ANTE SILENCIO COMPLICE, LA DEMANDA.

Calderón debe “demandar” al gobierno colombiano por los connacionales muertos
■ Piden también que se defienda a la UNAM como espacio de libre opinión y conocimiento
Emir Olivares Alonso
Ante la obligación que tiene de proteger los derechos y seguridad de sus ciudadanos, el Estado mexicano está obligado a demandar al gobierno colombiano en la Corte Penal Internacional (CPI) por el asesinato de cuatro estudiantes connacionales durante el ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, aseguran diversas organizaciones civiles.
En un llamamiento urgente a Felipe Calderón, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al rector de la UNAM, José Narro; a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a otras instancias nacionales e internacionales, las ONG –encabezadas por la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem)– exigieron, en el ámbito internacional, que se inicie una investigación exhaustiva e imparcial sobre este crimen para sancionar a los responsables, y demandaron a la administración federal no criminalizar al movimiento estudiantil y defender a la UNAM como un espacio de libre opinión y conocimiento.
También solicitan información oficial para coadyuvar al esclarecimiento de la verdad; que organismos como la OEA o la ONU realicen una “enérgica condena por los ilícitos cometidos por el gobierno de Álvaro Uribe”, y se asegure la repatriación de Lucía Morett –la única mexicana sobreviviente– sin cargo alguno y en calidad de testigo de la masacre, amén de que se garantice su seguridad física, sicológica y jurídica.
En entrevista Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, señaló que la exigencia de los familiares de los jóvenes universitarios, que perdieron la vida tras ese ataque militar, en el sentido de que el gobierno mexicano se pronuncie es valiente, pero bastante escrupulosa. “Nosotros creemos que hay una responsabilidad de la cancillería mexicana que está violentando parte de su función de proteger a todo mexicano en cualquier parte del mundo. Si lo ha hecho con personas acusadas de delitos, e incluso sentenciados a muerte en Estados Unidos, no vemos por qué no hacerlo por estos cuatro jóvenes que mueren en una masacre.”
Con base en el artículo 16 del Estatuto de Roma de la CPI, adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, los activistas señalan: “el gobierno mexicano tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y nacionales, (por ello) sobre el fundamento de crímenes de guerra debería demandar a Colombia o al menos mandar a la fiscalía de la CPI remisión e informaciones sobre lo que ocurrió en Ecuador para que examine y encabece las investigaciones y prosecuciones”.
Ramírez informó que además se promoverá una reunión “multilateral” en la que participen los padres de los jóvenes asesinados, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, el Congreso de la Unión, la UNAM y el Politécnico, las comisiones de derechos humanos Nacional y del Distrito Federal, las embajadas de Colombia y Ecuador, una delegación de la Unión Europea, el comité internacional de la Cruz Roja y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a fin de “abordar el mecanismo de seguimiento a todas las acciones a realizar” para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables.
Asimismo, las ONG expresaron su preocupación ante la campaña de “desprestigio” emprendida por algunos medios de comunicación en la que “se pretende criminalizar a los estudiantes mexicanos, se atenta contra la libertad de cátedra, pensamiento y expresión y se busca afectar a la UNAM, el IPN y a la educación pública en general”.
Investigará la CIDH tres casos de feminicidios en Ciudad Juárez
■ En Guatemala mataron a 3 mil 500 mujeres en sólo seis años, denuncian en conferencia mundial
■ El Salvador, Honduras y Nicaragua registran también cifras elevadas de homicidios en el sector
Ángeles Cruz Martínez
Ampliar la imagen Integrantes de organizaciones civiles de Ciudad Juárez ponen cruces en los sitios donde se han hallado cuerpos de mujeres asesinadas Foto: J. Guadalupe Pérez
Después de 15 años de denuncias de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuales suman ya 377, la impunidad y falta de compromiso del gobierno mexicano con el respeto a los derechos humanos de la población femenina podría sufrir un giro con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual aceptó investigar tres casos presentados por la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
El Estado mexicano debe dar respuesta al organismo el próximo 3 de abril, comentó Malú García Andrade, coordinadora de asuntos jurídicos de la agrupación, quien también recordó que sólo hasta que los familiares de las víctimas y organismos civiles alzaron la voz para denunciar los feminicidios se pudo empezar a avanzar en la documentación e investigación de los casos.
El tema de los asesinatos de mujeres formó parte de la agenda de la Conferencia Mundial de Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad, que tuvo lugar esta semana en Mérida, Yucatán. Ahí, activistas de diferentes países señalaron la gravedad del problema que perjudica a las latinoamericanas. Destacaron la situación de Guatemala, donde en sólo seis años han ocurrido 3 mil 500 homicidios de ese tipo, seguido de El Salvador, con mil 320 en un periodo de cinco años.
En Honduras, 613 mujeres perdieron la vida entre 2002 y 2005, mientras que en Nicaragua se han documentado 269 muertes en los pasados cuatro años. Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Refugiados y de Género de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, resaltó que esta situación se debe a que, en general, ninguna nación ha tomado en serio el problema y, por tanto, han sido omisas en el diseño y aplicación de programas integrales de prevención y protección de los derechos humanos del sector femenino.
Al participar en el panel Feminicidio en América, Angélica Valenzuela, politóloga guatemalteca e integrante de una alianza de organizaciones civiles en el país centroamericano, señaló que del total de denuncias de asesinatos de mujeres, no se ha resuelto ni 10 por ciento. Entre los obstáculos, señaló que la violencia contra dicho sector no está tipificada como delito, y la de lesiones es insuficiente.
Denunció que en su país no existe una política de seguridad ciudadana, y también contribuye a la problemática que la violencia es considerada como algo “natural”.
Respecto a Ciudad Juárez, Malú García Andrade recordó que hasta 1993 no había registros de los homicidios, y fue cuando las organizaciones civiles, sin ningún apoyo, presentaron las primeras denuncias. Aunque ha habido algunos avances, hasta ahora el Estado no ha atendido su responsabilidad de manera integral, indicó.
En el sistema de justicia –dijo– predomina la falta de comprensión de los casos, las familias de las víctimas desconocen los procesos jurídicos y la autoridad se aprovecha para desorientar y desalentar a los denunciantes. También hay una mala integración de los expedientes y estudios forenses y, por ejemplo, no se acredita la violencia física que sufrieron las víctimas, a pesar de las evidentes huellas de ésta en los cuerpos.
Sobre la intervención de la CIDH, García Andrade comentó que enviaron la demanda el pasado 23 de febrero, y el Estado tiene de plazo el próximo 3 de abril para presentar su respuesta. A partir de ese momento, el organismo empieza el análisis de fondo del asunto relacionado con la muerte de Esmeralda Herrera Monreal, y Claudia Ivette González, quienes forman parte del caso conocido como Campo Algodonero.
Sus restos fueron encontrados en un sembradío de algodón junto con otros ocho cuerpos. El abogado David Peña, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, mencionó que en el proceso jurídico ha habido diversas irregularidades, entre ellas la fabricación de culpables en dos ocasiones.
En el curso de la investigación, los presuntos responsables han sido exonerados; el más reciente fue liberado en enero pasado, con lo que “la investigación quedó como al principio: sin nada”.
Con la intervención de la CIDH se busca corregir las múltiples irregularidades jurídicas y que el Estado garantice la reparación del daño material, así como que impulse las acciones necesarias para evitar que hechos de este tipo se repitan, explicó García Andrade.