunada.”
Aristóteles nos provee de otra aclaración importante para matizar las cosas en aquellos tiempos. En un pasaje no siempre comentado de su Política (Libro IV, 1290b) propone lo siguiente: “Debe decirse más bien que hay democracia cuando son los libres los que tienen la soberanía y oligarquía cuando la tienen los ricos; pero da la coincidencia de que los primeros constituyen la mayoría y los segundos son pocos, pues libres son muchos, pero ricos son pocos… El régimen es una democracia cuando los libres y pobres, siendo los más, ejercen la soberanía, y una oligarquía cuando la ejercen los ricos y nobles, siendo pocos.”
Esta reducción a dos formas de gobierno se antoja más práctica que los matices de la división tripartita, porque refleja dos condiciones categóricas: la movilidad social misma entre ricos y pobres en la alternancia del poder y las condiciones sociales que producen un mayor número de pobres y un menor número de ricos. Esto es, el registro de una “más amplia” o “más reducida” distribución de la riqueza. En nuestro tiempo, cuando todo quiere explicarse por medio de análisis macroeconómicos, la prosperidad de los pocos o de las elites financieras se confunde con la riqueza de la República; no es así. La pobreza extrema de millones de habitantes no puede solucionarse con la riqueza de una elite.
La costumbre de emplear a fondo el realismo mágico en el lenguaje de las políticas económicas comenzó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Recientemente, en las páginas de La Jornada, Carlos Fernández-Vega recordó que el 2 de mayo de 1990, cuando se anunció la reprivatización bancaria, Salinas la justificó diciendo que había que “democratizar el capital financiero”. Fernández-Vega apuntó que, en los hechos, “el número de accionistas, en el mejor de los casos, no pasó de un par de centenas (0.0002 por ciento de la población de entonces). Lo único que sí se democratizó fue el voluminoso costo del rescate bancario”. Uno de los resultados de esa democratización es que la banca ya no es mexicana.
Difícil creer que el “poder del pueblo” equivale a la desmedida codicia de las elites. Decir que es un proceso de democratización que el lobo se coma los bienes de los corderos es una broma de mal gusto. No digo que debamos tomar las cosas siempre con seriedad. Pero tengamos, al menos, un poco de respeto con el buen humor. Hay límites incluso para las bromas: se requiere decencia, como las “buenas familias” han argumentado siempre.
Convertir ingresos públicos en ganancias privadas de una elite no es democratizar Pemex, sino una capitulación del Estado, una cancelación de responsabilidades públicas, un retroceso nacional. ¿Qué más nos falta ver y vivir en México? Estamos, como diría García Márquez, ante la crónica o historia de un nuevo robo a la nación ya anunciado.
Suele decirse que el político es un hombre de acción y el escritor un hombre de imaginación. Sin embargo, la mayor parte de la actividad del político tiende a imaginar una peculiar reconstrucción de la realidad que justifique las actividades de represión, reorganización, competencia o justicia social que se propone un grupo en el poder en un momento dado. De tal manera que el ejercicio político no es puramente la acción, también la ficción, y muchas veces con un sentido más peligroso que el literario. Es la ficción que da origen a la “versión oficial de la realidad”.
No niego la importancia de la imaginación, por supuesto. Sí, pero ahora los políticos mexicanos abusan y creen que pueden transformarse en ilusionistas. ¿Lo permitirá el país? ¿Da México para eso y más? Qué ganas de imitar a nuestros vecinos distantes y pedir que “Dios bendiga a los Estados Unidos Mexicanos”.