LOS NEGOCIOS AL DESCUBIERTO.

2 mar 2008

Saldrá el FAP a las calles para impulsar remoción de Mouriño■ Difundirá documentos sobre el supuesto tráfico de influencias
■ Temen legisladores que la PGR actúe en el caso como “tapadera”
■ Recurrirán a instancias internacionales si los delitos quedan impunes
Fabiola Martínez
El Frente Amplio Progresista (FAP) llevará el caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (señalado por este bloque partidista como responsable de tráfico de influencias), a las instancias de procuración de justicia, pero también iniciará “acciones políticas” para exigir la remoción del funcionario.
El FAP, integrado por PRD, PT y Convergencia, pretende encabezar manifestaciones y pronunciamientos en diversos sitios públicos para difundir las pruebas y argumentos que presentarán, en el transcurso de la próxima semana, ante la Procuraduría General de la República.
Como se ha difundido, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas documentos (del 29 de diciembre de 2003) en los cuales Mouriño, como representante de una de las empresas de su familia, firma un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fecha en que era, a su vez, coordinador de asesores del secretario de Energía (Felipe Calderón).
Desde el viernes en la noche, legisladores y dirigentes del FAP analizan el plan de acción ante estos hechos y no descartan realizar una clausura simbólica de la Secretaría de Gobernación.
El artículo 221 del Código Penal Federal establece diversas sanciones para el delito de tráfico de influencias, desde multas hasta la destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo o comisión públicos.
Sin embargo, los legisladores consultados –quienes sostuvieron la noche del viernes una reunión para analizar este tema– manifestaron que la PGR “sólo servirá de tapadera” del responsable de la política interna, de ahí que desde ahora planean llevar la denuncia a organismos internacionales.
El diputado Alejandro Sánchez, coordinador de asuntos económicos de la bancada perredista, dijo que han interpuesto otras denuncias penales –en contra del ex presidente Vicente Fox o el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes– y la PGR no ha actuado de manera imparcial.
No obstante, puntualizó, es necesario agotar las instancias nacionales para que, en tal caso, se amplíe la denuncia correspondiente a instancias regionales. En principio, insistió, estamos exigiendo la renuncia de Mouriño.
“Sería imprudente que, ante la agenda de conflictos que es necesario atender en el país, el secretario de Gobernación esté dedicando tiempo para defenderse; lo único que manifiesta con ello son síntomas de culpabilidad”, expresó el diputado perredista.
En tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, candidato a la presidencia nacional del PRD, advirtió que Mouriño es “la síntesis de la política sucia” que se practica en el gobierno panista.
Dijo que las denuncias formuladas por López Obrador sobre los negocios de Mouriño al amparo de las administraciones panistas son inobjetables.
“Es patético que el encargado de la política interior del país mezcle la obtención de beneficios personales con la responsabilidad pública”, manifestó.
Durante su gira proselitista por Zacatecas, Ramírez Cuéllar se sumó a la demanda de legisladores del PRD de que renuncie Mouriño, para que pueda rendir cuentas sobre los millonarios contratos con Pemex que obtuvo cuando era servidor público en el sexenio foxista.


Sin carga fiscal, Pemex gana más que 30 grandes empresas del país
■ El costo de extracción de cada barril de crudo fue de 4.3 dólares el año pasado
■ La petrolera estima mantener constante hasta 2010 el actual nivel de producción
Israel Rodríguez y Juan Antonio Zúñiga
Ampliar la imagen Refineria de Pemex en Salamanca, Guanajuato Foto: Alfredo Domínguez
Petróleos Mexicanos (Pemex) se consolidó en 2007 como la empresa petrolera más rentable en el mundo, por encima del gigante estadunidense Exxon Mobil, actualmente en conflicto con el gobierno de Venezuela.
La utilidad de Pemex antes del pago de impuestos y derechos al gobierno federal, que el año pasado sumó 660 mil 152 millones de pesos, es una cantidad que triplicó las ganancias obtenidas en 2007 por las 30 empresas más importantes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que la petrolera mexicana se posicionó como la compañía en su ramo que genera el mayor flujo de efectivo.
Sustentada en los elevados precios del crudo durante la mayor parte de 2007, las ganancias que obtuvo Pemex en el ejercicio fiscal pasado fueron equivalentes a 60 mil 753 millones de dólares.
Este monto supera en 49 por ciento a las ganancias de 40 mil 600 millones de dólares que obtuvo el gigante petrolero ExxonMobil durante 2007 y que constituyó la mayor cifra de utilidades que una empresa de Estados Unidos haya obtenido en la historia.
Para ubicar en su magnitud el monto de ganancias que genera Pemex, y que le son enajenadas por la Secretaría de Hacienda al amparo del marco fiscal vigente, el conjunto de las 30 empresas de mayor peso en el mercado bursátil logró en 2007 una utilidad conjunta por 221 mil 500 millones de pesos, unos 20 mil 509 millones de dólares. En este universo de empresas se ubican firmas como: Cementos Mexicanos, América Móvil, Teléfonos de México, Wal-Mart, Grupo México, Alfa, Televisa, Grupo Modelo, Elektra, Fomento Económico Mexicano, Kimberly Clark, Inbursa, Bimbo, Sigma Alimentos, Liverpool, Geo, Soriana, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Axtel, entre otras.
Los estados de resultados de 30 de las más importantes empresas que cotizan en la BMV indican que la utilidad conjunta apenas representó poco menos de una tercera parte de la renta generada por la industria petrolera nacional en el lapso de referencia.
Sin embargo, la carga fiscal a la que es sometida la empresa pública más importante de América Latina propició que en 2007 registrará pérdidas por 16 mil 127 millones de pesos.
Esta cifra negativa es el resultado de un pago de impuestos, aprovechamientos y derechos al Fisco por 676 mil 278 millones de pesos, que superaron a las utilidades, antes del pago de impuestos, por 660 mil 152 millones de pesos, de acuerdo con datos de Pemex. Es decir, Hacienda cobró a la paraestatal impuestos por un monto mayor al de sus utilidades.
Para efectos comparativos, las empresas pagan al fisco un impuesto sobre la renta, cuando lo hacen, por un monto de 28 por ciento de sus utilidades.
El monto de impuestos pagados por Pemex en 2007 fue superior en 11.8 por ciento, en términos reales, al enterado en 2006, según informes de la paraestatal.
Los informes oficiales señalan que el costo de extracción de cada barril de petróleo crudo fue de 4.3 dólares, uno de los más bajos en el mundo, en tanto que el precio promedio al que se vendió la mezcla de exportación en el mercado internacional fue de 61.6 dólares en 2007.
Para completar el pago de las obligaciones fiscales pendientes y financiar sus obras de expansión de infraestructura productiva, Pemex contratará deuda con las agencias internacionales de crédito, colocación de bonos en los mercados nacionales e internacionales por unos 5 mil millones de dólares en 2008.
En relación con las expectativas de producción para este año, se prevé una extracción de 3 millones 102 mil barriles por día, volumen que se estima se mantendrá constante hasta 2010.
En el caso de aguas profundas, Pemex continuará trabajando con un equipo que puede operar hasta mil metros de tirante de agua.



José Antonio Rojas Nieto
¿Petróleo: ignorancia o engaño?
Este jueves, una vez más, las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaron su máximo histórico en moneda corriente. Sí, el marcador estadunidense West Texas Intermediate (WTI) cerró en 102.59 dólares por barril. Y el viernes apenas si registró una pequeña baja de 75 centavos. Con esto _ahora sí– se alcanzaron los niveles reales máximos de la historia. Se habían registrado –en moneda contante actual– en algunos días de los meses de abril a julio de 1980, en los que el crudo registró un promedio de 39.50 dólares por barril.
Ahora bien, si usamos el índice de precios del producto doméstico de nuestros vecinos (GDP Deflator, por sus siglas en inglés) esos 39.50 equivalen a cerca de 87 dólares actuales. No dispongo de la información detallada de aquellos días, pero no es difícil suponer momentos en esos meses de la primavera y el verano de 1980, de cotizaciones cercanas a los 46 dólares, justamente el nivel registrado el jueves pasado en el mercado spot de Nueva York. Esto significa que no sólo superamos ya la denominada “barrera psicológica” de los 100 dólares, sino que ya alcanzamos en un día, el nivel máximo registrado también en 1980. No olvidemos, sin embargo, que el promedio de 2007 fue de 72.25 dólares por barril para este crudo marcador WTI. Y que su promedio equivalente en 2000 fue de 37.96 dólares por barril, o sea, 84 u 85 dólares de hoy por barril.
Es decir, en todo 2007, la cotización fue 12 dólares menor a la de 1980. Sin embargo, según las expectativas actuales, este 2008 podría registrarse un precio promedio anual del orden de los 93 dólares, 20 más que en 2007 y –ahora sí– superior en poco más de cinco dólares al nivel medio anual de 1980. Con este precio de 2008, el pago mundial de petróleo (factura petrolera por cerca de 2.7 billones de dólares) llegaría a un nivel superior al de 2007 (2 billones de dólares) en un punto porcentual respecto al valor del producto mundial.
Solamente un precio promedio que fuera superior en 40 dólares al del 2007, es decir, un precio de un WTI del orden de los 112 dólares, llevaría el peso de la factura petrolera mundial al más alto nivel anual registrado, justamente, en 1980 y 1981: cerca de 7 por ciento del valor de ese producto mundial. Una pequeña regla de dedo: por cada 17 dólares que crece el precio en relación con el nivel de 2007, el peso de la factura petrolera en el valor del producto mundial aumenta en uno por ciento. Si consideramos este pequeño enredo de números, y la volatilidad reciente de los precios del petróleo, no es difícil entender que hoy se hable de una nueva barrera sicológica de los precios del petróleo del orden de los 110 dólares.
¿Por qué? Porque un nivel anual de ese orden, llevaría al registro máximo histórico no sólo en el nivel del precio del petróleo, sino en el pago que el mundo global haya realizado por combustible alguno en su historia.
Hay que advertir, sin embargo, que el nivel de precio que permitiría pagar las inversiones para obtener un barril de crudo en el yacimiento más caro actualmente (insisto, necesario o demandado por un consumo actual de petróleo en el mundo, que es del orden de los 87 millones de barriles al día en promedio) no es mayor a 65 o 70 dólares para el crudo del tipo WTI (banqueros internacionales dixit).
Esto significa que hoy en día, países productores, con costos de 70 dólares por barril para un crudo homologado al WTI, tendrán un excedente medio anual de orden de los 20 a 23 dólares, excedente que disfrutarán todos los demás productores, con costo menor o igual a ese de 65 a 70 dólares. Pero, si por fortuna –como es nuestro caso– se tienen costos menores, además de ese excedente de 20 a 23 dólares por –diría David Ricardo– la elevación de los precios de mercado por encima de los precios naturales (esos 65 a 70 dólares), se tendrá otro excedente. Se trata de la renta petrolera. En el caso de México, usando como guía estos números y los costos y características de nuestro crudo, esta renta petrolera no será inferior a los 50 dólares por barril producido en 2008, es decir, no será menor a 56 mil millones de dólares. Si, además, le sumamos no menos de 17 dólares por barril, proveniente de la especulación actual con el crudo, México dispondrá de otros 19 mil millones extra.
Y es que nunca como ahora los inversionistas han demandado petróleo en el mercado; de 140 mil millones en 2007 invertidos o canalizados a la compra de commodities, más de 25 por ciento se orientó al mercado petrolero, es decir, 35 mil millones de dólares. Bueno, pues en nuestro caso, la suma de renta petrolera y excedentes especulativos del petróleo, podría llegar a un total de 73 mil millones de dólares en 2008. En este contexto y aceptando –como parece inevitable– que nuestros costos de producción crecen día a día (aunque nunca serán los más caros del mundo), no puede uno sino concluir que alentar la privatización o la reforma energética para que ingrese el capital privado en producción primaria es una propuesta que proviene de la ignorancia o francamente del engaño. Ninguna de las dos –ninguna– se justifica en estos momentos. Ninguna ¿Quién, con estos números, se atreve a hacerlo? ¿Quién?


Permiso para catear
jorge carrasco araizaga
México, D.F., (apro).- La decisión de la Cámara de Diputados, de eliminar de la reforma judicial el párrafo que permitía elevar a rango constitucional el cateo sin orden judicial, en nada afecta el propósito del gobierno de Felipe Calderón de disponer de mayores herramientas policiales aun cuando atenten contra las garantías individuales.

Fue incluso una ganancia política para el Ejecutivo y el Congreso, pues la eliminación del párrafo contó con el respaldo de todos los partidos que, de esa manera, respondieron a las críticas de las organizaciones de derechos humanos.

Los defensores de los derechos fundamentales en el país criticaban no sólo la pretensión de hacer constitucional los allanamientos sin orden judicial, sino también el arraigo para los casos de delincuencia organizada o “cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.

Aunque sólo el arraigo se introdujo en el ordenamiento fundamental del país, el gobierno de Calderón logró su propósito con la reforma judicial a pesar de las quejas manipuladoras del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos, y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

El día que los diputados eliminaron el párrafo, ambos se lamentaron de que el arraigo no haya quedado incluido en la Constitución.

Santiago Vasconcelos recurrió incluso al más maniqueo de los ejemplos: “Si una señora ve que están violando a su hija y un agente policial está a su lado, éste no va a poder intervenir porque va a carecer de la orden del juez. Si bien le va, la tendría en dos horas, cuando el delito ya se habría cometido”, dijo en una entrevista en la radio con Joaquín López Dóriga.

Santiago Vasconcelos, el abogado con más trayectoria dentro de la PGR, donde ha ocupado importantes posiciones desde el sexenio de Ernesto Zedillo, sabe perfectamente que para esos casos, y en general para cualquier delito en flagrancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido obsequiosa con la labor policial.

Apenas en agosto del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió la jurisprudencia 21/2007 que avala no sólo los allanamientos sin orden judicial, sino las pruebas que de ellos se obtengan.

La tesis es por demás elocuente desde el título: “Intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial. Eficacia de las actuaciones realizadas de las pruebas obtenidas, cuando es motivada por la comisión de un delito en flagrancia”.

Dice esa tesis que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que el cateo requiere de una investigación ministerial, en el caso de flagrancia de un delito, “debido a la demora puede hacer ilusoria la investigación… la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito”.

El propio artículo 16, continúa, permite una excepción para que en el caso de flagrancia actúe cualquier particular, “además que el Estado –como garante de los bienes de la sociedad– debe actuar de inmediato en esos casos”.

En esas condiciones, “los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo… tienen eficacia probatoria”.

A lo más, esa tesis le pide a la autoridad que debe contar “con datos ciertos o válidos” que motiven la intromisión, los cuales deberán aportarse en caso de que haya consignación para darle elementos de convicción al juez.

Esa tesis, que fue propuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández, fue rechazada por los ministros José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.

Ese tipo de allanamientos han sido reiterados en México, pero son cada vez más frecuentes desde que Calderón emprendió los operativos contra el narcotráfico. Y los practican no sólo las policías, sino los militares.

En Michoacán hace algunas semanas una treintena de soldados allanaron sin orden judicial 14 departamentos de un condominio en Morelia, bajo el argumento de que iban a detener a unos secuestradores que se aprestaban a cobrar el rescate de un secuestro.

No hace falta que estén en la Constitución, los cateos ocurren y el permiso es lo de menos. (29 de febrero de 2008)