EL SENADO POR EL ESTADO POLICIACO

Aprueba el Senado la reforma judicial■ El proceso en San Lázaro estuvo “viciado de inconstitucionalidad”, denuncia Rosario Ibarra
■ Es una “regresión en materia de derechos humanos”, acusan legisladores perredistas
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El Senado aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia con la modificación que le hicieron los diputados, quienes eliminaron los allanamientos sin orden judicial.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, del Partido del Trabajo (PT), presentó una moción suspensiva para que la minuta no se discutiera porque, argumentó, “el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados está viciado de inconstitucionalidad por su deficiente tramitación”.
Insistió ante el pleno que en San Lázaro sólo se debió haber discutido sobre los cambios que se hizo al dictamen en Xicoténcatl; es decir, sobre la modificación del párrafo séptimo del artículo 16, pero “suprimió la totalidad del párrafo séptimo de dicho numeral. Con ello se viola lo dispuesto en el artículo 72 constitucional”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México rechazaron la moción.
“Crítica en serio”
El perredista Pablo Gómez advirtió en tribuna que con la aprobación de esas reformas “nos colocamos en contra del mundo en materia de inviolabilidad de los derechos fundamentales.
“Esto es un asunto muy grave, y nos va a llover la crítica muy en serio. Lo que está a punto de consumar esta reforma no es un asunto secundario.
“Este país va a penar como Estado, y la comunidad internacional va a preguntar dónde está la sociedad mexicana, que permite a su Parlamento ofender de esa manera derechos fundamentales, que ya se consideran inviolables en el mundo.”
Lo que se votaba, detalló, “no es una reforma producto de un proyecto general de seguridad pública y justicia, sino de algo que yo pudiera calificar como pliegos petitorios de las autoridades. La autoridad necesita aprehender sin orden de un juez, lo pide, y se le ha dado.
“El Ministerio Público, la autoridad policiaca, quiere meterse en cualquier parte sin orden judicial, y ese fue el punto que no se le concedió. La autoridad quiere poner en la Constitución el arraigo, que es el secuestro de posibles delincuentes para mantenerlos hasta por 80 días bajo interrogación e incomunicación, y se le concede.”
Con esa reforma, abundó el perredista, “el Ministerio Público, puesto de acuerdo con un juez, le puede suspender a cualquiera sus garantías, acusándolo de delincuencia organizada, y asociándolo con otras dos personas. Los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución, y que son negados en la misma, de acuerdo con el arbitrio de la autoridad, constituyen una regresión, un paso atrás en la lucha en favor de los derechos fundamentales, de los derechos humanos”.
El también senador perredista Ricardo Monreal aseveró: “estos cambios son una regresión en materia de derechos humanos, es una reforma incompleta, totalmente persecutoria de los derechos ciudadanos y de los individuos”.
Otro tema delicado es el de la extradición, “porque renunciamos a nuestra soberanía. Con la aprobación de esta reforma, los países con los que hemos suscrito convenios de extradición podrán solicitar a personas vinculadas con el crimen organizado para que sean juzgadas antes que en este país”, expresó.
La senadora del PT Rosario Ibarra denunció en tribuna que “aun cuando todavía no se aprueba esta ley, hoy jueves por la mañana me hablaron de Monterrey, de la colonia San Bernabé, en el municipio de San Nicolás de los Garza, adonde llegó el Ejército, la Policía Judicial en un operativo antinarco, y a un jovencito que, dijo su madre, salió a comprar tortillas y en el camino se puso a platicar con dos jóvenes, se los llevó la policía, como delincuencia organizada.
“Y se llevaron a 154 menores después, y también a adultos sin orden de aprehensión. Y cuando iba la familia a buscarlos, la policía les decía: ‘sí se los lleva, si paga 500 pesos de multas’”.
Por Acción Nacional, el senador Ulises Ramírez subió a la tribuna para justificar la reforma.
El PRI no se atrevió a ir a la tribuna, sólo votó en favor.

“Hasta los incondicionales” de Gordillo se oponen a que imponga a su yerno en el SNTE■

Prepara elbazo en reunión cerrada a disidentes, este 10 y 11 de marzo, dicen fuentes gremiales
■ Busca crear figuras que le permitan seguir controlando el magisterio y los comicios de 2009: CNTE
Laura Poy Solano
A unos días de que se cumplan cuatro años de su nombramiento como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cargo que declaró vitalicio a finales de 2007, Elba Esther Gordillo Morales convocará este 10 y 11 de marzo a la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, donde “buscará imponer a su yerno y actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, como secretario general y hombre de confianza”, aseguraron fuentes del sindicato.
Destacaron que todo está listo para que en el encuentro, que se realizará en el Distrito Federal y al que “sólo asistirán cerca de 300 incondicionales para dar cumplimiento a las formas y estatutos que marca el sindicato, imponga los cambios en una reunión cerrada a la que no tendrá acceso la disidencia”.
Como ocurrió en el congreso nacional que realizó en Tonatico, estado de México, en marzo de 2004, donde se aprobó ampliar de tres a cuatro años el periodo de mandato de los dirigentes seccionales y nacionales, Gordillo Morales “nuevamente pretende sacar un acuerdo fast track y en corto, que le garantice seguir controlando el SNTE, y convencer a los gobernadores de que puede operar las elecciones de 2009”.
Pretende llegar con “carro completo”, al acelerar los procesos de renovación de la mayoría de las dirigencias seccionales, pues este fin de semana se convocará a las 11 restantes, y “garantizar que cumple con las formas”.
No obstante, afirmaron que “aun cuando opere con las viejas fórmulas del charrismo sindical, prevalece un clima de nerviosismo e incertidumbre, porque la disputa por el poder y el repudio a la llegada del yerno crece, incluso entre sus incondicionales, quienes ya están pensando que Gordillo debe irse”.
En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que si Gordillo Morales “no se ha ido, se irá, porque no tiene ninguna legitimidad entre la base magisterial, e incluso está perdiendo control sobre sus propios incondicionales, quienes se sienteN traicionados con la llegada del yerno”.
Y advirtieron: “no toleraremos una nueva imposición ni un elbazo de Semana Santa, porque ya quedó claro que no pueden continuar la corrupción y el clientelismo que operan en el SNTE, pues enfrentamos un momento decisivo para alcanzar la democratización del gremio”.
Artemio Ortiz Hurtado, líder del magisterio disidente en Michoacán, aseguró que Gordillo “no quiere soltar la presidencia vitalicia del SNTE, y sólo busca crear las figuras sindicales que le permitan continuar en el poder; por eso llama a una renovación, pero sólo del CEN del sindicato”.
Señaló que ha llegado la “hora cero” para buscar la democratización del gremio, el cual “vive una de sus peores crisis y en la que los charros están perdiendo el control”.
José González Figueroa, líder histórico de la CNTE, destacó que ante el repudio generalizado entre la base magisterial, la salida de Gordillo se concretará, porque la corrupción e ilegitimidad en las cúpulas elbistas ya es insostenible.
El magisterio disidente –agregó– tiene muy claro que ha llegado el momento de actuar e impulsar una transformación del sindicato, para que en los hechos esté al servicio de los maestros y de la sociedad, pero también por la aplicación de un modelo educativo con justicia social, democrático y plural, advirtió.

Marchan miles de maestros en 3 estados contra Ley del ISSSTE■ Mentores de Guerrero bloquearon tres horas la Autopista del Sol
■ Informan en Morelos sobre más de 4 mil amparos contra la nueva legislación
Ernesto Martínez, Sergio Ocampo y La Jornada Morelos (Corresponsales)
Miles de profesores se manifestaron ayer en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos en repudio a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como para presentar demandas locales.
En Morelia, Michoacán, aproximadamente mil profesores adscritos a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon los accesos a oficinas de gobierno y marcharon desde los cuatro puntos cardinales, para desembocar frente al palacio de gobierno, donde realizaron un mitin.
Asimismo, agremiados al Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana también se manifestaron en Morelia, pero no en contra de la Ley del ISSSTE ni por la designación de la nueva secretaria de Educación estatal, Aída Sagrera Hernández, como la CNTE, sino para exigir solución al conflicto laboral que mantiene paralizada la casa de estudios desde hace 11 días.
En tanto, en Guerrero, poco más de 2 mil maestros, afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, marcharon por Chilpancingo y bloquearon la Autopista del Sol durante más de tres horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE.
También demandaron al titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, respuesta a sus demandas de solución a problemas laborales en la Costa Chica y la zona de la Montaña, así como al pliego petitorio que le entregaron la semana pasada, que incluye un aumento salarial de 50 por ciento.
Unos 200 integrantes de la Asamblea de Amparados de Morelos se manifestaron durante tres horas en Cuernavaca, frente a las instalaciones de la delegación estatal del ISSSTE, y posteriormente en las del Instituto de Educación Básica, para notificar sobre los casi 4 mil amparos concedidos por la justicia federal contra la aplicación de la nueva legislación, y con ello evitar los descuentos económicos que implica.


El titular de Gobernación se reunió una hora con Beltrones en Bucareli■

También habló con Santiago Creel, Héctor Larios y Germán Martínez
Fabiola Martínez
El titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reunió ayer con el dirigente y los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) para estudiar su defensa jurídica ante una eventual demanda penal por el presunto tráfico de influencias.
Por otra parte, el funcionario federal recibió por la tarde al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el priísta Manlio Fabio Beltrones, quien al término del encuentro privado, de poco más de una hora de duración, declaró que el presidente de la Comisión de Energía, el también priísta Francisco Labastida Ochoa, “ha estado dialogando” con la secretaria del ramo, Georgina Kessel, para abordar los cambios en Petróleos Mexicanos (Pemex).
La agenda del responsable de la política interna arrancó ayer muy temprano con un encuentro en el que participaron Germán Martínez, dirigente nacional del blanquiazul, así como los coordinadores panistas en ambas cámaras, Héctor Larios, en San Lázaro, y Santiago Creel, en Xicoténcatl.
Oficialmente el encuentro sirvió para abordar “diversos temas de la agenda legislativa” del actual periodo ordinario de sesiones, en especial la reforma judicial y otros rubros relacionados con la pretendida enmienda constitucional a los sectores laboral y energético.
No obstante, fuentes consultadas precisaron que Mouriño Terrazo y sus compañeros de partido (Santiago Creel y Germán Martínez son abogados) consideraron que el mejor escenario para el gobierno federal sería que el Frente Amplio Progresista, integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, optara por la vía penal, porque entonces –afirmaron– el secretario de Gobernación y sus asesores tendrían todos los elementos a su favor para defenderse, especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste, más que firmar contratos con la empresa (Ivancar) propiedad de la familia del funcionario.
Por lo pronto, agregaron las fuentes, persiste el consenso en el PAN de defender a Mouriño, y que la autoridad que tome el caso sea la única que emita el veredicto.
Por la tarde, tras el desencuentro con los dirigentes campesinos y sindicales que acudieron a Bucareli, el titular de Gobernación recibió al senador Beltrones, a quien –de acuerdo con fuentes de la dependencia– agradeció insistentemente su visita.
Antes, se había difundido la versión de que Mouriño emitiría una nueva explicación sobre las acusaciones de tráfico de influencias –cuyos documentos con las firmas de contratos con Pemex fueron difundidos recientemente por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador–, pero el funcionario no tocó el tema frente al legislador visitante y tampoco le pidió nada al respecto; en cambio, optó por conversar acerca de la reciente reunión de gobernadores, así como en la definición de un nuevo formato para el Informe presidencial.