RECOMENDACIONES POR EL ARCO DEL TRIUNFO

¿CUMPLE EL GOBIERNO DE OAXACA LAS RECOMENDACIONES DE LA CNDH?
Escrito por COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE
martes, 05 de febrero de 2008
UNA ESTRATEGIA MÁS DEL TERRORISMO DE ESTADO: LA VÍCTIMA FRENTE A SU AGRESOR
TERAPIA DE PODER

Los sobrevivientes de la represión en Oaxaca son miles de personas que han visto sus vidas alteradas después del 14 de junio de 2006. Hablamos de los torturados, detenidos y detenidas, presos/as, expresos/as, lesionados por agentes del estado y grupos paramilitares, así como de aquellos que sufrieron daños materiales (principalmente vehículos y casas), de quienes fueron violentados en su derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas. Durante el prolongado conflicto social que llega a la actualidad somos testigos de la afectación que vive la sociedad en su conjunto en distintos aspectos de su vida, la cual requiere de un acompañamiento integral que pueda sanar al menos una parte del tejido social destruido.
En este escenario todavía inconcluso de dolores y atropellos, cuando la Subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, afirma categóricamente que se cumple el punto cinco de la recomendación de la CNDH, con la creación del Módulo de atención médica y psicológica para personas violentadas en sus derechos humanos, que operará durante seis meses, está desconociendo que el daño psicosocial y psicológico es profundo, que ha afectado el proyecto de vida individual, familiar y comunitario de miles de personas a partir del 14 de junio de 2006, que la violencia desatada en Oaxaca por el Estado ha llevado a muchas personas a desplazarse fuera del estado, incluso del país, en situaciones de exilio “de facto” con la afectación drástica en sus vidas diarias y laborales.
El Comité advierte que la instalación de este módulo más que el cumplimiento de una recomendación dada para restablecer el estado de garantías individuales enmascara una política desinteresada en sanar de fondo las verdaderas causas que deterioran el tejido social. Por lo que expresamos nuestra indignación severa frente a la institución estatal que continúa violentando con estrategias equivocadas a la comunidad y sus principales afectados.

Nos preocupa sobremanera que aún existen situaciones de duelo ante la pérdida de familiares que las viudas y huérfanos continúan resolviendo de manera limitada sus pesadumbres, que no lograrán sanar en 6 meses de vida que el mencionado Módulo tendrá, con ello se muestra el desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades frente al dolor de los sobrevivientes.
La magna propuesta carece noción respecto de la temporalidad que enfrenta la comunidad en situación de angustia, incertidumbre y miedo ocasionados en víctimas directas e indirectas de la represión en Oaxaca, y que persiste ante los diversos actos de intimidación que los cuerpos policíacos continúan cometiendo contra sectores, colonias o poblaciones que participaron activamente en el movimiento social de 2006 o contra aquellos que expresan su diferencia ideológica y de pensamiento.

Las medidas de reparación psicosocial, ante el daño provocado por la violencia política y graves violaciones a los derechos humanos requieren de un trabajo conjunto con las víctimas para que respondan a sus necesidades.
La gran responsabilidad de atender y acompañar médica y psicológicamente a quienes han sido violentadas en sus derechos humanos o han perdido a sus seres cercanos se debe propiciar en un clima de confianza que procure un ambiente donde la víctima o sobreviviente se sienta seguro y no vulnerable, ya que después de la experiencia traumática se desarrollan mecanismos de defensa donde podrían exponerse a ser revictimizados.
Por ello desaprobamos que el personal que atienda a los afectados pertenezca a las instancias de gobierno estatal ya que enfrenta un señalamiento público de responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, y nos parece una agresión más que el estado pretenda sentar en un módulo de atención psicológica al agresor y al agredido. En este sentido las recomendaciones vertidas por la CCIODH en su informe 2007 destaca la importancia de contar con un programa de acompañamiento terapéutico especializado en coordinación con organizaciones civiles.
Nos parece que el gobierno del Estado de Oaxaca sigue manejando su doble discurso intentando hacer creer que cumple con las recomendaciones de la CNDH, soslayando que lo más importante para las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad es que se conozca la verdad, la reparación del daño, que en el caso de los asesinados es imposible, sin embargo, saber la verdad y tener avances de las investigaciones de parte de las autoridades competentes puede ser parte de la mitigacion del daño ocasionado, llegar a la verdad implica ubicar a los afectados, a los responsables de violentar los derechos humanos en su contexto histórico, y reconocer la responsabilidad del Estado, mediante el esclarecimiento de lo acontecido. No puede haber justicia sin verdad, los daños no se limitan a los producidos como consecuencia de las violaciones de derechos humanos, sino que la falta de investigación y sanción de los hechos perpetúan y generan nuevos daños psicosociales derivados de la impunidad debido a la falta de respuesta de las instituciones y a la obstrucción de la justicia que emana de las propias instancias de impartirla; las víctimas se vuelven los principales sospechosos y se les atribuye la responsabilidad de lo sucedido violentando su derecho a la presunción de inocencia, con lo cual se construye un escenario de exclusión para la víctima y su familia al impedirle exigir justicia y peor aún acusándolo de ser un delincuente para enmascarar la pretendida eficacia de un sistema institucional que deja en indefensión a cualquier ciudadano y ciudadana.
Hasta el momento ningún gobierno: federal o estatal han mostrado voluntad política ni jurídica para cumplir las recomendaciones de la CNDH, ni de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con todo y que los funcionarios del gobierno Ulisista así lo proclamen, entre ellos, el Lic. Manuel García Corpus, Secretario de Gobierno. Para ilustrar lo dicho, prueba de la arbitrariedad de las instituciones es la consigna de mantener en prisión a seis personas vinculadas a la APPO, uno de ellos menor de edad al que le fabricaron el delito de homicidio. Es relevante mencionar que al menos 46 personas que fueron aprehendidas y señaladas como responsables de distintos delitos actualmente se encuentran en libertad absoluta, con ello se comprueba que simpatizantes, dirigentes, integrantes y no simpatizantes o participantes fueron detenidos arbitrariamente para criminalizar al movimiento, acusándolos de delitos que ni siquiera fueron comprobados, mucho menos la culpabilidad supuesta de que los hubieran cometido, y consta en los amparos ganados en la vía jurídica que deja prueba legal e irrebatible.
Todos ellos, presos actualmente, a quienes sistemáticamente se les han violentado sus derechos humanos, como son: el acceso a la justicia y al debido proceso enfrentan actualmente la consigna de un estado que no admite equivocaciones ni jurídicas ni morales y que a costa de la integridad y derechos de sus ciudadanos y ciudadanas se sostiene en una contradictoria acción que lejos de servir a la comunidad la somete y reprime.

En su Informe Especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos sucedidos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio y hasta el 31 de enero de 2007, la CNDH documenta violaciones a los derechos de libertad, de propiedad, integridad y seguridad personal, así como a la legalidad, seguridad jurídica y el derecho a la vida. Dicho Informe reconoce las amenazas, persecución, agresiones físicas y actos de intimidación contra comunicadores, medios de comunicación local, nacional e internacional, como el asesinato de Bradley R. Will., comunicador del medio electrónico Indy Media. El Informe acepta que hubo violaciones en contra de miembros de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Reconoce el uso de la fuerza pública indiscriminada y desproporcionadamente contra la población civil y la violación del derecho a la seguridad de los habitantes de la ciudad de Oaxaca.
Lo recomendado por la CNDH es mucho más amplio, en un intento por impedir la impunidad que Oaxaca ha venido padeciendo alarmantemente desde el 14 de junio de 2006. Dicha instancia recomendó en lo específico:
Al Gobernador del estado de Oaxaca:
1.- Tomar las medidas necesarias para establecer los mecanismos para la atención médica y psicológica de los agraviados de las violaciones a sus Derechos Humanos a la integridad y seguridad personal.
2.- Proceder a realizar los trámites para indemnizar de los daños y perjuicios causados a los agraviados por la violación de sus Derechos Humanos a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada, y a la legalidad y seguridad jurídica por una falta de motivación jurídica en el actuar.

El Estado debe reconocer que el daño no es sólo psicológico y físico, es material y moral, comunitario, económico, legal, social e histórico; en las actuales circunstancias es primordial que el estado dé muestras de real interés en la reparación del daño al darle agilidad a las investigaciones que están bajo su responsabilidad para tener una justicia pronta y expedita así como de garantizar en el orden judicial las medidas de no repetición, garantizando el derecho a la verdad y a una justicia que restituya la dignidad de las personas afectadas en sus derechos fundamentales, así como el respeto al debido proceso y la imparcialidad de la justicia y la observancia de cada una de las instancias estatales involucradas en la reivindicación de instituciones que en el marco legal protejan al ciudadano y ciudadana y no con la premisa de que todos somos delincuentes hasta que no se compruebe nuestra inocencia.
Finalmente, el Comité de Liberación 25 de Noviembre exige al estado el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones y señalamientos que tanto la CNDH como los distintos Organismos Internacionales han emitido en sus visitas para atestiguar las violaciones a los derechos humanos en el actual conflicto oaxaqueño.
“COMITÉ DE LIBERACIÓN 25 DE NOVIEMBRE”


Cercan granaderos la manifestación
Contra el alza a las tarifas del transporte público convocada por el Encuentro de Jóvenes; “no hay bajas”.
Oaxaca, Oax. 5 de febrero de 2008. Decenas de activistas convocados por el Encuentro de Jóvenes para protestar por el aumento a las tarifas del transporte público, fueron cercados este medio día en las inmediaciones de la Coordinación del Transporte (COTRAN), al Norte de la ciudad, sin que se reporten detenidos; “no hay bajas”, indicó Kissel, activista que participó en la manifestación.
Los jóvenes, simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), se concentraron frente a la COTRAN, donde llevaron a cabo una “quema simbólica” de camiones, bloquearon calles aledañas y tomaron un autobús, “sin pintar ni causar ningún daño a la unidad”.
De acuerdo con los activistas, un grupo de mototaxistas, que se “disfrazaron de revolucionarios”, “aprovecharon el día que nosotros habíamos programado para accionar” para buscar una negociación con las autoridades, por lo que “tuvimos que alejarnos del lugar”, pues por acuerdo del Encuentro de Jóvenes, “no vamos a negociar, sino a movilizarnos”.
La manifestación convocada por los jóvenes se empalmó con la realizada por la Alianza Regional de Mototaxistas del Estado de Oaxaca, que exigen a la COTRAN la devolución de unidades retenidas. Dicha organización ha convertido en su portavoz a Gabino Cué Monteagudo, quien ocupa un escaño en el senado gracias a una alianza de los partidos de la burguesía nacionalista de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.


Oaxaca: protestan taxistas y estudiantes contra autoridades del transporte
Los dueños de mototaxis piden la devolución de sus unidades; mientras que los jóvenes rechazan el alza a las tarifas de transporte público.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 05/02/2008 16:21

Oaxaca, Oax. Alrededor de 40 propietarios de mototaxis y presuntos estudiantes se manifestaron este martes en las calles de la capital oaxaqueña, en contra del alza al precio del transporte público y otras disposiciones de las autoridades de ese ramo en la entidad.
Los afiliados a la Unión de Transportistas de la población de Telixtlahuaca arribaron a las oficinas de la Coordinadora del Transporte (Cotran), al norte de la ciudad, para exigir la devolución de 19 unidades retenidas por esa autoridad.
El líder de los inconformes, Francisco Martínez Sánchez, explicó que los vehículos fueron retenidos de forma arbitraria en las colonias Del Maestro, Telixtlahuaca, San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan y Pueblo Nuevo, y de no recuperarlos harán mayores acciones de presión.
En tanto, a unos kilómetros de dicha coordinación, un grupo de presuntos estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca secuestró un camión urbano y bloqueó la esquina que forman las calles de Nezahualcóyotl y Belisario Domínguez.
Los inconformes protestaron contra el alza al precio del transporte público y emplazaron a la ciudadanía a que este seis de febrero empleen transportes alternos como bicicletas, motocicletas, colectivos, y no transporte urbano en protesta.
Minutos después de bloquear estas calles.